El Norte de Castilla

Primera sentencia que obliga a administradores concursales a pagar deudas a trabajadores Discriminaron a empleados de una empresa cárnica y deberán pagar casi 300.000 euros más intereses El Juzgado de Instrucción número 2 de Cuenca ha condenado a los dos administradores concursales -un abogado y un economista- de la empresa cárnica «Luis Loriente S.L.» a pagar de su bolsillo 292.846 euros más intereses a 23 trabajadores de esta firma ya desaparecida a los que en 2016 discriminaron en el abono de las cantidades económicas que les adeudaban. La sentencia, pionera en España, considera probado que los dos administradores concursales alegaron que no quedaba dinero suficiente en la empresa pagar hacer frente a las deudas pendientes que «Luis Loriente S.L.» mantenían con estos 23 empleados -21 hombres y 2 mujeres-, afiliados todos ellos al sindicato CC.OO. Sin embargo, los ahora condenados sí pagaron a otros empleados de la planta cárnica e incluso saldaron deudas mercantiles con otros acreedores pese a que la Ley Concursal obliga a atender de forma prioritaria los derechos salariales. Según María José Mesas, secretaria general de este sindicato en Cuenca, «esta sentencia tiene una gran trascendencia para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y es pionera en España pues no existe ningún precedente de resolución judicial que haya condenado al administrador de un concurso a resarcir con su patrimonio el daño causado a trabajadores por postergación indebida del abono de derechos salariales». El abogado y el economista ahora condenados ya fueron inhabilitados en 2018 por la Audiencia Provincial de Cuenca para ser nombrados administradores de otros concursos por la «inobservancia de las normas concursales que provocaron un daño al patrimonio de trabajadores», argumento que repite la Justicia en esta nueva sentencia.

La Voz de Galicia

Los abogados no quieren administrar los concursos «malos», que suben un 25 %

Las pymes en liquidación no tienen dinero en caja ni para pagar los honorarios del administrador concursal designado por el juzgado

 

Muchos abogados de Vigo no quieren ni oír hablar de ser designados para administrar los concursos «malos» de acreedores, que en el argot jurídico se denominan a aquellas suspensiones de pagos presentadas por empresas arruinadas y sin fondos en la caja. Se trata de unos concursos donde las firmas deudoras entran directamente en fase de liquidación y donde el administrador concursal ni siquiera tiene asegurado que encuentre dinero para pagarse su propia minuta. Algunos se han llegado a quejar de que incluso tienen que poner dinero de su bolsillo para afrontar los gastos rutinarios de gestión.

Los concursos «malos», lejos de ser una rareza están aumentando. Este año, este tipo de suspensiones de pago han subido un 25 %. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, contabilizó 48 concursos en total el año pasado, frente a los 37 del 2018. Aunque hubo algunos concursos destacados, en su mayoría se trata de pymes del sector servicios con poca facturación que carecen de bienes, como locales, vehículos o mobiliario, que embargar o vender. Tampoco hay facturas que reclamar a la clientela. No tienen activos, solo pasivos: deudas a la Seguridad Sopcial. En otras palabras, no hay nada que sacar.

El problema es que el administrador concursal no elige sus litigios sino que es el juzgado de lo mercantil el que lo selecciona por turno en una lista. Los grandes concursos, como el de un astillero naval con activos millonarios, solo se asignan a letrados de demostrada experiencia profesional. El administrador concursal tiene, entre sus tareas, que reordenar los pagos, convocar a la junta de acreedores, aprobar un convenio o vender activos para pagar las deudas prioritarias, entre ellas sus honorarios.

Al recién graduado en Derecho que termina un máster y abre un despacho nunca le van a designar para estos grandes litigios donde están en juego millones de euros y la reflotación de una empresa clave para la ciudad, por ejemplo.

Todo el mundo quiere que le toque un concurso rentable pero, en los últimos años, no hay mucho donde elegir. Ya pasaron los tiempos de la crisis del ladrillo del 2008 donde se desplomaban grandes constructoras y los administradores liquidaban activos millonarios, constituidos por edificios en obras y solares. Ahora quiebran, generalmente, empresas zombi abocadas al cierre antes de presentar la solicitud del concurso. Otras sociedades se quedaron sin liquidez pero tienen confianza en salir a flote.

En los últimos tiempos, muchos abogados confiesan su malestar entre bambalinas porque les ha tocado un concurso malo pero acaban aceptando porque, de lo contrario, saldrían de la lista. Quizás haya más suerte la próxima vez que suene el teléfono.