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29 de septiembre de 2017

Faro de Vigo

Condenan a cuatro años de cárcel a la administradora de los concursos de Fadesa y Vieirasa

 La Audiencia de Valencia impuso ayer cuatro años de cárcel y una multa de 54.000 euros a la abogada Antonia Magdaleno por el concurso de Martinsa Fadesa y el de Urazca. Magdaleno, una de las tres administradores concursales de Fadesa (fue también la gestora en la pesquera Vieirasa) tendrá que indemnizar a Broseta Abogados con 4.6 millones de euros. Los jueces de la sección quinta de la Audiencia de Valencia consideran que es responsable de un delito continuado de estafa por la facturación que hizo de los concursos.
La condenada trabajó en Broseta Abogados desde 1999 y en 2009 fue nombrada socia con una participación del 5 % de la sociedad y se fue en 2011.Por el concurso de Martinsa Fadesa la acusada cobró 7.862.528 euros, mientras que ordenó que le fuera facturado por el despacho la cantidad de 3.324.891 euros. De otro lado. abonó al despacho de otro abogado 627.309 euros por su colaboración en el trabajo. Antonia Magdaleno ha declinado de momento hacer valoraciones a la sentencia. El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

La Voz de Galicia

La liquidación de su filial de compras pone fin a Blusens, la firma tecnológica gallega

La Audiencia Provincial acaba de condenar a un exdirectivo de la firma a nueve meses de cárcel por un fraude del IVA «en carrusel»

En el 2006, antes de que nadie imaginase la tormenta que se avecinaba, todos querían fotografiarse con él. Encarnaba al emprendedor de éxito. Hasta Manuel Jove invirtió en su proyecto. Pero el sueño de Blusens, fundada por José Ramón García, se ha desvanecido. Cuando los bancos cerraron el grifo después de pinchar la burbuja inmobiliaria, la compañía inició un calvario que la ha llevado hasta su final. Blusens Tecnhology, la filial de compras, está oficialmente liquidada desde este año, después de que a finales del 2016 fracasara el intento de un fondo americano de hacerse con la compañía tras tres años en concurso de acreedores. A esto se suma que la Audiencia Provincial acaba de condenar a un exdirectivo de la firma a nueve meses de cárcel por un fraude del IVA «en carrusel», del que la compañía también es responsable subsidiaria. Este fallo es consecuencia de una investigación llevada a cabo en el 2008 por la Agencia Tributaria, que acusaba a la empresa de un fraude de 800.000 euros en cobro indebido de este tributo, algo que Blusens siempre atribuyó a un proveedor.
En el proceso concursal, los bancos acreedores tampoco aceptaron la quita propuesta por la empresa, de forma que se pudiera llegar a un acuerdo que evitara la liquidación. Las entidades no creyeron en la viabilidad de una compañía que competía con gigantes mundiales.
Este viernes, el fundador de Blusens, José Ramón García, ya está a otra cosa: ha creado un entramado de empresas (Visualiza Business) que emprende en negocios como la iluminación, la nutrición y la moda.

 

28 de septiembre de 2017

Faro de Vigo

La empresa gallega que desarrolla la nueva vacuna de la tuberculosis arrancará antes de 2018 una nueva fase de ensayos en África

La firma y la Universidad de Zaragoza presentan en Vigo los últimos avances de su investigación

La empresa gallega Biofabri –ubicada en O Porriño (Pontevedra)- acaba de anunciar que, a finales de este año, comenzará una nueva etapa en el desarrollo de su vacuna contra la tuberculosis. En concreto, iniciará la fase 2a del ensayo clínico que consistirá en probarla en niños y adultos en África, zona endémica de la enfermedad.
Esteban Rodríguez Sánchez, consejero delegado de Biofabri, ofreció los avances en rueda de prensa en Vigo acompañado del doctor Carlos Martín de la Universidad de Zaragoza; José Antonio Mayoral, rector de dicha institución académica aragonesa; y del también doctor Jelle Thole, de TBVI.


