Faro de Vigo

Robatto advierte al consejo de Pescanova que el convenio no se puede modificar

El presidente de la Comisión de Vigilancia sí tiende la mano a los minoritarios

El presidente de la Comisión de Vigilancia del convenio de Pescanova, Jacobo González-Robatto, ha decidido responder "como muestra de cortesía", al consejo de la multinacional, que ayer clamó contra la banca acreedora a través de una carta publicada en la CNMV. Robatto, que se erige como representante de "todos los acreedores" (no solo del G7), ha evitado dirigirse con la misma dureza que ayer exhibió el consejo para "recordar" que "la ley impide" modificar los convenios. El consejo pide que los accionistas tengan el 20% de la futura Nueva Pescanova sin desembolsar los 7,32 millones que establece el convenio.

Robatto, sin mencionarlo directamente, distingue entre accionistas de referencia (Damm, Luxempart, Iberfomento o Carolina Masaveu) y los pequeños accionistas, que se vieron atrapados en los amaños contables de la antigua cúpula directiva. En este sentido, como avanzó FARO, los acreedores y el propio G7 están dispuestos a hablar con los minoritarios para que no vean diluida toda su inversión.

Atlantico

Vulcano aplicará un nuevo ERE para sobrevivir ante la escasez de trabajo

El contrato para construir una rampa portuaria entró en vigor, pero sólo dará trabajo a la mitad de la plantilla

Factorías Vulcano afrontará otro verano con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que aplicará de maneria rotatoriade julio a septiembre en toda la plantilla -algo más de 90 personas-, según confirmaron fuentes sindicales a este diario. El astillero vigués se ha visto obligado a prorrogar el ERE actual que vence el próximo día 30 ante la imposibilidad de conseguir carga de trabajo.

El único contrato que tiene acaba de entrar en vigor, pero no es suficiente ya que sólo empleará a 45 personas del astillero y la obra está previsto que finalice en noviembre. Se trata de la construcción de una rampa móvil para el muelle portuario de Bouzas, una proyecto subcontratado por la empresa Comsa que comenzará a ser visible en las instalaciones de Vulcano en Teis a partir del mes de julio, cuando esté previsto que entre la chapa para dar inicio a la obra.

Este pedido supone la reactivación del astillero tras más de tres años sin lograr carga de trabajo. El comité de empresa celebra "la vuelta al mercado", si bien espera que fructifiquen pronto "otros contratos que se están negociando" porque éste "es sólo un parche", explica el presidente, Antonio Fernández.

El ferri que Vulcano tiene a medio construir desde hace dos años sigue paralizado tras numerosas negociaciones con el Banco Santander, que en la práctica es el dueño real del buque (heredado de la extinta Astilleros de Sevilla). El buque parece interesar a navieras y armadores, que siguen visitando el astillero vigués, pero la operación de compraventa no acaba de cuajar, lo que desespera a los trabajadores que ahora se verán sometidos a una nueva regulación de empleo.

La rampa Ro-Ro para la carga y descarga de mercancías empleará a 70 personas, 45 de Vulcano y 25 externas durante medio año y supone una inversión de más de 3,5 millones de euros (620.000 euros procedentes de la Red Transeuropea de Transporte). Facilitará la carga y descarga de mercancía con independencia de las mareas -hasta 4,5 metros de diferencia entre pleamar y bajamar- y prestará servicios a la Autopista del Mar entre Vigo y Nantes.

La Voz de Galicia

La vieja Pescanova moviliza a los accionistas contra el convenio de la banca

Pide su apoyo en la próxima junta general para elevar su participación en la nueva compañ

El consejo de administración de Pescanova acaba de echar un pulso a los bancos acreedores que, de no reconducirse la situación, amenaza la viabilidad de la propia compañía.

Según acaba de informar a la CNMV, a través de un hecho relevante, el órgano de gobierno de la empresa, que representa a los principales inversores, ha enviado una carta a todos los accionistas (más de 9.000) para decantar su apoyo en favor de una mayor participación accionarial en Nueva Pescanova, la compañía resultante de la ampliación de capital que, según el convenio de acreedores aprobado en mayo del 2014, dará el control a los bancos del denominado G7 (Sabadell, Popular, Abanca, BBVA, Bankia, Caixabank y UBI Banca).

