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28 de febrero de 2015

Cinco Dias

Martinsa estudiará el lunes la solicitud de liquidación

Martinsa Fadesa ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en estos momentos "no tiene conocimiento oficial, del resultado de las adhesiones realizadas ante el juzgado o ante el notario". No obstante, indica la inmobiliaria al regulador del mercado, "como parecen confirmarse las noticias aparecidas en prensa en el día de ayer, se han convocado reunión extraordinaria del Consejo de Administración, para el próximo lunes 2 de marzo, con objeto de estudiar la solicitud de la liquidación de la compañía".
Sareb, CaixaBank y Popular, los principales bancos acreedores de Martinsa Fadesa, decidieron finalmente ayer al mediodía, tras mantener reuniones de última hora, optar por la liquidación de la compañía antes que por la propuesta de convenio presentada por la empresa. “La propuesta de convenio de Martinsa no es factible, el plan de negocio presentado no es creíble”, explicaron fuentes financieras. “Pretendía pagar el 95% del pasivo con el 60% del activo”, indicaron otras. La empresa “quería quedarse con los mejores activos dejando a los acreedores suelos sin valor suficiente, y tampoco los acreedores tenían el valor real”, añadieron. “Con la liquidación los acreedores tienen acceso a 980 millones de euros de valor en activos”, aseguraron, “y en un proceso de liquidación los acreedores tendrán acceso a información de forma más transparente”.
"Ha sido un mazazo”, comentaron ayer fuentes de Martinsa Fadesa pocos minutos después de que este diario publicara el rechazo de la banca acreedora a la última propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria para evitar la liquidación. “Con todo lo que lo hemos peleado... por desgracia entra en liquidación”, dijeron.
Expertos en materia concursal consultados por este diario consideran que el proceso de liquidación de Martinsa Fadesa será el mayor de una empresa ocurrido nunca en España. También será “el mayor de una inmobiliaria en Europa”, indicaron. La compañía protagonizó en 2008 el mayor concurso empresarial sucedido en el país, con un pasivo cercano a los 8.000 millones de euros. A mediados de 2014 la deuda concursal de la compañía ascendía a 6.602 millones. En la actualidad, apuntaron ayer fuentes financieras, la deuda total del grupo asciende a 6.985 millones. En 2013 el grupo perdió 652 millones de euros, registrando un patrimonio negativo de 4.288 millones.
Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, acordó entre 2006 y 2007 la compra de Fadesa a Manuel Jove, en una operación valorada en 4.045 millones de euros. En 2008 Martinsa Fadesa se declaró en concurso de acreedores y en 2011 acordó convenio de pago saliendo así de la situación concursal en la que se encontraba. Ese mismo año la compañía decidió en junta de accionistas ejercer acción de responsabilidad social contra Jove y el ex consejero delegado de la empresa, Antonio De la Morena reclamando 1.576 millones de euros. Martinsa Fadesa sostenía que en la operación de venta se incluyeron activos erróneamente calificados y valorados. El Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña y la Audiencia Provincial de La Coruña desestimaron la reclamación de Martinsa Fadesa, que recurrió al Supremo. Este mes el Supremo también ha desestimado la pretensión de Fernando Martín.
Martinsa Fadesa presentó el 30 de diciembre una nueva propuesta de convenio a los acreedores para evitar la liquidación, al no poder pagar determinados pagos contemplados en el anterior convenio. En la nueva propuesta, a la que ha accedido este diario, la empresa destacaba que si ganaba el recurso en el Supremo contra Manuel Jove destinaría los recursos al pago a los acreedores.
El varapalo del Supremo a la reclamación de Martinsa Fadesa ha sido la puntilla al intento de Fernando Martín de salvar la compañía de la liquidación. El Supremo ha condenado al pago de costas a la compañía, que supondrá el desembolso inmediato de varios millones de euros (hasta 60 millones según estiman fuentes judiciales).
 Así se liquidará el grupo de Fernando Martín
El juez del concurso de Martinsa Fadesa, Pablo González-Carreró, del mercantil de La Coruña, recibirá hoy las adhesiones a la propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria y constatará previsiblemente que no cuenta con las suficientes como para ser aprobado y declarará la apertura de la fase de liquidación. El magistrado, explican expertos en materia concursal, después tendrá que designar a la anterior administración concursal de la empresa para hacerse cargo del proceso de liquidación.
El juez puede nombrar a los tres que estuvieron al frente del concurso de Martinsa, Ángel Martín Torres (KPMG), Antonio Moreno Rodríguez (Bankinter) y la abogada Antonia Magdaleno, a dos de ellos o tan sólo a uno.
Los liquidadores nombrados por el juez dispondrán de dos meses para actualizar la contabilidad del grupo, el activo y el pasivo;las quitas a los créditos acordados anteriormente se rehabilitan.
Una vez actualizados los activos y pasivos de Martinsa Fadesa, se presentan al juzgado y las partes afectadas pueden impugnar los datos y presentar incidentes. El juez deberá dictar sentencia sobre los mismos y resolver para disponer de los textos contables definitivos.
Los profesionales a cargo de la liquidación tendrán que presentar al juez un plan de liquidación, que deberá ser estudiado igualmente por las partes implicadas, que también podrán presentar alegaciones al mismo. Finalmente el juez aprobará un plan de liquidación y comenzará entonces la venta de activos con los que pagar a los acreedores.
Los expertos consultados resumen el proceso comparándolo con el inicio de otro proceso concursal.
Cronología
La compra de Fadesa por parte de Martinsa, entre 2006 y 2007, ha marcado la evolución de la compañía. Antes de llevarse a cabo aquella operación, Fernando Martín Álvarez ya dio pistas de estar preparando una gran operación. El dueño de Martinsa vendió su participación en Sacyr Vallehermoso, el 5,96%, por 266 millones de euros, de los que en torno a 150 millones fueron plusvalías, a mediados de 2005.
En noviembre de 2006 empezó a desprenderse de su participación en Unión Fenosa. A principios de ese mes Martinsa presentó en CNMV opa sobre Fadesa, a un precio 35,70 euros por acción, lo que elevó la operación a 4.045,2 millones de euros.
La compra efectiva de la inmobiliaria de Manuel Jove no se resolvió hasta mediados de 2007. Un año después, en junio de 2008, Martinsa Fadesa entró en concurso de acreedores, con cerca de 8.000 millones de euros de deuda.
En 2011 la inmobiliaria logró acordar convenio de pago con los acreedores saliendo así de la situación concursal en la que se encontraba. Ese mismo año el grupo presentó demanda de responsabilidad social contra Manuel Jove y el ex consejero delegado, Antonio de la Morena. La crisis económica, financiera e inmobiliaria de España han imposibilitado a la empresa cumplir con sus compromisos de pago con los acreedores.