Estos explicaron a los medios que la fase 2a de la investigación tardará "dos años y medio en ser concluida". Para desarrollarla, cuentan con una financiación que ronda los 12 millones de dólares. Esta cuantía ha sido aportada, por una parte, por el CDMRP (Congressionally Directed Medical Research Programs) de Estados Unidos comprometiendo 5,7 millones de dólares destinados a las pruebas en adultos. La otra cantidad restante le corresponde al EDCTP (The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership), radicado en Europa, para la vacuna en niños.
La previsión "más optimista" de la compañía gallega –que ha contado con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates en la procura de la financiación- es que el uso generalizado de la vacuna en países endémicos se pueda realizar a partir de los años 2023-2025. Para ello, queda aún un camino largo por recorrer de ensayos clínicos, informes y autorizaciones.
Actualmente ya existe una vacuna contra la tuberculosis, la BCG, que no siempre protege a las personas contra la enfermedad. El objetivo del grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza y Biofabri es que el producto que están desarrollando (de nombre MTBVAC) sea más completo que la ya existente en el mercado. De momento, los resultados que están obteniendo les llevan a asegurar que ofrece más inmunidad y eficacia, especialmente, contra las formas respiratorias de la dolencia en adolescentes y adultos.

26 de septiembre de 2017

El Pais

Varapalo judicial al plan de refinanciación de Abengoa

El grupo industrial tendrá que devolver el dinero que reclama un grupo de acreedores

 El juez Pedro Márquez, titular del juzgado número 2 de Sevilla, ha estimado la impugnación presentada por un grupo de acreedores de Abengoa contra el acuerdo de refinanciación de esta compañía y del que se quedaron voluntariamente fuera. Esta sentencia supone que el grupo industrial tendrá que devolver el dinero que reclaman; pero, sobre todo, compromete el citado acuerdo, ya que muchos bonistas que sí lo suscribieron podrían pedir daños y perjuicios e involucrar en su pago a las entidades financieras que respaldaron el plan de refinanciación.

 En realidad, contra el plan de refinanciación de Abengoa se presentaron dos demandas: una en mayo de 2016 y, en otra sucesiva, en abril de 2017. En la misma, dirigida por el despacho Zamora de Claver, estaban representados un total de 29 bonistas. Entre ellos figuran la familia Melgarejo, Fernández de Bobadilla y los antiguos propietarios de la operadora Pepephone, que suman en torno a 10 millones de euros (en cantidades que van de 300.000 euros hasta tres millones de euros). Paralelamente, había otros accionistas internacionales (Zurich y otras aseguradoras o el Banco Americano de Crédito a la Exportación), representados por el despacho Garrigues, con unas cantidades muy superiores.

 La reclamación representa un varapalo para los intereses de Abengoa, que estuvo negociando el acuerdo con los acreedores durante casi dos años y que en la actualidad está comenzando a sacar cabeza con nuevos contratos. La sentencia no frena el plan, pero supone una gran vía de agua abierta.

El acuerdo suponía una quita del 80% a devolver en siete años. La deuda se acercaba a los 9.000 millones. Los bonistas tenían comprometidos 3.500 millones de euros. Aunque los 10 millones de los 29 bonistas que recurrieron es muy pequeña en comparación con el total, la importancia radica en la repercusión que, a juicio de los juristas, puede tener.

