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31 de mayo de 2017

Cinco Dias

Los fondos acreedores complican la salvación de Reyal Urbis

Las entidades deben votar hoy sobre el convenio

Sareb, clave en el futuro de la inmobiliaria

La salvación de la inmobiliaria Reyal Urbis llega a su momento más delicado. Hoy, los acreedores deberán comunicar al secretario judicial y al administrador concursal si se adhieren a la propuesta de convenio de la empresa –aceptando quitas de entre el 80% y el 90%– que salve a la inmobiliaria de la liquidación. Pero la compra de pasivo por varios fondos especializados en deuda distressed complica aún más una salida al negocio, según fuentes que participan en el proceso.

Cada acreedor deberá dar su conformidad o su rechazo al convenio. Para aprobarse, necesita al menos el 75% del voto favorable en el préstamo sindicado, de más de 3.100 millones de euros. En el caso de los créditos ordinarios, con valor de unos 800 millones, la aprobación debe superar el 50%. Aparte, la empresa negocia con Hacienda un convenio bilateral por la deuda de 400 millones.
Se calcula que en dos semanas, el administrador dará los resultados del voto al juzgado número 6 de lo Mercantil de Madrid y en un mes se conocerá si la inmobiliaria se salva de la que sería la segunda mayor liquidación de la historia, tras la de Martinsa-Fadesa.
Pero el cambio del perfil del acreedor puede complicar la continuidad del negocio. En los últimos meses, varios fondos especializados en empresas con situaciones complicadas han comprado deuda a la banca, aunque se desconoce su número y la cuantía adquirida. Cuatro fuentes relacionadas con el proceso admiten que estos compradores están apostando por rechazar el convenio y, por tanto, quieren llevar a la liquidación a la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría, que cuenta con unos activos por valor cercano a los 1.200 millones.
En total, serán una treintena de entidades las que deberán posicionarse. Fuentes financieras avanzan que los fondos siguen realizando ofertas a los bancos y lo seguirán haciendo hasta el último minuto, por lo que se espera que puedan engordar su posición acreedora.
Aunque será crucial la posición de Sareb, ya que el banco malo cuenta con casi 1.000 millones de euros de deuda, proveniente de nueve de las antiguas cajas. Esta entidad pública declinó hacer comentarios sobre el sentido de su voto en el día de hoy.
Tras Sareb, la posición de Santander también será crucial, ya que dispone de 500 millones del pasivo. Por su parte, BBVA cuenta con más de 120 millones.
El convenio presentado por la empresa de Santamaría, en concurso de acreedores desde 2013, contempla quitas del 90% para los créditos ordinarios. En el caso del préstamo sindicado, la oferta pasa por la dación en pago de activos, lo que supondría la aceptación de quitas de alrededor del 80%, según fuentes cercanas al proceso. A su vez, Hacienda, que ha declinado realizar comentarios, negocia un plan de pagos para el agujero de 400 millones.

La historia del concurso

Reyal, de la familia Santamaría, adquirió Urbis a Banesto por 3.300 millones en 2006. Se convertía en uno de los gigantes en Bolsa del ladrillo, justo antes de la crisis inmobiliaria.
En 2013, tras dos reestructuraciones de pasivo, entró en concursos de acreedores. Se trató de la segunda mayor suspensión de pagos tras la de Martinsa-Fadesa. La firma BDO fue nombrada administradora concursal. En total, la deuda actual asciende a 4.660 millones.
A cierre de 2016, la empresa –que no ha contestado a la petición de información de este diario– tuvo una cifra de negocio de 46 millones de euros, de los que 25 millones corresponden a Rafael Hoteles. Dispone además de un banco de suelo de 6,2 millones de metros cuadrados.

 

25 de mayo de 2017

El Pais

Deudas

Justicia reclama una nueva reforma de la ley concursal

Pide cambios en la ley de Segunda Oportunidad

Exige una salida equilibrada para los deudores que se quedan sin bienes

El Ministerio de Justicia no está contento con el funcionamiento de la ley concursal o de la ley de segunda oportunidad, en vigor desde finales de 2014 y principios de 2015, para tratar de dar una salida alternativa al cierre a las empresas ahogadas por las deudas. Así lo apuntó ayer Julio Fuentes, coordinador de la Unidad de Derecho concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia, que consideró como imprescindible una reforma de ambas para que cumplan el propósito para el que fueron creadas. “La segunda oportunidad es necesaria reformarla por el impacto social que tiene”, apuntó Fuentes a Cinco Días tras su intervención en el II Encuentro Internacional Reestructuración e Insolvencia. En su opinión, el actual sistema no distingue adecuadamente el grado de culpa de cada parte, si hay buena o mala fe en ese endeudamiento o si el acreedor ha cumplido sus deberes a la hora de analizar a quién le presta el dinero. “Compartimos lo que ha dicho la UE que hay situaciones en las que la gente quedaba entrampada por muchos años”, señala.