En su carta, el consejo de la vieja Pescanova insta a los minoritarios a hacer fuerza para reclamar un 19,9 % de participación en la nueva sociedad, frente al 5 % que les reconoce el convenio, sin tener que aportar más inversión, en concreto 7,32 millones de euros, que es la suma que exigen las entidades para ceder a sus pretensiones. El documento es toda una amenaza para que los bancos consigan sacar adelante la propuesta de convenio, ya que el consejo alienta a los accionistas a decantar su voto en la próxima junta general en contra de la dilución de sus títulos, que quedarían reducidos al 5 % dentro de la nueva compañía.

Faro de Vigo

El consejo de Pescanova reclama el aval de los socios en un ataque público contra el G7

Remite a los accionistas una misiva para defender la propuesta de adquirir el 20% de la firma sin abonar dinero -Critica que la futura sociedad sea una SL, como impulsó Damm

El consejo de administración de Pescanova, en el que está representado de forma directa el 0,003% del capital de la multinacional, ha aparcado la paciencia y decidió reventar ayer la frágil Guerra Fría que existía con el núcleo duro de la banca acreedora, el llamado G7. El consejo, a través de un hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las 20:25 horas de la tarde, difundió una carta enviada a todos los accionistas para clamar contra el G7 y, de paso, invitar a los socios a que la trascendental junta de septiembre se convierta en una especie de plebiscito entre la hoja de ruta de los bancos y su propia propuesta. "Pues parece que esto es la guerra", ironizaban ayer fuentes financieras, que descartaron realizar ninguna valoración a la misiva.

Como informó FARO, el pasado 25 de mayo el consejo envió una propuesta a los bancos (Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, CaixaBank, BBVA y UBI Banca) para modificar una parte del convenio de acreedores, ya aprobado por el juez. Éste reserva a los actuales accionistas el 4,99% de la futura Nueva Pescanova, con opción a hacerse con un 15% adicional siempre y cuando desembolsen entre todos 7,32 millones de euros. Pero los consejeros reclaman tener el 20% de la pesquera sin aportar más dinero, posibilidad que la banca no acepta. "Cuando uno pierde deuda el capital no vale nada", explicó a este diario un directivo de las entidades, que recordó que ha perdido ya más de 2.000 millones en Pescanova. El G7 no ha respondido de forma oficial o informal a este plan, como ya avanzó este periódico.

El hecho relevante está fechado el 12 de junio, sin embargo la carta se remitió ayer, como figura en ambos documentos. En la misiva el consejo recuerda que "Pescanova no tiene nada que ver con la realidad plagada de incertidumbres desvelada en marzo de 2013" gracias, dice, "al valor intrínseco de su marca y al esfuerzo y voluntad unánimes de salir adelante de sus trabajadores, sus accionistas y sus acreedores y al sacrificio de todos ellos". Cabe recordar que este órgano directivo está conformado por los siguientes miembros: Alejandro Legarda (representante de fondos de inversión, según la empresa), Fernando Herce (Iberfomento), Diego Fontán (esposo de Carolina Masaveu y portavoz de Crisgadini) y César Mata, también secretario.

En dos ocasiones el consejo emplaza a los "9.000 accionistas" a que expresen "su voluntad" en la junta extraordinaria de septiembre, en la que deberá aprobarse tanto la reestructuración del grupo como la ampliación de capital. Si no se validan ambos puntos se incumple tanto el convenio de la matriz como el de las filiales, con lo que Pescanova entraría en causa legal de liquidación. Los consejeros no piden a los accionistas el rechazo al plan del G7, aunque sí inciden reiteradamente en que los socios no deben sufrir una dilución de capital que reduzca al 4,99% su participación en la futura compañía.

Piden "reconocer un tratamiento más equitativo a los actuales accionistas" ante la aparente impasibilidad del G7, de quien dicen que "no ha entrado a considerar ningún eventual cambio [...] en la rígida hoja de ruta" fijada en los convenios. El consejo presentó sus propias propuestas de convenio para las filiales para que los planes fuera más flexibles, pero ni un solo acreedor respaldó sus iniciativas. Sorprende en la carta que los consejeros critiquen que Nueva Pescanova vaya a ser una Sociedad Limitada (SL) cuando este planteamiento fue del anterior consejo de administración, del que ya formaban parte tanto Legarda como Herce. El hecho de que sea una SL, en su opinión, es una "forma jurídica absolutamente inadecuada para una masa societaria amplia".

Por último el consejo reconoce que, aunque su propuesta "nunca va a satisfacer por completo a ninguno de los 9.000 accionistas [...], la búsqueda del casi imposible equilibrio entre los intereses de los socios y acreedores pasa necesariamente" porque una de las dos partes ceda "posiciones". Ante este panorama, por segunda vez, los consejeros emplazan a los accionistas a votar en la junta de septiembre por su "trascendencia" sobre el futuro del grupo pesquero, y reclaman a los socios que asistan personalmente o por representación".

