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31 de octubre de 2018

La Voz de Galicia

Pili Carrera recortará su producción un 30 % para aligerar la deuda y ser viable

La propuesta de convenio, con quitas del 50 %, tiene ya el sí del 46 % de los acreedores

La viabilidad de Pili Carrera está encarrilada. La empresa de moda infantil, que se acogió el pasado mes de septiembre a un concurso de acreedores, acaba de presentar en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra un plan pautado hasta el 2026 para liberarse de cargas y mantenerse a flote.
La propuesta anticipada de convenio de la empresa, ahora tutelada por un administrador concursal, ofrece a sus acreedores dos vías de acuerdo. La primera, garantiza la amortización del 100 % de la deuda en un plazo de 7 años, remunerando con un interés del 0,5 % los créditos de quienes expresamente elijan este camino.
La alternativa a esta primera opción consiste en aceptar una quita del 50 %, reduciendo la espera a cuatro 4 años.
La masa pasiva de Pili Carrera que recogen los documentos que acompañaban a la demanda de solicitud de concurso voluntario es de 5.123.091,72 euros. Según el documento presentado en el juzgado, las adhesiones conseguidas hasta la fecha representan ya más de 2,3 millones de euros, que equivalen a casi la mitad del pasivo presentado por la concursada (en concreto, suponen un 45,59 %).
¿Cómo está convenciendo la empresa a sus acreedores para que se sumen a su propuesta anticipada de convenio? La clave está en el plan de viabilidad que acompaña a la estrategia diseñada por Pili carrera para sanear sus cuentas, y que pasa por un recorte de la producción del 30 %.  
Venta de «stocks»
La empresa piensa compensar económicamente esa menor actividad con la generación de ingresos procedentes de las ventas de stock a través de los canales outlet (rebajas) y on-line. Esta estrategia permitirá a la compañía ingresar un 100 % de margen, puesto que, al tratarse de artículos fabricados, los costes de producción ya fueron absorbidos en anteriores ejercicios.   
Sin reducción de plantilla
Este ajuste del volumen de producto confeccionado a la demanda prevista se complementará con una «adaptación del personal de fábrica y tiendas». El documento en ningún momento habla de reducción de plantilla, y sitúa la citada «adaptación» en el tiempo y desde el presente otoño-invierno hasta la temporada 2019-2020.
El plan basa su éxito en la racionalización de la producción de Pili Carrera, lo que supone «adaptar el número de unidades productivas a la capacidad de absorción de la demanda». La empresa se compromete a sacar mayor rendimiento a los canales de venta (habla de «optimizar»).
«Estas medidas se complementarán además con una adaptación de los costes de la estructura de la empresa, en todos sus niveles, al volumen de producción y ventas considerado», explica el documento depositado en el Juzgado.
Con todo ello, Pili Carrera espera además reducir al mínimo imprescindible sus necesidades financieras. 

La banca, que se negó a negociar, es ahora la primera en adherirse al plan de reflote

Casi 3 millones de euros de deuda financiera son la principal razón de que la empresa Pili Carrera no haya tenido más remedio que acogerse al concurso de acreedores. Un pool de bancos integrado por hasta ocho entidades rechazó la petición de la empresa: un aumento de la financiación de 500.000 euros y la renovación de los créditos para circulante por un importe aproximado de 1,2 millones de euros durante un año.
Ahora, una vez acogida a la Ley Concursal, son los bancos los primeros en encabezar la adhesión a la propuesta anticipada de convenio de la empresa. Entre los que ya se han pronunciado a favor figuran el BBVA, el Sabadell y el Santander (incluye el Banco Popular y Banesto).
Y es que si algo deja claro todo este proceso es que el problema de Pili Carrera se produce como consecuencia de un frenazo del mercado cuando la compañía había completado un fuerte proceso de crecimiento. Dicho de otra forma, lo que ocurrió fue una «no adaptación de la producción a la demanda real». Las cifras de pérdida de mercado hablan por sí mismas. Según la información económica que aporta al juzgado, Pili Carrera pasó de facturar 11 millones de euros en el 2007 a facturar siete en el 2017.
En este período, los gastos de personal se dispararon. Pasaron de representar el 19,39 % en el 2006 a situarse por encima del 38 % en el 2017. La empresa «no fue capaz de reajustar sus costes de producción» al nuevo escenario, reconoce.