Otro de los apartados de la ley que no está funcionando es la resolución de los concursos de grandes deudores. “Sin querer poner en peligro el principio de que el deudor responde con todos sus bienes, hay que valorar la buena fe y buscar un sistema de salida de esa situación, que no puede durar tanto. Puede haber quitas o esperas, pero en cualquier caso habría que exigirles un mayor sacrificio a los acreedores. No tiene sentido que a quién se le ha liquidado por completo su patrimonio todavía siga debiendo cuando no le queda nada. Habría que buscar una salida para que esa persona se recupere y no vaya a la economía sumergida”, recalca.
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Una salida que, sin embargo, se antoja difícil por la situación de minoría del PP. “Creo que la segunda oportunidad suscitaría un acuerdo político. La experiencia de la última legislatura de Zapatero, en la que se cambió la ley Concursal, es un ejemplo. Cuando son cuestiones de Estado, los grandes partidos aprenden, saben ponerse de acuerdo y saben introducir mejoras”.

La Voz de Galicia

Pemex suelta amarras de Galicia, y renuncia a ejercer de dueño del astillero Barreras

Mantiene su posición mayoritaria en la factoría, como una participada más, pero descarta la licitación de nuevos buques

Pemex es una petrolera en crisis que da por finalizada la aventura como armadora iniciada en el año 2012 de la mano de la Xunta.
La compañía mexicana suelta amarras del naval gallego, con un balance que, bien analizado, no es poca cosa: el encargo de dos grandes buques (los floteles adjudicados a Barreras y Navantia), contratos de diseño y soporte técnico con Armón y Freire para construir una veintena de embarcaciones en México y la compra del 51 % de Hijos de J. Barreras, que ha permitido sobrevivir al astillero.

No hay cifras oficiales, pero la incursión de Pemex en Galicia supera ampliamente los 300 millones de inversión.
La aventura ya se ha acabado, según confirma la propia firma azteca, que, por mucho que se recupere el precio del petróleo, da por cerrada su etapa de eventual benefactora del naval gallego.
Fuentes cercanas a la compañía aseguran que la petrolera nunca se quiso hacer responsable de anuncios hechos en Galicia por exdirectivos a los que acabó enseñando la puerta de salida. Es el caso de Carlos Roa, mano derecha del expresidente de Pemex Emilio Lozoya, que llegó a anunciar contratos fantasma de floteles y buques tanque.
Eso ya quedó atrás, todo lo que queda del paso de Pemex por Galicia es el flotel Cerro de la Pez (antes, Orgullo Petrolero) terminado ya desde febrero en las instalaciones de Navantia Ferrol, y a la espera de misión; y la participación del 51 % que tiene en el capital de Hijos de J. Barreras.
No más barcos
La petrolera ratifica su posición en el accionariado, pero se desvincula de la gestión. La considera «una participada más», en la que se mantiene por interés económico, pero sin interferir en la forma de llevar el negocio. Dicho de otra forma, Pemex no facilitará carga de trabajo a su astillero, y se limitará a recoger beneficios, en caso de haberlos.
La mejor prueba de su desvinculación es que el consejo de administración del astillero lleva más de un año con dos vacantes sin cubrir correspondientes al accionista mayoritario: la vicepresidencia, que ocupaba Carlos Roa, y la del consejero José Luis Abdalah Hernández (ambos fuera de Pemex ya). Sí permanece José Manuel Carrera Panizzo, director corporativo de alianzas y nuevos negocios de la petrolera.
La semana pasada, Barreras cerró la financiación para la construcción de un buque de pasaje. Se trata del primer contrato que logra Barreras desde enero del 2014, cuando Pemex llegó al rescate y le adjudicó el primero de una serie de floteles que, en teoría, vendrían a continuación.
Pero el negocio petrolero se torció y, con ello, todos los proyectos para Barreras se vinieron abajo como un castillo de naipes. No habrá más barcos porque no hay trabajo para ellos.
Según cifras de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), mientras que en noviembre del año pasado había 160 barcos varados en el golfo de México, en febrero del 2017 el número había aumentado a 320 unidades. Esta cifra es preocupante si se tiene en cuenta que la flota total del país dedicada a la actividad petrolífera es de 382 unidades.
Esta situación explica que los dos floteles construidos en Galicia hayan permanecido meses en las gradas de Barreras y Navantia, una vez finalizados y entregados, antes de partir a aguas mexicanas. De hecho, el Cerro de la Pez realiza maniobras fuera de Ferrol, pero sigue en Navantia, ya que todavía no ha sido recogido por su dueño de forma oficial.