La Voz de Galicia

El Gobierno aprueba la ley que permite la dación en pago, con duras exigencias

La exoneración de las deudas exigirá la liquidación completa de los bienes de los que disponga el afectado
«Hay que dar una salida a aquel que lo ha perdido todo, pero sin incitar a insolvencias estratégicas. No es unadación en pago selectiva sino la liquidación total como último recurso». Así resumían ayer desde el ministerio de Economía el espíritu del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministroscon las medidas estrella avanzadas el martes por el presidente Rajoy en el Parlamento. Bajo el rimbombante nombre de ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras medidas de orden social, el Ejecutivo introduce, por ejemplo, la dación en pago -hipotecaria o de cualquier otro tipo- para que las familias puedan liberarse de sus deudas cuando están en una situación de insolvencia irresoluble.
Hasta ahora el proceso concursal estaba pensado para empresas, pero con la nueva normativa también podrán beneficiarse del mismo -recurriendo a los juzgados de primera instancia en lugar de a los de lo mercantil- las personas físicas deudoras de buena fe.
Como explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Economía, Luis de Guindos, «se desarrolla un marco permanente de insolvencia personal», en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales y la UE. El objetivo es que el deudor recurra un acuerdo extrajudicial de pagos, con el apoyo de un mediador -en el caso de las personas físicas puede ser el notario y en el de pequeñas empresas las Cámaras de Comercio-, para reestructurar su deuda y poder abonarla. La duración estimada del proceso, según Madrid, es de dos meses.
Economía subraya que las reglas del procedimiento se simplifican especialmente para los particulares, no solo por la rapidez de los plazos, sino también porque se reducen significativamente los aranceles notariales y registrales. Un ejemplo: los costes para una deuda de 100.000 euros podían ser de menos de 500, a pagar en cinco años.
Pero en el caso de que el deseable acuerdo extrajudicial no fructifique, el deudor podrá acudir a un concurso de acreedores. En este punto, fuentes del ministerio insistieron en que el objetivo de la ley es que «antes de llegar a la vía judicial, y luego dentro de ella, sea lo más fácil posible la exoneración de deudas».
Resuelto en «unos meses»
Los juzgados de primera instancia serán los competentes y el Ejecutivo estima que los procesos se resolverán «en unos meses». La exoneración de deudas se producirá cuando la persona o empresa insolvente liquide todos sus bienes y siempre que haya pagado los créditos privilegiados, contra la masa (como son los gastos y costas judiciales) y el 25 % de los créditos ordinarios, en el caso de no haberse intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.
Plan de pagos
Lo habitual es que una persona física o una familia no tengan créditos privilegiados (como las deudas contraídas con la administración), por lo que, si tras liquidar todos sus bienes -como la vivienda y el coche- estos no cubren el total de la deuda, quedarían exonerados de la misma. Solo en caso de existir créditos privilegiados impagados deberá negociar un plan de abono durante cinco años y hacer un esfuerzo sustancial para saldarlos. La exoneración podría revocarse en el plazo de un lustro, a petición de los acreedores, si el deudor hubiera ocultado bienes o ingresos o si se produjera una mejora de su fortuna.
«Las personas que ya lo han dado todo y siguen arrastrando deudas se pueden acoger a estos beneficios», apuntaron desde el ministerio, ya que se incluirá una disposición transitoria en el decreto para que los afectados «se puedan beneficiar de la exoneración de pasivos insatisfechos».
Las mismas fuentes señalaron que la medida recién aprobada no encarecerá la financiación hipotecaria, aunque obviamente supone un «sacrificio adicional no desdeñable» para el sector financiero. Está por ver el impacto definitivo.

Luz verde a las ayudas para fomentar el empleo

El Gobierno ha dado luz verde a una tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años. Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro respecto de la cotización será mayor para los salarios más bajos. Esta medida se suma a la bonificación del 100 % para los autónomos que, para cuidar de hijos menores de 7 años o mayores dependientes, tengan que reducir su jornada y contratar a otra persona para suplirlos.

Fin de la cláusula suelo para colectivos vulnerables

El Ejecutivo también ha aprobado modificaciones en el Código de Buenas Prácticas Bancarias para deudores hipotecarios con el objetivo de hacerlo accesible a un mayor número de beneficiarios. De hecho, Economía estima que se duplicará el número de personas que podrán acogerse al mismo.
Para ello se han flexibilizado los criterios que dan acceso a la cobertura del código, que como ya ocurrió con su primera versión, es de aplicación voluntaria por parte de la banca, de modo que las entidades deberán firmarlo nuevamente.
Entre los cambios, que incluyen una prórroga de dos años en la moratoria de desahucios, destaca el incremento del límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora lo hará por 14, de modo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 este año.
Igualmente se amplían también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años, y se eleva el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del código. Este podrá superar en un 20 % el precio medio arrojado por el índice elaborado por el ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago), antes 250.000 euros.
Sin efecto retroactivo
A partir de ahora, además de la reestructuración del préstamo, las quitas o incluso la dación en pago, o la posibilidad de quedarse en la casa embargada pero abonando un alquiler social, que ya están incluidas en el actual Código de Buenas Prácticas, para quienes cumplan los requisitos de especial vulnerabilidad desaparecerán las cláusulas suelo de la hipoteca. Pero para quienes piensen en un posible efecto retroactivo de la inaplicación de las cláusulas suelo, la respuesta de Economía es un no rotundo. El código actualmente vigente ya establecía un rebaja del interés, hasta el euríbor más el 0,25?% durante cuatro años. Cuando concluya ese plazo, ese límite desaparecerá: «Vamos más allá de lo que tenemos ahora, porque el deudor se va a poder aplicar, sin limitación alguna, la bajada de tipos».
Pero, como señalaron las mismas fuentes del ministerio, la eliminación de las cláusulas suelo para el colectivo más vulnerable «no obliga a devolver lo cobrado por ese concepto».