La Voz de Galicia

Guerra de ofertas en el juzgado para quedarse con Caramelo

Seis postores entran en la puja de la marca adjudicada en junio por 100.000 euros a un grupo toledano

 

Hace cinco meses que la firma de moda gallega Caramelo cerró la última tienda que le quedaba en Galicia. Pero lejos de caer en el olvido, el interés por la marca que está en proceso de subasta (por la liquidación de la empresa textil) va a más.
El grupo de calzado Kangaroos, con sede en Toledo, ganó el pasado mes de junio la primera puja, con una oferta de 100.000 euros. Concurrieron también otras dos sociedades interesadas, pero ambas pusieron sobre la mesa sumas inferiores a los 50.000 euros.
A partir de ese momento, el juzgado abrió un período de 10 días de plazo por si aparecía algún postor interesado en elevar los 100.000 euros de la empresa toledana. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando nadie lo esperaba, llegaron a la mesa más ofertas, y la adjudicación empezó a complicarse tras ser desestimada una de ellas. Es el caso de la firma textil gallega Do Rego&Novoa, que manifestó su disconformidad con el proceso y llegó a calificarlo de poco transparente. Para mostrar su malestar, remitió un escrito al juez para informarle de una situación de enredo burocrático y de falta de comunicación.
Etiem y DR&N, en la puja
Ahora Do Rego&Novoa (DR&N) está dentro de la puja de Caramelo, junto con un total de seis postores que han presentado ofertas por la emblemática marca. Entre los aspirantes a quedarse con ella está otra firma gallega, Etiem, creada en el 2004 por el empresario Javier Cañás, curiosamente fundador de la marca Caramelo que, años después, pasó a manos de la corporación Inveravante. Junto a las dos empresas gallegas, siguen en la carrera Kangaroos, una compañía tecnológica, y dos firmas portuguesas, una de ellas proveedora de Inditex.

Tanto Etiem como DR&N tiene en mente dar una segunda vida a Caramelo, con nuevas líneas de moda. Kangaroos, en principio, no ha revelado su proyecto.

Teóricamente, el plazo de presentación de ofertas está cerrado ya, pero el juez no ha señalado todavía la fecha de la subasta, y los aspirantes temen que pueda llegar algún nuevo postor que se cuele en el proceso y complique todavía más la adjudicación.
Los administradores concursales son los mismos que ya tutelaron el anterior procedimiento concursal de la empresa, entre los años 2013 y 2014: Antonio Amorrich Campos, y Antonio Zamorano.
Antes de la quiebra declarada en el 2016, Caramelo ya pasó por los juzgados entre los años 2013 y 2014, cuando ejecutó una profunda reestructuración que implicó el despido de 180 trabajadores, el cierre de 50 puntos de venta en establecimientos de El Corte Inglés y la reducción de su red de tiendas a menos de una decena.

 

Faro de Vigo

La textil viguesa Naffta sucumbe y solicita al juez su liquidación por falta de efectivo

El cierre de la firma de ropa deportiva afecta a una veintena de trabajadores

Salió de la crisis tras superar en 2009 un proceso concursal, pero en el mes de mayo de este año se vio abocada de nuevo a esta vía. Instó la no entrada en liquidación con la intención de superar estos momentos complicados, sin embargo, sobreponerse a la deuda se convirtió en una cima inalcanzable. La compañía textil viguesa Naffta Sport S.L., especializada en moda deportiva, solicitó su liquidación al carecer de masa activa suficiente para hacer frente a las deudas de sus acreedores, que rondaba los cinco millones de euros, duplicando el activo de la firma.
La decisión fue acordada tras la celebración de una junta de socios por parte de la compañía. La idea inicial eran intentar llegar a un acuerdo con los deudores, sin embargo el pasado jueves -mismo día en el que se presentó el informe concursal sobre su situación financiera- se presentó en el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo la solicitud de entrada en fase de liquidación de bienes, lo que implicaría la disolución y fin de la entidad viguesa. Aunque esté sin declarar por parte del tribunal vigués especializado en la materia, la declaración de liquidación podría ser declarada de forma inminente.
El cierre de Naffta, cuya sede central está en el Parque Tecnolóxico y Loxístico de Vigo afectará a una veintena de trabajadores. La compañía de moda ya no tiene actividad empresarial. Una vez sea declarada disuelta por el juzgado, se liquidarán todos los bienes de la empresa para pagar en la medida de lo posible los créditos, especialmente hacer frente a los cobros de los trabajadores y también Agencia Tributaria.
La firma deportiva había logrado superar con éxito un concurso de acreedores anterior. Tras esto, un nuevo equipo de propietarios tomó las riendas de la empresa en 2013, la saneó y relanzó de tal manera que llegó a firmar un acuerdo con la Real Federación de Tenis para vestir a los equipos nacionales de Copa Davis y Copa Federación. También fue galardonada en dos ocasiones, en 2015 y 2016, con el Dedal de Oro por su innovación empresarial y excelencia en el diseño. Aquel proceso que llevó uno de los Juzgados de lo Mercantil de Pontevedra y desembocó de una forma diferente a la actual: un convenio que, según precisaron fuentes consultadas, se cumplió con el pago de las deudas a los acreedores con las quitas y esperas pactadas.