 

24 de mayo de 2017

El Pais

Empresas en el limbo concursal

El actual procedimiento de quiebra aboca a muchas compañías a la liquidación sin que sea posible reconducir su situación

 
El número de empresas en situación de concurso de acreedores que hay en un país suele ser síntoma del buen o mal estado de su economía. Desde que irrumpió la crisis a finales de 2007, sus efectos se vieron rápidamente reflejados en las estadísticas concursales. El número de sociedades en situación de insolvencia se disparó, situando a miles de empresas en un limbo concursal que puede llegar a durar años en algunos casos y que con frecuencia conduce a la liquidación: más del 90% de las firmas no logra reflotar, por lo general porque cuando llegan al concurso ya es tarde para reconducir la situación.
Entre abril de 2016 y abril de 2017, el número de empresas que se ha declarado en concurso de acreedores ha caído un 23% en España. En total, han sido 3.439 las sociedades que han acabado acudiendo a esta vía para resolver sus problemas de insolvencia, una cifra que queda lejos del dato récord de más de 8.000 concursos que llegó a contabilizar el Registro Mercantil en 2013. Fue a partir de ese año cuando, de la mano de la recuperación económica, se produjo el cambio de tendencia que se ha mantenido en los tres últimos ejercicios, con una disminución notable del número de concursos. Incluso en los años con mayor número de casos, la cifra de empresas concursadas en España ha sido siempre baja, siendo uno de los países de la Unión Europea con menos procedimientos. No hay más que fijarse en países como Francia, con un total de 57.844 concursos en 2016; Alemania, con 21.518, o Italia, con 13.472.
En todo caso, algunos expertos señalan que los datos de las estadísticas concursales no reflejan la foto completa de la situación económica española, ya que en muchos casos es posible que las empresas estén acudiendo a otras vías ante una situación de insolvencia. “Muchas empresas, en vez de acudir al procedimiento concursal, simplemente cierran y desaparecen por la vía de la economía sumergida, algo que causa inseguridad económico-empresarial y laboral y nos lleva a espejismos como si en España hubiera menos insolvencias que en otros países”, explica Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Expertos en Economía Forense (Refor), órgano especializado del Consejo General de Economistas. Y respalda esta afirmación en los datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que ponen de manifiesto que, en realidad, hay muchas más insolvencias de las que muestran los datos oficiales.
La pregunta es: ¿por qué las empresas españolas son reacias a acudir al concurso? De entrada, existe un factor cultural que hace que las situaciones de insolvencia sigan percibiéndose como un estigma: muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación. Pero además desde el Refor apuntan que entre los problemas de nuestro actual sistema concursal está la lentitud y el elevado coste de los procedimientos, que desincentivan que los empresarios acudan a esta vía legal.

Cuestión de tiempo

En cuanto a los tiempos de resolución, Luis Martín, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), distingue las diferentes fases del procedimiento. Según apunta, una vez que el deudor solicita el concurso, el juzgado puede tardar meses en declararlo, y ello contribuye a un mayor deterioro de la empresa, ya que, hasta que no se pone en marcha el procedimiento, no es posible frenar la sangría financiera y siguen ejecutándose los pagos. Por ello, es vital que la declaración de concurso sea inmediata.
Declarado ya el concurso, puede ser la propia empresa la que, por estrategia, contribuya a dilatar el procedimiento, con la presentación de incidentes concursales y aprovechando el colapso de los juzgados de lo mercantil. Si genera tesorería positiva, puede seguir operando y la situación de concurso le da más margen para negociar con los acreedores y así poder llegar a un acuerdo. Por último, en la fase de liquidación también se producen retrasos, ya que, aunque la ley establece algunos plazos, no es fácil cerrar una compañía y son muchos los flecos sueltos que pueden impedir hacerlo en el tiempo previsto.
De cara al futuro parece que la situación podría mejorar. Desde Aspac consideran que la propuesta de directiva europea de insolvencia, que se encuentra actualmente en fase de borrador, contribuirá en la reducción de tiempos y costes del procedimiento. También desde el Refor consideran que la nueva normativa comunitaria mejorará el panorama concursal. Alberto Velasco estima que el procedimiento concursal es “excesivamente jurídico, procesalista, formal y lento”, y cree que “debería ser más económico-empresarial, pragmático, eficiente y rápido”. En este sentido, es partidario de tratar de adaptar el modelo de Estados Unidos, país en el que los concursos se resuelven en cuestión de meses, y precisamente ese es el camino que parece haber tomado la esperada directiva.
Otro problema es que cada vez se recurre menos a medidas como las de los acuerdos de refinanciación. Según apunta Velasco, esto se debe a diversas razones, entre ellas el hecho de que los créditos públicos (los que corresponden a Hacienda y a la Seguridad Social) no entren en estos acuerdos y que esta vía esté prevista para empresas medianas y grandes, cuando España es un país de micropymes. Además, desde el Refor opinan que debería facilitarse la venta de unidades productivas de las empresas en concurso sin que se hereden las deudas sociales como sucede en la actualidad.