 

19 de octubre de 2018

Vigolex.com


NOVEDOSA SENTENCIA SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS



 Tras la publicación de la última Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de Febrero de 2018, que, textualmente decia:

El cliente deberá de hacer frente de forma íntegra al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), recogiendo que debe de distinguirse diversas situaciones:
  • La constitución del préstamo deberá de incumbir al prestatario.
  • Por el timbre de los documentos notariales y el impuesto correspondiente a la matriz deberán ser sufragados por partes iguales entre el prestamista y el prestatario.
  • Respecto a las copias, existirá la obligación sobre quien la solicite.”

Esta Sentencia  provoco que muchas personas retiraran las demandas que  anteriormente habían presentado  pues la cantidad que suponia, descontando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) era  pequeña.

 Tribunal Supremo vuelve en una nueva Sentencia de fecha 16 de Octubre de 2018 por  la cual,  manifiesta, que el Impuesto de AJD debe de ser pagado  por los bancos, pues es el  interesado en la anotación de la  carga en el Registro.

Este nuevo giro a las reclamaciones de los gastos, abre las puertas a los usuarios  para que puedan reclamar lo que se impuso  a la hora de la firma del préstamo hipotecario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) establece que tienen derecho a reclamar los usuarios que cumplan los siguientes requisitos:

  • Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que no hayan reclamado.
  • Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que hayan iniciado la reclamación y no tengan una sentencia firme.
  • Quienes tengan un préstamo hipotecario amortizado y no hayan transcurrido cuatro años.
Por tanto, aquellas personas que ya reclamaron el impuesto antes y obtuvieron una sentencia firme, no podrán volver a pedir el dinero a la entidad correspondiente.

Desde VIGOLEX  ABOGADOS le proponemos  que reclame los gastos que  pagó en su momento, ejerzan su derecho y nos dejen velar por sus intereses,
Contamos con expertos en la materia. No dude en consultarnos sin ningún tipo de compromisos.


VIGOLEX ABOGADOS 
C/Eduardo Iglesias nº8,portal 2, piso 6, oficina 2
36202 Vigo

 

986 95 38 50
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16 de octubre de 2018

Faro de Vigo

Povisa tilda de "deficitaria" la oferta del Sergas por farmacia y ve lejos la salida del preconcurso

El comité detalla que la propuesta solo cubriría dos de los cinco millones de pérdidas por fármacos al año -El hospital solo ve "sostenible" agotar el convenio si Sanidade no le cobra por servicios

 "En vez de acercar posturas, parece que cada vez están más lejos". Con esa sensación salió ayer el comité de empresa de Povisa de la reunión con la dirección del hospital en la que le puso al día de las negociaciones. Le trasladó que la propuesta que han recibido del Servicio Galego de Saúde es "insuficiente" para resolver su situación y que, a día de hoy, está muy lejos de poder levantar el preconcurso de acreedores que solicitó el 28 de septiembre. De hecho, al centro de la calle Salamanca no le satisface la oferta económica que la Administración le pone sobre la mesa para resolver uno de los puntos claves del conflicto: las pérdidas que le provocan los medicamentos que el hospital dispensa a los pacientes no ingresados y los de alto impacto. Se queja de que es "deficitaria". Solo reduciría en dos millones de euros el déficit anual de 5 millones que le ocasionan, según explica la plantilla.
La versión de las negociaciones que la dirección del hospital concertado le trasladó ayer al comité es "bastante más negra" que la que escucharon del Sergas, describe un representante de los trabajadores. "Han dicho que de levantar el preconcurso, nada, que si seguimos así pasaremos ineludiblemente a concurso", relata y explica que Povisa opina que "el Sergas no se da cuenta de la dimensión del problema".

