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31 de julio de 2013

Faro de Vigo

Levantina, con un centro en Porriño, consigue retrasar sus vencimientos de deuda a 2017

El grupo empresarial de piedra natural adeuda 131 millones de euros

 El Grupo Levantina, que tiene en Porriño su dirección internacional de granito y un centro de elaborado, ha logrado el 100% de apoyo de las entidades financieras para extender los vencimientos de su deuda a 2017, lo que le permitirá cumplir con su plan estratégico. El acuerdo incluye la actualización del coste de financiación a las condiciones actuales de mercado así como la inclusión de un repago anual del principal. La deuda del líder español en industria de la piedra suma 131,2 millones de euros.
La compañía también ha mejorado las alternativas e importes de los instrumentos de financiación operativa (crédito documentario, leasing, etc.) e incrementado la flexibilidad y capacidad financiera para soportar su crecimiento futuro.

Faro de Vigo

Soria defiende los argumentos del Gobierno sobre el ´tax lease´ para lanzar el recurso

El ministro comparece hoy para explicar qué medidas se tomarán para defender al sector

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer que continuarán con la batalla legal contra la Comisión Europea por las ayudas al sector naval porque entiende que "los argumentos que hemos manejado son de mayor solidez jurídica" que los que tiene la división de Competencia de la Comisión, según indicó en una entrevista con la Cadena Ser.
Respecto a la presentación de un recurso contra la devolución de ayudas a la construcción naval, en el marco del mecanismo denominado tax lease, Soria recordó que el Gobierno español, que tiene de plazo para formalizarlo hasta el 28 de septiembre, ha ido en esta cuestión de la mano de las comunidades autónomas más afectadas (País Vasco, Asturias y Galicia), los sindicatos y los astilleros englobados en Pymar, y cree que hay tiempo para fundamentarlo "de manera sólida".
El recurso se basará, según Soria, en los principios de confianza legítima con que han actuado todos los agentes involucrados, y el principio de seguridad jurídica. Preguntado por las declaraciones del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en las que se confesaba "dolido" por cómo se le había "demonizado" en este caso, Soria afirmó que el no "demoniza" la actitud de Almunia, pero se mostró convencido de que los argumentos del Gobierno español tienen más seguridad jurídica que los utilizados por los servicios de la Competencia de la Comisión.

30 de julio de 2013

Faro de Vigo

Astilleros vascos cierran los dos primeros contratos con el nuevo sistema de ´tax lease´

Gondán construirá un buque escuela para el Reino Unido por 5,5 millones de euros

 Astilleros del País Vasco han logrado cerrar los dos primeros contratos con el nuevo sistema de tax lease, según reveló ayer la consejera vasca Arantza Tapia -que no detalló la identidad de las empresas-, tras reunirse con empresarios y sindicatos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, comparece mañana en el Congreso para explicar qué medidas llevará a cabo el Gobierno para promocionar este nuevo régimen financiero entre los inversores y para explicar cómo será el recurso que se presentará contra la decisión de Bruselas de exigir las ayudas del viejo sistema concedidas entre 2007 y 2011.
Por otra parte, el astillero asturiano Gondán se ha adjudicado la construcción de un buque escuela de formación de 32 metros de eslora para la organización británica Sea Cadets por 5,5 millones de euros. El contrato obliga a que un 55% del contenido del velero provenga del Reino Unido.

Faro de Vigo

Un responsable de Pemex afirma que los 22 barcos de la flota menor se harán en México

El director de Pemex Refinación asegura a la prensa azteca que el acuerdo con los astilleros gallegos solo es de "asesoría técnica o tecnológica"

El director de Pemex Refinación, filial del gigante petrolero mexicano, asegura que los 22 buques del contrato de renovación de la flota menor de la compañía pública se construirán íntegramente en el país azteca, y limita la participación de los astilleros gallegos en la operación a labores de "asesoría técnica o tecnológica". "Lo que vaya a pasar con Pemex Exploración y Producción es otra cosa, si ellos van a contratarlos para los floteles no se sabe, pero nosotros todo lo vamos a hacer en el país, y para ello realizamos una certificación de astilleros con capacidad y hasta ahora hay tres que cumplen los parámetros", manifestó Miguel Tame en una entrevista al diario El Universal.
Las declaraciones de Tame chocan con el contenido de los acuerdos firmados entre Pemex y la Xunta y la oferta que desde Galicia lideran los astilleros Freire y Valiña en colaboración con las factorías navales mexicanas SENI, TNG y MARECSA. La alianza gallego-mexicana incluye la transferencia de tecnología naval, cuestión en la que se han dado pasos "muy importantes" como ya avanzó FARO, así como un reparto de las nuevas construcciones, de modo que los astilleros gallegos pudiesen verse beneficiados con carga de trabajo. En la renovación de la flota menor de Pemex está prevista la inversión de unos 250 millones de dólares (más de 185 millones de euros al cambio actual). Las 22 unidades se reparten entre remolcadores, buques multipropósito, barcazas y chalanes, que permitirán crear 1.200 empleos directos y 9.000 indirectos.

Faro de Vigo



Soria: ´Mis argumentos del tax lease son de mayor solidez´

Dice que el recurso se basará en principios de confianza legítima con que han actuado los agentes involucrados


El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó este martes que continuarán con la batalla legal contra la Comisión Europea por las ayudas al sector naval porque entiende que "los argumentos que hemos manejado son de mayor solidez jurídica" que los que tiene la división de Competencia de la Comisión, indicó el ministro en una entrevista con la Cadena SER.
Respecto a la próxima presentación de un recurso contra la devolución de ayudas a la construcción naval, en el marco del mecanismo denominado 'tax lease', Soria recordó que el Gobierno español, que tiene de plazo para formalizarlo hasta el 28 de septiembre, ha ido en esta cuestión de la mano de las comunidades autónomas más afectadas (País Vasco, Asturias y Galicia), los sindicatos y los astilleros englobados en Pymar, y cree que hay tiempo para fundamentarlo "de manera sólida".
El recurso se basará, según Soria, en los principios de confianza legítima con que han actuado todos los agentes involucrados, y el principio de seguridad jurídica. Preguntado por las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en las que se confesaba "dolido" por cómo se le había "demonizado" en este caso, Soria afirmó que el no "denomiza" la actitud de Almunia, pero se mostró convencido de que los argumentos del Gobierno español tienen más seguridad jurídica que los utilizados por los servicios de la Competencia de la Comisión.
Por último, recordó que el nuevo sistema de 'tax lease' arbitrado para la construcción naval española cuenta con la "bendición de Bruselas" y tiene la garantía de que las ayudas que se otorguen no van a ser exigibles para su devolución.
Energías renovables

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cree que "otros países europeos" como Alemania, Italia o Portugal, "muy probablemente tendrán que seguir la senda" de la reforma energética española, dados los sobrecostes generados en sus sistemas eléctricos.
Soria realiza estas consideraciones después de que la semana pasada el Gobierno se reuniera con inversores internacionales en Londres. Desde el exterior, la reforma energética se valora "muy positivamente" y se califica de "valiente" y "con determinación",
"Es verdad que hay inversores que recomendaron entrar al calor de una prima y que han advertido al Gobierno de la incertidumbre que se ha generado", explicó Soria en alusión a esta reunión, antes de inscribir estas reticencias dentro de una "valoración global positiva".
Respecto a la minería, el ministro ha afirmado que el futuro del carbón es que sigan abiertas más allá de 2019 aquellas explotaciones mineras que sean competitivas, aunque hayan recibido ayudas, y cierren las que no lo vayan a ser.
"Aquellas que no vayan a ser competitivivas vamos a ir programando su cierre para no seguir dando ayudas 'sine die' y esos recursos utilizarlos para otro tipo de programas, la readaptación, por ejemplo, a las personas que están trabjando en ese tipo de instalaciones para que puedan tener otro tipo de oportunidades", ha señalado Soria, quien ha reconocido que el problema en las comarcas mineras es que todavía no existen oportunidades de diversificación.
El titular de Industria ha explicado que éste es el planteamiento que el Gobierno ha hecho a empresas y sindicatos, si bien la actitud de éstos últimos ha experimentado una "inflexión" la semana pasada, ya que consideran que no hay premura en esta cuestión, a diferencia del Ejecutivo.
"Nosotros pensamos que sí, porque la UE lo único claro que ha dicho es que en esta ocasión ya no habrá nuevas oportunidades, por tanto cuanto más espere España a adoptar una decisión en esta materia será peor para España y para el sector", ha resaltado.