Empresas que no mueren

La ley establece que cuando las pérdidas de una empresa alcanzan un determinado límite, ésta ha de disolverse. Sin embargo, hay situaciones en las que extinguir una sociedad no es sencillo. Sería el caso, por ejemplo, de una empresa que tenga un único acreedor al que no puede liquidar porque no tiene bienes. En principio, la vía legal para extinguir sociedades en situación de insolvencia es el concurso, pero esto no es posible cuando sólo hay un acreedor. Además, en muchas ocasiones, los costes y la complejidad de un procedimiento concursal no son siempre asumibles por las empresas. Otra opción sería que los socios acordaran la disolución, procediendo a las operaciones de liquidación y finalmente haciendo la escritura de extinción, pero en ella tendría que hacerse constar que se han liquidado las deudas. Si esto no es posible, se puede declarar esa circunstancia en el documento público y esperar que el registrador mercantil acepte inscribirlo en estas condiciones, cancelando los asientos del Registro. Se trata de una cuestión que ha generado polémica entre registradores en los últimos años. De hecho, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado varias resoluciones al respecto en diversos sentidos. La última, de agosto de 2016, permite finalmente la inscripción de la escritura de extinción ante el bloqueo que suponía esta situación.


 

19 de mayo de 2017

El Economista

España registra 62.878 concursos empresariales en los últimos 20 años, el 80% desde 2009

España ha registrado 62.878 concursos empresariales en los últimos 20 años, de los que el 80% se han producido desde el año 2009, cuando se introdujo la primera reforma de la Ley Concursal en España.
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Así se desprende del estudio "Evolución de los procesos concursales en España", publicado por Informa D&B, compañía filial de CESCE, que muestra que el máximo histórico se registró en 2013, cuando se contabilizaron 9.310, para reducirse a 4.461 al cierre de 2016, cantidad inferior a los 5.054 de 2009.
La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, explica que los procesos concursales son todavía "marginales" si se comparan con el tejido empresarial español y "no reflejan el número total de empresa en dificultades".
La mayoría de las empresas que han iniciado concurso de acreedores acaba en liquidación o simplemente dejan de operar, aunque la tasa de supervivencia se incrementa desde 2004. De las 62.878 que iniciaron el proceso, el 80% han cesado su actividad.
CATALUÑA Y LA CONSTRUCCIÓN, A LA CABEZA.
Por comunidades autónomas, Cataluña es la región que acumula un mayor número de concursos durante estos 20 años, 14.575, el 23% del total. Madrid y Valencia se disputan desde 2013 el segundo puesto. En 2016 Cataluña sumaba el 21% de los concursos en España, Madrid casi el 16% y Valencia algo más del 15%.
Por sectores, construcción y actividades inmobiliarias es el más afectado, representando el 33% del total desde 1997. Le siguen Comercio, que supone el 20% e Industria, que también alcanza casi el 20%. Hasta 2007 el orden era el inverso, puesto que industria era el sector con más concursos, seguido de comercio y construcción. En 2008 el número de procesos se incrementó significativamente en el sector de la construcción que llegó a representar el 41% del total.
El estudio muestra que las microempresas recurren cada vez más a los concursos, ya que si en 1997 suponían el 51%, en 2016 llegan al 83%, de forma que resto de empresas pierden peso. Las pequeñas pasan del 35% al 15%, las medianas del 12% al 2%, y las grandes del 2% al 0,4%.
No obstante, teniendo en cuenta el número de sociedades que recurren a estos procesos respecto al total de compañías activas del mismo tamaño, las micro son las que tienen una tasa de concursalidad inferior, del 0,20%, mientras que en las pequeñas llega al 0,64% y en las medianas y grandes supera el 0, 4%.
También ha cambiado la forma jurídica más habitual entre las empresas concursadas, según el estudio. Si en 1997 el 57% correspondía a sociedades anónimas en 2016 estas son tan solo el 11%, pasando las sociedades limitadas a ser el 77% del total frente al 39% que marcaban en 1997. El porcentaje de autónomos se incrementa del 2% al 9% en este periodo.