La Voz de Galicia

El juez encuentra otras 29 fincas de Fernández de Sousa y las embarga

El 7,5 % de Pescanova es la única propiedad declarada que queda sin enajenar

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de otras 29 fincas que estaban inscritas en el Registro de la Propiedad de Tui a nombre de Kiwi España, una sociedad que, según el juez José de la Mata, es propiedad del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa.

El pasado 29 de abril, el mismo juzgado, que lleva el caso Pescanova, decretó la enajenación preventiva de las primeras 20 fincas en los municipios pontevedreses de Salceda, Tui y Tomiño, inscritas en el Registro de la Propiedad de Tui también a nombre de Kiwi España «por considerar que existen indicios razonables de que su verdadero titular es el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa».

Una sociedad imputada

Ahora, un nuevo decreto, que tiene fecha del 12 de junio, explica que «este juzgado ha tenido conocimiento de otras fincas inscritas en el mismo registro a nombre de Kiwi España» y, en consecuencia, ordena el embargo de una relación de 29 parcelas más, de las que no consta la extensión en metros cuadrados.

Kiwi España es una sociedad recientemente imputada por su presunta participación en un delito de alzamiento de bienes. Tiene como principal y único accionista a Sociedad Anónima de Desarrollo y Control. Se trata de una de las empresas controladas por Fernández Sousa a través de las cuales el empresario vendió acciones de Pescanova entre diciembre del 2012 y febrero del 2013 sin comunicarlo a la CNMV, uno de los motivos por los que está imputado.

Investigación patrimonial

Con este último decreto del 12 de junio, las propiedades embargadas al expresidente de Pescanova son 49 fincas situadas en los municipios pontevedreses de Salceda, Tui y Tomiño; a las que hay que sumar cuatro fincas en Mérida (Extremadura) y una en El Escorial (Madrid); dos coches marca Mercedes y 5 cuentas en los bancos Sabadell, Abanca y BBVA.

El expresidente de Pescanova presentó al juez Pablo Ruz (encargado del caso hasta el pasado 8 de abril) como único patrimonio inmobiliario una finca no edificable de 52 hectáreas en el municipio madrileño de El Escorial, además de un listado de participaciones societarias, los dos vehículos Mercedes y una cuenta corriente en el Sabadell, con un saldo de 4.007,62 euros a fecha del 20 de noviembre del 2014.

Tras una investigación patrimonial ordenada por Ruz, el expresidente de Pescanova reconoció la omisión involuntaria de la propiedad de un total de cuatro fincas rústicas en la provincia de Badajoz, posteriormente embargadas.

Fuentes judiciales explican que, tras los últimos decretos, el 7,5 % de las acciones de Pescanova es ya la única propiedad declara por Fernández de Sousa que permanece sin enajenar, aunque aseguran que solo es cuestión de tiempo, ya que el embargo fue solicitado por el fiscal y por la acusación. Recuerdan que las acciones no están a su nombre, sino al de varias sociedades, entre ellas Inverpesca y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control.

El juicio, para el 2016

Estos embargos preventivos cubrirán la fianza solidaria de 158,53 millones impuesta a Manuel Fernández de Sousa y a los principales imputados, en el caso de que se pruebe su responsabilidad en las irregularidades contables en la compañía pesquera. Estos hechos serán juzgados previsiblemente en el primer trimestre del 2016, cuando se cumplirán tres años de la apertura del sumario que ahora instruye José de la Mata.

De Sousa está imputado por falseamiento de información económica o financiera y falseamiento de cuentas anuales. Junto a él hay un total de 20 investigados.

El juez ha eximido de responsabilidad civil a Pescanova, para no interferir en el proceso de saneamiento y reestructuración en el que se encuentra la compañía.

Atlantico

Minoritarios de Pescanova amenazan con la justicia europea

La asociación AMAP quiere que Europa investigue la actuación de la CNMV, consejo y banca

Estafados, así se sienten los miles de accionistas minoritarios que compraron en su día acciones de Pescanova. De momento siguen esperan la respuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consejo y G-7 (los bancos con más crédito en la empresa) sobre cuándo volverán a cotizar en Bolsa.

El portavoz de la asociación AMAP, Alejandro Fernandez Pita, les recuerda que “debemos de solucionar esto de inmediato, o por el contrario, acudiremos a la justicia Europea, para que investigue a fondo estas tres partes implicadas.