29 de julio de 2013

Faro de Vigo

La auxiliar del automóvil Plásticos Reguera echa el cierre en Porriño con 88 empleados

La empresa, que suministra a proveedores como SMP o Inergy, entró en liquidación hace un mes - La plantilla confía en que aparezca un socio industrial que retome la actividad


La historia de Plásticos Reguera toca a su fin. Esta auxiliar de la industria del automóvil de Porriño, con 88 trabajadores en plantilla, cerrará sus puertas el próximo miércoles tras ser incapaz de superar el concurso de acreedores en el que cayó en 2009 por problemas de liquidez. La compañía entró en liquidación el pasado mes de junio y hasta la fecha no ha sido posible encontrar un posible socio industrial que se hiciese cargo de la compañía, pese a que los empleados afirman que tiene carga de trabajo asegurada para proveedores de primer y segundo nivel como SMP (Samvardhana Motherson Peguform) o Inergy Automotive Systems (del consorcio Plastic Omnium), entre otros.

Faro de Vigo


Soria comparece el miércoles para explicar el ´tax lease´

El ministro de Industria, José Manuel Soria, comparecerá el miércoles en el Congreso para explicar la actuación del Gobierno y las medidas que va a tomar ante la decisión de Bruselas de obligar a devolver las ayudas fiscales a la construcción naval en el periodo 2007-2011. Soria ya anunció que presentará antes de la fecha límite, 28 de septiembre, un recurso "muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando".

28 de julio de 2013

Faro de Vigo



El ´Capitán Pescanova´ reportó 10,8 millones a la compañía tras una demanda de Unilever

La empresa británico-holandesa denunció a la gallega en 1996 por utilizar el personaje en sus spots publicitarios - Un juzgado de Madrid dictó una sentencia indemnizatoria

"Existen notables diferencias entre los spots publicitarios. El Capitán Frudesa lo representa un marinero con gorra, uniforme y barba cana, mientras que el Capitán Pescanova es un hombre joven ataviado con chubasquero o impermeable amarillo". Así reza textualmente el cuarto punto de los fundamentos de derecho de un auto del Tribunal Supremo del año 2008, que resolvió un conflicto enquistado entre Pescanova y la firma británico-holandesa Unilever sobre el uso del capitán en sus campañas de publicidad. Pero la multinacional gallega, aún bajo la presidencia de Manuel Fernández de Sousa, interpuso una demanda de reclamación por daños y prejuicios contra Unilever, que ganó. El resultado, un ingreso de "unos 10,8" millones de euros, según consta en la documentación interna de la empresa a la que ha tenido acceso FARO.
En un consejo de administración celebrado en septiembre del año pasado, después de dar lectura y aprobar las actas del encuentro anterior, los consejeros fueron informados de que el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid había dictado un auto "en el incidente de reclamación de daños y prejuicios ocasionados por las medidas cautelares" impuestas en 1997 que, entre otras cosas, habían obligado a retirar la campaña publicitaria del Capitán Pescanova. Ese auto fijó "cantidades de indemnización que solidariamente vienen obligadas a pagar Unilever España SA y Lowe & Partners SL a Pescanova SA". En ese momento el auto no era firme, pero la multinacional gallega informó a los consejeros de que ya tenían una estimación de a cuánto podía ascender esa indemnización. "Según un cálculo provisional efectuado por BDO (la auditora en ese momento de la empresa) el importe de la condena se situaría entre los 9 y 10 millones de euros".
La cifra final
Pero el resultado fue mejor. El informe preliminar de auditoría que BDO entregó el 26 de febrero (tres días antes de que la empresa solicitara el preconcurso) se refería a este conflicto, como ha podido comprobar FARO. En el apéndice "Principales aspectos contables y de Auditoría" (página 11 del informe de BDO) aparecía especificado que 2012 había sido un año "marcado por" la "resolución favorable de la demanda contra Unilever referente al Capitán Pescanova", que supuso "un ingreso de unos 10,8 millones de euros en 2012".
El auto del Supremo en 2008 había sido ya rotundo frente a los recursos presentados por la compañía que, en 1996, estuvo a punto de comprar Pescanova.
"En cuanto a la historia narrada o su entorno, mientras Frudesa (Capitán Iglo) la sitúa en unas compras en paraje polar (...) en el anuncia do Pescanova el capitán irrumpe en una cena doméstica y traslada a los niños a un barco pesquero faenando en la mar", dice el auto judicial. "Considerando por todo ello que las diferencias identifican y distinguen los orígenes del producto común ofrecido (pescado congelado), y disipan suficientemente la posible confusión al respecto por los consumidores", añade.
Para el magistrado ponente Juan Antonio Xiol, los clientes "podrán advertir perfectamente en el mercado que diferentes empresas elaboran y venden pesado congelado y más concretamente varitas de merluza rebozadas y preparadas para su fritura, eligiendo el de una u otra (Frudesa o Pescanova) según sus particulares apetencias y la calidad que confieran al producto en función del prestigio que atribuyen a sus diferentes elaboradoras".
El Capitán Pescanova es una de las marcas registradas de la compañía que figuran en el inventario que la oficina de patentes y marcas ha aportado al juez que instruye el concurso de la multinacional.
 

Cinco grupos de todo el mundo pujan por las tres filiales de Pesca Chile que están en venta

 El síndico de la quiebra de Pesca Chile, Herman Chadwick, quiere vender los activos de la filial de Pescanova antes de que termine el año. Así consta en el plan de desinversiones elaborado por LarrainVial y Landmark, que difundió FARO en exclusiva, que pasa por finalizar las ventas en la tercera semana de diciembre. Y ya hay al menos cinco grupos de todo el mundo interesados en la compra de activos de las tres sociedades que componen Pesca Chile: Acuinova y Novaaustral (las salmoneras) y la propia Pesca Chile, dedicada a la pesca extractiva.
La firma canadiense Cooke Aquaculture, que ya negoció con Manuel Fernández de Sousa la compra de Acuinova, está interesada en esta filial y en Nova Austral (esta última tiene mejores niveles de producción). También pujan por las salmoneras de Pescanova la noruega Marine Harvest (conversó también con Sousa en febrero), la japonesa Humboldt y AquaChile, de capital andino.
Como ya avanzó este diario, el gigante armador chino Pacific Andes está muy interesado en adquirir Pesca Chile, ya que cuenta con una flota de 9 buques y licencias para faenar, especialmente, merluza austral. Las ofertas en firme no se presentarán hasta pasado el verano.

27 de julio de 2013

El Pais


PwC se hará cargo del plan de negocio de Pescanova

La consultora y auditora gana el concurso para diseñar la estrategia de futuro de la compañía pesquera por delante de KPMG

Al final no será KPMG la que haga cargo del plan de negocio de Pescanova, lo hará PwC. Esta última consultora ha sorprendido al ganar el concurso para diseñar un plan de futuro para la empresa pesquera que ahora se encuentra en concurso de acreedores, según fuentes cercanas a la compañía.
En principio todo hacía indicar que iba a ser KPMG quien se encargaría de planear un futuro viable para Pescanova. Esta consultora y auditora se había encargado de realizar el informe forense para conocer la verdadera situación de la firma, tras años de prácticas fraudulentas por parte de los antiguos gestores de la firma que les llevó a ocultar gran parte de la deuda (3.281 millones). Esto la había convertido en la favorita de la banca acreedora. Pero al final la oferta de PwC ha resultado ganadora.
Por otro lado, el próximo 2 de septiembre Deloitte presentará el informe concursal de Pescanova.