 

Noticias Bancarias

España, entre los países con menos concursos de acreedores de la UE

España es actualmente uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos concursos de acreedores.
Así, fue el país que registró un mayor descenso el año pasado en el número de concursos de acreedores, al caer un 20%, según un informe realizado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE).
El informe, que realiza una comparativa entre los siete principales países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Dinamarca, Finlandia y España), concluye que España tiene una evolución peculiar en cuanto al número de concursos de acreedores con respecto a otros países europeos.
Por un lado, España es el país de la UE entre los siete analizados en el que en 2016 se produjo el mayor descenso (-20%) en cuanto al número de concursos respecto al año 2015, hasta los 4.080 concursos. En otros países europeos como Francia, Alemania e Italia también disminuyeron, pero dentro de cifras más moderadas, inferiores al 11%, que es lo habitual.
Además, la cifra de concursos de empresas en España (4.080 anuales en 2016) continúa siendo inferior a los de otras economías de Europa (Francia, cerca de 58.000; Alemania, 21.518; Reino Unido, 16.502; Portugal, algo más de 7.000, y Dinamarca, 6.674). Mientras, Portugal, país cuyo PIB es seis veces inferior al de España y con cuatro veces menos población, casi dobla a España en número de concursos.
Por otra parte, se observa una cierta correlación entre el incremento porcentual del PIB y la disminución en el número de concursos: España, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016, presenta una disminución concursal en dicho año del 20%; Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%; en Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8%; así como en Italia, cuyo PIB sube un 0,9% y se reducen los concursos de acreedores un 8,6%.
Así, el porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España que en otros países. No obstante, en los países escandinavos y del norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no se observa de forma tan clara dicha correlación.

 

9 de mayo de 2017

Faro de Vigo

Las familias en quiebra suben casi un 50% hasta marzo

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores suman las 1.319 en total

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 3,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.319, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.
En concreto, las familias que se declararon en concurso de acreedores ascendieron a 263, lo que supone un incremento del 42,9% respecto al mismo trimestre de 2016, mientras que las empresas concursadas bajaron un 2,7%, hasta sumar 1.056 procedimientos de quiebra.


En tasa intertrimestral (primer trimestre del año sobre cuarto trimestre de 2016), el número de deudores concursados aumentó un 0,8%, con un repunte del 31,5% en el número de familias declaradas en concurso y un descenso del 4,8% en el caso de las empresas concursadas.
De las 1.056 empresas que entraron en concurso en el primer trimestre, 118 eran sociedades anónimas, con un descenso interanual del 0,8%, mientras que 842 eran sociedades limitadas, un 4% menos que en el primer trimestre de 2016.
 
Las personas físicas con actividad empresarial elevaron los procesos concursales un 38,3% en tasa interanual, hasta totalizar 65, y los incrementaron un 10,2% respecto al trimestre anterior.
Durante el primer trimestre, los concursos voluntarios subieron un 3,7% en relación al mismo periodo de 2016, hasta sumar 1.213, en tanto que los concursos necesarios avanzaron un 7,1%, con un total de 106 procesos.
Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios aumentaron un 5% en tasa interanual y los abreviados, un 3,8%, hasta 190 y 1.129 procesos, respectivamente.


El Pais

Las familias que se declaran insolventes se disparan el 42,9% en un año

Las empresas en concurso de acreedores, por el contrario, se reducen en el primer trimestre un 2,7%

 Los concursos de acreedores que se declararon en el primer trimestre del año sufrieron un repunte del 3,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la subida no se debe a las empresas, la figura habitual de estos procedimientos. El alza responde a las familias que se acogieron a la insolvencia, que son 263 en total (frente a las 1.056 empresas), lo que supone un crecimiento del 42,9% en solo un año.

En conjunto, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre del 2017 se declararon 1.319 concursos de acreedores. De estos, 1.056 fueron protagonizados por empresas (2,7% menos en un año) y 263 por hogares (42,9% más). Es decir: entre enero y marzo, las familias suponen casi el 20% de los procesos declarados.

La cifra de familias declaradas insolventes entre enero y marzo (262) es la más alta en un solo trimestre desde el último periodo de 2014, y la mayor para un primer trimestre desde 2010. Además, el repunte del segundo trimestre es el segundo consecutivo. En la comunidad donde más familias se acogieron a estos procesos eran de Cataluña (81 de las 263 que hay). Le siguen Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 81 y 44, respectivamente.
Las empresas reducen el número de concursos de media (la antigua figura de la suspensión de pagos) pero algunos sectores siguen viviendo la fuerte resaca de la crisis. Así, de las 1.056 compañías, el 19% eran del sector del comercio y el 16%, del sector de la construcción. Dentro del comercio son las pequeñas tiendas las más perjudicadas, ya que los concursos se centran en compañías de entre uno y dos trabajadores o entre tres y cinco trabajadores. En la misma línea, en el caso de la construcción las insolvencias son de autónomos, con 70 casos de los 169 registrados en el trimestre.

