La Voz de Galicia

La falta de voluntad política frustra la reforma del «tax lease» que pide la UE

La actual normativa echa del mercado a los astilleros privados gallegos

Los astilleros privados gallegos llevan nueve meses fuera del mercado de la construcción de grandes buques. Desde que la Comisión Europea admitió una denuncia de Holanda, por supuesta competencia desleal en el sistema de bonificaciones fiscales a la contratación naval (tax lease), el sector espera una alternativa que le permita acudir a los concursos en condiciones competitivas. Mientras Holanda, Francia o Noruega continúan manteniendo sistemas de bonificación atractivos para los armadores y siguen contratando barcos, la cartera de pedidos del naval gallego apenas suma cinco unidades, por valor de 300 millones de euros.

¿Por qué los astilleros privados necesitan «tax lease» para contratar?

El tax lease hasta ahora era una compleja operación triangular (entre el armador, la entidad financiera y una agrupación de intereses económicos) que se formaliza como vía de financiación para la adquisición de grandes buques, con unas jugosas bonificaciones fiscales (entre el 20 y el 30 % para el armador). Sin esta herramienta fiscal (suspendida por Bruselas por competencia desleal) y sin ninguna otra alternativa, los astilleros españoles no pueden competir con los europeos, que sí mantienen atractivos sistemas de bonificaciones.

¿Era ilegal el sistema que Holanda denunció ante Bruselas?

El sistema español de arrendamiento fiscal para la contratación de buques o tax lease que, según Bruselas, podrían haber distorsionado la libre competencia en el marco de la UE, ha permitido la construcción de 273 barcos entre el 1 de enero del 2002 y el 30 de junio del 2010, por un valor total de 8.727 millones de euros.

¿Por qué tras nueve meses no existe aún una solución al problema?

La crisis del tax lease se abrió en plena crisis del Gobierno socialista y con las elecciones a la vuelta de la esquina. En plena campaña electoral hubo promesas por ambas partes (PSOE y PP) de buscar una solución. La propuesta del Gobierno socialista ni siquiera llegó a entrar oficialmente en Bruselas. La del Gobierno del PP tardó casi 4 meses (se remitió a principios de abril) y, además de ofrecer unos incentivos fiscales que seguirían dejando al sector fuera de juego (bonificaciones fiscales de un 3 %), se ha encontrado con el rechazo de Bruselas, aunque las negociaciones continúan abiertas.

¿Quién tiene la culpa de que el «tax lease» siga bloqueado?

Los astilleros y la Xunta de Galicia han arremetido duramente esta semana contra el director general de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, por echar abajo la última propuesta de tax lease. Sin embargo, ambas partes son conocedoras de que hasta el momento ha faltado voluntad política por parte del Gobierno español (PSOE y PP) para modificar la legislación fiscal que permitiría habilitar un tax lease según los criterios que exige Bruselas, es decir, unos sistema que no bonifique exclusivamente a la construcción naval, porque sería considerada competencia desleal e incluso ayuda de Estado, y que beneficie a todos los sectores industriales.

¿Qué futuro tienen los astilleros gallegos?

Las consecuencias están a la vista. Mientras en Francia, Alemania o Noruega la construcción naval mantiene un ritmo creciente, en el último año los astilleros gallegos no han logrado cerrar ni una sola contratación de gran calado, porque sus ofertas no son competitivas. En este tiempo, han cerrado más de 50 empresas auxiliares del naval y la inactividad en los astilleros ha destruido más de 9.000 puestos de trabajo.

análisis

El pais

El último cartucho del naval

En el último año apenas se han contratado barcos y ya no hay margen para impulsar una reconversión

Bruselas tiene la llave de la salvación

Cuando se le pregunta a cualquier empresario del sector naval sobre la crisis, la respuesta suele tener que ver con algo parecido a las plagas bíblicas. Las palabras tax lease, que nombran un sistema de financiación de buques ahora prohibido para España, no tardan en aparecer en la conversación. Tampoco los reproches al papel de los gobiernos del PSOE y el PP.

A Zapatero el sector le echa en cara el no haber tenido reflejos para poner en marcha una herramienta similar (Alfredo Pérez Rubalcaba llegó a decir en la pasada campaña electoral que el asunto estaba completamente encarrilado). E incluso hay quien alude a oscuras maniobras desde la secretaría de estado de Hacienda y la secretaría general de Industria de su Gobierno que habrían ayudado a que las cosas se torciesen en contra de los intereses del país, facilitando la denuncia que realizó Holanda. Otras fuentes niegan tajantemente lo anterior, producto quizá de la inquina del propio sector, pero apenas nadie refiere a la utilización de ese instrumento por parte de Agrupaciones de Interés Económico (AIE), siempre domiciliadas en islas (ya sean las Canarias, Madeira o las del Canal de la Mancha) que se han lucrado durante muchos años a cambio de financiar las construcciones en un sistema que, a pesar de todo, los astilleros defienden como un medio completamente válido y legal. Tampoco a las advertencias de expertos que años atrás alertaban de que las inyecciones de fondos, mediante ahorros fiscales desde AIE creadas ad hoc por la banca y las grandes empresas, podrían ser consideradas como ayudas de Estado.

El papel del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido, por decirlo de algún modo, discreto hasta el momento. También el del conselleiro de Industria, Javier Guerra, que se apresuró hace más de un mes a adelantar que en abril se lograría una solución y ahora es esclavo de sus propias palabras. “El PSOE se encontró con un muro de acero en Bruselas, el mismo que se ha encontrado ahora el PP”, señalan desde Pymar, la sociedad donde participan astilleros, comunidades autónomas y el Ministerio de Industria. Ese muro significa, en términos cuantitativos, que la Comisión Europea quiera rebajar las ventajas fiscales del sistema del 30% al 0,02% en una discusión que gira desde hace semanas alrededor del artículo 11 de las directrices de transporte marítimo europeo. En Francia, el ejemplo que el propio Almunia marcó al Gobierno español para restaurar el tax lease, las bonificaciones a la construcción de barcos están entre el 18% y el 20% del valor del buque.

Sea como sea, los constructores gallegos recibieron como un mazado el resultado de la reunión entre el ministro y el comisario Almunia del lunes pasado. “Nadie lo va a reconocer, porque el que menos depende de que le echen una mano, pero el malestar es enorme”, asegura un directivo. Pero, y volviendo a las plagas bíblicas, el sector da pocas explicaciones más sobre cómo se sale de la crisis.

Entre los años 2010 y 2011, cuando el tax lease funcionaba, los astilleros privados gallegos solo contrataron nueve barcos. En el último año apenas se ha anunciado ninguno, salvo los pedidos de Astilleros Armón. Lacartera representa el 28% del movimiento en España, cuando en años inmediatamente anteriores no bajaba del 45% y, en los buenos tiempos, suponía la mitad de la facturación. Con la cifra de trabajadores más baja de la década (en cálculos de Comisiones Obreras solo se mantienen 1.000 empleos en la ría de Vigo) y regulaciones que afectan a casi 2.600 personas, apenas invitan al optimismo los grandilocuentes anuncios sobre preacuerdos con la petrolera mexicana Pemex, que por cierto no debería de poder beneficiarse de las deducciones fiscales si no abandera sus buques en Europa.

“Los que aguantan ahora mismo están viviendo situaciones crueles, con propuestas de barcos pequeños para clientes panameños que solo te pagan cuando les pones el buque al otro lado del Atlántico”, apunta un empresario.

“No estamos ante una reconversión porque no hay nada que reconvertir. Se acumularon demasiados problemas en poco tiempo, el tax lease, la caída de contratos, el fin del fondo de garantías de Pymar… incluso la propia edad de los empresarios que pilotan el sector, que tienen el recorrido que tienen”, reflexiona desde Comisiones Ramón Sarmiento. Apunta que hay salida pero no habrá “una nueva reconversión”, porque las empresas “ya tienen las mejores instalaciones, ya se han adaptado al tamaño, ya son las mejores en hacer barcos”. Coincide en el análisis Enrique Mallón, secretario de Asime, “Se ha hecho un trabajo importante desde el Gobierno de España pero entendemos que Rajoy, Soria o De Guindos deben darle un impulso político real”. Un impulso que, por hora, no existe.

Diariojuridico.com

El arbitraje y la mediación española, ante su gran reto: convencer a los empresarios de su viabilidad

A lo largo de los últimos diás se han celebrado diferentes eventos relacionados con el mundo del arbitraje y de la mediación lo que demuestra cada vez más la importancia de los métodos extrajudiciales en nuestro entorno. Si en ese martes 24 de abril, señalado con rojo en el calendario jurídico se presentaba por la mañana con la presencia activa del Ministro Alberto Ruiz-Gallardón la actividad de la Fundación Notarial Signum, entidad creada para impulsar el arbitraje y la mediación desde este colectivo, luego, a la tarde, AEADE presentará su Comité Societario y Mercantil en el seno del CGAE ante un colectivo notable de abogados y juristas.

En ese encuentro una vez más, Javier Iscar, secretario general de esta entidad, demostró de nuevo su saber hacer y como su espíritu de emprendedor ha convertido a AEADE en una Corte Arbitral de referencia dentro del sector privado. Es evidente que la estrategia de especializarse en diferentes sectores claves de la economía, es algo que prontó dará sus frutos porque al final el empresario, como comentaba en la presentación de este nuevo Comité, busca una corte solvente y unos árbitros especialistas en la materia de la que trata el asunto en cuestión.