La Voz de Galicia


Deloitte ha enviado a medio millar de acreedores la lista de deuda de Pescanova

Los administradores presentarán el informe concursal el 2 de septiembre

La administración concursal de Pescanova, Deloitte, ha confeccionado ya un listado provisional de acreedores de la pesquera, que ha enviado al medio millar de empresas -concretamente 510- con las que tiene cuentas pendientes. En la lista figuran acreedores de muy diversa índole, desde entidades financieras con cuantiosas sumas por abonar, hasta pequeños proveedores con cantidades modestas.
Los créditos se han clasificado en ordinarios y subordinados -los vinculados con la compañía, que serán los últimos en cobrarse-, además de quedar alguno pendiente de catalogar. En el primer tipo se concentra en torno a 2.100 millones de deuda, según señalaron las fuentes consultadas.
Los acreedores más importantes son las entidades financieras, que superan los 3.200 millones de euros. El Banco de Sadadell, con 206 millones de pasivo, es el principal acreedor, y le siguen el Popular, CaixaBank, NCG Banco, Deustche Bank, Banco Espíritu Santo, BBVA, Commerzbank, UBI Banca y Bankia.
Las mismas fuentes conocedoras del documento indicaron que los acreedores disponen ahora de un mes de plazo para presentar alegaciones, antes de que Deloitte confeccione el listado definitivo y lo envíe al juez responsable del concurso de acreedores, a quien el 2 de septiembre le entregará también el informe concursal.
PwC hará el plan de viabilidad
Pese a que prácticamente se había dado por seguro que sería KPMG la firma encargada de hacer el plan de viabilidad de Pescanova, finalmente Deloitte ha optado por poner el trabajo en manos de otra de las grandes consultoras: PricewaterhouseCoopers (PwC).
El buen conocimiento del sector, sumado a la buena oferta realizada, han hecho que PwC sea la encargada del plan de viabilidad, para el que dispone de un plazo de entre dos y tres meses. Se daba por hecho, especialmente entre la banca, que el trabajo lo haría KPMG por el profundo conocimiento que la auditoría forense le había proporcionado de la pesquera, pero finalmente no ha sido así.

26 de julio de 2013

La Voz de Galicia


Pemex inicia el concurso internacional del flotel comprometido con Navantia

La adjudicación del contrato para la fabricación del barco se producirá un año después de anunciado el acuerdo

La licitación internacional anunciada por Pemex para la adquisición de un buque hotel ya está en marcha. Se trata de un proceso en el que participa Navantia, que en las últimas semanas ha estado trabajando en la elaboración de su propuesta. El pasado martes se cerró el plazo para la presentación de la documentación para la precalificación de las ofertas.
De acuerdo con el cronograma establecido por la petrolera mexicana, no será hasta dentro de dos meses cuando se resuelva definitivamente el proceso. Así, si se cumplen los plazos fijados por Pemex, el próximo 8 de agosto la empresa comunicará a los astilleros si sus ofertas han sido precalificadas o si se quedan fuera del concurso. Tras un período para realizar las aclaraciones a la documentación, la apertura de las ofertas se llevará a cabo el día 26 del próximo mes, mientras que la notificación del fallo se llevará a cabo el 18 de septiembre.
Sin embargo, la compañía pública mexicana ha establecido que la firma del contrato se efectuará dentro de los quince días posteriores a la notificación de la adjudicación, por lo que podría demorarse hasta primeros de octubre.
Se efectuará más de un año después de que se celebrase en Santiago el acto de firma del acuerdo entre la anterior cúpula directiva de la empresa y los astilleros Navantia e Hijos de J. Barreras. Pocos días después de aquello, la compañía admitió que la construcción de los dos buques hotel -presupuestados en 180 millones de euros cada uno y con un plazo de ejecución de 30 meses- tendría que pasar por una licitación internacional en la que serían invitados a participar también una docena de factorías.
Suspicacias
Este anuncio levantó las suspicacias de los trabajadores de las dos factorías navales y de los grupos políticos de la oposición, aunque PMI, filial de Pemex, insistió en su compromiso de que los barcos se efectuarán tal y como se había anunciado y se construirían en Galicia, ya que, en el supuesto de que no resultasen vencedores en el concurso, se fabricarían igualmente y luego se ofrecerían al mercado naviero internacional.
La pasada primavera, Pemex anunció que entraría en el accionariado del astillero vigués, con la adquisición del 51% del capital. Su presidente, José García Costas, explicó que con esta compra, Barreras no tendría que pasar por la licitación internacional, al pertenecer ya a la empresa. Los trámites para la entrada de la petrolera mexicana en la planta olívica aún no han concluido, en parte debido, según informó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a que Pemex estaba revisando el posible impacto del fallo de Bruselas sobre el regimen anterior del tax lease sobre los acuerdo en Galicia.
En realidad, la empresa estaba pendiente de conocer si el astillero Hijos de J. Barreras podría verse afectado por la reclamación de la devolución de los incentivos de los contratos firmados con el último tax lease o, tal y como aseguró el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, no repercutirá negativamente en las factorías.
Llegó a barajarse la posibilidad de que fuese Barreras el que subcontratase a Navantia la construcción de su buque hotel, aunque finalmente la participación de los astilleros públicos españoles en el proceso descarta esta opción.

Cinco Dias


Pescanova estudia dar entrada en su capital a algún socio industrial

El panorama revelado en Pescanova por el informe forense, encargado por la CNMV, ha sido devastador: la deuda del grupo asciende a 3.281 millones de euros frente a los 1.522 millones declarados por el grupo pesquero y la compañía tiene un patrimonio negativo de 927 millones. Unas cifras que reflejan la quiebra técnica de la compañía. Y en esta situación la solución pasa por la firma del convenio de acreedores o la liquidación, si bien las partes implicadas son partidarias de la primera salida.
En este sentido, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, aseguró ayer que “seguramente en Pescanova se va a ver alguna operación de capitalización como consecuencia del agujero patrimonial que se ha puesto de manifiesto con el [auditor] forensic”. Rodríguez, que participó en un encuentro informativo organizado por Europa Press, añadió que “en este momento el asunto está judicializado y esto puede hacer que los tiempos de Comisión se dilaten [...]”.
Sobre la mesa hay tres posibilidades, que podrían combinarse entre sí: una fuerte quita para la banca (las entidades asumen ya que puede alcanzar el 80%) y que esta capitalice parte de la deuda, la entrada de algún socio industrial (varios se han acercado ya a la pesquera) o la de fondos buitre, según fuentes financieras. No obstante, todo está pendiente del plan de viabilidad de la compañía, que deberá presentarse el próximo mes de septiembre. Todo apunta a que finalmente será KPMG, el candidato propuesto por la banca, el encargado de realizar este plan, aunque en el último consejo de administración de Pescanova se decidió que presentaran ofertas también PryceWaterhouseCoopers y Ersnt & Young.
Los principales bancos acreedores de Pescanova son Sabadell, con 222 millones de euros, Popular (165,5 millones), Novagalicia Banco (161,58 millones), CaixaBank (157,44 millones) y Bankia (126 millones), integrantes del antiguo comité de seguimiento junto a Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland.
De momento, Pescanova cuenta con liquidez suficiente para garantizar su actividad hasta finales de año, después de haber recibido hace unas semanas un crédito de 56 millones de euros, de los que solo ha utilizado 11 millones.
Cotización
Entretanto, la cotización de Pescanova sigue suspendida en Bolsa. “En este momento está suspendida la cotización de la acción como se suspende siempre que hay un concurso de acreedores; si el concurso de acreedores se levanta y quedan claras cuáles son las cuentas de la entidad volverá a cotizar en Bolsa. Mientras no sea así no cotizará...”, señaló ayer Rodríguez.
La CNMV suspendió el 1 de marzo la cotización de la compañía, a petición de esta misma; volvió a negociarse el 4 de marzo. El supervisor volvió paralizar la negociación del grupo de alimentación el 12 de marzo. Su último cruce fue a 5,91 euros por título y desde entonces no ha vuelto a negociarse en Bolsa.