Las más jóvenes y las más antiguas

El 22,5% del total de empresas concursadas en el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 16,5% tiene cuatro o menos años de antigüedad. En el comercio, de nuevo, esta tendencia de polarización se ve con claridad: de las 201 concursadas, 85 tienen menos de ocho años y otras 61, más de 20 años.
Por tipo de concurso, 1.213 son voluntarios (un 3,7% más que en el primer trimestre de 2016) y 106 necesarios (un 7,1% más).
Por comunidades, con cifras totales, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que protagonizan más casos: entre ambas, concentran el 36,9% de los procesos del primer trimestre. Les siguen Madrid y Andalucía. En el lado contrario se sitúa Navarra, con 12 concursos en total. Sin embargo, sis e analiza la evolución, la fotografía resultante es bien distinta: en términos de variación anual del número de deudores concursados, Canarias es la comunidad que presenta la mayor bajada (–60,3%). Por su parte, Región de Murcia presenta el mayor aumento (108,7%).

 

El Pais

El Armario de la Tele’ quiebra y pone toda la ropa a la venta a 5 euros

Un juzgado declara en concurso de acreedores Chicplace España y el portal que se dedica a vender la ropa que se viste en televisión

Comprar la ropa que se viste en muchos programas de televisión es posible desde 2009 con El Armario de la Tele, una plataforma de venta de moda 'online'. Ahora, además, se puede adquirir cualquier producto por 5 euros durante las próximas 72 horas, como anuncian en su portal. Sin embargo, la oferta no es una promoción cualquiera: llega provocada por la situación económica de la plataforma, que ha ocasionado que el juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid haya declarado este lunes en concurso de acreedores voluntario El Armario de la Tele y Chicplace España, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El juez ha acordado que ambas empresas conserven las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero estarán sometidas a la intervención de la administración concursal. Así, los acreedores comunicarán sus créditos en la forma prevista en el plazo de un mes, a contar desde la publicación este lunes de la declaración de concurso en el BOE, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Ambos procesos se han declarado de forma conjunta, como acumulados, para su tramitación coordinada, con los de las sociedades del mismo grupo: Eshop Ventures, sociedad cabecera, Furniture online, Mamuky outlet, Expirit Bebidas Premium, Molet shop, Matby shop, Exchange networks y Matby shop.
Por ello, con la promoción que ofrece El Armario de la Tele de todas sus prendas a 5 euros trata de deshacerse de todo su stock, aunque ya es limitado. Por ejemplo, para hombre solo hay 22 productos disponibles o solo 10 accesorios de mujer diferentes. En el caso de Chicplace España, su web ha dejado de funcionar y solo se puede visualizar la página de inicio, pero no se puede acceder durante la tarde de este lunes a los productos que vende.

 

La Voz de Galicia

«El armario de la tele» quiebra y pone toda la ropa a la venta a cinco euros

El portal se ha colgado tras la oferta para deshacerse de las prendas

El armario de la tele, una plataforma que se dedicaba a vender en Internet las prendas que lucían los presentadores y colaboradores de los programas de moda, ha colgado una oferta de todo a 5 euros durante 72 horas tras declararse en quiebra. Este descuento, que ha llegado a colgar la web durante unos minutos esta misma tarde, es la manera con la que el grupo ha decidido deshacerse de todo el stock de prendas que tenía.
El juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid ha declarado en concurso voluntario los portales de moda El armario de la tele y Chicplace España, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).  En concreto, el juez ha acordado que ambas firmas conserven las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal. Los acreedores de las concursadas comunicarán sus créditos en la forma prevista en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la declaración de concurso en el BOE.

Ambos concursos se declaran de forma conjunta, como acumulados, para su tramitación coordinada, con los de las sociedades del mismo grupo, Eshop Ventures, sociedad cabecera, Furniture online, Mamuky outlet, Expirit Bebidas Premium, Molet shop, Matby shop, Exchange networks y Matby shop. De miomento, el resto de páginas del grupo tienen descuentos específicos en determinados productos pero no han colgado un precio fijo como sí ha hecho El armario de la tele.

 

Faro de Vigo

El armario de la tele' quiebra y vende toda la ropa a 5 euros

La empresa se ha declarado en concurso voluntario de acreedores y lanza una oferta por tres días

El juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid ha declarado en concurso voluntario los portales de moda El armario de la tele y Chicplace España, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras esta decisión, la empresa ha puesto a la venta todos sus productos por 5 euros durante tres días, como anuncian en su portal.
En concreto, el juez ha acordado que ambas firmas conserven las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
Los acreedores de las concursadas comunicarán sus créditos en la forma prevista en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la declaración de concurso en el BOE.
Ambos concursos se declaran de forma conjunta, como acumulados, para su tramitación coordinada, con los de las sociedades del mismo grupo, Eshop Ventures, sociedad cabecera, Furniture online, Mamuky outlet, Expirit Bebidas Premium, Molet shop, Matby shop, Exchange networks y Matby shop.

