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22 de febrero de 2018

La Voz de Galicia

El cierre de Transportes Souto se precipitó tras el rechazo de un fondo a invertir

El fondo se había mostrado dispuesto a inyectar dos millones de euros en la compañía, pero finalmente se echaron atrás después de comprobar el estado financiero de la empresa

Las dificultades económicas de Transportes Souto no eran nuevas, aunque ni trabajadores ni clientes esperaban el fulminante cese de actividad anunciado la pasada semana por la mayor empresa gallega del sector. Fuentes cercanas a la compañía explican que el cierre se anunció apenas 24 horas después de saber que un fondo de inversión interesado en entrar en el accionariado, con el que llevaban meses negociando, rompía todos los puentes y daba un no rotundo por respuesta definitiva.
Las mismas fuentes indican que el citado fondo (cuya identidad no ha trascendido) se había mostrado dispuesto a inyectar dos millones de euros en la compañía, pero finalmente se echaron atrás después de comprobar el estado financiero de la empresa, cuya deuda total se estima en unos 40 millones de euros.
Transportes Souto había contado hasta ahora con el apoyo tanto de los bancos, con Abanca y el Pastor a la cabeza, como de la Xunta, a través de Xes Galicia. Cuando empezaron a verse asfixiados porque no llegaban a fin de mes, con los primeros llegó a un acuerdo el pasado verano para abonar solo los intereses, pero retrasar la devolución del principal. También aceptaron una rebaja en el porcentaje de los tipos.
Algunas fuentes aseguran que buscaron financiación adicional en entidades que aplican «intereses brutales» en un intento de parchear la situación hasta la entrada del fondo que finalmente no se produjo.

Mientras, los sindicatos entregaron en Inspección de Trabajo documentación que, afirman, avala su denuncia de que Transportes Souto está incurriendo en alzamiento de bienes.
Pese a que la dirección remitió una carta a la plantilla en la que los eximía de ir a trabajar, «imputándose a vacaciones este período», los empleados de la sede central de Mos (Pontevedra) siguen acudiendo al centro para garantizar que no se mueve maquinaria ni mercancía.

 

Atlantico

Los trabajadores de Transportes Souto empezaron con problemas hace un año

Los sindicatos presentaron ante Trabajo un centenar de documentos para acreditar el presunto alzamiento de bienes


La empresa de Mos Transportes Souto comenzó su caída por el precipicio hace un año, cuando comenzó a tener problemas para pagar a sus empleados. Según explican fuentes sindicales, desde hace un año los trabajadores comenzaron a sufrir retrasos a la hora de ingresar sus nóminas, aunque el punto crítico se vivió en diciembre, cuando no cobraron ni su salario ni la paga extra.
La amenaza de movilizaciones llevó a la empresa a sentarse a negociar y pagar semanas después la cantidad adeudada. La situación se repitió el pasado mes de enero, pero ya no lograron un encuentro con la compañía. Los trabajadores de Vigo cobraron en los últimos días la nómina de febrero y más recientemente también los de A Coruña, aunque se ignora la situación del resto del grupo.
Fuentes de CC OO señalan que la Inspección de Trabajo les comunicará hoy a los sindicatos si investigarán a Transportes Souto por un presunto delito de alzamiento de bienes. Los trabajadores presentaron un centenar de documentos con los que pretenden acreditar que la empresa planificó con antelación el cese de la actividad y que estarían desviando recursos propios, como gabarras, a otra empresa, Logixtalia, con vínculos familiares.
Los sindicatos explican que han reiterado a la Inspección su intención de que se convoque un encuentro con la empresa. Para ello comunicaron al jefe el abogado designado para mediar entre la sociedad y los trabajadores. Transportes Souto mantiene una relación laboral con 600 personas aunque entre autónomos y pymes el número de afectados asciende a 1.500.
Los sindicatos han transmitido a los trabajadores que no acepten ofertas de trabajo de Logixtalia porque perderían la antigüedad así como las posibles cantidades que queden adeudadas por parte de la empresa y a pagar por el Fogasa. El 28 de febrero y el 5 y 8 de marzo se manifestarán ante PSA Vigo para exigir responsabilidades.
El miércoles pasado, Transportes Souto comunicó que cesaba su actividad, lo que motivó la creación de una plataforma de afectados a nivel estatal que no descartan ningún tipo de actuación judicial.
La empresa tuvo pérdidas en 2012 (-1,8 millones), 2014 (-6,02 millones) y 2016 (-695.802 euros) lo que ha supuesto que su patrimonio neto haya caído de los 11,17 millones en 2012 a los 3,6 millones en 2016. Su pasivo no corriente, correspondiente a las deudas a largo plazo, se redujo de 44 millones en 2013 a 19 millones en 2016 y su pasivo corriente, deudas a corto plazo, se mantuvo en los 41 millones.
La Xunta le concedió un crédito y está "abierta a colaborar"
 La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía, comunicó ayer a este diario que "defiende la vía del díalogo como la mejor fórmula para evitar el menor impacto posible" y destacó que se muestra "abierta a colaborar".
Esta consellería está plenamente implicada en el caso de Transportes Souto porque en 2017, cuando la empresa activó un plan de refinanciación, le concedió un crédito de 2 millones a través del Fondo Emprende que gestiona Xesgalicia, sociedad de capital riesgo.
Los recursos del Fondo Emprende va destinado a proyectos promovidos por nuevos emprendedores o empresas que acometan actividades novedades o usen nuevas tecnologías. Este plan de negocio a cinco años incluía ventajas fiscales en las líneas de crédito de varias entidades fiscales pero recogía como punto fundamental que los socios aportaran capital a la empresa por una vía diferente a la del endeudamiento.