Estos dos acontecimientos de primer nivel, también podemos relacionados con el que tuvo lugar la semana pasada en Madrid organizado por CEA-Ciarb, donde se reunieron juristas de veinticinco países para en un ejercicio de benchmarking puro, ver las novedades existentes a nivel arbitral y de mediación en esos países. Cliff Hende, uno de los asistentes, socio de Araoz y Rueda, destacaba sobre el mismo las aportaciones de los países bálticos en sus ponencias sobre mediacion, en un momento, como sabe el lector de DIARIOJURIDICO, clave para la mediación en nuestro país.”Quizás uno de los temas que más ha llamado la atencion es como han traspuesto cada país europeo la Directiva de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, la verdad que cada uno de ellos ha hecho una adaptación de ese texto”. Bajo su punto de vista hay notables diferencias entre el modelo español de mediación, ahora en trámite parlamentario, y cualquiera de sus vecinos europeos.

Por su parte, Nazareth Romero, socia directora del despacho Ovoli Romero y árbitro, señala que este encuentro ha servido para intercambiar opiniones de expertos en arbitraje y mediación internacional:”encuentros como éste ayudan a colocar a nuestro país como centro de primera fila en la resolución de controversias de modo extrajudicial”,afirma. En su opinión el modelo español de mediación quizás debería seguir los cánones de un país vecino como Italia, donde ya este método extrajudicial, pese a ser obligatorio, está empezando a arraigar con fuerza. “Otro país donde se están haciendo progresos es Bélgica su ley es muy buena según nos pudo comentar Patrick Van Leynseele quien también estuvo en el grupo de trabajo de la CCBE al elaborar la Directiva de Mediación 52/2008.”indica Romero

En este fin de semana también se ha celebrado el Congreso Iberoamericano de Perú que, paradojas de la vida, también concluía el citado día 24 de abril y del que nuestra publicación informará en los próximos dias. En este foro, la presencia de Juan Serrada, presidente de CIMA; Miguel Angel Fernández-Ballesteros, recién elegido presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid, Jose María Alonso, of counsel de Baker & McKenzie y presidente honorario del CEA y Pablo Pozas, Secretario General de la Corte Española de Arbitraje han tenido en diferentes intervenciones un papel protagonista. Por si estos eventos fueran poco para el lector de este reportaje, también la UIBA, que preside Luis Martí Mingarro organizó su Congreso entre el 25 al 28 de abril, un lugar al que acudieron muchos abogados, entre ellos Juan Ramon Montero, presidente de la SEA o Miguel Moscardó, abogado y árbitro de diferentes entidades arbitrales.

Hablar de estos eventos y de la actualidad más inmediata, donde la expropiación de YPF por Argentina ha colocado al arbitraje en un primer plano es un contexto que no debe pasar desapercibido para nadie. En un entorno globalizado ya lo dicen muchos experto el arbitraje comercial es clave en el comercio internacional, mientras que los conflictos entre Estados e inversores suelen solucionarse via arbitraje de inversiones, bién siguiendo los parámetros del CIADI y el Convenio de Washington, bien con otras cortes arbitrales como CCI o London Court que también ofrece este servicio.

Gallardón y los métodos extrajudiciales

Todos estos eventos llegan en un momento de reformas en la justicia española. Con buen criterio el citado ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha observado que la ecuación 4.500 jueces y nueve millones de asuntos no es sostenible. Pese a no haber dinero para acometer algunas reformas de calado e incrementar el número de jueces y juzgados en nuestro país, Gallardón tiene claro que hay que desjudicializar la sociedad española. Su estrategia pasa por concentrar en los juzgados aquellos asuntos que realmente merezcan la pena, consecuencia de la subida de tasas judiciales ya aprobada. Y, por otro lado, impulsar el uso de los métodos extrajudiciales, como el arbitraje y la mediación. El RD 5/2012 del mes de marzo regula una Ley de Mediación lo suficientemente flexible para que las partes puedan diseñar a su manera cómo quieren solventar ese pleito.

Estamos convencidos que el desarrollo reglamentario de esta iniciativa dejará muchas cosas claras en este sentido. Pero por vez primera en mucho tiempo, la comunidad de expertos en mediacion, tal y como adelantaron hace días a DIARIOJURIDICO, ven con buenos ojos este desarrollo legislativo que ayudará sin lugar a dudas a crear la cultura de mediación que, si existe en comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco, aún está muy centrada en el campo de la mediación familiar y deberá trasladarse al mundo de la empresa.

Y es que querido lector, en el mundo empresarial está la gran oportunidad de la que hablábamos en este articulo. De nada vale mantener reuniones para hablar del arbitraje, su implantación y la recusación de los árbitros si en esos foros de opinión no se oye la voz de la empresa. El impulso que el arbitraje y la mediación necesitan tiene que venir desde el mundo empresarial.

Es fundamental que tanto las empresas del IBEX, ya aconstumbradas a un nivel internacional a acudir a las Cortes Arbitrales de París, Londres o Madrid, como las pymes, las grandes olvidadas de nuestra economía, pese a su peso específico tan notable dentro del PIB, sepan y conozcan a fondo cuáles son las ventajas indudables de estos métodos extrajudiciales. En este sentido habrá que incrementar los programas formativos dirigidos a estos colectivos y explicar al detalle que ventaja tienen los llamados ADR.

La propia Ley de Mediación en una de sus disposiciones finales, abre la puerta de forma clara a las Cámaras de Comercio para que puedan impartir la mediación. Es evidente que este tipo de actividad habrá que separarla muy bien del arbitraje, taly como se comentaba en uno de los últimos debates de CIAMEN, pero por contacto, relaciones con los empresarios y logística, estamos seguros que estas instituciones camerales, al igual que muchas otras entidades, estarán preparadas para ofrecer este servicio.

Atlántico Diario

La industria de Vigo perdió la cuarta parte de sus empleos con la crisis

Ha perdido 7.000 puestos de trabajo en los dos últimos años y medio debido a las crisis del naval y la automoción.

 

La crisis de la automoción primero y la del naval ahora están pasando una dura factura a la ciudad de Vigo, pulmón industrial no solo de Galicia sino incluso del noroeste de España.

En apenas dos años y medio el daño al sector industrial es enorme con la pérdida de 7.000 empleos, que son el 40% de los empleos en el sector de la industria que se han perdido en Galicia concentrados en la comarca viguesa. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) la industria tiene hoy en Vigo 21.400 ocupados, frente a los casi 29.000 de hace dos años y medio.

Esos 7.000 empleos menos en la industria suponen una rebaja del 25% frente a la situación de finales del año 2009. También es un golpe peor incluso que el que se ha llevado la construcción en la ciudad, porque en el mismo periodo la población ocupada en ese sector en Vigo ha caído en 1.600 personas, un 23%.

El retroceso de la industria viguesa ni siquiera es igualado por el sector servicios, que es el más amplio con 92.700 ocupados en el primer trimestre de 2012, porque cae en 4.100 personas la ocupación, un 4,2%.

En dos años y medio la ciudad se ha colocado en 38.100 parados, que es un 54% más que en el tercer trimestre de 2009, según la Encuesta de Población Activa, y lo que es peor, los ocupados han descendido hasta 120.300, casi un 10% menos que a finales del año 2009. La tasa de ocupación se mantiene en Vigo en el 47% y la de paro crece un punto en el último trimestre, hasta el 24%.

Vigo no solo encabeza el paro en Galicia sino que además la otra gran ciudad de la comunidad, A Coruña, no sufre los embates en el empleo de la urbe del sur.

En A Coruña ha descendido el paro en el último año, de los 20.100 registrados en el primer trimestre de 2011 a los 16.900 del primer trimestre de 2012, según la EPA, aunque en los dos últimos años crece un 25%. La ciudad de A Coruña inició en el tercer trimestre de 2011 un descenso de su número de desempleados que se mantiene hasta marzo de este año de forma que su tasa de ocupación crece un punto en el último trimestre al 52% y la tasa de paro cae un punto, al 13,4%.

Faro de Vigo

Los astilleros vigueses dejaron de facturar 500 millones al tener que rechazar once barcos

Los contratos que se rehusaron, ante la imposibilidad de presentar presupuestos por falta de "tax lease", fueron tres unidades de gran porte, cuatro medianas y otras cuatro pequeñas

Los astilleros gallegos –y por extensión la comarca viguesa– dejaron de facturar más de 500 millones de euros desde que el pasado 29 de junio de 2011 la Comisión de la Competencia suspendió el sistema de bonificaciones fiscales que los astilleros españoles aplicaban desde el año 2002 por considerarlo ilegal.

Según los datos que maneja el sector, las empresas de construcción naval de la comarca de Vigo tuvieron que renunciar por falta del tax lease a un total de once contratos: tres buques grandes, cuatro medianos y cuatro pequeños cuya construcción tenían unas fechas de entrega que serían imposibles de cumplir ante la incertidumbre de una resolución del problema del tax lease por parte de la Comisión de la Competencia.

Estos encargos, según el sector, hubieran evitado la actual catástrofe que vive el sector: suspensiones de pagos, expedientes de regulación de empleo, despidos y cierres de astilleros y auxiliares.

"Las navieras nos presentan sus proyectos, lo que pretenden hacer, y nos piden presupuestos. Nosotros no podemos ofrecer una propuesta ni definitiva ni competitiva con la que ofrecen otros países europeos, ese es el drama", se queja uno de los responsables de un astillero de la ría viguesa.

La reunión celebrada en Pymar el pasado jueves enfrió todavía más las esperanzas en una pronta solución al problema por parte de Bruselas. Portavoces de la Comisión de la Competencia volvieron ayer a insistir en que España todavía no había presentado ninguna propuesta formal.