Señalan los minoritarios que la CNMV “no se pronuncia y es normal” por lo que “está aconteciendo a sus espaldas en Pescanova, esa compañía que suspendió de cotización y ahora permite, o hace que no se entera, que cambie de accionariado de la noche a la mañana”.

Al consejo asegura le han escrito y esperan respuesta para que “nos informen de quien entra en el accionariado y a qué precios y con qué intenciones” al igual que exigen que “tenga en cuenta las palabras del G7 en mención al minoritario”.

Al G7 aseguran que “estamos dispuestos a escucharos, pero no cederemos en nuestras pretensiones, recuperar todo lo invertido como mínimo, más un interés por demora”. Les piden que Pescanova vuelva a bolsa y mantener accionariado actual. Después de tres años con su dinero congelado los accionistas minoritarios ven ahora como el proceso llega a su final y de momento no tienen nada en firme.

Atlantico

Adolfo Domínguez alcanza un preacuerdo con los sindicatos

La industria textil había presentado un ERE en el mes de mayo que afectaba al 10% de la plantilla

Adolfo Domínguez y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo por el que se reduce el número de afectados del Expediente de Regulación de Empleo de los 144 previstos inicialmente a 105, según informaron a Europa Press fuentes sindicales.

En concreto, en el último día de conversaciones de la mesa negociadora, la firma de moda y los representantes sindicales llegaron a un acuerdo, que tendrá que ser rubricado el próximo lunes en referéndum por los trabajadores.

La enseña textil había presentado un ERE en el mes de mayo que afectaba al 10% de la plantilla y en el que se incluía el desmantelamiento de la empresa en el polígono industrial ourensano de San Cibrao das Viñas y la deslocalización de la producción.

Condiciones

El acuerdo con los sindicatos incluye, además de la rebaja del número de despidos, que las indemnizaciones para las bajas voluntarias en la línea U para aquellos trabajadores que no acepten el traslado a Madrid serán de 35 días por año, sin límite de mensualidades. En el caso de las bajas forzosas, las indemnizaciones serán de 30 días por año con un límite de 24 mensualidades.

Los sindicatos han conseguido que la empresa se comprometa a que, al margen de este ERE, no va a efectuar despidos colectivos ni individuales en los próximos dos años. Este pacto incluye la salvedad de que, si por alguna necesidad puntual de ajuste se necesita efectuar algún despido, el afectado percibirá una indemnización de 35 días por año sin límite de mensualidades y los casos tendrán que ser informados a la comisión de seguimiento.

En caso de que la plantilla respalde este acuerdo, se abrirá un período de siete días para la adscripción voluntaria al ERE, pero la empresa se reserva un derecho de veto, para evitar, por ejemplo, que se desmantelen departamentos enteros. Además, sólo podrán acogerse a las bajas voluntarias los menores de 50 años de edad.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del comité de empresa, Celia Martínez, ha señalado que las condiciones ya han empezado a comunicarse a la plantilla y "parece que la gente las aceptó bastante bien, dentro de lo que es un ERE", pero matizó que "sin consentimiento de la mayoría, el preacuerdo no se firmará". A su juicio, se trata de un pacto "aceptable", puesto que se rebajaron "algo" las pretensiones de la empresa.

Cifras

Adolfo Domínguez registró unas pérdidas netas atribuidas de 11,03 millones de euros en su ejercicio fiscal 2014-2015, cerrado el pasado 28 de febrero, lo que supuso elevar en un 7,5% los 'números rojos' de 10,26 millones de euros contabilizados el año anterior.

Los ingresos descendieron un 8,2%, hasta 121,54 millones de euros, debido al impacto del plan de reestructuración, que prevé el fin de actividad de aquellos puntos de venta que sin ser estratégicos no registren un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo.

El Ebitda ajustado fue negativo en 1,64 millones de euros, lo que supone un aumento del 50,9% respecto al logrado un año antes.

A 28 de febrero, el grupo contaba con 579 tiendas (235 en el exterior), tras cerrar durante el ejercicio 53 establecimientos en España y Portugal y otros 17 en el exterior.

Atlantico

El juez levanta el concurso de las diez filiales de Pescanova

A finales del pasado mes de marzo la mayoría de los acreedores dieron el visto bueno a la propuesta de convenio planteada por la banca para las filiales

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra dictó dos sentencias que aprueban judicialmente los convenios de acreedores de diez filiales de Pescanova y se levantan, en consecuencia, los procedimientos concursales de las mismas, según informó la compañía viguesa en un hecho relevante a la CNMV.