En verdad, el hospital concertado querría elaborar otro concierto en el que se aclaren esos puntos en los que las partes difieron en sus interpretaciones, "pero el Sergas no está por la labor". Por ello, cuenta que trata de negociar una situación en la que, por lo menos, pueda compensar con sus beneficios de la actividad privada las pérdidas de la pública.
Aseguró a los trabajadores que la oferta del Sergas para la Farmacia solo cubre una parte del déficit de los medicamentos, pero que aunque llegara a cubrir el total, "no llegaría para que la situación fuera sostenible a largo plazo, hasta la conclusión del concierto". Para lograr este escenario, le explicó al comité que necesitaría que Sanidade no le facturara por servicios que el hospital concertado no dispone, como la unidad de arritmias o las pruebas PET. Son procedimientos caros y que cada día se usan más.
Ni el Sergas ni Povisa quisieron dar ayer más explicaciones. Se volverán a sentar a negociar mañana.
Por su parte, el comité de empresa seguirá recabando apoyo institucional para vincular al acuerdo entre Sergas y Povisa al mantenimiento del empleo y de los derechos de los trabajadores y para que se garantice la calidad asistencial. Con este objetivo intervendrá en el pleno del Concello de Vigo y también en el de Moaña. También planean manifestarse ante el Parlamento cuando se debata la situación de Povisa.

1 de octubre de 2018

El Pais

Povisa solicita preconcurso por pérdidas de 42 millones que atribuye al concierto con el Sergas

El hospital ha comunicado a la plantilla que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado

 

El hospital Povisa de Vigo ha confirmado este viernes que ha presentado la solicitud para que se la declare en situación de preconcurso de acreedores, y ha vinculado la decisión a la pérdidas acumuladas, que cifra en 42 millones de euros, desde la entrada en vigor del concierto vigente con el Sergas, en 2014.
La dirección de la empresa ha trasladado su decisión ya a la plantilla, a la que ha comunicado que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. De hecho, ha confirmado que ya ha comenzado a retrasar pagos, entre ellos el del IRPF.
Ahora se abre un plazo de tres meses para que la empresa pueda negociar con su principal cliente, el Sergas, ya que su situación se debe "única y exclusivamente" al "desequilibrio" generado por la "interpretación" que la Administración pública ha hecho del concierto sanitario.
El Sergas ha rechazado este viernes los argumentos esgrimidos por el hospital Povisa para justificar la solicitud de preconcurso de acreedores, y ha negado que la situación de la empresa sea atribuible al concierto sanitario que, han apuntado fuentes sanitarias, se está cumpliendo "estrictamente".
A través de un comunicado, Sanidade ha asegurado que, desde que Povisa le comunicó sus circunstancias económicas, "se han mantenido múltiples reuniones entre ambas partes con objeto de solucionar esta situación y acordar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la ejecución del concierto".
Por otra parte, ha incidido en que se están cumpliendo "estrictamente" los términos de dicho concierto y, con respecto a las "discrepancias" en la interpretación, el Sergas ha recordado que "ya fueron resueltas en sede judicial", donde se confirmó el criterio formulado por la administración.
Además, desde que se firmó el concierto (en 2014), "no se han registrado variaciones, ni en la actividad asistencial ni en los indicadores establecidos, que justifiquen variaciones en las bases acordadas entre ambas partes", han recalcado las mismas fuentes.