Faro de Vigo

Empresas viguesas apuran la retirada de sus mercancías de la red de almacenes de Souto

Varios proveedores dejaron de trabajar con el grupo hace un año

 Transportes Souto está oficialmente en preconcurso de acreedores. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron ayer a FARO que el mayor transportista del sector del automóvil entregó la solicitud de preconcurso en el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra, que le ha dado trámite pese a la huelga de funcionarios. Mientras, clientes históricos del grupo gallego están recuperando mercancías que Souto tenía almacenadas en sus más de cuarenta delegaciones en la Península, entre ellos importantes compañías metalúrgicas y de otros sectores, como es el caso de Poligal.
Los sindicatos siguen adelante por su parte con su denuncia ante la Inspección de Trabajo por supuesto alzamiento de bienes ante las sospechas de que Souto está desviando vehículos y personal a otras empresas vinculadas a la propiedad de la compañía, como Logixtalia. Ayer mismo, responsables de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en Vigo entregaron documentación a la autoridad laboral para argumentar su acusación. Comité de empresa (3 de CC OO y 2 de UGT) y sindicatos siguen pendientes de que la dirección les convoque a una reunión para explicarles sus planes de futuro. Según la última comunicación mantenida entre ambas partes, Souto quiere aplicar un expediente de regulación de empleo extintivo, sin concretar afectados. El grupo emplea a más de 1.500 personas entre personal propio, pymes y autónomos. El sábado está convocada una asamblea en Porriño para los transportistas afectados por el cese de actividad, organizada por Apetamcor.

21 de febrero de 2018

Faro de Vigo

Souto evitó el concurso en 2017 gracias a un crédito de 2 millones de XesGalicia

El grupo vacía almacenes y comunica a la plantilla en Mos que no acuda a trabajar con cargo a sus vacaciones - CC OO y UGT instan a Gefco a que asuma responsabilidades

La crisis de Transportes Souto viene de lejos. La compañía, el mayor transportista de la industria de automoción en Galicia, ya había evitado por los pelos la entrada en concurso de acreedores el año pasado gracias a un crédito de 2 millones de euros de XesGalicia. Pero su elevado endeudamiento y la pérdida de confianza por parte de los bancos y clientes hizo que la situación volviera insostenible y el pasado miércoles suspendió operaciones, como avanzó este diario. El consorcio, que da empleo a más de 1.500 personas entre personal propio, de pymes y autónomos, ya ha vaciado almacenes y comunicado por e-mail a sus empleados que no acudan a sus puestos de trabajo a cargo de días de vacaciones, a la espera de que comiencen las negociaciones con los sindicatos.
El grupo estaría en preconcurso de acreedores desde el pasado viernes, pero sus problemas de financiación se remontan años atrás, según señalaron fuentes sindicales. Souto experimentó una fuerte expansión en la última década, que derivó en una abultada deuda que roza los 70 millones de euros. Esta situación a punto estuvo de forzar su suspensión de pagos ya el año pasado, pero la inyección de un crédito de 2 millones de euros por parte de XesGalicia le permitió mantener sus operaciones. Al menos hasta la semana pasada. 