A finales del pasado mes de marzo la mayoría de los acreedores dieron el visto bueno a la propuesta de convenio planteada por la banca para las filiales Bajamar Séptima, Pescanova Alimentación, Frigodis, Frivipesca Chapela, Fricatamar, Pescafresca, Pescafina Bacalao, Insuíña, Frinova y Novapesca Trading.

Con las sentencias del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra cesan los efectos de la declaración de concurso, así como la propia administración concursal.

Las mismas declaran también que no ha lugar a la formación de la sección sexta, de calificación de los concursos, sin perjuicio de lo que se acuerde en caso de incumplimiento de los respectivos convenios.

En todos los casos se aprobaron las propuestas de convenio para las filiales de Pescanova presentadas por el denominado G-7, el núcleo duro de los bancos acreedores, formado por Abanca, Caixabank, Sabadell, Bankia, BBVA, Popular y UBI Banca, y se rechazaron las del consejo de administración de la multinacional gallega.

Entre todas arrastran una deuda de unos 800 millones de euros, en tanto que las quitas aprobadas oscilan entre el 70% y el 99%.

Pescanova celebró el pasado 29 de mayo su junta general ordinaria, en la que el consejo de administración pidió que los actuales accionistas pasen a tener del 5% al 20% del capital de Nueva Pescanova y una opción preferente de compra de títulos ante las previsibles desinversiones de los bancos.

La próxima junta de accionistas para crear Nueva Pescanova podría celebrarse el próximo mes de septiembre y los accionistas esperan ahora una respuesta de la banca sobre cómo quedarán sus participaciones. n

Atlantico

Accionistas minoritarios quieren conocer las ofertas por Pescanova

Creen que se trata de grandes compañías asiáticas y temen que la banca no las haga públicas hasta después de la junta de septiembre, cuando se haga con el 80% de la empresa

Accionistas minoritarios han instado a la banca acreedora y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a que pongan sobre la mesa las "grandes ofertas" que hay sobre Pescanova. Consideran los minoritarios que entre ellas podrían estar las grandes empresas asiáticas como Maruha Chihiro o Thai Union Group, número uno y dos en su sector a nivel mundial.

Los accionistas minoritarios no quieren que caiga en el olvido el anuncio de esas ofertas, porque según uno de sus portavoces, Lorenzo Ramet, "hace pensar que la banca escuchará estas ofertas después de septiembre, si sus planes les salen bien y se hacen con el 80% de la pesquera". Pero recuerda este accionista, "que la empresa todavía no les pertenece y necesitan que en la junta de accionistas, que se celebrará en septiembre, se vote a favor de su reestructuración, que para los accionistas minoritarios conllevaría a perderlo todo, por lo que si no cambian las cosas, el voto será en contra", advierte.

Asimismo, asegura no comprender la postura de la presidenta de la CNMV desde que empezó la crisis de la compañía viguesa y que, en este caso, "no obliga a los bancos acreedores a que hagan públicas las ofertas no vinculantes, donde se recoja como mínimo los nombres y la cantidad que están dispuestas a pagar".

Es por ello que los accionistas minoritarios de Pescanova instan a la presidenta de la CNMV a que "se implique en el caso y obligue a los Bancos acreedores a hacer públicas las ofertas no vinculantes que hay sobre la mesa, si los bancos antes no lo hacen públicas".

Los accionistas actuales de Pescanova (unos 9.000) aspiran a poder tener una mayor participación en Nueva Pescanova, sociedad que nacerá el próximo otoño tras la refundación del grupo pesquero. La multinacional viguesa propuso a la banca acreedora -que pasará a controlar el negocio con un 80%- que en lugar de tener un 5% del capital (como estaba previsto en los convenios) su participación ascienda al 20%. Los minoritarios se sumaron a la petición -que agradecieron- solicitando un 50% por la pérdida continuada de dinero.

La Voz de Galicia

El juez imputa por alzamiento de bienes dos empresas familiares de Fernández de Sousa

El magistrado cita a Kiwi España y Quinta do Sobreiro tras examinar al detalle la documentación del fiscal sobre los movimientos de dinero hechos por la familia a través de ambas compañías

Un recurso del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra la orden de embargo de las empresas Kiwi España y Quinta do Sobreiro, de propiedad familiar, ha acabado de la peor manera posible: con la imputación de ambas sociedades por su presunta participación en un delito de alzamiento de bienes.

En un auto dictado el pasado día 9, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata echa mano del informe fiscal para tumbar el recurso, y ratificar que las dos empresas estaban bajo la administración única de Fernández de Sousa, con lo que quedan enajenadas junto con otros bienes del imputado para cubrir la fianza solidaria de 158 millones.