La Voz de Galicia

Povisa pide al Sergas que le pague más o se quede sus 137.000 pacientes

Plantea mantenerse como centro privado, lo cual genera un problema a la Xunta

 La semana pasada, el consejero delegado del Hospital Povisa, José Bernardo Silveira, avisó al conselleiro de Sanidade de que el centro sanitario quería solicitar el preconcurso de acreedores. Jesús Vázquez Almuíña le pidió más tiempo. Durante todo el año habían mantenido reuniones en las que el mayor hospital privado de Galicia avisaba de que estaba cerca de la quiebra. El jueves 20, el hospital se vio obligado a retrasar el pago del IRPF. Esta semana, las nóminas llegaron a peligrar por falta de liquidez. El jueves por la noche la decisión estaba tomada. El viernes se presentó el preconcurso en el juzgado de mercantil de Vigo con un escrito en el que asegura que «el origen y única causa de la situación de insolvencia inminente de Hospital Povisa SA es la aplicación del concierto mantenido con el Sergas».

 

Sanidade sabía lo que rondaba en el aire, pero desconocía que el viernes se precipitarían los acontecimientos. Ese mismo día, Silveira se los explicó por carta a Almuíña. En ella, el consejero delegado de Povisa le decía que el concierto firmado cuatro años antes le había provocado 42 millones de euros en pérdidas, una parte de las cuales habían compensado con beneficios del sector privado y con las reservas acumuladas.
Silveira le planteaba al conselleiro dos escenarios. Uno consiste en que el Sergas abone más a Povisa por conceptos que el hospital entiende que no debería pagar y que lastran sus cuentas. El segundo escenario es más radical: que Sanidade rescate la concesión y el hospital pase a mantener solamente la actividad privada, de particulares y seguros.
Esto sitúa al Sergas en una situación dramática. Povisa es el hospital de referencia para 137.000 personas del área de Vigo. Es el único centro sanitario privado de Galicia que forma parte de la red del Sergas. Si la concesión de servicio público se rescatase, el Sergas tendría que asumir de golpe a 137.000 personas.
¿Adónde irían? Todas ellas pertenecen al área sanitaria de Vigo y viven la paradoja de que la gerencia del Sergas en Vigo se hace cargo de ellas para la atención primaria (el centro de salud), pero no para la atención especializada (el hospital). Cada mes de noviembre, a una parte de la población se le permite elegir hospital: o Povisa o el Chuvi.
Vigo estrenó un complejo nuevo, el Álvaro Cunqueiro, hace tres años. Mantiene el Meixoeiro como complementario para algunas especialidades. El Cunqueiro tiene capacidad para crecer, porque la mayoría de sus habitaciones pueden ser dobles aunque solo tienen una cama instalada. Pero no hasta el punto de llegar a las más de 500 camas que ahora tiene Povisa. Y no solo se trata de camas: hacen falta quirófanos, consultas, hospitales de día para las quimioterapias, todo tipo de aparataje -desde resonancias hasta ecógrafos, pasando por aceleradores lineales...- y también personal.
Además, está el futuro de la plantilla, la segunda de Vigo, tras PSA, en número de trabajadores. Son unos 1.500. Povisa ya tuvo un concierto entre los años 2001 y 2010. A finales de ese año, como no había un nuevo contrato sobre la mesa, la dirección del hospital diseñó un ERE por si en enero del 2011 dejaba de contar para el Sergas. Ese expediente contemplaba 1.200 despidos. Se puede interpretar, por tanto, que si ahora Povisa se queda sin los 137.000 pacientes, tendría que prescindir de todos esos trabajadores.
No es el escenario que quiere Povisa. El hospital privado prefiere mantenerse como centro concertado. El contrato con el Sergas le permite mantener un tamaño que no tiene ningún otro hospital gallego y que en España mantienen muy pocos. El 75 % de sus ingresos provienen de la pública y gracias a ellos es un hospital general grande, lo que beneficia a su negocio privado.
Escenarios
Así que el complejo prefiere el primero de los escenarios que Silveira le planteó al conselleiro. Es decir, más dinero. Actualmente cobra 540 euros por cada paciente asignado, independientemente de cuánto use sus servicios. Pero el gran problema no es ese, sino la medicación y las pruebas. En cuanto al primero, Povisa tiene que pagar la prescripción de pacientes que no están hospitalizados, y esto le provoca pérdidas de entre cinco y seis millones al año, además de nuevos fármacos de alto impacto; y quiere que todo eso lo sufrague el Sergas. El problema de las pruebas es que cuando tiene ingresado a un paciente que necesita un examen que en el hospital no se hace y lo deriva a otro, tiene que pagar el procedimiento; y también quiere que el Sergas lo asuma. O eso, o encargarse de 137.000 personas más.