¿Qué han hecho los negociadores españoles hasta el momento? Según Bruselas solo se ha dedicado a presentar lo que se denomina "non paper", es decir, propuestas por escrito sin membrete ni firma. Esto es, borradores para que Competencia les dijese "si o no".

Los tres borradores han sido hasta el momento rechazados por falta de encaje con los requerimientos de la UE. La paradoja se produce cuando fue el propio comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, que en octubre del año pasado sugirió al Gobierno español, todavía dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, que se trabajase en la línea del sistema francés.

Ahora, hace unos pocos días, resulta que este sistema tampoco sirve. Este aviso de Competencia dejó también perplejos tanto a los negociadores españoles como al sector porque desde hacía seis meses se trabajaba en esa línea.

Otro de los grandes misterios de la última semana fue el encuentro entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el comisario de la Competencia Joaquín Almunia. Los responsables del astillero se preguntan todavía una semana después qué temas se trataron, de qué hablaron los máximos responsables políticos sobre un sector estratégico como es el naval.

Los responsables de los astilleros dudaban ya el mismo día que se produjo el encuentro que pudiera dar algo de sí. Pasadas las horas el silencio del ministro Soria apuntaba los peores augurios. "Que no hay nada de nada, nada, igual a cero", señalaba un directivo de un astillero vigués.

La falta de un pronunciamiento público de José Manuel Soria, que se daría solo el caso de que hubiesen buenas noticias, ya determinó la reunión del pasado jueves en Pymar. Sin embargo, quedaba algún atisbo de esperanza que se diluyó solo comenzar el encuentro.

A la ofensiva

Después de diez meses de paciente espera –por medio se produjeron algunas manifestaciones convocadas por los sindicatos en apoyo al sector naval en Vigo– tanto los astilleros, como Pymar, la Xunta y los sindicatos empiezan a plantearse "al menos hacer un poco de más ruido" para que Bruselas entienda de una vez lo que ocurre en la comarca viguesa con el sector naval.

El presidente de Pymar ya acusa directamente al Almunia de boicotear cualquier clase de acuerdo; la Xunta llama a los empresarios y trabajadores del naval a llevar su protesta hasta Bruselas y los sindicatos –CC OO, UGT y CIG– negociarán las próxima semana "respuestas contundentes" a la falta de una solución después de diez meses de espera.

El sector naval apuesta por abrir dos nuevos frentes: el político y el jurídico

Una amplia mayoría de los responsables del sector naval vigués considera que las negociaciones técnicas entre los representantes de los ministerios de Industria y Hacienda y los de la Comisión de la Competencia están muertas. "Si en diez meses no se han producido avances, no esperamos que se produzcan en las próximas semanas", señala un responsable de una astillero vigués.

Lo que es cierto es que el sector no quiere quedarse con los brazos cruzados viendo como las empresas y todo el know how (conocimiento) acumulado durante más de un siglo se puede perder en solo unos meses.

Así que, una vez dada por superada la fase técnica, la estrategia del naval vigués –y del resto del Estado– tiene como objetivo abrir dos nuevos frentes. Por un lado, el político para la que reclama la intervención directa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que supone "que conoce perfectamente lo que está ocurriendo con los astilleros de la comarca viguesa porque sus raíces están aquí".

Esta mismas fuentes del sector naval lamenta "la escasa implicación tanto de Rajoy como de la ministra de Fomento, Ana Pastor" en este problema".

Recuerdan que Pastor se comprometió, concretamente en una visita al astillero vigués Vulcano, en hacer todo lo posible por ayudar a solventar el problema del tax lease.

El otro frente sería el jurídico que tendría dos vertientes. La primera la defensa de que España cuente con un sistema de bonificaciones fiscales para el naval similares a al del resto de países de Europa; por otro, denunciar en caso de que el sector se quedase si estas bonificaciones a los países que sí la tienen.

El Pais

La Xunta acusa ahora a Bruselas de bloquear el naval

El secretario de Industria llama a una manifestación contra el comisario europeo Joaquín Almunia

Justo después de las elecciones generales, la Xunta dejó de disparar contra el Gobierno en la crisis del naval. El sistema de financiación de barcos que Bruselas cuestiona desde el mes de septiembre, decía la Consellería de Industria, se arreglaría porque por fin había voluntad (y sintonía) política en Madrid. Esa posición la mantuvo el conselleiro Javier Guerra hasta hace pocas semanas. La realidad, definida en el encuentro que el pasado lunes mantuvo el ministro de Industria, José Manuel Soria, con el comisario Joaquín Almunia, impone ahora otras claves.

El conselleiro disparó ayer toda su artillería contra Bruselas, a quien acusa de no tener “ninguna voluntad”, de resolver el problema de los astilleros para “hundir el naval español”. Eso, además de atribuir a la Comisión de Competencia la responsabilidad “exclusiva”, de que los astilleros españoles no puedan construir barcos.

Pero Guerra tiene un plan alternativo: la constitución de un fondo social para que “los trabajadores se vean afectados lo menos posible”. Ese fondo solidario se acompañaría de un estudio sobre posibles denuncias de otros modelos para que Almunia “vele realmente por la competencia”.

En el mismo sentido se expresó el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, que animó a los tres grupos con representación en el Parlamento a convocar una “gran movilización” en Bruselas contra la actitud de Almunia. Según él, los cálculos que hace el comisario sobre las ayudas al transporte en Francia le otorgan al país vecino unas desgravaciones de hasta el 20% del valor del buque cuando ese mismo cálculo para España es del 0,08%.

“Tomen nota, señores periodistas”, advirtió Tahoces antes de emplazar a todos los grupos políticos para que convoquen esa “gran movilización”, pero no en Santiago frente a la sede del Gobierno gallego, ni en Madrid contra el Ejecutivo central, sino “en la Grand Place de Bruselas” para exigir “una solución inmediata y un cambio de actitud”.

En respuesta a una pregunta del diputado del BNG Henrique Viéitez recogida por Europa Press, Tahoces sacó pecho con los resultados del diálogo social y enumeró las actuaciones que Xunta, sindicatos y organizaciones empresariales, han emprendido por unanimidad para favorecer al sector desde que, en junio de 2011, la representación permanente de España en la Unión Europea recibiese el varapalo de Bruselas. Sin embargo, los sindicatos criticaron hace unos días que la Xunta lleva meses sin convocar la mesa del naval.

Faro de Vigo

La Xunta incita a una movilización en Bruselas contra el parón del "tax lease"

Industria propone a la UE un fondo social para los trabajadores si no se halla una solución

La Xunta y el sector preparan una ofensiva social y jurídica para permitir que el naval español pueda competir en "igualdad de condiciones" el resto de los astilleros europeos. La Consellería de Industria realizó ayer un llamamiento para que los afectados por el parón del tax lease se movilicen en Bruselas para hacer patente su más enérgica protesta.

Los movimientos auspiciados por el Ejecutivo autonómico y el sector, que incluyen una cumbre de Mariano Rajoy con presidentes autonómicos, ministerios implicados y astilleros, se producirán por la falta de "voluntad mínima" en Bruselas para encontrar una alternativa al tax lease. Y es que la percepción, tal y como explicitó ayer el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, es de que la Comisión Europea pretende "hundir" al sector naval dado que no se producen "avances" y que se están "beneficiando otros países competidores".

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, fue también blanco de las críticas de Guerra. "Galicia le pide que vele realmente por la competencia en condiciones de igualdad, porque la situación actual está generando una asimetría injusta e intolerable", señaló.

Además de la convocatoria de la cumbre política "al más alto nivel", esperando que se produzca con la "mayor brevedad posible", en la reunión del jueves de Pymar –el organismo que agrupa a los astilleros y las autonomías que representan– se acordó la constitución de un gabinete jurídico especial para preparar una defensa "potente" en el caso de que la Comisión Europea resuelva en el ámbito de Competencia contra los intereses de España.

Además, la Xunta anunció que va a proponer a la Unión Europea constituir un fondo social solidario para los trabajadores del sector naval, de manera que estos sean "lo menos" afectados posible por la situación. Este fondo facilitaría su formación y la incorporación al mercado de trabajo. En todo caso, como subrayó Guerra, se trata de una solución última, cuando lo demás haya fracasado, porque el objetivo prioritario, recalcó, sigue siendo poder "contratar barcos". Es decir, la Xunta continuará buscando una solución para que los astilleros puedan seguir construyendo. Al respecto recordó, como ya había avanzado en el Parlamento, que el Gobierno encargó un estudio sobre los modelos de bonificación fiscal que se aplican en otros países, como por ejemplo Holanda.

La estrategia no solo será defensiva, sino también de ataque. La Xunta ha propuesto a Aclunaga, el cluster del naval, que contrate a un gabinete jurídico para efectuar de forma "urgente" denuncias ante la justicia europea contra los sistemas de bonificación fiscal que se aplican en otros países de la UE, ya que "impiden" a las compañías gallegas competir "en condiciones de igualdad".

Guerra criticó que se haya bloqueado una salida "razonable" para el sector naval sin plantear más alternativas que adaptarse al sistema francés. No obstante, el conselleiro estima que este contempla un grado de ayuda de como máximo un 1%, lo que no resulta "aceptable".

La Xunta convocará la Mesa do Naval "próximamente" para informar de las propuestas y "consensuar" otras acciones.

Competencia afirma que sigue a la espera de que España le notifique su propuesta de "tax lease"

El portavoz de la Comisión de la Competencia de la UE, Antoine Colombani, señaló ayer a este diario que el departamento que dirige Joaquín Almunia solo se podrá pronunciar cuando sobre el nuevo sistema de bonificación fiscal "cuando el Gobierno español le notifique un nuevo sistema de tax lease".