1 de septiembre de 2017

Faro de Vigo

Urkullu apunta a un cambio de gestores para reflotar La Naval de Sestao, en quiebra

-Descarta una inyección de capital público - El astillero duplicó la facturación pero las pérdidas se multiplicaron por cinco en 2016

El astillero Construcciones Navales del Norte (comúnmente conocido como La Naval de Sestao) pasó tres años en blanco. Entre 2011 y 2013 no firmó ningún nuevo contrato, según los registros de Gernaval (organismo integrado ahora en el Ministerio de Economía). Subsistió con la construcción de dos buques multipropósito, el EDT Jane y el EDT Hércules, para una armadora chipriota. La Naval mató la sequía con el encargo de un ferry para la neerlandesa TESO, de 135 metros de eslora, capacidad para 1.750 pasajeros, 340 vehículos y de nombre Texelstroom. Llegaron tres pedidos más en 2015, y un cuarto al año siguiente (un ferry para Balearia). El astillero disparó sus ingresos, pero multiplicó por cinco las pérdidas. Acaba de solicitar el concurso de acreedores con una deuda financiera de 140 millones de euros. La discordancia entre el incremento de la carga de trabajo y los números rojos dirigen el foco sobre los gestores, como anotó ayer el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien confía en la supervivencia de un astillero fundado en 1909 con la entrada de posibles accionistas. 
"El proyecto puede ser competitivo si se gestiona de manera eficiente", dijo en declaraciones a Cadena Ser Euskadi. "No es función del Gobierno la manera de gestionar una empresa privada. Con 140 millones de deuda hablar de inyectar dinero público no es propio", zanjó. A cierre de 2016, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, La Naval de Sestao contaba con una plantilla de 212 trabajadores directos, menos de la mitad (422) con los que contaba antes de la doble recesión española, en 2008. Urkullu aseguró que se pondrán a disposición de la empresa con un "acompañamiento permanente" del Ejecutivo vasco. 
"Gestión pésima"
"En momentos peores hemos sobrevivido y ahora que tendríamos que estar boyantes, con carga de trabajo, nos encontramos con que la gestión ha sido tan pésima que estamos en concurso de acreedores", declaró el delegado de UGT en el comité de empresa, Txema Belón, al diario vasco El Correo. "No puede ser que con carga de trabajo hayamos perdido todo el capital que teníamos, que era cercano a los 60 millones de euros". Belón cifra entre "30 y 40 empresas" las auxiliares que dependen directamente del centenario astillero vasco, y que afrontarán "graves dificultades" durante el periodo concursal. La crisis del naval, que no había aterrizado en País Vasco, se cobró industrias como MCíes, Factoría Naval de Marín, Factorías Juliana, Unión Naval de Valencia, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva o Unión Naval de Barcelona, además de cientos de empresas auxiliares. 
El contrato para el ferry de TECO, y de los otros tres buques que vinieron después, fue notorio en el balance económico de la compañía. La facturación de La Naval pasó de 14,5 millones en 2014 a algo más de 52 millones al año siguiente; en 2016 triplicó los ingresos por encima de los 146 millones de euros. Pero, y también en el último ejercicio, las pérdidas se dispararon y multiplicaron por cinco, con números rojos que rozaron los 80 millones y patrimonio negativo de otros 48. Es una situación de insolvencia que trató de solventar con una ampliación de capital que, de momento, no se ha producido (el plazo de suscripción expira el 7 de octubre). 
En el sector apuntan a una dinámica de facturación por debajo de los costes de producción, aspecto que también reflejan las cuentas. El año pasado La Naval gastó más de lo que ingresó solo en costes de explotación, estrategia que le habría servido para lograr los nuevos contratos, pero sin revertir las pérdidas. 
¿Y la deuda? Lo mismo. El pasivo no corriente (es el que vence a largo plazo, pero del que hay que abonar los intereses) pasó de 470.000 euros a 36,2 millones en el último ejercicio, de acuerdo al registro mercantil. La deuda con acreedores comerciales se disparó de 58 a 144 millones, y el pasivo a corto plazo pasó de 46 a 117 millones. Ahora será un administrador concursal quien deba pilotar la empresa para evitar su liquidación.