Un hospital de alto voltaje político

Uno de los médicos que a principios de los años 90 hacía guardias en el servicio de urgencias del Hospital Povisa era un joven de Baiona que hoy dirige la Consellería de Sanidade. Jesús Vázquez Almuíña conoce de sobra el hospital del Grupo Nosa Terra XXI, que siempre ha estado en el centro del debate político en la sanidad gallega. El bipartito jugueteó con la idea de sacar al hospital de la red pública. Era un símbolo de la privatización sanitaria y los colectivos de izquierda se lo exigían. Pero nunca se atrevió. Cuando Touriño perdió las elecciones, los informes del Sergas preveían la continuidad del hospital en su red.
Feijoo colocó como gerente del Sergas a Rocío Mosquera. Hasta aquel momento, la que después sería conselleira llevaba siete años dirigiendo el pequeño hospital compostelano Nuestra Señora de la Esperanza, que pertenecía al Grupo Nosa Terra. En Povisa se las prometían felices, porque al concierto de entonces le quedaba un año de vida y les tocaría negociar uno nuevo con una exempleada. Pero las relaciones entre Povisa y la Xunta se dañaron y la negociación duró cuatro interminables años.
El concierto ha permitido que la desmesurada lista de espera de Povisa se redujese de forma drástica en los últimos años, pero la oposición ha seguido acusando a la Xunta de mantener un hospital privado en la red pública. Ahora Povisa culpa al gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, muy cercano a Feijoo, de dejarlo al borde del abismo.
Mientras, el baile de nombres ha continuado. Hace un año, Povisa fichó como gerente a la ingeniera María Luisa Brandt. Para incorporarse a la última planta del hospital de la calle Salamanca, Brandt abandonó la gerencia de Galaria, una empresa de la Xunta de Galicia y cuyo presidente es el conselleiro de Sanidade, aquel joven que se fajaba haciendo guardias en Povisa a principios de los 90.

La Voz de Galicia

El hospital privado Povisa declara en el juzgado su «insolvencia inminente»

El centro atiende a 137.000 pacientes del Sergas, al que culpa de un déficit de 42 millones

El mayor hospital privado de Galicia está a punto de sufrir un colapso. Cuatro años consecutivos de pérdidas llevaron ayer a la dirección de Povisa, empresa del grupo de capital gallego Nosa Terra 21, a presentar el preconcurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. En el escrito, el centro hospitalario se declara en situación de «insolvencia inminente», y apunta como origen y «única causa» a la aplicación del concierto que mantiene con el Servizo Galego de Saúde, «reiteradamente denunciado». Ese contrato es el que hace de Povisa un caso único en Galicia: un hospital privado que tiene asignados pacientes del Sergas, 137.000, concretamente. Al concierto con la Xunta atribuye Povisa unas pérdidas de 42 millones de euros en los últimos cuatro años (nueve solo en este) que ha compensado parcialmente con los ingresos procedentes de la atención a particulares y a clientes de seguros privados.

El Sergas le paga a Povisa 540 euros anuales por cada paciente que tiene asignado, sin importar cuánto use sus servicios. Es una cantidad insuficiente, según la dirección del hospital, porque no cubre la medicación de pacientes ambulatorios -los que no están ingresados y acuden al centro solo a recibir tratamiento, como quimioterapia-. Por este concepto, la empresa mantiene que pierde entre 5 y 6 millones al año. A ellos se suman otros 5,4 millones de déficit por fármacos de alto impacto surgidos después de la firma del contrato.