Según Competencia "las actuales discusiones son solo informales" y añade que "solo existen porque el Gobierno español quiere consultarnos por adelantado sobre la compatibilidad de sus propuestas con las reglas de la UE en materia de ayudas públicas, en particular sobre las directrices sobre ayudas públicas de Estado al transporte marítimo".

Según Colombani, estas discusiones están pendientes y en este momento Competencia espera que la Unión Europea ofrezca más detalles sobre sus propuestas. También señala que en estos momentos están inmersos en examinar "la queja que hemos recibido sobre el sistema anterior".

Europapress

La Xunta acusa a la UE de tratar de "hundir el naval español"

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha criticado este viernes la actitud del Comisario de Competencia de la Unión Europea, el español Joaquín Almunia, y ha acusado a Bruselas de no tener "ninguna voluntad" de resolver el problema de los astilleros, con el 'tax lease' suspendido desde hace un año, y de pretender "hundir el naval español". Ante esta situación, ha lanzado varias propuestas para el caso de que no se pacte una alternativa al sistema de bonificación fiscal, como la constitución de un fondo social para que "los trabajadores se vean afectados lo menos posible".

   En rueda de prensa, acompañado del director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, el conselleiro ha expuesto que Francia aplicó ya un tipo de fondo de solidaridad al atravesar también por una crisis del sector naval y se ha acogido a la recomendación de la UE de imitar el sistema del país galo para indicar que, si se aplica este modelo, se hará "con todas las consecuencias" y para recurrir también a una vía de apoyo a los empleados.

   Este fondo, ha concretado Tahoces, buscaría facilitar la incorporación de los trabajadores del naval al mercado laboral y confeccionar unos circuitos formativos que les garanticen "unos niveles de renta". En cualquier caso, Guerra ha subrayado que no renuncian a encontrar una solución para que los astilleros cuenten con un sistema de 'tax lease', pero ha lanzado propuestas por si ese pacto no llega "a corto plazo".

   Entre las alternativas, la Xunta ha trasladado al cluster del naval, Aclunaga, la necesidad de contratar "de forma urgente" un gabinete jurídico especializado para presentar denuncias ante la Justicia europea contra los sistemas de bonificación fiscal que se aplican en otros países de la UE, al entender que "impiden competir en igualdad" a los astilleros gallegos.

   En su comparecencia, el titular de Economía e Industria ha considerado que el naval tiene "un grave problema" con la suspensión del 'tax lease' y ha destacado que se remitieron varias propuestas a la UE para establecer un sistema alternativo, algunas de ellas inspiradas en el modelo francés, "que fue propuesto por el comisario Almunia".

"SE ESTÁ BENEFICIANDO A OTROS PAÍSES"

   "Durante estos meses también se ha constatado algo: que no hay una mínima voluntad para resolver este problema por parte de la Comisión de la Competencia; es más, parece que los servicios de la UE lo que pretenden es hundir el sector naval español, y en concreto el gallego, y es evidente que están beneficiando a otros países competidores", ha recriminado y ha subrayado que "esta no es solo una apreciación de la Xunta", sino que la comparten el sector y el Ministerio de Industria.

   En las reuniones de los últimos días --hubo un encuentro entre el ministro Soria y Almunia-- "se bloqueó cualquier salida" sin plantear soluciones alternativas. Además, ha criticado que, mientras en Francia el sistema aplicado llega a permitir bonificaciones del 20% del precio de los buques, para España la propuesta era del 0,08%, algo que "no es aceptable".

   Por ello, ante la posibilidad de que no haya una solución inminente, el Gobierno gallego ha propuesto crear un fondo solidario, estudiar posibles denuncias de otros modelos y reclama a Almunia que "vele realmente por la competencia", porque la situación en España "sí está generando una asimetría injusta e intolerable", dado que en este momento no se está aplicando ningún tipo de 'tax lease', lo que impide la contratación de nuevos barcos.

   Guerra ha avanzado también que convocará a la mesa del sector naval dentro del diálogo social para consensuar las medidas a poner en marcha y dar explicaciones sobre las propuestas y la situación actual.

"NO LO DAMOS POR IMPOSIBLE"

   En cualquier caso, el conselleiro ha manifestado que el Gobierno gallego no da "por imposible" que haya un acuerdo, pero ha insistido en que las vías sugeridas buscan "limitar", en caso de no encontrar solución, las consecuencias. "No son sustitutivos. No queremos fondos sociales, sino construir barcos", ha enfatizado.

   Por ello, ha recordado que la Xunta ha encargado también un estudio concreto sobre los modelos de bonificación fiscal que se aplican en otros países y, en concreto, en Holanda.

PYMAR Y NAVANTIA

   Guerra se ha referido también a la reunión de este jueves entre representantes de las comunidades afectadas y Pymar, tras la que han acordado reclamar una "cumbre" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los responsables de las autonomías y el propio sector. No ha concretado fecha, pero ha apuntado que Rajoy "sabe que es urgente".

   Al encuentro, ha destacado, la Xunta llevó varias  pripuestas que fueron respaldadas por unanimidad, entre ellas la de celebrar esta cumbre; o la de constituir un gabinete jurídico especializado para defenderse en los tribunales europeos ante una eventual resolución de la Comisión de la Competencia "contraria a los intereses de España".

   Por otra parte, se ha referido a la situación de Navantia en Ferrol y ha indicado que este viernes se ha enviado una nueva petición para reunirse con el presidente de la Sepi, sociedad a la que atribuye las competencias para dar carga de trabajo a los astilleros. "Si no es posible el dique flotante, la única solución es que haya carga de trabajo", ha advertido.

La Voz de Galicia

Pymar pide una reunión con Rajoy para abordar el problema del «tax lease»

Recuerdan que el naval está «al borde del colapso» y si no se soluciona el problema de las exenciones fiscales en un año habrán desaparecido los astilleros

La sociedad de pequeños y medianos astilleros (Pymar) ha solicitado formalmente una reunión con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tratar de resolver las exenciones fiscales o «tax lease» de un sector que está «al borde del colapso».

Pymar ha celebrado hoy una reunión extraordinaria con representantes de los astilleros y de las comunidades autónomas concernidas. En declaraciones a EFE, el presidente de Pymar, Alvaro Platero, ha explicado que el sector, que actualmente emplea a más de 40.000 personas, está «al borde del colapso» y si no se soluciona el problema de las exenciones fiscales dentro de un año habrán desaparecido los astilleros.

En junio de 2011, tras una denuncia en Europa, se paralizaron las ayudas al sector español y en noviembre la Comisión Europea se negó a autorizar un sistema alternativo de bonificaciones fiscales. Platero ha recordado que el pasado lunes la patronal mantuvo una reunión con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, del que obtuvieron «buenas palabras» pero ningún compromiso concreto. Es urgente trasladar al presidente del Gobierno, ha añadido, lo «dramático» de una situación que sitúa al sector naval español en un «callejón sin salida».

Faro de Vigo

Los astilleros urgen una cumbre con Rajoy ante el nulo avance en la negociación del "tax lease"

El presidente de Pymar, Álvaro Platero, alerta de que la situación es "crítica" tras diez meses sin contratos

El sector naval gallego constató ayer que, efectivamente, las negociaciones sobre un nuevo tax lease se encuentran en punto muerto, sin ningún tipo de avance. Es cierto que los representantes de los astilleros gallegos que acudieron a la convocatoria de Pymar en Madrid, en la que se informó del encuentro entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, esperaban "muy poco o nada" al respecto.

Al encuentro, a la que asistieron los representantes de los astilleros en activo –salvo Armón– y de las comunidades autónomas con sector naval –en el caso de Galicia acudió el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces–, se "desvanecieron" las escasas expectativas que tenían puestas en las reuniones de que esta semana se celebraron los equipos técnicos tras el encuentro Almunia y Soria. Pymar afirma que la situación de los astilleros, ante la falta de avances en las negociaciones para lograr un nuevo tax lease, es "crítica" y acusa al comisario de la Competencia de "abocar al sector al cierre".

Álvaro Platero, presidente de Pymar, reveló que cuando el sector le pidió ayuda a Almunia, éste les contestó que "no era su problema, sino del Gobierno español".

Ante esta situación, los responsables de los astilleros decidieron solicitar una cumbre de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que también participarían el ministro de Industria, José Manuel Soria, los presidentes de las comunidades afectadas y el propio sector porque "el problema del tax lease resulta insostenible", afirman.

Falta de avances

Pymar asegura que los servicios técnicos y de la Comisión Europea han tratado esta semana de avanzar en un nuevo modelo del tax lease español, "aunque la intransigencia del equipo dirigido por Almunia lo ha hecho inviable".

Según Pymar, "las reuniones de estos días han confirmado que no hay ningún avance respecto a la situación previa al encuentro, lo que corrobora que después de casi un año trabajando en estrecha colaboración con la Administración española para plantear y estudiar posibles soluciones, no se ha conseguido ningún resultado".

La sociedad de agrupa a los astilleros españoles afirma que lo largo de estos meses, España ha seguido escrupulosamente los pasos marcados por la UE, siempre apuntando al modelo francés, aunque los servicios técnicos de la Comisión lo convierten en inaplicable en la práctica, al proponer unas bonificaciones solo del 0,2%.

Además, el sector alerta de que "si el comisario Almunia no reconsidera su posición respecto al levantamiento del veto al sistema español, el sector de la construcción naval se verá abocado a un inevitable cierre que supondrá el despido de unos 40.000 trabajadores, entre directos e indirectos y la relevante pérdida del tejido industrial asociado".