Pero, tras examinar al detalle la documentación del fiscal sobre los movimientos de dinero hechos por la familia De Sousa a través de Kiwi España y Quinta do Sobreiro, el magistrado da un paso más que su predecesor, Pablo Ruz, y cita a ambas empresas como imputadas.

La argumentación de De la Mata considera probado que en mayo del 2013, con Pescanova ya en concurso de acreedores, la esposa del imputado, Rosario Andrade Detrell (también investigada), abrió una cuenta a nombre de Quinta do Sobreiro en un banco de Portugal a la que, los días 26 y 28 de agosto, llegaron 4 millones de euros y 236.000 euros, transferidos desde España por Quinta do Sobreiro y Kiwi España. «Desde esa cuenta se acordó la transferencia de 5.200.000 dólares a favor de María Rosario Andrade Detrell a la cuenta de un banco en China», afirma el juez.

Según el auto, las autoridades portuguesas tienen bloqueados 4.451.000 euros, en una cuenta de Banif; y 200.000 euros en otra del BCP; ambas en oficinas de la localidad portuguesa de Valença a nombre de Quinta do Sobreiro. De la Mata explica que el análisis de las cuentas existentes en el Banco Etcheverría (hoy Abanca), bloqueadas por orden judicial, permitió reconstruir los flujos bancarios de los fondos interceptados en Portugal. «Esos fondos fueron transferidos desde España, días después de dictarse el auto por el que se impuso una fianza al imputado, y tras haber circulado por 6 cuentas y 12 depósitos de las dos sociedades», afirma el auto.

El juez llega a la conclusión de que Kiwi España y Quinta do Sobreiro, además de ser sociedades controladas exclusivamente por De Sousa, participaron presuntamente en un delito de alzamiento de bienes y por ello ordena su citación como imputadas.

Faro de Vigo

El consejo de Pescanova tacha de "discriminatorio" el trato del G7 a accionistas de referencia

"La banca no puede ser juez y parte", asevera

El consejo de administración de Pescanova ha recibido con malestar la propuesta del núcleo duro de la banca acreedora (el G7) de dar un trato preferencial a los pequeños socios a la hora de ejecutar la ampliación de capital para que no sufran la dilución casi a cero de su inversión. Para el consejo, que "representa a todos los accionistas" de la multinacional gallega, esta oferta de las entidades bancarias es "discriminatoria" porque "no hay socios buenos y socios malos". "El G7 no puede ser juez y parte en este tema", arremetieron fuentes próximas a este órgano de administración, que recuperó las facultades de gestión hace un año cuando la empresa salió de concurso.

El consejo planteó a las entidades (Sabadell, Popular, Abanca, Bankia, CaixaBank, BBVA y UBI Banca) una propuesta que, a día de hoy, no ha recibido una contestación oficial. Planteó la posibilidad de que los actuales socios tomen el 20% de la futura Pescanova sin aportar capital -7,32 millones de euros, según lo establecido en el convenio-, en vez del 4,99% previsto. Para la banca "cuando uno pierde deuda, el capital no vale nada", motivo por el cual insisten en rechazar el plan del consejo.

Además el G7 considera que el único propósito de los consejeros es el de "revalorizar su posición" en la compañía sin desembolsar más dinero, beneficiando incluso al expresidente Manuel Fernández de Sousa. A este respecto, las mismas fuentes próximas al consejo replican que todas las acciones del empresario vigués (posee oficialmente el 7,5% de la empresa) están embargadas por orden de la Audiencia Nacional, con lo que Sousa no sería beneficiario de la medida. "El resto de los accionistas no son cómplices de Fernández de Sousa, en todo caso son igual de víctimas que la propia banca", replican. "¿Vamos nosotros a juzgar el papel de las entidades financieras cuando se gestaba la crisis de Pescanova? No", agregaron.

No está previsto un encuentro formal entre el G7 y el consejo para abordar esta situación, si bien la banca sí emplaza a la compañía a presentar "una propuesta admisible". "Si plantean algo que respete la hoja de ruta se podrá hablar", zanjan desde los bancos.

La Voz de Galicia

La banca, dispuesta a dar a los minoritarios hasta un 20 % de Nueva Pescanova

Se niega a ceder más participación a los accionistas de referencia, entre los que continúan Fernández de Sousa o Damm

Faltan tres meses para que la actual Pescanova se diluya en una sociedad controlada en un 80 % por los bancos Sabadell, Popular, Abanca, Caixabank, Bankia, BBVA y UBI Banca, y los todavía accionistas se resisten a darlo casi todo por perdido.