Fuentes consultadas explicaron que Souto no ha sido capaz de trazar un plan de negocio que convenza a bancos y clientes, pese a tratarse de un gigante logístico (opera 356 vehículos de ruta y 725 unidades de reparto) con 120.000 m2 de instalaciones por toda España y Portugal, y que tiene al Grupo PSA, a través de Gefco, como gran cliente. Precisamente ese fuerte vínculo con PSA y la automoción es el que quieren explotar los sindicatos, que aspiran a que los empleos que pueda perder Souto sean subrogados a otras compañías del sector que presten servicios a la factoría viguesa y a sus proveedores.
CC OO presentó este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo por supuesto alzamiento de bienes, al detectar el desvío de gabarras y personal de Souto a una compañía vinculada a los propietarios del grupo pero con sede en Madrid, Logixtalia, como recogió ayer este periódico.
Este sindicato, mayoritario en el comité (tiene tres delegados, y UGT, dos), acusa la dirección de la compañía de "ocultismo" y de "no dar la cara" ante el personal. De hecho, empresa y sindicatos no han vuelto a reunirse, pese a que Souto ha nombrado interlocutor a un bufete de abogados. Ayer, los trabajadores mantuvieron un encuentro con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quien les ofreció su colaboración.

20 de febrero de 2018

Atlantico

Transportes Souto cesa su actividad y prepara el concurso

PSA y Gefco buscan una solución conjunta ante la repentina decisión de la compañía

La compañía viguesa Transportes Martínez Souto suspendió la semana pasada su actividad, poniendo en una severa situación al sector de la automoción. Souto es partner de Gefco, operador logístico del Grupo PSA. Ambas compañías estudian ya una solución si bien de momento no ha afectado al suministro ni actividad de la factoría viguesa, confirma un portavoz de PSA Vigo.
Según explican desde la federación de transporte de CC OO, se ha presentado una denuncia ante la inspección de trabajo y se ha solicitado una reunión urgente entre la empresa, comité y los sindicatos CC OO y UGT. La empresa comunicó el viernes que presentaría preconcurso de acreedores y los sindicatos temen que la situación derive en un expediente de regulación de empleo (ERE).
Desde el sindicato explican que la empresa adeudaba nóminas a sus trabajadores, unos 600, desde hacía varios meses, si bien la presión sindical logró que se abonasen las de Vigo. La pasada semana la dirección comunicó a sus trabajadores que no acudiesen a su puesto y avisó a las empresas con las que opera que cesaba la actividad.
Transportes Souto acumula un lustro de pérdidas, según los datos financieros a los que ha tenido acceso este diario. Tuvo pérdidas en 2016 de 695.802 euros y en 2014 de 6 millones, así como en 2012, de 1,8 millones. Su patrimonio neto ha caído de los 11 millones en 2012  a los 3,6 millones en 2016, último ejercicio del que ha presentado cuentas consolidadas.
El 15 de febrero la agencia de rating Axesor puso puntuación negativa al scoring por detectar "un comportamiento en pagos irregular, no atendido puntualmente al pago de todas sus obligaciones". Califica la probabilidad de nivel de impago como "muy alta".
La empresa ha tenido también varios encuentros con las administraciones públicas, según la información de Axesor. La agencia tributaria realizó en enero del 2017 un embargo por valor de 997.430 euros tras un incumplimiento de la empresa a finales de 2016 de 1,87 millones.
En sus cuentas anuales de 2016, auditadas favorablemente, incluye un punto por el cual señala que llevará a cabo un plan global para la "simplificación del grupo empresarial" a fin de presentar "mayor capitalización de la entidad". El plan incluye la obligación de ejecutar "un plan de desivenrsión" para generar liquidez y la necesidad de que los socios aportaran liquidez en el proceso de reestructuración financiero.