Por último, el sector naval considera que es necesario "que con absoluta urgencia se obtenga el compromiso por parte de la Comisión Europea de aprobar de forma inmediata un nuevo sistema de financiación para la construcción de buques, que dote al sector de un marco legal sobre el que reanudar su actividad" y recuerda que "en otros países como Holanda y Francia se mantienen sistemas muy similares".

Los tres puntos de la discordia

Bruselas rechazó la tercera propuesta de modificación al régimen fiscal denominada tax lease. Dicha propuesta pretende ajustar y modificar el sistema español asemejándolo al denominado "sistema francés" –el cual no se considera ayuda ilegal por la UE–. ¿En qué se basa Bruselas para rechazar un mecanismo similar al galo? El abogado vigués Ramón Ozores, del despacho Colón Abogados, explica los motivos:

-Amortización fiscal anticipada y acelerada. El tax lease español permite la amortización fiscal –anticipada y acelerada– de un buque arrendado mediante leasing desde antes de su puesta en funcionamiento. Las pérdidas generadas durante este período por las elevadas amortizaciones aceleradas de la AIE (arrendataria del buque en construcción) se transmiten directamente a las bases imponibles de sus socios. Es decir, el modelo español permite realizar desgravaciones fiscales mientras el buque se está construyendo. Las autoridades españolas en principio asumían el compromiso de modificar esta posibilidad.

-Generación de plusvalías en la transmisión del buque. Durante la operación, la propiedad del buque pertenece a una AIE. Al final de la operación (8-10 años aproximadamente) el buque es transmitido por la AIE al armador (que es el verdadero interesado en su explotación). Antes de dicha transmisión, la AIE se acoge a un sistema de tributación (previa autorización por la Dirección General de Tributos) similar al de "módulos", en función del tonelaje de los buques que operan, sin considerar los beneficios o pérdidas de su base imponible (y que supone evidentemente una mejora con respecto al régimen ordinario). Pues bien la plusvalía generada por la venta del buque al armador, al encontrarse la AIE bajo el sistema de tonelaje, no tributa, lo que supone un beneficio adicional.

-Naturaleza de las AIEs. La Comisión considera que es muy dudoso permitir a las AIEs participantes en el tax lease español que participen del régimen previsto en el seno de las directrices de la UE sobre ayudas estatales al transporte marítimo. Las autoridades españolas sostienen que las AIEs sí deberían considerarse como entidades navieras, sobre la base de la normativa interna española (art. 9 Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, art. 1 RD abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, así como art. 652 del Código de Comercio). Dichos preceptos definen el concepto de empresa naviera, y en ningún caso se limita su aplicación por la fórmula jurídica elegida o la fórmula de explotación de los contratos. La UE sostiene que realmente las AIEs no son empresas navieras si no financieras, ya que el verdadero interés de sus partícipes no es la explotación del buque, si no la obtención de beneficios fiscales. Quien realmente es el interesado en la explotación es el armador (que no se beneficia de las "ayudas ilegales" fiscales).

Atlántico Diario

El naval alerta de la desaparición de todo el sector si la UE no le ayuda ya

“Estamos asfixiados, no podemos estar ni un mes más sin contratar barcos. Esto se hunde”, decía ayer Álvaro Platero, presidente de la sociedad de pequeños y medianos astilleros (Pymar) tras casi tres horas de reunión en Madrid con astilleros de toda España -amplia representación viguesa con Vulcano, Barreras, Freire y Cardama, además del presidente del clúster gallego del naval-.

Los astilleros, desesperados, instan a una cumbre con Rajoy y los presidentes autonómicos para presionar a la UE

 

Los empresarios decidieron celebrar una cumbre de máxima urgencia con Rajoy, el ministro de Industria y los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco. Un encuentro al más alto nivel político para hacer un frente común en defensa del naval ante la UE. “Es nuestro último recurso. Si el comisario Almunia no reconsidera su posición respecto al levantamiento del veto al sistema español el sector de la construcción naval se verá abocado a un inevitable cierre que supondrá el despido de 40.000 trabajadores”, dijo Platero en declaraciones a los medios.

Nunca antes se había pronunciado con tanta claridad, pero Pymar está desesperada ante la la sequía de carga de trabajo por no poder usar el sistema de bonificaciones fiscales 'tax lease' que Bruselas lleva investigando desde hace 10 meses por presunta competencia desleal.

Los astilleros cargaron directamente contra el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, porque fue él quien ordenó la suspensión del 'tax lease' a raíz de una denuncia del naval holandés. “Almunia nos ha metido en un callejón sin salida. Se va a cargar la construcción naval, que está al borde del colapso”. “Hemos tenido una reunión con él y nos ha respondido que ese (la pérdida de 40.000 empleos) no es un problema suyo, que es un problema del Gobierno de España y que él tiene que velar por el cumplimiento de los principios de competencia de la Unión Europea”.

Platero desveló que en la reunión secreta del lunes entre Almunia y el ministro Soria -todo el sector se había hecho grandes expectativas ante este primer encuentro- “se habló muy por encima”, pero que sólo hubo “buenas palabras”. “Llevamos un año haciendo lo que nos han pedido y no hemos conseguido nada. Nos exigieron adaptarnos al 'tax lease' francés y planteamos varias alternativas, pero nos hemos dado de frente con la comisión técnica” cuyos cálculos ofrecen unas ayudas del entorno del 0,02%. “Totalmente ridículas y absolutamente inviables”, dijo Platero.

Y es que Bruselas aceptaría que el 'tax lease' español se cambiara por el modelo de financiación francés, pero con exigencias mayores que a los astilleros galos. “. Siguen dándole vueltas al ovillo y no podemos estar meses y meses buscándole el sexo a los ángeles.

'Cuando encuentren un sistema no habrá astilleros donde aplicarlo'

Los astilleros hablaron claro. “Nos estamos quedando sin trabajo, llevamos más de un año sin cerrar un solo contrato y así no podemos aguantar ni un mes más. Iremos cayendo uno a uno en los próximos meses si no conseguimos ayuda”, apuntó el presidente de Pymar.

Álvaro Platero lamentó las idas y venidas en el último año mientras otros países europeos aprovechan para contratar barcos ante el parón en España y especialmente en la Ría de Vigo. “Necesitamos armas para contratar en igualdad de condiciones. Holanda tiene tax lease, Francia tiene tax lease, cuando encuentren un sistema para nosotros será demasiado tarde y no habrá astilleros donde aplicarlo”, advirtió.

Platero recordó que el 90% de la producción naval se exporta y con respecto a los posibles contratos con la petrolera mexicana Pemex, anunciados por Feijóo y Rajoy, dijo que “serán bien recibidos”. “Toda la carga de trabajo que recaiga en un astillero español nos ayudará a seguir adelante”, afirmó.

En la reunión de ayer en Madrid, además de los astilleros participaron el director xeral de Industria de la Xunta, Bernardo Tahoces, su homólogo en el País Vasco, Bernabé Unda, y el consejero de Industria de Asturias, José Manuel Rivero.

Pymar ha decidido convocar una cumbre al más alto nivel político en España para presionar a la UE y salvar al sector que en la Ría de Vigo está así: Barreras en concurso de acreedores, Vulcano acaba de superar uno, pero está sin carga de trabajo. Factoría Naval se salvó 'in extremis' de una suspensión de pagos y está sin actividad. Freire sólo tiene un barco y Armón, Cardama y Metalships están en mínimos de actividad.

21 plenos en la comarca de ferrol en favor del sector

La escasez de trabajo en los astilleros públicos de Navantia ubicados en Ferrol y Fene llevaron ayer a sus trabajadores a realizar un encierro en las factorías, mientras los delegados sindicales hicieron una protesta a pie hacia los ayuntamientos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal donde se celebraron, de manera simultánea, plenos municipales con una declaración de apoyo al naval consensuada con los sindicatos, a excepción de la CIG. Fueron un total de 21 plenos en los concellos de Ferrol, Narón, Ares, Pontedeume, Valdoviño u Ortigueira, entre otros.

'La aguda crisis que atraviesan los astilleros públicos de Navantia Fene-Ferrol, sin nuevos contratos que incrementen la prácticamente inexistente carga de trabajo y sus consecuencias en forma de destrucción de empresas y empleo en la industria auxiliar es motivo de alarma social', se expone en el escrito.

Políticos y sindicatos exigen una reunión urgente con el presidente de la Sepi, Ramón Aguirre, la construcción del dique flotante y el fin del veto europeo para la construcción civil.

ABC

El naval responsabiliza al comisario Almunia de dar jaque mate al sector

Los pequeños astilleros advierten a la UE que su postura con respecto al «tax lease» aboca a esta industria al cierre

 

Nuevo estacazo de Bruselas al naval. La falta de acuerdo entre el Gobierno central y la Unión Europea en la búsqueda de una alternativa al suspendido sistema español de bonificaciones fiscales conocido como «tax lease» sitúa al sector en la cuerda floja y hace tambalear las anunciadas fechas para el respiro. El Gobierno gallego esperaba tener resuelta esta situación a finales de abril o mayo.

La última reunión mantenida entre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, escenificaba el lunes un nuevo desencuentro entre España y Bruselas, prolongando así la larga agonía que sufren desde hace diez meses los principales constructores navales del país.