El Pais


El Gobierno es consciente de que las normas anteriores sobre el concurso de acreedores para familias en apuros no han funcionado porque era muy difícil deshacerse de las deudas. Por eso, ayer presentó una nueva norma que permite la liquidación de los bienes y el perdón de las deudas para particulares y empresas muy pequeñas.
“Se trata de que si alguien no puede pagar sus deudas (casa, tarjeta, coche, luz, etc.), acuda a un mediador o proceso concursal, venda todo lo que tiene y se olvide de las facturas incluso si sus bienes valen menos de lo que debe”, apuntan fuentes del Ministerio de Economía.
El Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros ofrece una “segunda oportunidad para deudores de buena fe con cargas” que incorpora por primera vez a las personas físicas. El Gobierno pretende “conciliar intereses de acreedores y deudores mediante procedimientos con garantías que permitirán pagar deudas de forma ordenada”. Es decir, no hace falta llegar a la liquidación de todo, se puede reestructurar deudas aplicándoles una quita. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada a las empresas y se amplía a los particulares.

Para deudas pequeñas o grandes.

Esta normativa es para cualquier persona, ya deba 1.000 euros o cinco millones. El objetivo es que las deudas no le persigan una vez vendidos los bienes y así pueda rehacer su vida. Por eso, esta ley puede convertirse en una fórmula indirecta de dación en pago de la vivienda.
Para poder acogerse a la ley, el deudor deberá buscar un mediador, que puede ser un notario o un registrador, que impulse la negociación. También puede ser un juez de primera instancia. Éstos propondrán una quita o la liquidación a los bancos o acreedores. El deudor no puede elegir dejar de pagar el coche, por ejemplo, y mantener la propiedad de la casa. Si entra en este concurso con deudas elevadas, pone todos los bienes en venta. Una vez que se inicia el proceso, se suspenden los procesos de embargo.
¿Qué deudas no se perdonan? Quedan fuera de la exoneración las que van contra la Administración y los que obligan a pagos de alimentación a familiares. También hay que pagar los gastos generados del proceso legal. Tendrá un plazo de cinco años para atender estas facturas. Según Economía, una deuda de 100.000 euros puede crear gastos de unos 500 euros. “Se han rebajado un 75% las tarifas de estos procedimientos”, precisan en el ministerio.
¿Qué deudas no se perdonan? Quedan fuera de la exoneración las que van contra la Administración y los que obligan a pagos de alimentación a familiares. También hay que pagar los gastos generados del proceso legal. Tendrá un plazo de cinco años para atender estas facturas. Según Economía, una deuda de 100.000 euros puede crear gastos de unos 500 euros. “Se han rebajado un 75% las tarifas de estos procedimientos”, precisan en el ministerio.
¿Qué pasa si el deudor recibe un patrimonio de golpe o tiene ingresos muy altos? En ese caso, los acreedores pueden reclamar lo que quedó sin pagar. Sin embargo, si la persona vuelve a trabajar, no estará obligada a devolver la deuda excepto si reúne un patrimonio suficiente como para pagar todo de golpe y, además, se queda con una cantidad suficiente, establecida por el juez, para atender el pago de vivienda, ropa y alimentación.

Críticas

Para Cepyme el peligro de esta ley es que encarezca el crédito bancario. Para la asociación de consumidores Adicae, la norma se queda corta ante la magnitud de los problemas hipotecarios y no responde a las expectativas creadas.
El Gobierno también ha reforzado la protección a los colectivos más vulnerables, en umbral de exclusión. Con la ampliación de condiciones (hasta 22.365 euros de ingresos brutos) cree que se “habrán duplicado” los incluidos. Quedarán excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. El Gobierno ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de los desahucios que vencía este mayo

27 de febrero de 2015

La Voz de Galicia

Los autónomos saldarán toda su deuda con el banco una vez ejecutadas las garantías



El plazo para la reclamación de impagos quedará fijado en 5 años, en lugar de 15, en la nueva Ley de Segunda Oportunidad   Después de que un negocio echa el cierre, las deudas y el temor a un nuevo fracaso son, por este orden, los principales motivos que frenan volver a emprender en España. El miedo está justificado porque, hasta ahora, si la empresa fracasa, -algo que le ha ocurrido a 325.000 autónomos durante la crisis-, el titular tendrá que dedicar todo su patrimonio al pago de las deudas, lo que supone en muchos casos decir adiós a su vivienda habitual, salario y beneficios futuros que pasan a ser objeto de embargo.


¿Quién va a querer volver a emprender en esas circunstancias? La respuesta es obvia, y ahí es donde tendrá que emplearse a fondo la Ley de Segunda Oportunidad que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros como real decreto.

Existe expectación en el colectivo de los profesionales autónomos para conocer al detalle las mejoras que contemplará esta legislación largamente demandada.

Entre otras medidas, está previsto que, en caso de cese de actividad de forma involuntaria, las deudas financieras de los autónomos se den por pagadas con la ejecución de las garantías que presentaron al banco para conseguir el préstamo.

Es decir, que las personas físicas quedarán liberadas de las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes, aunque el importe no cubra toda la suma que se deja de abonar. De este modo, se libra al emprendedor de arrastrar, como ocurre ahora, deudas que impiden una segunda oportunidad.

Por otra parte, se introduce una revisión completa de los plazos de prescripción de las reclamaciones de lo adeudado, que en el caso general quedarán fijados en cinco años, en lugar de los 15 vigentes en la actualidad. La gran incógnita es si, finalmente, el documento contemplará quitas con la Administración. Ahora, el endeudamiento de los autónomos que fracasan en su actividad no supera los 30.000 euros en el 80 % de los casos y la mayor parte son deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, que, además, se ven incrementadas por los recargos e intereses impuestos cuando hay retrasos en el pago.