13 de febrero de 2018

Faro de Vigo

Una docena de vigueses piden el concurso asediados por las deudas y microcréditos

Durante el proceso concursal se paralizan las ejecuciones contra el deudor y un administrador pasa a controlar sus cuentas y elabora un plan de viabilidad

No solo las sociedades mercantiles pueden acogerse a un concurso de acreedores para intentar salvar las deudas contraídas. Las personas físicas cuentan con un procedimiento similar para hacer frente a las reclamaciones monetarias de sus acreedores. Los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad registraron durante el año pasado y los primeros meses de éste una docena de concursos voluntarios presentados por vigueses que se vieron asediados por las deudas. En total son 13 las personas que en los últimos meses se decantaron por esta fórmula de refinanciación para poder asumir sus pagos.
A diferencia de lo que sucede en los procesos concursales de negocios o empresarios, los acreedores no son habitualmente bancos o instituciones públicas, sino empresas de crédito que reclaman altas comisiones a las que el deudor no puede hacer frente. El perfil del solicitante -siempre son voluntarios y a instancia de la persona endeudada- suele responder a personas con pocos bienes pero sí con un pasivo considerable. Vigueses con varias hipotecas o las responsabilidades por ejercer de aval son otras de las razones que llevaron a la quiebra a varios de estos solicitantes.
Una vez la persona física es declarada en concurso, un administrador pasa a controlar sus cuentas y elabora una propuesta de viabilidad a tenor de sus ingresos y activos. Este plan se hace público en una junta de acreedores en la que se busca una rebaja o quita sobre la deuda acumulada. Fuentes judiciales destacan que uno de los beneficios que supone este proceso para el solicitante consiste en que mientras dure el concurso las ejecuciones contra el deudor quedan paralizadas. "Muchos solicitan el concurso con la esperanza de que la situación mejore a corte plazo ya sea porque reciban ingresos que les permitan hacer frente a estos pagos pero no de forma inmediata", sostienen profesionales de una de estas salas civiles.
¿Y si tras la junta de acreedores no se llega a un acuerdo? Esta situación ocurre en el "90%" de los casos. Esto obliga a la liquidación de los bienes o propiedades de la persona física para pagar a los reclamantes. Es en este momento cuando la función del administrador concursa es vital: sustituye casi por completo al deudor y pasa a gestionar sus cobros, sus pagos y todos sus movimientos bancarios. Antes de entrar a concurso también se puede optar por otro procedimiento: la medición ante notario.

8 de febrero de 2018

Faro de Vigo

Maderas Iglesias cierra en Vigo y Mos y negocia su venta para eludir la liquidación

Recoloca a 25 personas en la planta de Porriño

Maderas Iglesias cerrará el 31 de marzo sus plantas de Puxeiros (Vigo) y Sanguiñeda (Mos), y trasladará la plantilla de ambas, unas 25 pesonas, a la factoría de Louro (Porriño). Así lo anunció la compañía al comité de empresa este miércoles, en un encuentro en el que el responsable de la firma, Juan Ramón Iglesias, aseguró que estaba en contacto "con posibles inversores" para deshacerse de ella. "Nos ha reconocido que no tiene ningún cliente externo, los únicos que tiene son firmas vinculadas a su familia", expuso a FARO Xulio Vicente, de la CIG, que ha vuelto a acusar a la dirección de "pretender descapitalizar" la compañía. "Queremos que se implique la administración", exhortó.

"Hay gente que ya ha consumido todo el paro porque llevan más de 400 días" en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal, añadió Francisco Estévez, de Comisiones, que teme que la dirección "deje morir la empresa hasta verse obligada a solicitar la liquidación". Es un escenario que solo se podrá evitar, a juicio de los sindicatos, con la implicación de todas las partes: la propia Maderas Iglesias (llegó a ser primer fabricante de España de tarima flotante), plantilla, acreedores y Xunta de Galicia. La sociedad mantiene 290 trabajadores y, aunque planteó antes de Navidad un ERE extintivo para la mitad de la plantilla, lo ha retirado.