La Voz de Galicia

Fernández de Sousa reclama 9 millones de deuda a Pescanova

El informe concursal lo sitúa entre los mayores acreedores no bancarios

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, figura en la lista de acreedores del grupo de alimentación, con una deuda reconocida por la administración concursal de 9,3 millones de euros.

Según el extenso informe de 228 páginas que se puede consultar en la CNMV, la cantidad reclamada convierte a Fernández de Sousa en uno de los mayores acreedores no bancarios de la compañía.

Fuentes próximas al empresario, que está imputado por falseamiento de información económico-financiera y de cuentas, estafa y uso de información relevante, explicaron que la cantidad que aparece reflejada en el informe concursal se corresponde con un préstamo de 9,3 millones procedente del propio patrimonio de Manuel Fernández a la sociedad que presidía con el fin de resolver los urgentes problemas de liquidez.

Préstamo a la empresa

«Se hizo para que la empresa pudiera seguir teniendo sus barcos faenando y para que los trabajadores recibieran sus nóminas hasta que los bancos concedieron el crédito puente de 56 millones», aclaran estas fuentes cercanas al expresidente de Pescanova, que ocultó un desfase patrimonial en la empresa de más de 1.667 millones de euros y una deuda de 3.674 millones, lo que la deja en situación de quiebra técnica.

¿Qué posibilidades tiene Manuel Fernández de recuperar la deuda declarada? Fuentes consultadas cercanas al proceso concursal aseguran que muy pocas, ya que la viabilidad de la compañía, a día de hoy, está en manos de los bancos, los grandes acreedores de Pescanova, que, en realidad, son los actuales dueños de la compañía. De ellos depende la fijación de una quita que, todo indica que será alta, entre un 75 y un 50 %.

De momento, Fernández de Sousa tiene bloqueadas la totalidad de las cuentas que figuran a su nombre o al de sociedades vinculadas a su entorno más próximo tanto en España como en Portugal.

Además, el empresario todavía no ha hecho frente al pago de la fianza impuesta, que asciende a 300 millones. De no prosperar los recursos presentados por el empresario, la Audiencia podría empezar a decretar el embargo de cuentas o bienes.