«Precisamente una de las peticiones de los autónomos para facilitar la segunda oportunidad es que se pueda establecer una quita sobre los recargos e intereses, de manera que solo haya que hacer frente al pago del principal en el caso de las deudas con la Administración», explica Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, que recuerda que, en todo caso, la ley podrá ser objeto de enmiendas en el Parlamento.

La Voz de Galicia

Ruz busca pruebas de facturas fantasma de Pescanova en 9 bancos


Un informe de la UDEF eleva el fraude de la compañía en más de 81 millones
  El Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado 5 días de plazo a los bancos que operaron con Pescanova para que vacíen sus ordenadores y entreguen todo el material informático que pudiera contribuir a aclarar la suma de dinero que movió la compañía a través de facturas inexistentes.


El auto, dictado ayer, está dirigido a Bancantabria, Caixa Catalunya (ahora en manos del BBVA), Novacaixagalicia (Abanca), Finanmadrid, HSBC, Targobank, Banco Popular, Banco Sabadell y BBVA al que, además pide copia de los contratos suscritos con Pescanova.

El magistrado insta a estas entidades a entregar todos sus ficheros en formato excel remitidos por Pescanova para las operaciones de factoring realizadas entre el 1 de enero del 2012 y el 6 de marzo del 2013. Reclama además correos electrónicos enviados desde la compañía gallega relacionados con las citadas operaciones. Pero la investigación de Ruz para conocer la responsabilidad de los bancos en la contabilidad B de Pescanova va más allá y pide a las entidades que identifiquen a los interlocutores de las entidades financieras con Pescanova, tanto para la negociación, como para la firma de acuerdos relacionados con ese factoring.

Ruz justifica estas nuevas diligencias en las conclusiones de un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que constata que, tras analizar las facturas de los procesos de factoring con distintas entidades, constató que ninguna de ellas se correspondía con las declaradas a la Agencia Tributaria. «Esta no correspondencia hace concluir que estos listados de facturas enviadas a los bancos son completamente ficticios, no correspondiendo a ningún negocio o venta real realizada por Pescanova a sus clientes», dice la UDEF, que estima en al menos 81 millones la cantidad fraudulenta obtenida de los bancos de la que se tiene conocimiento.

Cinco Dias


Ley de segunda oportunidad: qué es y qué efectos puede tener en el crédito

El Ejecutivo tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el decreto que regulará la segunda oportunidad para los empresarios. Se trata de evitar que un empresario o una persona individual no se vea castigada por unas deudas -siempre que no hayan sido consecuencia de una mala gestión económica, reincidencia o una conducta dolosa-, que le obliguen a responder con sus bienes presentes y con los futuros hasta que no se salde el total de la deuda.


Para evitar esta situación, el Ejecutivo tiene previsto plantear dos vías: la primera se trata del acuerdo extrajudicial de pagos, que permite renegociar a empresarios, autónomos y personas individuales (hasta ahora solo podían hacerlo los empresarios) con los acreedores antes del concurso. La segunda se basa en la posibilidad de establecer quitas sobre las deudas remanentes, siempre dentro del concurso, una vez que se ha respondido con todos sus bienes presentes.

Dación en pago. El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó el jueves en RNE que el real decreto (que se tramitará como proyecto para poder introducir cambios durante su tramitación parlamentaria) permitirá la dación en pago, es decir, liquidar una deuda hipotecaria con la entrega del inmueble, aunque valga menos que la deuda.

Reestructuración. Otro aspecto de la normativa será la posibilidad de reestructurar la deuda para colectivos especialmente vulnerables, a los que tampoco se aplicarán las cláusulas suelo en las hipotecas que les impidan beneficiarse de tipos más bajos. Queda por conocer qué se entiende por colectivo vulnerable, qué deudas se podrán aplicar esas quitas y cómo y en qué condiciones se va a producir la “reinserción” del empresario endeudado.

Efecto en los deudores. Matilde Cuena, catedrática (acreditada) de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y editora del blog hayderecho.com, especifica que el hecho de que el deudor responda con los bienes futuros dificulta la recuperación económica, “ya que obliga a un gran número de empresarios a ir a la economía sumergida para evitar que se les persiga por las deudas pasadas”. Por ello sugiere, al igual que se produce en otros países, que los deudores respondan con su patrimonio presente y el remanente pueda ser exonerado, siempre y cuando se demuestre que hay buena fe y que la insolvencia sea sobrevenida y no cuando el deudor ha gestionado de forma irresponsable su patrimonio.

Cuena considera que el papel de la banca en este reconocimiento es “fundamental” y para ello reclama que se regulen los ficheros de solvencia positiva, tal y como sucede en otros países. “Se trata de que las entidades puedan acceder a información financiera fiable de los particulares que les permita distinguir entre deudores solventes e insolventes y sobre todo que se ajuste el coste crediticio a la prima de riesgo de cada cliente, de forma parecida a como sucede en los seguros”. De no hacerlo avisa que se puede producir un efecto indeseado como el encarecimiento generalizado del crédito a todos los clientes, buenos y malos pagadores, a pesar de que la segunda oportunidad no aumentará el riesgo de impago. “El moroso profesional no se podrá beneficiar”, subraya.

Deuda pública. Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, asegura que “la prueba del algodón” de la norma será si las quitas se pueden realizar sobre los créditos públicos. “Sería bueno que se le diera una vuelta y que hubiera voluntad para hacer quitas en las deudas con Hacienda y la Seguridad Social”. Pich recalca que como concepto sería interesante que esta posibilidad se estableciera para los emprendedores o para los industriales que empiezan un negocio o cuando haya acuerdo con el resto de acreedores en el marco de un concurso.