Puestas todas sus expectativas en la cita bilateral, el naval reconoce sentirse «engañado» por el representante comunitario, al que responsabilizan directamente de «poner en situación de jaque mate al sector». En su opinión, «es una cuestión de falta de voluntad política». Así lo aseguraba ayer el presidente de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión), Álvaro Platero, tras finalizar una reunión con representantes de los astilleros y de las autonomías de más de dos horas de duración en la sede de la institución en Madrid.

A pesar de que el equipo de Soria ha seguido escrupulosamente los pasos marcados por la UE, siempre apuntando al modelo francés, las últimas reuniones confirman que la negociación se mantiene anquilosada, dado que los servicios técnicos de la Comisión lo convierten en inaplicable en la práctica.

Desde su suspensión en junio de 2011, a raíz de una denuncia de Holanda, el Ministerio de Industria ha elaborado varios borradores sin que ninguno de ellos haya logrado convencer a las autoridades europeas. Mientras, a la espera de una pronta solución, el resto de países con intereses en la construcción naval siguen frotándose las manos y cruzando los dedos.

Al parecer, la Comisión Europea sustentaría su última negativa en que el modelo francés es genérico —podría aplicarse en otro sector o producto— y la propuesta española es específica para el naval. No obstante, una adaptación del modelo galo de exenciones fiscales al sistema jurídico español es la única vía que contaría con el visto bueno de Bruselas y en la que seguirá trabajando el Ministerio.

«A mí no me importa cuál sea, solo necesitamos una herramienta que funcione», aseguraba ayer Platero, para quien si el Comisario Almunia no reconsidera su posición respecto al levantamiento del veto al sistema español,« el sector de la construcción naval se verá abocado a un inevitable cierre que supondrá el despido de unos 40.000 trabajadores, entre directos e indirectos, y la relevante pérdida del tejido industrial asociado». «El sector se hunde. No podemos aguantar más. El comisario Almunia se muestra insensible y no considera que el problema sea suyo, sino del Gobierno español», sentenció.

«Es urgente trasladar al presidente del Gobierno — añadió— lo dramático de una situación que sitúa al sector naval español en un callejón sin salida». La sociedad de pequeños y medianos astilleros acordó ayer la solicitud formal de una reunión con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para tratar de resolver el «tax lease» de un sector que dice estar «al borde del colapso».

La Voz de Galicia

Pemex sacará a concurso público en julio 21 buques, a los que opta Galicia

El naval mexicano pide preferencia sobre el multipedido, a entregar entre el 2014 y el 2023

Pemex (Petróleos Mexicanos) sacará a concurso público en julio un multipedido de 21 buques de apoyo a la actividad petrolífera. La propia compañía confirmó ayer la próxima licitación, y reconoció la existencia de negociaciones con la Xunta de Galicia, aunque aclaró que «no se ha cerrado ningún acuerdo ni es posible establecer fechas» para la adjudicación de una parte del lote, aún sin concretar, a astilleros de Vigo y Ferrol, tal y como avanzó hace unos días el Gobierno gallego, tras la visita del presidente, Mariano Rajoy, a México.

«El procedimiento habitual es una convocatoria internacional a la que concurren las ofertas presentadas por los astilleros interesados de todo el mundo», explicó un alto cargo de Pemex, que sí reconoció, sin embargo, la existencia de un compromiso de la compañía para apoyar el naval en México. «Estamos en conversaciones con astilleros del país para determinar su capacidad, por eso pensamos en una construcción escalonada, que garantizaría diez años de carga de trabajo», afirmó la misma fuente, que fija el período de ejecución de los 21 buques entre el 2014 y el 2023.

El primer paso para relanzar el naval mexicano ya está dado con la reapertura, hace un mes, de Astillero Marecsa, el mayor del país, situado en Mazatlán, tras casi una década de cierre. Ahora el constructor, que ya ha confirmado que acudirá a la licitación de julio, parte favorito en el proceso abierto por Pemex.

Encierro en Vigo

Sobre las posibilidades de los astilleros gallegos y el número de contratos prenegociados con Pemex, la Xunta evitó ayer ofrecer más detalles. «No podemos dar más información», afirmó un portavoz.

A la espera de carga de trabajo, sindicalistas del naval de Vigo reanudaron ayer las movilizaciones en demanda de una solución para el tax lease, tras la demora de una alternativa consensuada con Bruselas que permita la vuelta a la contratación con bonificaciones fiscales. Permanecieron dos horas encerrados en la sede de la Xunta.

REFOR Economistas Forenses

OBSERVATORIO CONCURSAL DEL REFOR


PRIMER TRIMESTRE 2012


http://www.economistas.org/Contenido/REFor/ObservatorioConcursal1T2012Cierre2011.pdf

Faro de Vigo

El naval estudia un "plan B" por si fracasa la adaptación del "tax lease" al modelo francés

Técnicos de la patronal de astilleros apuestan por las estructuras financieras que se usan en Holanda y Alemania

El naval está estudiando un plan B por si falla la adaptación del tax lease al modelo francés de bonificaciones fiscales, el sistema que la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea (UE) planteó como referencia (al contar ya con su beneplácito). Según ha podido saber FARO, los técnicos de la patronal española de astilleros están analizando la opción de tomar como ejemplo otras estructuras financieras que también se aplican en Europa; en concreto, las de Holanda (país que denunció el tax lease español en 2006) y Alemania. Los astilleros de ambos países han sido los más beneficiados hasta ahora por el bloqueo de las contrataciones en España.

Según explicó el pasado lunes la federación de metal de UGT, la adaptación del modelo de bonificaciones fiscales francés plantea un problema, ya que éste es genérico –la fórmula se puede utilizar para todos los sectores y productos en Francia– y en España se pretende utilizar solo en la construcción naval, lo que habría provocado el rechazo de los técnicos de Bruselas.

En la reunión del pasado lunes entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ese rechazo se hizo evidente, según fuentes conocedoras del encuentro. Las mismas fuentes explicaron que, ante la falta de un acuerdo, el Gobierno y Bruselas han retomado las negociaciones a nivel "técnico" –éstas se habían paralizado por la falta de avances– con el objetivo de explorar todas las posibilidades. La primera de estas reuniones se habría celebrado ayer por videoconferencia.

La última propuesta de tax lease española, según explicó UGT, no reflejaría un porcentaje concreto de bonificación fiscal sobre el papel, aunque incluye una referencia a que la tasa no puede superar la del modelo francés (que tiene un límite del 20% sobre el valor del buque).

Los astilleros esperarán a mañana para conocer de primera mano en Madrid los pormenores de la cumbre del lunes, en una reunión de Pymar. Los constructores navales gallegos coincidieron ayer al afirmar que desconocen el contenido del encuentro entre Soria y Almunia. Tampoco la Xunta avanzó ningún dato sobre el estado de la negociación. La consellería de Economía e Industria había anunciado que el nuevo sistema entraría en vigor a finales de este mes o el próximo.

Encierro y desalojo de una treintena de delegados del naval vigués en la Xunta

Algo más de una treintena de delegados sindicales del sector naval de CC OO, UGT y CIG se encerraron en la mañana de ayer en la sede territorial de la Xunta en Vigo para reclamar una solución urgente al tax lease, bloqueado en Bruselas desde junio de 2011.

Los manifestantes pidieron ser recibidos por la delegada, María José Bravo Bosch, para exponerles su malestar por la falta de información sobre la reunión del lunes entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia. Fuentes sindicales informaron de que los encerrados fueron recibidos por la número dos de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo, quien les explicó que la delegada no estaba en la ciudad.

La intención del grupo era esperar allí hasta que la delegada se reuniese con ellos y les facilitase información, pero poco antes de las 14.30 horas agentes de la policía autonómica –por orden de la Consellería de Presidencia– realizó un "desalojo por la fuerza" de las instalaciones. Los sindicatos afirman que estos hechos suponen una "respuesta clarificadora" y darán una contestación "formal" a la Xunta criticando "las actitudes y formas". De igual modo, las centrales estudiarán nuevas "medidas de presión" para reclamar soluciones para el sector naval.

Faro de Vigo

La Xunta inicia un plan de control de la aplicación de los ERE

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, ha apuntado que existen "indicios" de fraude

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha anunciado este miércoles que la Xunta ha comenzado, de acuerdo con la Inspección de Trabajo, una campaña para controlar la aplicación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que conllevará visitas a todas las empresas en esta situación para comprobar que se respetan las condiciones pactadas. "No hablo de fraude masivo, pero sí tenemos indicios de que hay trabajadores que están realizando más horas de las acordadas e incluso trabajando y cobrando a la vez la prestación", ha advertido.

En respuesta a una interpelación del diputado del PSdeG Miguel Angel Fernández, la conselleira ha indicado ante el pleno del Parlamento que la Xunta establecerá sanciones de entre 6.251 y 187.515 euros para los empresarios, según la gravedad de la infracción. En concreto, los empresarios incurrirán en una infracción por cada uno de los empleados que no estén cumpliendo las condiciones pactadas y responderán solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

En cuanto a los trabajadores, también "podrán ser sancionados" y "corren el riesgo de ser excluidos del derecho a percibir cualquier prestación" que estuviesen recibiendo, de acuerdo con lo establecido ya en la legislación vigente, ha dicho Mato y ha destacado que la intención del Gobierno gallego no es sancionar, pero sí "recorrer la senda de la recuperación de la economía", algo que harán "desde la estricta legalidad".

La medida acaba de ser ratificada por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha autorizado esta campaña específica de seguimiento y control de posibles actuaciones defraudatorias. "Somos conscientes de la grave incidencia que tiene para el desempleo, para la economía, el incumplimiento de las medidas adoptadas en los ERE.

