Los abogados no quieren administrar los concursos «malos», que suben un 25 %
Las pymes en liquidación no tienen dinero en caja ni para pagar los honorarios del administrador concursal designado por el juzgado
Muchos abogados de Vigo no quieren ni oír hablar de ser designados
para administrar los concursos «malos» de acreedores, que en el argot
jurídico se denominan a aquellas suspensiones de pagos presentadas por
empresas arruinadas y sin fondos en la caja. Se trata de unos concursos
donde las firmas deudoras entran directamente en fase de liquidación y
donde el administrador concursal ni siquiera tiene asegurado que
encuentre dinero para pagarse su propia minuta. Algunos se han llegado a
quejar de que incluso tienen que poner dinero de su bolsillo para
afrontar los gastos rutinarios de gestión.
Los concursos «malos», lejos de ser una rareza
están aumentando. Este año, este tipo de suspensiones de pago han subido
un 25 %. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en
Vigo, contabilizó 48 concursos en total el año pasado, frente a los 37
del 2018. Aunque hubo algunos concursos destacados, en su mayoría se
trata de pymes del sector servicios con poca facturación que carecen de
bienes, como locales, vehículos o mobiliario, que embargar o vender.
Tampoco hay facturas que reclamar a la clientela. No tienen activos,
solo pasivos: deudas a la Seguridad Sopcial. En otras palabras, no hay
nada que sacar.
El problema es que el administrador concursal no
elige sus litigios sino que es el juzgado de lo mercantil el que lo
selecciona por turno en una lista. Los grandes concursos, como el de un
astillero naval con activos millonarios, solo se asignan a letrados de
demostrada experiencia profesional. El administrador concursal tiene,
entre sus tareas, que reordenar los pagos, convocar a la junta de
acreedores, aprobar un convenio o vender activos para pagar las deudas
prioritarias, entre ellas sus honorarios.
Al recién graduado en
Derecho que termina un máster y abre un despacho nunca le van a designar
para estos grandes litigios donde están en juego millones de euros y la
reflotación de una empresa clave para la ciudad, por ejemplo.
Todo el mundo quiere que le toque un concurso
rentable pero, en los últimos años, no hay mucho donde elegir. Ya
pasaron los tiempos de la crisis del ladrillo del 2008 donde se
desplomaban grandes constructoras y los administradores liquidaban
activos millonarios, constituidos por edificios en obras y solares.
Ahora quiebran, generalmente, empresas zombi abocadas al cierre
antes de presentar la solicitud del concurso. Otras sociedades se
quedaron sin liquidez pero tienen confianza en salir a flote.
En los últimos tiempos, muchos abogados confiesan su malestar entre bambalinas porque les ha tocado un concurso malo
pero acaban aceptando porque, de lo contrario, saldrían de la lista.
Quizás haya más suerte la próxima vez que suene el teléfono.