La Voz de Galicia

Cierres de tiendas aceleran el desmantelamiento de Pórtico

El día 11, la firma tenía en caja 992.000 euros, cantidad que apenas cubre un tercio de las indemnizaciones a la plantilla   El cierre este fin de semana de las tiendas de Monforte y Sanxenxo, que se suma al de las tres ya clausuradas en Lalín, A Toxa y O Barco, acelera la liquidación de Pórtico, que ya solo cuenta con 12 establecimientos en Galicia. En la misma medida va menguando la plantilla, que desde el 16 de diciembre ha perdido 43 efectivos -45 a partir de mañana-, hasta quedarse en 105, un 70 % menos de los que tenía cuando entró en concurso de acreedores.


La administración concursal, que sigue buscando comprador para la compañía, se ha resistido todo lo que ha podido a bajar persianas de forma definitiva porque, según les ha explicado a los representantes de los trabajadores, su intención no es trocear la empresa sino vender la unidad productiva en conjunto. Lo cierto es que el interés que algunos empresarios han mostrado por Pórtico no se ha traducido hasta el momento en ofertas concretas.

Por otra parte, la administración concursal guarda un completo mutismo sobre el estado de las cuentas. Solo después de la obligada presentación de resultados económicos ante el juez se ha sabido que a fecha 11 de febrero Pórtico tenía en caja 992.000 euros, apenas un tercio de lo que supondrán las indemnizaciones.

Los sindicatos ignoran si esa cantidad está reservada para trabajadores, Seguridad Social y Hacienda, o si existe algún compromiso con Gordon Brothers, el fondo de inversiones que aportó en su día 2 millones de euros para comprar mercancía.

En todo caso, el acuerdo al que llegó la administración con los empleados que se quedaron en la empresa tras el ERE fue que recibirían la misma indemnización que se marcharon en noviembre del 2013, esto es, 20 días por año trabajado además de la cantidad que dejaron de percibir desde que en septiembre del 2012 aceptaron bajarse un 7,5 % el salario para tratar de salvar la compañía. «Solo la venta de la empresa aportaría saldo suficiente para cumplir las promesas que nos hicieron. El administrador concursal no tira la toalla y nos da esperanzas, pero la realidad es que no hay nada de nada», afirma un trabajador, que añade que en el almacén apenas queda mercancía para dos semanas, «tres como mucho».

La pérdida de los servicios de logística de la exfilial Dayaday, ahora propiedad del grupo catalán Tous, ha influido también en la reducción de ingresos.

La Voz de Galicia



Martinsa-Fadesa entra en liquidación: Fin al símbolo de la burbuja inmobiliaria

Fernando Martín se obceca, no cede la empresa, y la banca opta por liquidar Martinsa

  La de Martinsa es una historia a lo grande, para bien y para mal. Fue la mayor promotora inmobiliaria de España (tras la compra de Fadesa), protagonizó el mayor concurso de acreedores y ahora afronta la mayor liquidación de la historia del país, con un agujero de 6.600 millones. Todo ello arrancó en A Coruña a finales de los setenta, con la fundación de Fadesa por Manuel Jove, siguió hace casi 10 años con su venta a Fernando Martín por más de 4.000 millones de euros -una operación récord- y tras más de un lustro penando en un concurso de acreedores, enfila su recta final. Salvo un giro inesperado en los juzgados, a Martinsa le espera el desguace. Es el símbolo del ascenso y caída del ladrillo.

Ayer era el último día dado por un magistrado para que los acreedores se sumaran a la nueva propuesta de viabilidad de la empresa. Y los principales afectados, los bancos, decidieron ponerse de perfil. Ninguno de los tres grandes decidieron apoyar el nuevo convenio, que incluía quitas de deuda del 70 %. Son la Sareb (1.400 millones de deuda concursal), Caixabank (900) y Popular (570). Los dos primeros, según las fuentes consultadas, optaron por abstenerse -que es una no adhesión-, y el Popular siguió sus pasos. Estos tres suman alrededor del 40 % de la deuda concursal. Y se requiere un 75 % de adhesiones para apoyar el plan.

Otros dos acreedores principales -el cuarto y quinto con más deuda- sí apoyaron el plan, según las mismas fuentes. Se trata de Abanca (410 millones de deuda) y de la entidad estadounidense Morgan Stanley (378). Ambos suman un 15 %, insuficiente en todo caso.

El papel de Martín

¿Por qué no respaldar? Los acreedores denuncian que el plan de negocio presentado era «inasumible» porque planteaba, además de la elevada deuda, canjear un 90 % de esta (6.100 millones) por un 60 % de sus activos (1.525 millones), mientras el resto de las propiedades que se reservaba la compañía eran las más apreciadas. Por ejemplo, planeaba entregar suelos con valor prácticamente nulo (como una participación en México), o activos de los que apenas poseían información. Fernando Martín, el dueño y presidente, se quedaría en cambio con terrenos de más calidad y participaciones en sociedades teóricamente más rentables, en Francia o Polonia.

Eso, por el lado de los números. Pero, además, había otro obstáculo importante: el propio Fernando Martín. La banca pidió al presidente que se apartara, que entregara la empresa, pero se obcecó en el no, dicen fuentes conocedoras de la operación. No parece haber ayudado el fuerte carácter de este empresario pucelano. A los acreedores no les había sentado nada bien que la empresa presentara en diciembre en el juzgado un convenio (que cambiaba el anterior) sin su apoyo, y sabiendo de antemano que las cláusulas que planteaba eran imposibles.

Con este escenario, se abre ahora el proceso de liquidación de la sociedad, que con sus 6.600 millones de pasivo se convierte en la mayor operación de este tipo en España. Ese paso, el de la liquidación, lo tendrá que decretar un juez de A Coruña en las próximas horas, o días como mucho. Algunas fuentes aseguraban anoche que no es descartable que el tiempo que reste hasta ese decreto de liquidación lo utilice Fernando Martín para revertir la situación con algún último movimiento. Una pirueta legal que permitiría sortear esa liquidación.