 

El hospital denuncia también que el Sergas ha reducido progresivamente el envío de pacientes en especialidades que tradicionalmente eran referencia (quemados, litotricia o cirugía de la mano) y que en la pública no existían. Los ingresos por estos conceptos se han reducido en 1,5 millones de euros anuales respecto al concierto anterior, que caducó en el 2010.
Una bomba de relojería
Povisa le endosa al Sergas toda la culpa de su delicada situación financiera. Y esto supone una bomba de relojería para el Gobierno gallego. La dirección del hospital llevaba meses advirtiendo a Sanidade de su situación límite y había presentado varios contenciosos para reclamar más dinero. Fuentes del sector aseguran que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, llevaba días solicitando más tiempo a la dirección de Povisa. Ayer mismo, tras el anuncio, los convocó a una reunión para el lunes.
Pero la situación política también se complica. El procedimiento concursal abre ahora tres meses para negociar entre las partes y, si no hay acuerdo, otro mes para formalizar el concurso. Esto situaría la eventual suspensión de pagos en enero, un mes crítico para los hospitales por la irrupción de la gripe, y solo cuatro meses antes de las elecciones municipales. En noviembre se iniciará el plazo de elección de hospital del área de Vigo, que precisamente Povisa propone extender a toda la ciudadanía.
Cruce de acusaciones
Pero si la dirección del hospital dio ayer un golpe en la mesa, la Xunta no se quedó atrás. Aseguró que está cumpliendo «estritamente todos os termos do concerto asumido por ambas partes» y subrayó que nada ha variado desde que en el 2014 se firmó el contrato. En otras palabras, según la Xunta, la situación financiera de Povisa es culpa de sus gestores.
Se avecinan tres meses de dura negociación. No es la primera vez. A finales del 2010, cuando el anterior concierto terminaba, el hospital presentó un ERE para 1.200 trabajadores. No lo ejecutó. Ahora reclama a la Xunta «restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato». Es decir, más dinero. «En este momento, el futuro de Povisa está en manos del Sergas y, por extensión, del Gobierno de Galicia», dicen en una carta a la plantilla.

Sanidade adelanta facturas para pagar nóminas

La dirección de la empresa trasladó ayer su decisión a la plantilla, a la que comunicó que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. Según fuentes del hospital, en el centro trabajan unas 1.500 personas -la cifra fluctúa-, lo que significa ser la segunda nómina privada más grande de Vigo.
Dirigentes de la Consellería de Sanidade comunicaron ayer mismo a la dirección del hospital que adelantarán el pago de facturas, valoradas en más de dos millones, para que la empresa pueda afrontar el abono de las nóminas a la plantilla. Con eso, podrán cobrar este mes a principios de la próxima semana, ya en octubre, algo que la pérdida de avales bancarios dejaba en el aire.
El comité de empresa acogió con pesadumbre la noticia, aunque no especialmente con sorpresa, ya que el hospital ha declarado pérdidas todos los años desde que se firmó el contrato con el Sergas.
Grupo Nosa Terra 21 es un conglomerado de empresas presidido por José Silveira que tiene en el negocio marítimo el principal pilar ingresos de la compañía, que emplea de forma directa a más de 2.000 trabajadores.
Los resultados de los últimos ejercicios vienen confirmando que el Hospital Povisa no es ni de largo el negocio que fue, y que es la naviera Elcano la que abandera ahora los ingresos del grupo. En su último ejercicio computado (año 2016), Povisa facturó 104 millones de euros, y registró más de tres millones de pérdidas.
El año pasado, Elcano cerró con unos ingresos de 593 millones de euros, un ebitda de 44,053 millones y un beneficio neto de 24,2 millones.