Faro de Vigo

Un juzgado declara "fortuito" el concurso de la gallega Viriato

 El juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña acaba de emitir un auto en el que califica de "fortuito" el concurso de acreedores presentado por la firma textil gallega Viriato. La compañía, con sede en el concello de Ordes y fundada en 1959, se acogió a la ley concursal el año pasado y en noviembre solicitó la liquidación ante los problemas para atender a sus principales clientes por problemas de suministro.

5 de mayo de 2017

ABC

Cómo esquivar el fantasma de la liquidación

La anticipación, la cesión del negocio a terceros o los acuerdos extrajudiciales, claves para evitar el concurso 


La insolvencia, y el probable concurso de acreedores posterior, compromenten cualquier proyecto empresarial. Incluso si se esquiva la liquidación -la venta de los activos de la empresa y el cese definitivo de actividad- el empresario padecerá el «estigma del quebrado» o el «castigo reputacional», en palabras del profesor de Derecho Concursal y de Sucesión de Empresa Familiar en el Instituto de Empresa (IE) Bernardo Gutiérrez. Con el objetivo de evitar todo lo anterior, el Consejo General de Economistas y la CEOE han editado la «Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia».
Pero, ¿cuál es la situación concursal de nuestras empresas? Según la estadística del procedimiento concursal del INE, durante 2016 se declararon 4.754 concursos, la mayoría pymes con menos de diez trabajadores y una facturación media de 250.000 euros. Más del 90% de ellos terminaron en liquidación, antes que en un convenio. En esta línea, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) eleva a 7.150 el número de procesos concursales.
Por su parte, desde Crédito y Caución, preveén «el estancamiento general de los niveles de insolvencia en los mercados avanzados». Sin embargo, a partir de datos del BOE, estiman que los concursos repuntaron un 8,3% durante el primer trimestre del año hasta los 1.400. Sobre la Guía editada por Economistas y CEOE, el portavoz de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Manuel Calvé, destaca «la necesaria distinción» entre insolvencia e inviabilidad, ya que la primera circunstancia no implica que la empresa no pueda salir adelante en el futuro aunque no pueda hacer frente a sus obligaciones en un momento concreto.
A juicio del autor del citado estudio, Raimon Casanellas, «si una empresa no es viable lo mejor es ir a concurso y liquidarla, si hay viabilidad antes convendría tantear a los acreedores, para que acepten un acuerdo». Al respecto, Bernardo Gutiérrez (Instituto de Empresa) y Calvé (Aspac) coinciden en la necesidad de anticiparse a una situación de insolvencia. Para el primero, es necesaria «una buena gestión financiera, un buen control, y unas herramientas internas que permitan saber si el dinero va a llegar para pagar todas las deudas contraídas durante los próximos meses».
En opinión del experto de Aspac, el empresario debe acudir a «verdaderos profesionales, para que estudien la viabilidad de la compañía y los medios disponibles» (Plan de Viabilidad). Al respecto, lamenta que los empresarios «vayan tarde al concurso» y apuren el plazo legal de los dos meses posteriores a la insolvencia, ampliable por cuatro más si se solicita un preconcurso. Para este experto lo aconsejable es preparar una «provisión de fondos», para los gastos que genere el proceso.

Soluciones extrajudiciales

Al respecto, tanto Gutiérrez (IE) como Calvé (Aspac) destacan que existen «soluciones extrajudiciales», como los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago. El primero necesita del apoyo de más de la mitad de los acreedores, y permite al empresario la modificación de las condiciones de financiación y la reestructuración de otros aspectos de la compañía (plantilla, estructura de proveedores...). En palabras de Gutiérrez (IE), si concurren circunstancias normales «los bancos prefieren dar ayuda antes que no cobrar».
En una línea similar, los acuerdos extrajudiciales de pago estarían destinados a pymes y personas naturales, cuyo pasivo no exceda de cinco millones de euros y contarían con un mediador concursal para la negociación con los acreedores. En el acuerdo de refinanciación se introducirán quitas y aplazamientos en los pagos, lo que requerirá el apoyo del 60%o el 75% de los acreedores, según los casos. Sin embargo, para el portavoz de Aspac, «a estos dos sistemas sólo acuden empresas de alto calibre».
Para Gutiérrez (IE), el hecho de que se puedan «homologar» ante un juez tranquiliza a los acreedores, mientras que Casanellas (Consejo General de Economistas) reconoce que «el acuerdo extrajudicial es insuficiente» y pide un «procedimiento especial» para pymes y empresarios individuales. Otra posibilidad para salvar parte de la actividad, y permitir que se conserven puestos de trabajo, es la venta de la unidad productiva (cesión del negocio) a un tercero. Sobre esta opción, Casanellas (Economistas) aconseja que «si se sabe de alguien interesado en la empresa» se pida la liquidación ya que «el proceso iría muy rápido».
Por su parte, Calvé (Aspac) constata que cuando se vende a un tercero el conjunto de la empresa o una sección de la misma «estos trabajadores siguen creando riqueza». Al respecto, recuerda que «el adquiriente no se hace cargo de las deudas de la concursada, pero sí de las contraídas con la Seguridad Social». Lo que a su juicio, puede representar un riesgo para el comprador y desincentivarle. Opinión que comparte Bernardo Gutiérrez (IE), quien habla de «privilegios» en la Ley Concursal para Hacienda y la Seguridad Social a la hora del orden para cobrar frente a otros acreedores.