El procedimiento

El proceso, en el caso de que el juez decrete lo previsible y nombre a un liquidador (que será uno de los administradores concursales), es, en síntesis, algo parecido a un partición y reparto de la empresa. Los activos se irán a los acreedores, casi una veintena de bancos y algunas Administraciones Públicas que suman esos 6.600 millones de deuda concursal. Lo que hay que repartirse, explican algunas fuentes, no es mucho: se estima que el valor de tasación de los activos apenas llegará a los mil millones de euros. El impacto laboral parece menor: apenas emplea ahora a 150 personas, casi todas en Madrid.

El problema de Martinsa -que llegó a tener 13.000 millones en activos- es que lleva años sin una actividad regular, acumulando un desequilibrio patrimonial de más de 4.400 millones de euros, con promociones paradas y pérdidas trimestre tras trimestre. Su última esperanza era que el Supremo le diera la razón en un contencioso que mantenía con Manuel Jove por 1.500 millones de euros. La Justicia le tumbó esa última vía.

Cinco Dias

Martinsa, la mayor liquidación de la historia con 6.985 millones de deuda


"Ha sido un mazazo”, comentaron ayer fuentes de Martinsa Fadesa pocos minutos después de que este diario publicara el rechazo de la banca acreedora a la última propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria para evitar la liquidación. “Con todo lo que lo hemos peleado... por desgracia entra en liquidación”, dijeron.


Sareb, CaixaBank, Popular y Abanca, los principales bancos acreedores de Martinsa Fadesa, decidieron finalmente ayer al mediodía, tras mantener reuniones de última hora, optar por la liquidación de la compañía antes que por la propuesta de convenio presentada por la empresa. “La propuesta de convenio de Martinsa no es factible, el plan de negocio presentado no es creíble”, explicaron fuentes financieras. “Pretendía pagar el 95% del pasivo con el 60% del activo”, indicaron otras. La empresa “quería quedarse con los mejores activos dejando a los acreedores suelos sin valor suficiente, y tampoco los acreedores tenían el valor real”, añadieron. “Con la liquidación los acreedores tienen acceso a 980 millones de euros de valor en activos”, aseguraron, “y en un proceso de liquidación los acreedores tendrán acceso a información de forma más transparente”.

Expertos en materia concursal consultados por este diario consideran que el proceso de liquidación de Martinsa Fadesa será el mayor de una empresa ocurrido nunca en España. También será “el mayor de una inmobiliaria en Europa”, indicaron. La compañía protagonizó en 2008 el mayor concurso empresarial sucedido en el país, con un pasivo cercano a los 8.000 millones de euros. A mediados de 2014 la deuda concursal de la compañía ascendía a 6.602 millones. En la actualidad, apuntaron ayer fuentes financieras, la deuda total del grupo asciende a 6.985 millones. En 2013 el grupo perdió 652 millones de euros, registrando un patrimonio negativo de 4.288 millones.

Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, acordó entre 2006 y 2007 la compra de Fadesa a Manuel Jove, en una operación valorada en 4.045 millones de euros. En 2008 Martinsa Fadesa se declaró en concurso de acreedores y en 2011 acordó convenio de pago saliendo así de la situación concursal en la que se encontraba. Ese mismo año la compañía decidió en junta de accionistas ejercer acción de responsabilidad social contra Jove y el ex consejero delegado de la empresa, Antonio De la Morena reclamando 1.576 millones de euros. Martinsa Fadesa sostenía que en la operación de venta se incluyeron activos erróneamente calificados y valorados. El Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña y la Audiencia Provincial de La Coruña desestimaron la reclamación de Martinsa Fadesa, que recurrió al Supremo. Este mes el Supremo también ha desestimado la pretensión de Fernando Martín.

Martinsa Fadesa presentó el 30 de diciembre una nueva propuesta de convenio a los acreedores para evitar la liquidación, al no poder pagar determinados pagos contemplados en el anterior convenio. En la nueva propuesta, a la que ha accedido este diario, la empresa destacaba que si ganaba el recurso en el Supremo contra Manuel Jove destinaría los recursos al pago a los acreedores.

El varapalo del Supremo a la reclamación de Martinsa Fadesa ha sido la puntilla al intento de Fernando Martín de salvar la compañía de la liquidación. El Supremo ha condenado al pago de costas a la compañía, que supondrá el desembolso inmediato de varios millones de euros (hasta 60 millones según estiman fuentes judiciales).

Así se liquidará el grupo de Fernando Martín

El juez del concurso de Martinsa Fadesa, Pablo González-Carreró, del mercantil de La Coruña, recibirá hoy las adhesiones a la propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria y constatará que no cuenta con las suficientes como para ser aprobado y declarará la apertura de la fase de liquidación. El magistrado, explican expertos en materia concursal, después tendrá que designar a la anterior administración concursal de la empresa para hacerse cargo del proceso de liquidación.

El juez puede nombrar a los tres que estuvieron al frente del concurso de Martinsa, Ángel Martín Torres (KPMG), Antonio Moreno Rodríguez (Bankinter) y la abogada Antonia Magdaleno, a dos de ellos o tan sólo a uno.

Los liquidadores nombrados por el juez dispondrán de dos meses para actualizar la contabilidad del grupo, el activo y el pasivo;las quitas a los créditos acordados anteriormente se rehabilitan.

Una vez actualizados los activos y pasivos de Martinsa Fadesa, se presentan al juzgado y las partes afectadas pueden impugnar los datos y presentar incidentes. El juez deberá dictar sentencia sobre los mismos y resolver para disponer de los textos contables definitivos.

Los profesionales a cargo de la liquidación tendrán que presentar al juez un plan de liquidación, que deberá ser estudiado igualmente por las partes implicadas, que también podrán presentar alegaciones al mismo. Finalmente el juez aprobará un plan de liquidación y comenzará entonces la venta de activos con los que pagar a los acreedores.

Los expertos consultados resumen el proceso comparándolo con el inicio de otro proceso concursal.

Cronología

La compra de Fadesa por parte de Martinsa, entre 2006 y 2007, ha marcado la evolución de la compañía. Antes de llevarse a cabo aquella operación, Fernando Martín Álvarez ya dio pistas de estar preparando una gran operación. El dueño de Martinsa vendió su participación en Sacyr Vallehermoso, el 5,96%, por 266 millones de euros, de los que en torno a 150 millones fueron plusvalías, a mediados de 2005.