La postura de la banca es tajante con las aspiraciones del consejo de administración de hacerse con el 20 % restante de Nueva Pescanova sin aportar los 7 millones de euros que costaría ese trozo de capital. Pero no lo es con los minoritarios, propietarios del 64 % de las devaluadas acciones de la compañía a quienes están dispuestos a dar más juego.

Este es el mensaje que trascendió ayer tras la reunión de la comisión de vigilancia del convenio de acreedores de Pescanova, en la que están representados los bancos, el consejo de administración y el administrador concursal. Fuentes conocedoras de las conversaciones explicaron que la banca acreedora es receptiva a una propuesta de cesión de hasta un 20 % del capital de la nueva compañía solo a los pequeños inversores.

El actual consejo de administración de Pescanova pidió a las entidades elevar su peso en Nueva Pescanova del 5 % que contempla el convenio de acreedores al 20 %, y opción preferente de compra en el momento en que los bancos se retiren de la compañía, «para garantizar la integridad de Pescanova y que no acabe troceada por fondos de inversión», dijo la empresa.

Veto a la vieja Pescanova

Pero los bancos no quieren ni oír hablar de que los accionistas de referencia, entre los que se encuentran el grupo Damm o el propio Manuel Fernández de Sousa (imputado en la Audiencia Nacional por delitos como el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa) puedan volver a hacerse con las riendas de la compañía. «No es una cuestión de dinero, los bancos ya han perdido 2.000 millones en quitas. Pero nunca van a permitir que los que llevaron a Pescanova a la quiebra vuelvan a enriquecerse», aseguran fuentes próximas a las entidades del denominado G7.

Cuentan también que la banca tampoco ve con buenos ojos las operaciones especulativas de compra de acciones devaluadas de Pescanova en el mercado gris que han llevado a Carolina Masaveu a hacerse con un puesto en el consejo o al fondo Broadbill Investment Partners a situarse entre los accionistas más significativos de la empresa.

Postura firme

La postura de los próximos dueños de Nueva Pescanova es firme. «Si de verdad el consejo de administración está preocupado por los pequeños accionistas, que haga la propuesta adecuada, que la pongan sobre la mesa y se sopesará dar más participación a los minoritarios», aseguraron fuentes próximas a los bancos.

El apoyo de este amplio colectivo de pequeños inversores es clave para que los bancos acreedores consigan sacar adelante su propuesta de convenio en la junta general de accionistas que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Auditores consultados consideran que, con este gesto hacia los minoritarios, quedaría neutralizada la amenaza velada lanzada por el consejo de administración de la compañía de influir negativamente en el voto de los pequeños inversores en el caso de que los bancos no accedan a reconocerles el peso accionarial que reclaman en la Nueva Pescanova.

El Pais

Los astilleros empiezan a salir a flote tras la crisis de las ayudas fiscales

La contratación mejora en el País Vasco y está congelada en Galicia, el otro polo naval

Los astilleros españoles, que hace ahora dos años estaban sumergidos en una gran depresión, van saliendo a flote y dan por superada la crisis abierta entonces por la decisión de la UE de exigir la devolución de las ayudas fiscales que en España se otorgaron a la fabricación de barcos (tax lease). La actividad en las gradas repunta ligeramente, “sin alegrías”, aseguran los constructores, pero lo hace con luces y sombras. Si en Euskadi hay carga de trabajo para los próximos dos años y reina un moderado optimismo, en Galicia cunde el desánimo por la escasez de pedidos.

A mediados de 2013, la industria naval acaparó los titulares de prensa. Los astilleros zozobraban, con riesgo de irse a pique. “Fue el peor en mis 55 años de trabajo”, asegura Pedro Garaygordóbil, presidente de Zamakona (Santurtzi, Bizkaia). Estaba anunciada la muerte del sector por los embates de la crisis económica, la falta de financiación crediticia, la apabullante competencia asiática y, como puntilla, por el castigo que la UE consumó aquel año al viejo tax lease. Un cóctel diabólico que hizo estragos y dejó unas secuelas que han tardado dos años en borrarse.

La patronal Pymar (representa a 19 de los principales astilleros privados) sostiene que la situación “ha mejorado y se observa un repunte gracias al trabajo intenso de todos los implicados”. El año pasado se formalizaron 18 contratos (casi 800 millones), financiados con el tax lease que la UE puso en vigor en enero de 2014 —un año antes fueron nueve operaciones—. La actividad constructora durante este año sigue la senda de la recuperación, sobre todo en el País Vasco y Asturias, según todas las fuentes consultadas.