25 de julio de 2013

La Voz de Galicia


La CNMV augura que habrá una operación de capitalización en Pescanova

El refuerzo económico vendrá por la vía de la banca española acreedora

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, afirmó ayer, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Europa Press, que «seguramente en Pescanova se va a ver alguna operación de capitalización», algo que varias fuentes consultadas -próximas al caso de la empresa, suspendida de cotización desde el 12 de marzo- negaron que estuviera aún sobre la mesa. «Eso se verá en septiembre, una vez que esté listo el plan de viabilidad que se preparará en agosto», apuntaron.
Tal refuerzo económico vendrá, evidentemente, por la vía de la banca española acreedora, que ya descuenta una quita superior al 50 % en la deuda y su capitalización parcial, en vista del agujero patrimonial que el informe forense de KPMG puso al descubierto en Pescanova.
Investigación lista en agosto
La responsable del supervisor bursátil, que ha abierto más de una docena de expedientes a la empresa, destacó la rapidez con la que se ha trabajado en el caso, cuyas investigaciones esperan tener concluidas a final de agosto.
Asimismo, aunque señaló que Pescanova volverá a cotizar, indicó que aún le queda largo tiempo para ello, pues su gestión ahora está judicializada, la suspensión no se levantará hasta que «queden claras las condiciones de la entidad». Es decir, hasta que no supere el concurso de acreedores, lo que no suele ser en absoluto rápido.
Sanciones por Bankia
Además del caso Pescanova, Rodríguez también se refirió a lo ocurrido con las acciones de Bankia a finales de mayo, cuando se negoció un volumen irregular de títulos, que provocaron un desplome de su precio. La presidenta del regulador anunció que se impondrán «sanciones como Dios manda» si se confirma que en esas fechas se realizaron operaciones al descubierto. «Todo está conformando un expediente que vamos a llevar a ESMA [la asociación europea de supervisores bursátiles] porque a lo mejor tienen que cambiar algunas cosas», dijo.

Faro de Vigo



Gurriarán reconoce que recurrir el ´tax lease´ puede ´asustar´ a los inversores

El catedrático de la Universidade de Vigo admite que el Estado está obligado a tomar este curso de acción "por coherencia", pero sugiere hacerlo "con la boca pequeña"


España "tiene que recurrir por coherencia" la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas del tax lease, aunque debe hacerlo "con la boca pequeña para no crear inseguridad" que "asustaría" a futuros "inversores". Así lo defendió ayer Jorge González Gurriarán, catedrático de Organización de Empresas de la Universidade de Vigo durante la presentación de los dos primeros documentos publicados por el Foro Económico de Galicia, sobre el naval y el sistema portuario de la comunidad.
Santiago Lago, director de la iniciativa y catedrático de Economía Aplicada en Vigo, explicó que el Foro Económico es una plataforma conformada por expertos del mundo académico y del empresarial que buscan "contribuir al debate y dar buenas ideas porque sin buenas ideas es difícil gobernar bien". En ese sentido, avanzó que esperan publicar otros ocho artículos antes de que acabe este año aparte de los dos presentados ayer, coordinados por Gurriarán y por el expresidente de la Xunta Fernando González Laxe.
González Gurriarán, relator del documento sobre "análisis y propuestas para una estrategia de futuro para el sector naval en Galicia", explicó que España intentará "una solución lenta y muy ajustada" del tax lease "y que incluso pueda ser compensada con las nuevas ayudas". En todo caso, opinó que para "evitar problemas de competencia ilegal" habría que disponer de un "sistema homologado" en todos los países de la Unión Europea.
En su diagnóstico del naval, Gurriarán recordó que una "capacidad financiera suficiente" debe provenir no solo de ayudas, que deben utilizarse de forma "adecuada", sino también de la "autofinanciación". "Es fundamental que los empresarios se centren en ser buenos empresarios y no se envicien con las subvenciones", señaló. Respecto a la mano de obra, destacó que es "necesario" que sea "polivalente". Además, la Administración, indicó, debe "controlar el uso riguroso de dinero público".
Por su parte, González Laxe, coordinador y relator del documento de "claves para el aprovechamiento marítimo-portuario-logístico de Galicia", subrayó que Galicia debe tomar "conciencia" del "valor estratégico del mar" de cara a su inserción en las rutas marítimas de alcance internacional, de las que "aún no se supo beneficiar". Además, criticó que "aún subsiste un localismo tradicional que pierde oportunidades" de "generar sinergias" y añadió que el "exceso de infraestructuras no produce ni genera nuevos tráficos".

24 de julio de 2013

Faro de Vigo



CNMV espera cerrar en agosto la investigación de Pescanova

Elvira Rodríguez afirma que el objetivo es que la compañía perviva, porque es "una fantástica marca internacional"

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ha adelantado este miércoles que el supervisor espera tener cerrada la investigación sobre Pescanova a finales de agosto, y ha destacado que el objetivo es trabajar en conjunto para que la compañía "no se pierda" porque "sería una pena".
"Pescanova es una fantástica marca española, internacional, por lo que todos tenemos que trabajar para que no se pierda, porque sería una pena. El objetivo es que la empresa perviva", ha subrayado durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha precisado que puede que la empresa deba cambiar sus dimensiones "si el negocio no era viable".
Al ser preguntada por si la junta general de accionistas de la compañía debería renovar el consejo de administración, convocada para el 12 de septiembre, Rodríguez ha puntualizado que la junta "hará lo que estime que tiene que hacer", y ha recordado que, hasta ahora, Pescanova era una entidad en la que "había sólo un señor que tomaba las decisiones y el que gobernaba la empresa".
"Esto no puede ser en una empresa cotizada porque tiene que cumplir con una serie de requisitos que no se estaban cumpliendo en este caso", ha sentenciado.
ASUNTO JUDICIALIZADO
La presidenta de la CNMV ha indicado que en estos momentos Pescanova se encuentra suspendida de cotización desde febrero, cuando presentó el preconcurso de acreedores, y ha apuntado que esta suspensión se levantará cuando "queden claras las condiciones de la entidad".
También ha indicado que, en ese momento, se realizará una operación de capitalización para restaurar el "agujero patrimonial que se ha puesto de manifiesto en la auditoría forense", aunque ha matizado que el asunto está "judicializado", un hecho que ralentiza los procesos.
Tras confesar que recibió "con sorpresa" la petición de preconcurso de acreedores de Pescanova --especialmente teniendo en cuenta que los analistas internacionales la recomendaban a 22 euros cuando cotizaba a 17,5 euros--, ha hecho hincapié en que lo sucedido en la empresa deberá ser analizado "cuando pase más tiempo" para ver qué ha sucedido "teniendo todas las cartas sobre la mesa".
La empresa gallega tiene más de una docena de expedientes, según Rodríguez, ya que ha quedado claro que "no todo el mundo tenía la información que debería de tener", "desde los movimientos de los accionistas principales y los administradores de la entidad en Bolsa antes de la comunicación a la información que apareció en la CNMV sobre un hecho relevante falso".
Rodríguez ha destacado que la Comisión ha trabajado con celeridad en este caso. "Dentro de la casa se le llama tener 'tiempo Pescanova' a lo que hemos hecho. Hemos actuado rapidísimo y de este modo debemos trabajar en todos los casos que sean así de notorios", ha añadido.

Atlantico


Asime asegura que el recurso sobre el naval puede prosperar

Enrique Mallón indicó que existen razones 'jurídicas, políticas y económicas' que lo justifican
 La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) indicó ayer que un recurso contra la resolución del 'tax lease' que obliga a devolver las ayudas del naval entre 2007 y 2011 'tiene todos los visos de prosperar', si bien indicó que, una vez que se tomó esta decisión en la reunión entre agentes implicados y el Gobierno celebrada el lunes, ahora habrá que seguir trabajando 'en detalle'. 