En noviembre de 2006 empezó a desprenderse de su participación en Unión Fenosa. A principios de ese mes Martinsa presentó en CNMV opa sobre Fadesa, a un precio 35,70 euros por acción, lo que elevó la operación a 4.045,2 millones de euros.

La compra efectiva de la inmobiliaria de Manuel Jove no se resolvió hasta mediados de 2007. Un año después, en junio de 2008, Martinsa Fadesa entró en concurso de acreedores, con cerca de 8.000 millones de euros de deuda.

En 2011 la inmobiliaria logró acordar convenio de pago con los acreedores saliendo así de la situación concursal en la que se encontraba. Ese mismo año el grupo presentó demanda de responsabilidad social contra Manuel Jove y el ex consejero delegado, Antonio de la Morena. La crisis económica, financiera e inmobiliaria de España han imposibilitado a la empresa cumplir con sus compromisos de pago con los acreedores.

ABC




La banca rechaza la nueva propuesta de Martinsa y la aboca a la liquidación

   Los acreedores optan por dejar caer a la compañía apelando a la responsabilidad que tienen con sus accionistas y evitando entregar más de 6.000 millones a la inmobiliaria

La gran banca acreedora ha decidido no adherirse al nuevo convenio de acreedores que presentó Fernando Martín La gran banca acreedora ha decidido no adherirse al nuevo convenio de acreedores que presentó Fernando Martín para salvar a la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que tras este rechazo entraría formalmente en causa de liquidación.


Según han señalado hoy a Efe fuentes financieras, la banca acreedora considera que la liquidación ordenada de la compañía es la mejor opción dada la falta de liquidez por la que atraviesa Martinsa, condenada además al pago de más de 60 millones de euros en costas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

La banca acreedora de Martinsa entiende que la liquidación de la compañía, que llegó a ser una de las inmobiliarias más importantes de España, introducirá control judicial sobre ella y más transparencia, y permitirá conocer el valor real de sus activos y emplear los fondos obtenidos en resarcir a los acreedores.

El titular del juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña, Pablo González-Carreró, dio de plazo hasta hoy para que los acreedores de Martinsa Fadesa pudieran adherirse al nuevo convenio de acreedores que la compañía presentó "in extremis" a finales de 2014 en un intento por ganar tiempo ante una más que probable liquidación.

La banca ha optado finalmente por dejar caer a la compañía -con 70 empleados- apelando a la responsabilidad que tienen con sus accionistas y evitando así un planteamiento que lo único que buscaba era que la banca entregase a Martinsa Fadesa 6.000 millones de euros, apuntan las mismas fuentes.

En este sentido, aseguran que la propuesta presentada por Fernando Martín no tenía apoyos y no era ni creíble ni viable, y critican que entre las exigencias que planteaba estuviera mantener su sueldo millonario a pesar de las pérdidas que registraba la compañía y su falta de liquidez.

De hecho, Martinsa no tiene suficiente liquidez para poder hacer frente al pago de las costas del proceso judicial que enfrentó a la compañía, presidida por Fernando Martín, y a los antiguos responsables de Fadesa, a los que acusaba de haber sobrevalorado activos en el marco de la fusión.

Este pago supone más que un escollo para la compañía, que anunció hace un año el impago de una anualidad del convenio de acreedores, que representaba el 1 % y equivalía a cerca de 35 millones de euros. Además, a finales de 2014 debía de hacer frente a un nuevo pago del 12,5 % de la deuda concursal.

El 11 de marzo de 2011, el juzgado gallego aprobó el plan de Martinsa Fadesa para pagar sus 7.200 millones de euros de deuda en un plazo de hasta 10 años y levantar uno de los mayores concursos de España.

Ante la posibilidad de incurrir en un nuevo impago, Martín presentó una modificación del convenio con el que buscaba quedarse con 883 millones en activos (frente a los 1.100 millones recogidos en la anterior propuesta) y con 489 millones de euros de pasivo (frente a los 507 millones anteriores), lo que arroja un déficit patrimonial de 394 millones (desde los 593 millones iniciales).

Sin embargo, dos terceras partes del pasivo que estaría dispuesto a asumir el empresario son contingentes, es decir, sólo se transformarían en deuda en determinadas situaciones. Además Martín proponía hacer daciones en pago con la banca por 1.525 millones. No obstante, en ese importe se incluyen también los préstamos bilaterales por 314 millones que en caso de impago serían ejecutados por las entidades financieras.

El resto, 1.211 millones, iría al sindicato de bancos. Sin embargo, preocupan 990 millones que corresponden a propiedades de Martinsa Fadesa en Hungría y Marruecos, con lo que la inmobiliaria gallega superó oficialmente el concurso de acreedores al que se acogió el 15 de julio de 2008, el mayor de la historia de España

El Pais

La banca rechaza el plan de Martinsa Fadesa y la aboca a la liquidación


La inmobiliaria de Fernando Martín arrastra un pasivo de 6.600 millones de euros

La inmobiliaria Martinsa protagonizó en 2008 la mayor suspensión de pagos de la historia   La banca acreedora puso este jueves punto y final a la aventura que en 2006 emprendía Fernando Martín. Entonces el promotor vallisoletano, que llegó a figurar en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, alumbraba con la compra de la gallega Fadesa un gigante inmobiliario con unos activos valorados en más de 13.000 millones de euros ubicados en 13 países. Las entidades financieras abocaron a Martinsa Fadesa a la liquidación al rechazar definitivamente la propuesta de convenio que Martín presentó en el juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña el pasado 30 de diciembre al considerarlo “inaceptable”, según confirmaron varios bancos acreedores. La empresa arrastraba un pasivo de 6.600 millones de euros, de los cuales 5.500 millones correspondían a deuda financiera.Martinsa Fadesa protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores de España, con una deuda que entonces ascendía a 7.800 millones de euros. A pesar de que logró un acuerdo para salir del proceso judicial, el año pasado la compañía admitía que era incapaz de cumplir por segundo ejercicio consecutivo con las obligaciones del convenio y advertía de un desequilibrio patrimonial de 4.473 millones. Todo ello la conducía directamente a la liquidación. Acogiéndose a la reforma de la ley concursal, Martín llevó a la banca acreedora sucesivas propuestas bautizadas con el nombre de Plan Aurora para renegociar la deuda. La banca las rechazó una y otra veEl último plan, que presentó de forma unilateral al juzgado, preveía una quita de la deuda del 70% y la liquidación de una parte del pasivo con daciones en pago. Martín incluía como caramelo el reparto de una porción del capital que pensaba obtener de una posible sentencia favorable en el pleito que mantenía contra el antiguo propietario de Fadesa, Manuel Jove. A este le reclamaba 1.576 millones de euros al considerar que la venta se produjo con irregularidades. El plan de Martín pasaba por adelgazar la promotora hasta dejarla en una estructura con unos activos de 883 millones y un pasivo de 489 millones.