Esta campaña pretende "controlar el sometimiento estricto de los tiempos de suspensión laboral resultantes de la reducción de jornada", es decir, comprobar que los trabajadores sometidos a ERE de reducción de jornada no hacen más horas de las acordadas o, en el caso de suspensión, que efectivamente no acuden al puesto de trabajo en los días fijados. Mato ha indicado que el Gobierno gallego trata de evitar que las empresas reduzcan sus costes salariales con cargo a los fondos públicos.

La conselleira de Traballo ha defendido en su intervención que no se deben "demonizar" los ERE, dado que son "una herramienta que muchas veces sirve para salvar a las empresas" y ha defendido que Galicia es la novena comunidad en número absoluto de afectados por expedientes en 2011, frente a las críticas del diputado socialista, que ha indicado que el aumento de trabajadores en ERE fue del 73% el año pasado en la autonomía, lo que supone "récord" en España, en donde el incremento se situó en el 13%.

"USTEDES NO GOBIERNAN"

Fernández López ha acusado al Gobierno gallego de buscar culpables en cualquier ámbito. "La culpa es de cualquiera menos del PP; la realidad es que no se sienten culpables. Es que, de hecho, ustedes no gobiernan", ha replicado y ha considerado que Galicia "no va bien por muchas razones, pero entre ellas, porque no hay un Gobierno y hay una Consellería de Traballo que deja de ejecutar 160 millones".

Por su parte, el diputado del BNG Henrique Viéitez ha censurado que los ERE se han convertido en "un instrumento de destrucción masiva de empleo" y ha dicho a la conselleira que pasará a la historia como la responsable de Traballo "con el récord histórico de personas paradas". Además, ha acusado a Mato de "frivolizar" con el desempleo y ha criticado que "no solo recorta presupuestos", sino que "no los ejecuta".

En nombre del PPdeG, Alberto Sueiro ha reprochado el "uso maniqueo y partidista" de las cifras de los ERE y ha recriminado al diputado socialista que "solo pretende hacer un desgaste del Gobierno". Además, se ha dirigido a Mato para decirle que no pasará a la historia como la conselleira con más parados, sino como la que asumió la gestión "en el peor momento de la historia reciente".

Atlantico Diario

El naval encara desconcertado la negociación final sobre su futuro

Desalojados varios sindicalistas en el edificio de la Xunta tras encerrarse para pedir información del 'tax lease'

 

Desconcierto.

Es la palabra que mejor define al naval de la Ría de Vigo estos días tras la reunión -que se presuponía clave- entre el ministro de Industria y el comisario de Competencia para desbloquear el 'tax lease'. La falta de un acuerdo -tras 10 meses de negociación- y la nula información sobre el encuentro dejó al sector enmudecido, pero con la 'esperanza de que haya una solución para evitar una catástrofe', explicaba ayer en declaraciones a este diario el presidente del Clúster del Naval de Galicia (Aclunaga). 'Ya no podemos esperar más', decía Fernando Alcalde, al tiempo que recordaba que el sistema de bonificaciones fiscales se empezó a investigar el pasado verano -a raíz de una denuncia de los astilleros holandeses por presunta competencia desleal-.

Los sindicatos, por su parte, retomaron las protestas y se encerraron a las 11.30 de la mañana de ayer en el edificio de la Xunta en Vigo para pedir información a la delegada -que estaba ausente- sobre la reunión. Fueron desalojados tres horas después por la Policía. 'Solo queríamos algún dato y la respuesta de la Xunta fue clara, echarnos', explicó a este diario Diego Atanes, secretario comarcal del metal de UGT, quien lamentó los 'mensajes contradictorios y negativos que nos están llegando. Si lo que querían era la foto ya la tienen', dijo. Su homólogo en CC OO, Ramón Sarmiento, criticó la 'poca sensibilidad y rigor' de la Administración hacia el sector y hacia la parte sindical que, según dijo, 'está legitimada para recibir información de primera mano'.

NUEVAS PROTESTAS

El portavoz de la CIG, César Rodríguez, lamentó las 'actitudes y formas' y dijo que esta situación 'requiere una respuesta del sector y de la ciudadanía'. Por su parte, el presidente del comité de empresa de Vulcano, Sesé, apuntó que el sector 'ya no puede estar tranquilo, como nos siguen pidiendo porque son ya muchos meses y los EREs que hay ahora se transformarán en paro', apuntó.

Los sindicatos estudiarán nuevas medidas de presión para reclamar una solución para el sector.

Faro de Vigo

Los sindicatos recelan de la nueva oferta que puja por Alfageme y la asocian a Lago

CIG y UGT adelantan que no apoyarán ninguna propuesta "vinculada a esta gente"

La sociedad de nuevo cuño Coswinga SL presentó el pasado jueves en el Juzgado Mercantil de Vigo una oferta para pujar por la conservera Bernardo Alfageme SA, actualmente en concurso de acreedores. Como avanzó FARO en exclusiva, la sociedad la forman siete exempleados de la compañía y un proveedor y acreedor de Vilagarcía, que están dispuestos a rivalizar con Grupo Consorcio para hacerse con las factorías de Vilaxoán, Ribadumia, así como con las marcas Miau, Eureka y Peña. La noticia ha despertado los recelos de la plantilla, que vincula Coswinga con los Lago, aún propietarios de la histórica conservera.
La responsable del sindicato CIG en la compañía, Rosa Abuín, tildó la propuesta de "provocadora" porque "los antiguos directivos son los que llevaron a la empresa a la ruina". La sindicalista, en cualquier caso, ha decidido restar importancia a la nueva oferta "aparecida de la nada". Coswinga despierta los mismos recelos en UGT, que atribuyen la presentación de esta nueva oferta a "una nueva jugada de los Lago". La vinculación entre Juan y Gustavo Lago con la compañía la hilan a través de Julio Mengual, exdirectivo de Alfageme y administrador único de Coswinga Sociedad Limitada.
"Es evidente quién está detrás", apunta Abuín, "no hace falta que aparezcan los nombres de los Lago". "Tienen que poner 30 millones para hacerse con Alfageme", incidió a preguntas de este diario.
En caso de que Grupo Consorcio y Coswinga rivalicen por la conservera, desde la CIG avisan de que "los trabajadores tienen mucho que decir". "Una de las condiciones que ha puesto el Igape es el respaldo de los trabajadores" sobre la oferta ganadora en la puja. "Para la de esta gente [por Coswinga, sociedad creada el pasado miércoles] no lo va a haber, al menos por parte de la CIG", avanzó Rosa Abuín.
Subrogación
El precio de la oferta que hace la nueva compañía para hacerse con Bernardo Alfageme SA (las factorías de Vilaxoán y Rubadumia y la marca Miau) asciende a 33,4 millones de euros. Coswinga pone sobre la mesa también la subrogación de la deuda garantizada por las hipotecas, por 30,5 millones de euros. Asimismo, ncluye la subrogación de 2.172.000 euros en los créditos contra la masa (indemnizaciones para los trabajadores de O Grove, Vilaxoán y Ribadumia), como así consta en la oferta a la que ha tenido acceso FARO.
La cantidad restante, 725.000 euros, serían abonados mediante cheque bancario. Consorcio había presentado una propuesta de pago líquido –también con cheque– por 500.000 euros, como confirmaron desde UGT. Por las marcas Eureka y Peña Coswinga pagaría 100.000 euros, también mediante un cheque.

Faro de Vigo

La falta de avances en la negociación del "tax lease" prolonga la agonía del naval

La reunión entre Soria y Almunia en Madrid finaliza sin acuerdo pese a las esperanzas del sector

La reunión mantenida ayer en Madrid por el ministro de Industria y PYME, José Manuel Soria, y el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, finalizó sin avances en la negociación de un nuevo sistema de bonificación fiscal para el naval tras la suspensión del tax lease hace ya más de diez meses. Fuentes conocedoras del encuentro explicaron a FARO que las posiciones entre el Gobierno español y la Dirección General de la Competencia de la UE siguen "muy distantes", lo que pone en peligro el plazo dado por el Ejecutivo a los astilleros para la entrada en vigor de una nueva herramienta financiera: finales de abril o mayo.
La visita de Almunia había generado muchas expectativas en el sector naval, que la veía como un signo de que el fin de las negociaciones sobre el nuevo tax lease estaba cerca. Pero la realidad es que la reunión finalizó sin novedades. Desde el departamento que dirige Soria se insistió en que el encuentro transcurrió "bastante bien" y fue "positivo", sin entrar en detalles. Fuentes de Industria explicaron que el ministro trasladó al equipo de Almunia que el Gobierno "no quiere nada diferente" de lo que disponen otros países de la UE, y que el comisario se mostró "de acuerdo" con esta misma idea.
Las mismas fuentes señalaron que el Gobierno español seguirá trabajando en un sistema similar al francés, el único que tiene hoy el beneplácito de Bruselas. Los astilleros gallegos carecían ayer de información respecto al resultado de la reunión con el comisario. Incluso Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión), que el sábado manifestó sus "buenas expectativas" respecto a este encuentro, reconoció desconocer el contenido de lo tratado y si se había llegado "a alguna conclusión". Lo mismo desde Aclunaga (el clúster gallego del sector naval).
No obstante, fuentes conocedoras de la reunión reconocieron que las posiciones entre el Gobierno y Bruselas siguen distantes. Por la parte española participaron en la cumbre el ministro de Industria y PYME, José Manuel Soria, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferro, y el director general de Industria, Luis Valero. Almunia acudió con varios técnicos y asesores del departamento de Competencia.
Desde la suspensión del tax lease en junio de 2011 a raíz de una denuncia de Holanda, el Gobierno (el actual y el anterior del PSOE) elaboró varios borradores para puesta en marcha de un nuevo sistema de bonificaciones fiscales para el naval, los últimos desarrollados en base al modelo francés, como reclama Bruselas. Pero su aprobación por parte de la Comisión Europea (CE) sigue haciéndose de rogar.
El sindicato UGT sostiene que los técnicos españoles (de Hacienda, Tributos e Industria) y los de la CE habrían consensuado un último borrador de tax lease que tomaría como referencia el modelo francés pero que "carece de utilidad" al no fijar un porcentaje de bonificación (el sistema francés permite una rebaja de hasta el 20% en el valor del buque). El comisario Almunia habría rechazado también esta propuesta, según UGT, ya que el modelo francés es genérico –se puede utilizar en cualquier sector y producto– y la versión española es específica para el naval.
Movilizaciones
"Sin conocer los detalles [de la reunión de ayer entre Soria y Almunia], imaginamos que no va a cambiar nada para el naval", criticó el secretario general de MCA-UGT en Galicia, Manuel García. El portavoz sindical participó ayer en Vigo en unas jornadas de trabajo sobre el sector en las que se acordó convocar a los otros dos sindicatos mayoritarios (CC OO y CIG) en la comunidad gallega para el inicio de movilizaciones en defensa del naval.
En este sentido, García criticó las "promesas incumplidas" de la Xunta y del Gobierno central respecto al tax lease y restó veracidad a la posibilidad de un acuerdo con Pemex para renovar parte de su flota en Galicia, como anunciaron la semana pasada Feijóo y Rajoy. "Primero fueron los barcos rusos, luego los venezolanos y ahora los mexicanos", criticó el responsable ugetista, quien matizó que en caso de fraguar estos contratos, los barcos no podrían hacerse sin tax lease.
Los astilleros llevan ya más de diez meses sin un instrumento fiscal que les permita competir con sus homólogos europeos, que han visto aumentada su carga de trabajo. El Gobierno prometió tener resuelta esta situación "a finales de abril o mayo".