Enrique Mallón, secretario general de Asime, manifestó la 'conveniencia' de presentar un recurso a la decisión de la Comisión Europea pues, a su juicio, existen razones 'jurídicas, políticas y económicas' que lo justifican. En ese sentido, estimó que la resolución 'no se ajustó a los principios comunitarios de manera estricta' y que, en ella, 'no se debieron haber obviado posicionamientos de la CE como la carta de la comisaria Kroes de 2009 que avalaba el sistema de bonificación fiscal 'tax lease'.

De igual forma, también se mostró en desacuerdo con que el dictamen europeo no califique como 'periodo de seguridad jurídica hasta 2011', sino que contabilice el periodo de devolución de ayudas entre 2007 y 2011.

Por todas estas razones, estimó que el recurso 'tiene todos los visos de prosperar' y, en esa línea, manifestó su esperanza en que los tribunales europeos emitan una sentencia que sea 'favorable' no solo para los intereses del naval, sino también los de España.

Sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares, cuestión sobre la que el Gobierno, las comunidades y los agentes seguirán hablando, Mallón indicó que 'hay precedentes' de otros casos, si bien apostó por 'estudiar la conveniencia' de solicitarlas o no, analizando las razones a favor y en contra.

Por otra parte, sobre las cantidades que tendrán que ser devueltas por los inversores, insistió en que esto lo tendrá que calcular el Ministerio de Hacienda. En todo caso, apostó por hacer un trabajo 'muy prolijo y exhaustivo' para que el cálculo sea 'correcto' y lo 'menos perjudicial posible'.

También se manifestó a favor del recurso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien consideró que al naval 'le asiste toda la razón'. En todo caso, indicó que 'además el Gobierno tiene que buscar toda la viabilidad' y garantizar el futuro del sector naval.

La VISIÓN SINDICAL

Por su parte, la Federación de Industria de CC.OO. insiste, al igual que en días anteriores, en que la 'prioridad' es 'reflotar el sector naval' y, en ese sentido, plantea la necesidad de poner en marcha un 'plan de reactivación del sector' y 'eliminar las incertidumbres a la inversión para lograr carga de trabajo'. Así, insta a 'ejecutar las indicaciones' de la resolución y a cuantificar las ayudas, al tiempo que recuerda que existe un nuevo 'tax lease' y que es una garantía, pues está homologado por Europa.

En cuanto al recurso, el sindicato considera necesario 'hacer una valoración cauta de las condiciones que debe reunir' y señala quedebe contar 'con garantías jurídicas sólidas y plazos prudentes para evitar ser un elemento que pueda sembrar incertidumbre'.

En la misma línea, el portavoz del naval en UGT-Vigo, Diego Atanes, también apeló a la 'cautela' en lo que respecta al recurso, al tiempo que manifestó la necesidad de poner por encima la recuperación productiva del sector. Para ello, según apuntó que es necesario 'un escenario jurídico estable'.

Por su parte, el responsable nacional del naval de la CIG, César Rodríguez, destacó que 'lo principal es que quede cerrado' el tema de la resolución y, en ese sentido, instó a aplicar el dictamen, tomar las medidas necesarias y 'potenciar el nuevo tax lease'.

La Voz de Galicia


Pescanova simulaba ventas a empresas pantalla cuando necesitaba liquidez

Falseó transacciones por casi 2.400 millones en seis años, según KPMG

El informe forense realizado por KPMG sobre Pescanova confirma que casi todo valía para mantener «viva» y operativa la multinacional. Y entre las «operaciones irregulares» que enumera la consultora destaca la creación de un entramado de sociedades instrumentales de las que la directiva se valió para «obtener liquidez a través del descuento de efectos y/o factoring con diversas entidades financieras», además de para mejorar los resultados de explotación de Pescanova. Es decir, que la matriz simulaba ventas a estas empresas para disponer por adelantado, a través de la banca, del importe que la sociedad pantalla tendría teóricamente que abonarle en un plazo de terminado, de entre 90 y 100 días.
Efialtes, El Gran Sol de Altura, Pescados Jorfras, Templeton Fish, Ventres Fish, Sieg Vigo, Pescaeje Sur, Pescagalicia Noroeste, Pontepesca, Mar de Arenco, Caladeros del Norte, Intermega Pesca, World Frost y Seafrizen son las sociedades instrumentales identificadas por los investigadores, a las que suman otras dos, Buena Pesca 97 y Pescatrade, que disponen -al contrario que las primeras- de estructura para desarrollar actividad comercial, pero con las que también «simuló operaciones que no suponían una transacción real, con objeto de emitirles facturas que posteriormente eran presentadas al descuento en las entidades financieras».
El informe afirma que Pescanova generaba transacciones con las citadas sociedades «en función de sus necesidades de liquidez», y destaca que la «importante cantidad de información» identificada en el intercambio de correos electrónicos entre los directivos implicados «corrobora el control exhaustivo que efectuaba Pescanova» sobre los vencimientos de los pagarés que previamente habían sido descontados ante la banca.
KPMG incluye un listado de las pólizas que la pesquera suscribió con diferentes entidades de crédito para aliviar sus tensiones de tesorería por esta vía fraudulenta que, como explica, tenía dos fases. La primera de ellas consistía en la venta ficticia de mercancía a las empresas pantalla. Como consecuencia de la emisión de las facturas (que se diferenciaban de las reales porque incluían las siglas RMC, Red Comercial Mayor) esos teóricos clientes las abonaban con la emisión de pagarés cuyo período de vencimiento dependía del producto financiero que Pescanova hubiera contratado con el banco, pero que de media oscilaba entre 90 y 100 días. Con los pagarés, la matriz descontaba el dinero en la entidad de crédito, «lo que le permitían liberar tensión de tesorería».
La segunda parte de la operativa consistía en que la sociedad que había comprado los productos emitía una factura de venta a otra de las citadas sociedades, quien a su vez se la vendería de nuevo a Pescanova. La matriz abonaba esa teórica entrada de mercancía a través de transferencia bancaria, que a su vez se usaba para hacer frente al pagaré emitido por la compra inicial una vez vencido este.
Desde el 2007 y hasta este año la pesquera simuló ventas por importe total de 2.393 millones de euros (123 millones durante el 2013), mientras que las compras a las sociedades instrumentales en el mismo período supusieron prácticamente la misma cantidad: 2.391 millones.
Otro de los aspectos que destaca el informe forense es que los precios de venta a estas empresas estaban muy inflados. Asimismo, no solo la matriz usó este sistema de transacciones simuladas, también Pescafina, Frivipesca Chapela, Frinova y Bajamar Séptima lo hicieron, así como Lafonia desde el 2008.

Faro de Vigo

El sector naval urge al Gobierno una defensa del actual ´tax lease´ para tener futuro

Una eurodiputada vasca pregunta por la investigación abierta a los astilleros holandeses

La Federación de Industria de CC OO insistió ayer, al igual que en días anteriores, en que la "prioridad" es "reflotar el sector naval" y, en ese sentido, apuesta por plantear al Gobierno la necesidad de poner en marcha un "plan de reactivación" y "eliminar las incertidumbres a la inversión para lograr carga de trabajo". Así, insta a "ejecutar las indicaciones" de la resolución y a cuantificar las ayudas, al tiempo que recuerda que existe un nuevo tax lease y que es una garantía, pues está homologado por Europa.
En la misma línea, el portavoz del naval en UGT-Vigo, Diego Atanes, también manifestó la necesidad de poner por encima la recuperación productiva del sector. Para ello es necesario "un escenario jurídico estable". Por su parte, el responsable nacional del naval de la CIG, César Rodríguez, destacó que "lo principal es que quede cerrado" el tema de la resolución y, en ese sentido, instó a aplicar el dictamen, tomar las medidas necesarias y "potenciar el nuevo tax lease". "No se puede permitir que haya otro parón porque eso sería inviable para el sector". El alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo hincapié en que, además del recurso a la decisión de la Comisión Europea (que obliga a la devolución de las ayudas del sistema de bonificación entre 2007 y 2011), "el Gobierno de España tiene que buscar toda la viabilidad del sector naval. Hablar con inversores, con estructuradores y garantizar" que los astilleros tienen su "futuro abierto".
Carta a Bruselas
Por otra parte, la eurodiputada vasca Izaskun Bilbao ha remitido una carta a la Comisión de Competencia, dirigida por Joaquín Almunia, en la que pregunta por la investigación sobre las ayudas a la construcción naval en Holanda. En la misiva, la política del PNV cuestiona a Almunia si cree que "el cruce de denuncias entre Estados miembros es la mejor forma de hacer frente a la competencia asiática", que también goza de ayudas de Estado. Asimismo, le pregunta si "hay una apuesta europea el naval".