Los inversores tienen ahora plena seguridad con el nuevo modelo de incentivos fiscales aprobado por las autoridades comunitarias, aunque aún no se ha cerrado el contencioso abierto con las ayudas otorgadas entre 2005 y 2011. Inicialmente, trascendió que la Comisión Europea reclamaba devolver casi 3.000 millones. Un portavoz de Competencia informa de que recientemente se han reanudado las negociaciones con el Ministerio de Industria para fijar la cantidad que se debe reintegrar y que el Gobierno español fija en 126 millones, “lejos” de lo que reclama Europa. El Tribunal de Luxemburgo podría zanjar en julio próximo este procedimiento dando la razón a España.

“Quizás no es el mejor momento. La época de alegrías empresariales terminó. Ahora se firman los contratos con suerte para empatar”, declara Garaygordóbil, que acaba de firmar la venta de 10 remolcadores y esta semana espera adjudicarse un flotel (buque-hotel) para un armador danés. Sin salir del País Vasco, Murueta botará en breve otro buque, Balenciaga tiene carga de trabajo para varios años y en La Naval se construyen ahora un ferry, dos dragas y un cablero.

El naval vasco se ha especializado en la construcción de embarcaciones medianas, como los off-shore para plataformas petrolíferas, los atuneros congeladores y remolcadores. Los astilleros suponen el 2,1% del PIB vasco, dan trabajo directo a 6.430 personas (14.800 con la industria auxiliar) y facturan 985 millones, el 80% vía exportación.

En Galicia lo que mantiene en vilo al sector es la caída del precio del crudo, que ha inoculado el virus de la inestabilidad en el mayor de los astilleros, el de Barreras, ahora en manos de la petrolera mexicana Pemex. Por ello, la lluvia de contratos que se prometió hace dos años no ha llegado a concretarse. Se anunció la construcción de un atunero de 20 millones, y se informó de negociaciones “muy avanzadas” para cerrar otros cuatro buques por unos 300 millones. También se habló de otros tres en cartera, lo que, sumado al flotel, elevaría los pedidos a nueve. Lo cierto es que en el astillero de Vigo solo se construye este último, que se entregará el próximo septiembre.

En la ría de Vigo no se ha logrado ningún pedido en el primer trimestre y de los anteriores, pronto se agotará la carga de trabajo: siete barcos en fase avanzada de construcción. Mientras, el nuevo esquema de financiación del tax lease no se acaba de asentar. Algunas operaciones están en suspenso por falta de financiación. Es lo que le ocurre a Astilleros Freire pese a haber ganado tres concursos para fabricar un oceanográfico para Kuwait, un buque-escuela para Indonesia y un barco de investigación polar para India.

“Estamos en horas muy bajas”, dice Enrique Mallón, secretario general de Asime, patronal gallega del metal. “Desde que comenzó la caída del precio del crudo, los contratos cayeron y la situación de los pedidos se ha visto muy reducida”, explica. En el otro polo de la comunidad autónoma, Ferrol, donde Pemex ha encargado a Navantia la construcción de un flotel que se comparte con la factoría gaditana de Puerto Real, tampoco hay otros buques acogidos al tax lease. Con 3.000 trabajadores ligados a un sector antaño fundamental para la economía de la zona, la gran apuesta futura es un proyecto de eólica marina de Iberdrola en aguas del Mar del Norte. Será el primer contrato que firma el astillero en 14 años para una obra desarrollada íntegramente en sus instalaciones. Es el ejemplo que mejor ilustra la necesidad del naval gallego de explorar otras vías de negocio.

La baza de exportar

La labor comercial. Una treintena de empresas gallegas y otras 19 de Euskadi han participado hasta el pasado viernes en la Feria Nor-Shipping, en Oslo, para tratar de cerrar acuerdos y aumentar su carga de trabajo. A la cita también acudieron el Ministerio de Industria y Pymar para apoyo a un sector naval que da trabajo a 87.000 personas.

La competencia. Holanda y Noruega, ahora también Turquía, son los principales rivales de España en Europa, aunque la mayor cuota de mercado está en poder de China, Corea del Sur y Japón.

Faro de Vigo

Los concursos de acreedores caen en Galicia un 10,5% en mayo, según Axesor

En el mes de mayo se registraron en Galicia 34 concursos de acreedores, lo que supone una caída del 10,53% frente a mayo de 2014, mientras que en el balance de los cinco primeros meses de 2015, la comunidad lleva 160 incidencias, un 16,67%, según la estadística concursal de las sociedades mercantiles elaborada por Axesor.