Atlantico Diario

Almunia no concreta nada del 'tax lease' 10 meses después

Los técnicos de la UE siguen sin encontrar un encaje del sistema fiscal naval español con el francés, pese a la voluntad política que existe para desbloquear la situación

 

La reunión entre el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, para tratar la crítica situación del naval fue agridulce. Si bien los astilleros valoran que se celebrara este encuentro -el primero al más alto nivel político desde que la UE abrió una investigación al 'tax lease' hace 10 meses-, lamentan no tener información del mismo. El encuentro se celebró en la más extricta privacidad en Madrid, no hubo declaraciones a los medios, tampoco una comunicación oficial por parte del Gobierno.

Soria le pidió 'que se le dé a España el mismo trato que otros países europeos', que sí gozan de sistemas de bonificaciones fiscales para el sector naval. Almunia dijo que ve con buenos ojos la alternativa al 'tax lease' presentada por el Gobierno -basada en el modelo francés- y dijo que 'no habría problema para aceptarla', según pudo saber este diario. No obstante, pese a la voluntad política que hay por ambas partes, la solución no llega porque los técnicos de la Dirección General de Competencia no acaban de encontrar un encaje con el sistema francés, según indicaron fuentes próximas a la negociación. Esto coincide con las declaraciones que el ministro hizo hace unas semanas en el Senado. 'Parece que en las reuniones técnicas la Comisión Europea no tiene las cosas tan claras como el comisario', dijo Soria por aquel entonces.

El naval tenía muchas esperanzas en esta cita que anunció Pymar -sociedad mixta participada por astilleros, Gobierno y comunidades autónomas- el pasado sábado. 'El conjunto del sector tiene grandes expectativas', decía su comunicado.

UGT LO VE NEGATIVO

El sindicato UGT, por su parte, mostró sus dudas sobre que Bruselas dé el visto bueno porque el modelo francés 'pide ayudas para toda la actividad industrial' del país, mientras que la propuesta española solo habla del naval y por eso 'lo están mirando todo con lupa', indicó el secretario general de la federación del Metal de UGT-Galicia, Manuel García González, en unas jornadas en Vigo. El sindicalista recordó 'otras promesas para el naval que quedaron en nada'.

El 1 de julio de 2011 la CE informó de la apertura de un expediente al sistema de bonificaciones fiscales del naval,por presunta competencia desleal, tras una denuncia interpuesta por el naval de Holanda. Pasaron ya casi 10 meses y todavía no hay solución. En noviembre la UE rechazó la primera propuesta que envió el Gobierno y las negociaciones se paralizaron por el cambio de Gobierno. En marzo el ministro de Industria asume directamente las negociaciones ante las dificultades para llegar a un acuerdo. 10 meses después, la situación sigue igual. Los astilleros paralizados ante la imposibilidad de contratar barcos mientras Alemania, Polonia y Holanda están casi al 100% de carga de trabajo.

Faro de Vigo

Los ERE subieron el 30% en Galicia hasta febrero y afectaron a 3.784 trabajadores

El número de empleados acogidos a ajustes crece un 19% en ese periodo

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados en Galicia en los dos primeros meses del año han aumentado el 29,6% respecto al mismo período de 2011, al haberse hecho 306, que han afectado a 3.784 trabajadores, el 19% más que en enero y febrero del año pasado.
En el conjunto del Estado el aumento fue del 44,9% respecto al mismo período de 2011, mientras que el número de trabajadores afectados se ha visto incrementado el 55%, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La nueva reforma laboral entró en vigor el pasado 13 de febrero.
De acuerdo con el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), entre enero y febrero se autorizaron 4.528 expedientes, que han implicado a 60.569 asalariados. Del total de expedientes, 4.264 fueron pactados (el 61,5 % más que un año antes) para 55.535 personas (el 59,7 % más) y 264 no (el 0,7 % más) para 5.034 trabajadores (el 15,5 % más).
Según el tipo y efecto de los ERE, 759 fueron de extinción (el 37,2% más), 2.250 de suspensión (el 49,9% más) y 1.519 de reducción (el 41,9% más). Los de extinción se autorizaron para 10.634 trabajadores (el 38,4% más), los de suspensión para 37.442 (el 74% más) y los de reducción para 12.493 (el 25,7% más).

Atlantico Diario

(Amp.) Los trabajadores afectados por ERE suben un 55% hasta febrero, con la reforma laboral en vigor

Los ERE por causas económicas se disparan un 72,6% y los trabajadores suspendidos de empleo aumentan un 74%

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por las autoridades laborales aumentó un 54,8% en los dos primeros meses del año, con la reforma laboral ya en marcha, pues su entrada en vigor se produjo el pasado 12 de febrero.

En concreto, un total de 60.569 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta febrero, en contraste con los 39.128 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante los dos primeros meses de 2011.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los expedientes autorizados se elevaron un 45% en los dos primeros meses del ejercicio, hasta sumar 4.528, frente a los 3.124 del mismo periodo de 2011.

Los ERE en los que se alegaron causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deudas o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 72,6% en los dos primeros meses, hasta sumar 3.035 expedientes, el 67% del total de expedientes registrados en el periodo.

Por causas técnicas se autorizaron 64 expedientes hasta febrero, dos menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 1.333 expedientes, con un crecimiento del 10,2%. Por fuerza mayor hubo 95 ERE, cuatro más que en los dos primeros meses de 2011.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

Del total de expedientes autorizados hasta febrero, 4.264 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 49% más, mientras que 264 no fueron pactados (+0,7%). Los ERE pactados afectaron a 55.535 trabajadores, un 59,7% más, en tanto que los no pactados englobaron a 5.034 trabajadores, con un crecimiento del 15,5% respecto al mismo periodo de 2011.

Del total de expedientes autorizados hasta febrero, 2.188 se encuadran en el sector servicios, con un ascenso del 59% respecto al mismo periodo de 2011, mientras que 1.475 lo hacen en la industria (-35,7%). Por su parte, 742 expedientes pertenecieron a la construcción (+41,3%) y 123 a la agricultura (-9,5%).

ORDEN ACLARATORIA DE EMPLEO.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, dictó una orden el pasado 13 de marzo para despejar dudas sobre el procedimiento a seguir en los despidos colectivos y en los expedientes de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo y de reducción de jornada tras los cambios introducidos en la reforma laboral.

Esta orden, en vigor desde el 14 de marzo, sólo estará vigente hasta que se elabore el reglamento de procedimiento sobre despidos colectivos y ERE de suspensión y de reducción de jornada comprometido en la reforma laboral del Gobierno.

El Ministerio de Empleo señala que, con la aprobación de la reforma, deben entenderse como derogados algunos de los aspectos del actual reglamento sobre los procedimientos en los ERE, aprobado en junio de 2011, pero no aquellos que no resulten afectados por la reforma, como los relativos a la documentación que ha de acompañarse por el empresario a la comunicación del inicio del periodo de consultas o al propio desarrollo de este periodo de consultas, entre otros.

MÁS DESPIDOS COLECTIVOS.

Entre enero y febrero, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales aumentó un 37,2%, con 759 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 10.634 trabajadores, un 38,4% más.

Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo alcanzaron los 2.250, un 49,9% más, mientras que el número de afectados por estos expedientes aumentó un 74%, hasta los 37.442 trabajadores.

De los 60.569 trabajadores afectados por ERE hasta febrero, un total de 12.493 personas tenían un ERE de reducción de jornada, un 25,7% más que en los dos primeros meses de 2011. El número de expedientes de reducción de jornada se incrementó un 41,9%, hasta los 1.519 procesos.