Faro de Vigo



Pescanova ya utilizó 10 de los 56 millones del crédito exprés para pagar gasto corriente

La banca da por hecho que dispongan de todo el préstamo "como máximo en octubre" - Tiene diez meses para devolverlo - Un magistrado argentino blinda los activos de Argenova


El 28 de junio la administración concursal de Pescanova, Deloitte, firmó en Madrid una línea de crédito de 56 millones de euros con siete bancos para garantizar la liquidez del grupo pesquero. Banc Sabadell, NCG Banco, CaixaBank, Bankia, Santander y BBVA aceptaron aportar esta línea de financiación urgente a la que también se sumó la Xunta como un prestamista más (con algo menos de cuatro millones de euros, el 7% del total). Según fuentes de la banca acreedora consultadas por FARO, Pescanova "ha dispuesto ya" de 10 millones de euros, menos del 18% del total Tal y como quedó plasmado en el acuerdo entre las partes, el dinero se ha dedicado exclusivamente a sufragar gasto corriente: nóminas, gasóleo para los barcos o pienso para las granjas acuícolas.
De acuerdo con las entidades -que son acreedoras privilegiadas-, "está previsto que entre agosto y septiembre" dispongan del resto de la línea de crédito habilitada para la segunda multinacional gallega, en concurso de acreedores. El plazo máximo que estiman los bancos es octubre. En ese momento ya se habrá celebrado la junta de accionistas extraordinaria en la que se nombrará nuevo presidente (se va a celebrar el 12 de septiembre) y tendrá que haberse finalizado además el informe concursal después de que Deloitte pidiera una prórroga que expira a finales de agosto. El próximo paso es la elaboración de un plan de viabilidad, que previsiblemente corra a cargo de KPMG. Ahí se dilucidarán las posibilidades de lograr un convenio con los acreedores o no, lo que expondría la empresa ante un escenario de liquidación.El dinero deberá devolverse a los 10 meses desde la firma del acuerdo (en el primer trimestre de 2014). Fuentes próximas a la compañía aseguran estar trabajando "con normalidad" y con buenas cifras de contratación.
La empresa, además, ha recibido una buena noticia desde Argentina ya que el juez que instruye el concurso de la filial Argenova ha prohibido que se le retiren las licencias de pesca o el permiso para trabajar en su factoría de Puerto Deseado (al sur del país) para que pueda operar "con normalidad" en su actividad extractiva, procesadora y exportadora y "generar los suficientes flujos de dinero tendientes a volcarlos a la actividad productiva y así afrontar el pasivo concursal", dice la resolución judicial, a la que ha tenido acceso FARO.

Faro de Vigo

Vieira retrasa la junta de acreedores al 2 de octubre a la espera de la filial argentina

El juez ha aceptado la nueva fecha a petición de la compañía - Eduardo Vieira viajará otra vez a Santa Cruz para intentar desatascar el conflicto

La juez del Mercantil número 3 de Vigo, María Luisa Sánchez Garrido, ha autorizado a la sociedad Eduardo Vieira SA a retrasar al mes de octubre la celebración de la junta de acreedores, prevista para este miércoles. Así lo ha confirmado a este diario el presidente del grupo, Eduardo Vieira, que espera poder disponer de este tiempo adicional para destrabar el conflicto con las autoridades argentinas y recuperar la filial incautada, cuyos activos están valorados en 21,7 millones de euros según la propia administración concursal, de Buenos Aires.
La nueva fecha para celebrar la junta de acreedores, que deberán pronunciarse sobre la propuesta de convenio elaborada por el Grupo Vieira, será el 2 de octubre. La columna vertebral del planteamiento de Vieirasa para salir del proceso concursal es precisamente la posibilidad de recuperar la filial argentina o, en su defecto, de recibir un justiprecio por ella. Eduardo Vieira prefiere insistir en la primera opción, que permitiría al grupo pesquero vigués no aplicar ninguna quita a sus acreedores "en el mejor de los escenarios".
La oferta de Vieira
La propuesta de convenio, como avanzó en exclusiva este diario, plantea dos alternativas. La primera consiste en un plan de pagos a 10 alis con una quita del 50% y amortizaciones "prácticamente lineales". La segunda es un plan de pagos a 15 años, con una quita "máxima" del 38%. Esta segunda es la que podría reducirse al 0% "en función de los fondos que se reciban de la filial argentina". "Estos fondos -continúa la propuesta- pueden obtenerse por la vía de la generación de actividad, una vez recuperados los activos expropiados, o por la vía del pago del correspondiente justiprecio una vez atendidos los gastos propios del proceso expropiatorio".
La filial argentina de Vieirasa tiene siete buques en propiedad con sus correspondientes licencias de pesca, así como una factoría de procesado y una cámara frigorífica. Los buques han permanecido amarrados durante el último año (se han perdido dos campañas de la pota y van camino de perderse otras dos del langostino), y la cámara de frío tampoco se ha utilizado. Vieira tiene pensado regresar a la provincia de Santa Cruz, donde tiene la compañía, para solventar el conflicto aunque, a priori, el Gobierno provincial (kirchnerista) insiste en la expropiación.

23 de julio de 2013

La Voz de Galicia

Al naval le ha llegado la hora de demostrar que sí se puede


La decisión final sobre el tax lease no es la que el sector esperaba. Bien es cierto que la batalla final, de la mano de ese frente común en el que la pura necesidad ejerció de pegamento, cambió sustancialmente el escenario, pero quedó lejos de sus pretensiones. Al menos sobre el papel. Almunia se aferró con tal fuerza a la petaca que terminó partida en dos, de forma que todos perdieron y todos ganaron. Competencia no dio del todo el brazo a torcer y el naval minimizó el impacto de un acuerdo que, como denunciaron hasta la saciedad, podía haberlos barrido del mapa.
En apenas 24 horas el discurso de astilleros y sindicatos ha cambiado de forma sustancial. Están de acuerdo en que a los inversores no les va a gustar nada que les reclamen dinero y que van a resistirse a financiar nuevas operaciones. Pero, por otra parte, ha supuesto un alivio acabar con tanta incertidumbre.
Por eso temen la interposición de un recurso del Gobierno central, como ya han anunciado los ministros Soria y Montoro. Saben que ese camino representaría una nueva espera que no pueden permitirse. Están convencidos de que los tribunales europeos les darían la razón, pero tarde.
Los astilleros no se atreven a decirlo directamente, pero lo hacen entre líneas: «Ahora es Hacienda la que ha de decidir si merece la pena». Los sindicatos lo hacen sin ambages: «No parece lo más oportuno. Ahora lo que se necesita es un escenario de seguridad con urgencia».
Lo cierto es que de la mano de la resolución, cuya letra pequeña sigue sin conocerse, llega la hora de la verdad. Es el momento de pasar la prueba del algodón y comprobar que, en efecto, sí se puede, que hay un número importante de armadores interesados en construir sus barcos en astilleros españoles en general y gallegos en particular; que el know how que atesoran zonas como la ría de Vigo supone un plus especialmente valorado cuando de encargar lo último en tecnología se trata; que si los competidores no juegan con cartas trucadas somos tan competitivos como el que más... Porque si bien es cierto que la crisis se ha comido una parte del mercado y volver a los años dorados que la construcción naval vivió entre los años 2007 y 2010 va a ser difícil, no es menos cierto que otros países, como Holanda y Noruega, sí han sido capaces de seguir llenando las gradas de sus astilleros. El vaticinio del sector es que en lo que queda de año todas las factorías habrán sido capaces de contratar. Si al final no es así, ya no estará Almunia para echarle la culpa.

