Los bienes de cien empresas de Vigo quebradas permanecen sin liquidar
Cientos de acreedores esperan a que el juzgado de lo mercantil los venda o subaste
La herencia de la crisis del ladrillo del 2008 todavía ocupa gran
parte del trabajo del juzgado de lo mercantil de Vigo. Aunque el
tribunal ha campeado lo peor del temporal y apenas declara concursos de
acreedores, los rescoldos de las industrias quebradas siguen humeando. Y
prueba de ello es que el juez tramita un centenar de liquidaciones de
patrimonios entre medio millar de empresas arruinadas en Vigo en nueve
años. El dinero recaudado con la venta directa o la subasta de las
fincas, naves y pisos que conforman los activos de dichas firmas es
destinado a saldar las deudas con los acreedores. En muchos casos, se
trataba de empresas zombi sin nada con valor.
El proceso de liquidación comienza cuando fracasa el
plan de viabilidad de la empresa que entró en concurso de acreedores y
no logra un pacto para hacer una quita. El administrador concursal busca
primero algún comprador que ofrezca un buen precio por los bienes de la
firma quebrada y el juez de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con
sede en Vigo da la oportunidad a otros de mejorarlo antes de aprobar la
venta.
Tras agotar las posibles ventas a precio de mercado, el
juez saca a subasta lotes del patrimonio, que incluyen inmuebles,
acciones, concesiones y derechos.
Algunas liquidaciones se eternizan. Un ejemplo es la promotora
Promalar, cuyo proceso se remonta al 2012. La subasta de sus parcelas en
Cangas y Bueu y de sus edificaciones en Redondela y Vigo se ha ido
sucediendo. El juzgado llegó a celebrar pujas con valores tasados en 60
millones.
Conectada con esa liquidación está la de la conservera
Bernardo Alfageme. El juzgado adjudicó sus marcas, como Miau, y la
fábrica y buque insignia de la calle Tomás A. Alonso, que adquirieron
los bancos acreedores Abanca, Pastor y Popular por 11 millones. Hace
unos meses se subastaron sus últimas fincas en O Salnés y una caseta de
Bouzas y el proceso está casi finalizado.
Otras liquidaciones importantes en marcha son la de la
inmobiliaria Mario Puentes, la firma de limpieza Linorsa. La de
Hidroscivil acabó hace 2 semanas.
El tribunal ha declarado 18 concursos de acreedores en lo que va de año
El
goteo de firmas arruinadas todavía continúa pero solo supone la quinta
parte de lo registrado en los años más duros de la crisis, entre el 2012
y el 2014, cuando se alcanzaron o superaron el centenar de concursos de
acreedores.
El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra,
con sede en Vigo, ha tramitado en lo que va de año 18 concursos, lo que
supone un 30 % menos que en el ejercicio pasado, cuando a estas fechas
había declarado 26.
Estas cifras son ligeramente superiores a las
registradas en el 2015, año en que se tocó fondo en las quiebras, que ni
llegaron a la treintena. La cifra volvió a subir en el 2016 hasta los
40 y ahora hay otro descenso. En todo caso, la oleada de suspensiones de
pagos parece ser cosa del pasado. En el 2010, con la crisis del
ladrillo, cayeron inmobiliarias y promotoras, a las que siguieron en el
2013 el desplome en cadena de varios astilleros a los que, a la falta de
pedidos, se sumó la polémica tax-lease. Por el camino, arrastraron a decenas de auxiliares del naval y otros talleres.
En los últimos años, las quiebras han sido diversas
pero encuadradas dentro del sector servicios y comercial. Aquí se
encuentra la entrada en concurso del Real Club Náutico de Vigo, que está
pendiente de celebrar una junta de acreedores para reordenar los pagos y
aprobar un convenio. La lista continúa con Linorsa, la adjudicataria
Pazo de Congresos de Vigo, la firma deportiva Naffta, así como pequeños
negocios como papelerías, peluquerías o los restos de filiales de
grandes inmobiliarias como Promociones Cantón Las Barreras.
Más de medio millar de firmas de la ciudad suspendieron pagos en 7 años
Los
concursos de acreedores fueron diseñados para que las empresas que
suspendían pagos reordenasen su deuda para salir a flote pero, en
realidad, ocurrió lo contrario. Más de medio millar de empresas de Vigo
iniciaron ese trámite desde el 2010 y solo un puñado sobrevivió. Prueba
del fracaso de los procesos de concurso es que, solo en el 2015, el
juzgado de lo mercantil en Vigo aprobó cuatro convenios que salvaron a
empresas pero puso en marcha 30 liquidaciones, gran parte de las cuales
siguen en desarrollo a día de hoy. Hay que tener en cuenta que desde el
2010 el juzgado ha declarado entre 70 y 100 concursos al año aunque a
partir del 2015 la media cayó a 20 o 30 quiebras. Y muchas de estas
liquidaciones fueron de empresas «zombi» desprovistas ya de patrimonio y
plantilla. Otras grandes compañías lograron salvarse, caso de los
astilleros Vulcano y Barreras.