4 de mayo de 2017

El Confidencial

Los juguetes de Imaginarium entran en quiebra y piden un nuevo rescate a la banca

La cadena de jugueterías tiene un patrimonio negativo que la ha llevado a entrar en causa de disolución a la espera de la llegada de un nuevo inversor y una quita de la deuda

La cadena de juguetes Imaginarium ha vuelto a perder la sonrisa después de que a mediados de 2015 consiguiera salvarse del cierre. La empresa controlada por Félix Tena ha entrado en causa de disolución por las pérdidas acumuladas durante los dos últimos años, lo que ha provocado un desequilibrio patrimonial que le ha llevado a pedir un segundo rescate a CaixaBank, Santander, Sabadell, BBVA y Bankinter. De no llegar a un acuerdo en tres semanas, la compañía, que adeuda casi 40 millones de euros, quebrará.
Imaginarium ha convocado a los accionistas el próximo 18 de mayo para informarles de la delicada situación financiera de la sociedad, que necesita una ampliación de capital de al menos cinco millones de euros para eludir la disolución inmediata. No obstante, la nueva inyección de dinero será insuficiente si previamente no consigue convencer a la banca para que refinancie sus deudas por segunda vez o da entrada a un inversor que aporte fondos propios para garantizar la viabilidad.

 Tena, presidente y dueño de la mayoría de la compañía, ya otorgó un mandato al banco de negocios Montalbán Atlas Capital para vender hasta un 30% de Imaginarium a un nuevo accionista. Pero hasta la fecha las negociaciones no se han concretado en ningún acuerdo. Según distintas fuentes, la caída de las ventas, la mala gestión de los 'stocks' y el incumplimiento de las obligaciones con los acreedores han ahuyentado a los potenciales compradores, salvo algún fondo buitre que casi preferiría que la empresa cayera en liquidación para comprarla más barata.

“Estando pendiente el cierre definitivo del ejercicio 2016 y la formulación de las cuentas anuales de la sociedad para dicho ejercicio, los trabajos de contabilidad que se están llevando a cabo para determinar el resultado del ejercicio, tras los ajustes producidos por la reestructuración de determinadas filiales (Turquía y Argentina), reflejan que existe un desequilibrio patrimonial”, explica Imaginarium en la documentación elaborada con motivo de la junta.
Los cálculos realizados dan como resultado que el patrimonio neto se situaría a fecha de 31 de enero de 2017 en -2,28 millones de euros, un agujero que podría incrementarse si se tienen en cuenta otros eventuales deterioros de la deuda comercial de la filial italiana, así como de dicha participación. Tomando estos efectos en consideración, el desequilibrio podría llegar hasta los 7,6 millones, por lo que la inyección de capital se considera urgente.

“Habida cuenta de que las pérdidas acumuladas han dejado reducido el patrimonio neto por debajo de su capital social, la sociedad debe adoptar las medidas necesarias para reestablecer su equilibrio patrimonial o, en su defecto, promover su disolución, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 363. 1. e). de la Ley de Sociedades de Capital [LSC]”, explica Imaginarium a sus accionistas. La compañía lleva meses con los acreedores para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes que permitiese llegar a una cifra de deuda sostenible y mantener abiertas las líneas de financiación de circulante.

Dimisiones y sin dinero para la bolsa

Pero de momento los bancos, a los que Imaginarium reclama una quita, no están dispuestos a aportar más dinero tras comprobar que la compañía no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones por la mala evolución de las ventas y del resultados operativo. De hecho, el ebitda, que debía alcanzar los 1,5 millones, se quedará en apenas 810.000 euros, según estimaciones internas pendientes de auditar por KPMG.
La situación es tan complicada que el pasado mes de febrero ya dimitieron dos consejeros, Lluís Martínez-Ribés y José Agustín Lalaguna, vacantes que no han sido repuestas. Además, Santander Investment Bolsa, agente bursátil de la compañía, solicitó la exoneración del contrato de liquidez con Imaginarium al haberse agotado el efectivo y no ser posible su reposición inmediata.