Atlantico

El naval quiere que todo se aclare para cerrar 16 contratos

Destaca que hay 'mayor seguridad jurídica', algo que transmite a inversores y armadores

 El naval gallego reclamó agilidad al Gobierno para que defina quiénes, entre entidades financieras e inversores, deben devolver ayudas del anterior sistema de bonificaciones fiscales y de qué manera, para comenzar a cerrar entre 16 y 18 contratos que están en fase de negociación en este momento, la mayoría de ellos en la ría de Vigo.

El secretario general de la patronal gallega del metal, Enrique Mallón, indicó tras reunirse, junto con responsables de los astilleros de Vigo, con el alcalde, Abel Caballero, que si el Gobierno actúa 'con prontitud' en la implementación de la resolución de la Comisión Europea, algunos contratos se podrían anunciar 'próximamente'.

La clave está, según Mallón, en que inversores y estructuradores 'sepan a qué atenerse, cuáles son los plazos y los importes' de las devoluciones, y de forma paralela 'empezar a poner en valor' el nuevo tax lease, el que 'mayor seguridad jurídica tiene' de los 17 existentes en la UE.

Mallón manifestó que 'el aspecto positivo' de la resolución del expediente es que hoy existe 'mayor seguridad jurídica' para el sector, algo que los astilleros tratan de hacer ver a inversores y armadores, con los que mantiene un 'diálogo permanente'.

Hizo hincapié en que la situación de los armadores que recientemente enviaron escritos en los que avisaban de que no volverían a contratar ningún barco en España si tenían que devolver ayudas 'es distinta', al igual que la de los astilleros, y confió en que 'vuelvan' aquellos que 'en teoría se habían ido'.

un sector vivo

Mallón enfatizó que una de las prioridades del naval es convencer a armadores, financieros e inversores de que éste es 'un sector vivo, con capacidad de movilización en los despachos y en la calle', y se mostró seguro de que estos agentes 'saben que somos de fiar'.

'Se nos puso un obstáculo -el expediente abierto al anterior tax lease en 2011-, pero tenemos armas para sortearlo', subrayó el portavoz de Asime, quien abogó por que la situación sea de 'importante claridad' pasadas 'no más de dos semanas' desde el pronunciamiento del Colegio de Comisarios.


Respecto a la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, comentó que no implicaría 'una inseguridad' para los inversores y estructuradores, que 'no deben verse abandonados' ni pensar que 'el naval no protege sus intereses', dijo.

Mallón abundó en que cualquier jurista puede argumentar que 'una forma de defender tus intereses es presentar un recurso cuando entiendes que se han visto perjudicados o dañados', pero en todo caso remitió a una decisión consensuada con la administración y los sindicatos.

Pero por si acaso, insistió en recalcar que el sector 'no los dejará solos en la batalla legal que quieran emprender o en la defensa de sus derechos'.

Atlantico

España recurrirá la devolución de las bonificaciones del 'tax lease'

Se analizará más en profundidad la petición de medidas cautelares porque no hay precedente pero no se descarta

 El Gobierno central, junto a los de Asturias, Galicia y País Vasco, la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC OO, presentarán un recurso contra la decisión de Bruselas de obligar a devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, explicó en declaraciones a los medios y tras reunirse con todos los agentes implicados que todavía no se ha decidido si se pedirán medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, como apuntó la semana pasada.

Soria insistió en que el plazo para presentar el recurso se extiende hasta el próximo 28 de septiembre, de manera que hay tiempo para prepararlo, y abogó por 'poner en valor' el actual sistema de ayudas fiscales.

La reunión se prolongó durante una hora y media y contó con la participación de los ministerios de Economía y de Hacienda, pero no con representantes del Gobierno vasco por problemas de agenda.

Soria insistió en que la intención del Gobierno es presentar un recurso 'muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando', algo que se ha decidido de forma 'unánime'.

Con respecto a la opción de solicitar medidas cautelares, subrayó que 'tiene que ser analizada más en profundidad por parte de los servicios jurídicos' porque no hay precedentes, pero que 'esa posibilidad está ahí, no la descartamos'.

Insistió en 'la necesidad de poner en valor el extraordinario nuevo sistema de 'tax lease' (beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval) que tenemos en España', que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.

Soria reconoció que 'en estos meses ha pesado sobre el sector la incertidumbre' sobre la devolución de las ayudas y que, por ello, el nuevo sistema todavía no se ha utilizado, pero destacó que 'la industria naval española tiene la vocación de mantener y aumentar la actividad'.


El ministro no desveló el importe de las ayudas que se tendrían que devolver, pero apuntó que el responsable del cálculo, el Ministerio de Hacienda, está en contacto con los inversores.

El presidente asturiano, Javier Fernández, defendió que 'el sector tiene un futuro por delante' porque 'hay argumentos de tipo jurídico suficientes para que prospere' el recurso y porque el nuevo sistema de 'tax lease' cuenta con 'todas las garantías'.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, valoró que las próximas acciones de defensa del sector naval también se tomarán 'de forma conjunta' y defendió que la decisión 'solo puede mejorar' con el recurso y que el sector tiene 'muchas posibilidades de salir ganando'.

Los responsables de los sindicatos CC OO y UGT confiaron en el futuro del sector gracias al nuevo sistema de 'tax lease' e instaron al Ministerio de Hacienda a que determine lo antes posible el importe de las ayudas que los inversores tienen que devolver para dar estabilidad y confianza.

El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011.

La Voz de Galicia


El naval gallego negocia la construcción de al menos 16 buques, la mayoría en Vigo

La patronal Asime pide al Gobierno que se pronuncie con urgencia sobre las devoluciones para propiciar el cierre de contratos

Los astilleros gallegos están negociando la construcción de más de 16 barcos, la mayoría de ellos en la ría de Vigo, según el secretario general de la patronal del metal, Asime. Vinculó Enrique Mallón el cierre de los primeros contratos a la celeridad con la que el Gobierno de central determine cuáles son las entidades financieras y los inversores afectados por la resolución del expediente del tax lease, así como la cantidad que tendrá que devolver cada uno.
Aseguró que la relevancia de alguna de esas negociaciones -en clara alusión a los floteles de Pemex- son bien conocidas debido a su proyección «social y mediática», pero añadió que no lo son menos las que se mantienen en la esfera de la privacidad. Si los plazos se cumplen y el Ministerio de Hacienda agiliza los deberes, las primeras operaciones podrían firmarse en pocos meses, lo que garantizaría que en 2014 la actividad regresaría a la práctica totalidad de las factorías.
La clave, dijo Mallón, está en que inversores y entidades financieras sepan definitivamente a qué atenerse y, a la vez, ser capaces de poner en valor el nuevo tax lease aprobado el pasado noviembre que, aseguró, es el que, a día de hoy, mayor seguridad jurídica ofrece de los 17 sistemas de bonificación fiscal que existen en la Unión Europea. Añadió que lo que no deben sentirse en ningún caso los inversores es «abandonados» por el sector y mucho menos «pensar que el naval no protege sus intereses».
En este sentido, no descartó la posibilidad de recurrir ante los tribunales comunitarios la decisión de la Dirección General de la Competencia de la UE que, pese al importante giro que supuso situar el corte de las devoluciones en el años 2007 y eximir astilleros y armadores, siguen considerando «injustas y discriminatorias». Sin embargo, matizó Mallón, «lo importante es la postura común que esperamos conseguir en los próximos días». En este sentido, tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro de Industria han coincidido en señalar que tomarán la decisión que consideren más adecuada después de escuchar a todas las partes.
Seguridad jurídica total
Enrique Mallón mostró su confianza en que los armadores que en las últimas semanas habían hecho llegar su preocupación a los astilleros por el desenlace del tax lease, y habían dejado constancia por escrito de que si resultaban salpicados no volverían a contratar un barco más en Galicia, vuelvan de nuevo los ojos a la comunidad porque la situación ha cambiado y la «seguridad jurídica es total».
Explicó el secretario general de Asime que uno de los primeros cometidos del sector pasa por convencer a armadores, entidades financieras e inversores de que «este sector está muy vivo, con capacidad de movilización en los despachos y también en la calle». Hizo hincapié en que Galicia en general y la ría de Vigo en particular cuenta con «todos los mimbres» para relanzar el sector, entre los que uno no precisamente menor es que los potenciales clientes e inversores «saben que somos de fiar».