Fuentes financieras coinciden en que nunca aceptaron ninguna de esas condiciones: consideraban que la quita era excesiva, que los activos en el extranjero estaban sobrevalorados en un 417% y que Martín se quedaba con los mejores solares e inmuebles de la cartera. Como colofón, el Supremo falló a favor de Jove y condenó a Martín a pagar las costas del juicio. Estas subían al menos a 60 millones de euros, lo cual era inasumible para la empresa.

Las negociaciones con la banca estuvieron lideradas por un grupo de cuatro bancos formado por la Sareb —el banco malo—, CaixaBank, Banco Popular y Abanca, que concentran cerca del 60% de la deuda financiera. Las entidades —en total debe dinero a una veintena— llegaron a reclamar el control de la inmobiliaria, como en su día hicieron en su día con Metrovacesa o Colonial. Fuentes del sector explicaron que la mayoría de las entidades ya habían provisionado los préstamos a Martinsa Fadesa desde que en 2008 presentara la solicitud de concurso. Este no es el caso de la Sareb, si bien adquirió esos préstamos tóxicos de la banca nacionalizada con importantes descuentos.



La inmobiliaria, que empleaba a unas 70 personas, ahora no tenía promociones en marcha. Por ello, los bancos prefirieron, finalmente, dejar caer a la empresa y que el juez ponga en marcha un proceso de liquidación ordenada que someta a una valoración estricta los activos de la compañía.

z.

Faro de Vigo

Martinsa Fadesa cae tras protagonizar el mayor proceso concursal en España


Con una deuda de 3.500 millones, la firma de Fernando Martín no ha logrado el apoyo de los bancos a su plan de reflote

Martinsa Fadesa ha quedado abocada a la liquidación después de que ninguno de sus principales bancos acreedores se haya adherido a la nueva propuesta de convenio planteado por la inmobiliaria para afrontar la deuda de 3.500 millones de euros que soporta, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.


La inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín encara así su liquidación después de que en marzo de 2011 lograra superar el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española.

No obstante, cuatro años después Martinsa se ha visto obligada a plantear una reforma del convenio con que logró emerger de dicho proceso judicial ante la falta de liquidez para afrontar los pagos de deuda que fijaba.
La inmobiliaria presentó dicha solicitud de reforma el pasado 30 de diciembre de 2014 ante el Juzgado Mercantil de A Coruña, que dio de plazo hasta este 26 de febrero para que los bancos manifestara si aceptaban o no la propuesta, que requería un respaldo de al menos el 75% de los acreedores.

Tras culminar el plazo, ninguna de las principales entidades financieras acreedoras de la inmobiliaria, entre los que figuran la Sareb, CaixaBank, Abanca y Banco Popular, se ha adherido al plan, según indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso. De esta forma, la empresa se ve abocada a su liquidación.

26 de febrero de 2015

Faro de Vigo

La banca rechaza el plan de Martinsa Fadesa y la aboca a la liquidación



La banca ha puesto hoy punto y final a la aventura que emprendió en septiembre de 2006, cuando tras anunciar una oferta pública de adquisición (opa) por Martinsa Fadesa creaba un imperio inmobiliario con unos activos valorados en más de 13.000 millones de euros. Las entidades financieras acreedoras han decidido no acogerse al convenio de acreedores que la empresa que preside Fernando Martín presentó al juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña el pasado mes de diciembre, lo cual aboca a la compañía a la liquidación, según han explicado varios de los acreedores de la compañía. La promotora se plantará en este proceso con un pasivo que fuentes del sector sitúan en 6.100 millones de euros. De estos, 5.500 millones corresponden a la deuda financiera.
Martinsa Fadesa trató de ganar tiempo antes de la liquidación al presentar un convenio al juez el pasado 30 de diciembre sin el acuerdo de la banca. La compañía no podía cumplir por segundo año consecutivo con sus obligaciones del convenio de acreedores, lo cual la abocaba a la liquidación ni no alcanzaba otro convenio con la banca. Sin embargo, el plan que presentó y modificó en varias ocasiones no convenció a sus principales acreedores, liderados por la Sareb (el banco malo), CaixaBank, Banco Popular y Abanca. El plan preveía una quita del 70% sobre la deuda y el pago del resto con activos inmobiliarios.
Las fuentes financieras consultadas han calificado el plan de "inaceptable", puesto que la empresa quería pagar el 95% del pasivo con el 60% del activo, quedándose con los mejores inmuebles y solares. Además, las valoraciones estaban hinchadas: por ejemplo, una tasación encargada por la banca rebajaba el valor de un paquete de los 990 millones estimados por Martinsa Fadesa a 237 millones. La situación se agravó tras perder el pleito que mantenía con Manuel Jove, quien le vendió Fadesa. La sentencia del Supremo le condenaba a asumir los costes del juicio, que pueden ascender a 85 millones de euros.
Desde los bancos consideran que esa cantidad que debía asumir hacía del todo inviable una empresa que, según explican, no tenía actividad y solo empleaba a 70 personas. A pesar de que se barajó pedir a Martín que cediera el control de la compañía, finalmente la banca ha optado por un proceso de liquidación ordenado tutelado por un juez, lo cual garantizará una valoración más transparente de los activos.