Faro de Vigo

El mayor astillero del País Vasco solicita el concurso al perder las opciones de rescate

La Naval de Sestao tiene 230 trabajadores directos -Fracasa la iniciativa del empresario Manuel del Dago, que aspiraba a salvarlo con una inyección superior a los 33 millones

La crisis del sector naval, que provocó la desaparición de Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Factoría Naval de Marín, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona, ha impactado ahora en País Vasco. Construcciones Navales del Norte (La Naval de Sestao), con origen en 1909, decidió ayer en junta general extraordinaria de accionistas solicitar el concurso de acreedores, una vez que el inversor residente en Miami y Colombia Manuel del Dago no garantizase la ampliación de capital que, por un importe de 42 millones, se consideraba perentoria para reflotar la empresa. Del Dago, que se había comprometido a suscribir el 80% de las nuevas acciones que precisaba emitir la sociedad (33,6 millones de euros), no acudió a la junta, según varios testimonios, pero sí estuvo presente un representante de la sociedad Naviera de Nervión, a través de la cual Del Dago controla en la actualidad el 10,5% de La Naval. 
En medios laborales y entre personas cercanas al proceso no se descarta que Del Dago pueda intentar aún hacerse con la titularidad del astillero durante el proceso concursal. Aunque La Naval, que estaba en situación de preconcurso voluntario, aún disponía de un mes (hasta el 7 de octubre) para buscar una fórmula de recapitalización alternativa, los socios mayoritarios de la compañía (uno de los cuales había anunciado que no acudiría a la ampliación y otro, que lo haría en un porcentaje muy pequeño) optaron por acogerse al proceso judicial a la vista de "la inviabilidad de las propuestas analizadas" para el saneamiento patrimonial del astillero y ante la "compleja situación financiera" que afronta. La dirección de la compañía naval vizcaína comunicó la decisión a los trabajadores y les transmitió su "compromiso de realizar todos los esfuerzos para mantener la actividad". 
La empresa pasará a ser gestionada por el administrador concursal que designe el juez de lo mercantil que asuma el caso. "La situación es compleja", admitió ayer un dirigente sindical del sector. El presidente vasco, Íñigo Urkullu (PNV), había mostrado su extrañeza la víspera por la situación delicada de la empresa pese a que tiene carga de trabajo y pedidos. La compañía arrastra el lastre de pérdidas acumuladas y los elevados costes financieros asociados a construcciones navales por un importe medio de 200 a 300 millones. En la actualidad tiene pendiente una deuda bancaria de 150 millones, además de otros débitos con proveedores. La Naval, con 230 trabajadores, y que ocupa a otros 500 de la industria auxiliar, está construyendo un buque cablero para el armador holandés Tideway, y que se prevé entregar a comienzos del año próximo; dos dragas para la naviera Van Oord, también de Holanda, y un ferry para Balearia.