La Voz de Galicia


España recurrirá la devolución del «tax lease»

El plazo para presentar el recurso contra la decisión de la Unión Europea sobre los beneficios fiscales al naval finaliza el 28 de septiembre

El Gobierno central, los de Asturias, Galicia y País Vasco, la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CCOO presentarán un recurso conjunto contra la decisión de Bruselas de obligar a devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011, las ayudas conocidas como «tax lease».
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha explicado en declaraciones a los medios y tras reunirse con todos los agentes implicados que todavía no se ha decidido si se pedirán medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, como apuntó la semana pasada.
Soria ha insistido en que el plazo para presentar el recurso se extiende hasta el próximo 28 de septiembre, de manera que hay tiempo para prepararlo, y ha abogado por «poner en valor» el actual sistema de ayudas fiscales. El ministro ha explicado que la intención del Gobierno es presentar un recurso «muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando», algo que se ha decidido de forma unánime».
La reunión se ha prolongado durante una hora y media y ha contado con la participación de los ministerios de Economía y de Hacienda, pero no con representantes del Gobierno vasco por problemas de agenda.
Soria ha reconocido que «en estos meses ha pesado sobre el sector la incertidumbre» sobre la devolución de las ayudas y que, por ello, el nuevo sistema todavía no se ha utilizado, pero ha destacado que «la industria naval española tiene la vocación de mantener y aumentar la actividad». Con respecto a la opción de solicitar medidas cautelares, ha subrayado que «tiene que ser analizada más en profundidad por parte de los servicios jurídicos» porque no hay precedentes, pero que «esa posibilidad está ahí, no la descartamos».
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que mantiene «la esperanza de que se recupere el sector naval» porque «es un recurso razonable», al tiempo que ha valorado la unidad de todos los agentes para afrontar el futuro del sector. De la misma manera, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha defendido que «el sector tiene un futuro por delante» porque «hay argumentos de tipo jurídico suficientes para que prospere» el recurso y porque el nuevo sistema de «tax lease» cuenta con «todas las garantías».
La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha valorado que las próximas acciones de defensa del sector naval también se tomarán «de forma conjunta» y ha defendido que ha decisión «solo puede mejorar» con el recurso y que el sector tiene «muchas posibilidades de salir ganando».
Los responsables de los sindicatos CCOO y UGT han confiado en el futuro del sector gracias al nuevo sistema de «tax lease» y han instado al Ministerio de Hacienda a que determine lo antes posible el importe de las ayudas que los inversores tienen que devolver para dar estabilidad y confianza.

La Voz de Galicia


Argentina culpa de la expropiación al propio Vieira y cree que manipuló a la plantilla

El empresario gallego había dicho que el expolio de la filial «fue un robo para satisfacer los intereses de unos cuantos»

El ministro de Producción de la provincia de Santa Cruz, Rafael Gilmartin, cargó la responsabilidad de la expropiación de la pesquera Vieira Argentina a su propietario, Eduardo Vieira Montenegro.
«El Gobierno puede entender el dolor que siente Vieira por lo sucedido con su empresa, pero son ellos quienes deben hacer una revisión del por qué llegaron a esta situación», explicó Gilmartin. El político abundó en que «la situación de la firma Santa Elena [otra pesquera en quiebra] es similar, «pero, la diferencia es que su propietario, [Alfredo Pott] siempre ha dado la cara y conversó con sus empleados, algo que el otro empresario nunca ha hecho».
Reacción
Tras la difusión internacional que tuvieron las declaraciones que hizo Vieira Montenegro a la revista Mar y Pesca después de que se confirmara que el Gobierno de Santa Cruz había decidido continuar adelante con la expropiación -en las que dijo que el expolio de la filial argentina «fue un robo para satisfacer los intereses de unos cuantos»-, el ministro señaló que entiende que el empresario vigués «esté dolido, por los acontecimientos y el transcurso de lo que es la ley de expropiación, pero también es lógico que en algún momento haga una revisión interior de cuán responsable es de que se llegara a esta situación triste a la que nadie quería llegar».
Gilmartin justificó la expropiación al recalcar: «No nos olvidemos de cómo se desarrollaron los acontecimientos que vienen ocurriendo desde hace más de dos años con esta empresa, el silencio que reinó en los últimos tiempos antes de hacer efectiva la expropiación y la respuesta al sector laboral y a todas las fuerzas vivas que pidieron al Gobierno de la provincia de Santa Cruz y a su Legislatura que pusieran en marcha esta ley», dijo. Precisó además que, como funcionario debe «dar cumplimiento a una ley que fue aprobada casi unánimemente por nuestra cámara legislativa».
Interferencias políticas
El ministro de Producción indicó que la reclamación de una gran mayoría de los trabajadores para que Eduardo Vieira retomara las riendas de la empresa «no fue genuino» y se debió a «una interferencia política de diferentes sectores». «Tenemos que entender que la gente está necesitando su fuente de trabajo, y tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, para que, en adelante, esos barcos puedan salir a navegar y esa planta pueda entrar en estado productivo lo antes posible», remarcó.

La Voz de Galicia


Pescanova elegía a notarios «de confianza» para esconder pérdidas

La cúpula trataba de evitar así «sorpresas» con la inspección de Hacienda, entre otros

Los 334 folios de la auditoría forense realizada por KPMG a Pescanova son contundentes al delatar a Manuel Fernández de Sousa-Faro como máximo ideólogo de una trama llena de engaños que ha llevado a la compañía a una situación límite. Los correos electrónicos que se dirigen entre sí los responsables de las empresas que tejen el entramado de la multinacional han sido clave en la investigación llevada a cabo, y en el que el papel de las sociedades instrumentales es determinante.
El 28 de enero de este año, a las 9 de la mañana, Alfonso García, ex administrador solidario de Novapesca Trading, le indicaba a Fernández de Sousa que este 2013 no se podían «aparcar» las acciones de Novanam a Cuvimarket porque no había «dinero disponible». Y le daba la siguiente explicación: «Por esta razón, y porque esta sociedad ya fue mencionada en la inspección de Hacienda de este año, creemos conveniente liquidarla y utilizar otra vía para hacer el aparcamiento. Se trataría de que Novapesca vendiera las acciones de Novanam a American Shipping que las pagaría cruzando el saldo deudor que le quedaría a Novapesca con el acreedor que Pescanova mantiene con aquella sociedad y que le vendería a Novapesca. Este procedimiento además, nos permitiría aparcar indefinidamente las acciones de Novanam sin tener que hacerlo todos los años».
A los pocos días, concretamente el 6 de febrero, en otro correo electrónico, de César Mata, secretario de consejo, al mismo Alfonso García, se envían dos documentos adjuntos denominados acta de disolución y liquidación. En ambas actas figura como socio único de Cuvimarket la sociedad Pacific Fish Distributors, representada por Dawid Mwadhina Pokolo.
El citado correo electrónico dice: «El acta la firma Pokolo. La certificación, Pokolo (es necesario legalizar su firma en Notario de Vigo) y Jaime (al tiempo de firmar la escritura). Si se firma en Madrid sugiero que sea en notario de confianza (¿?). El único problema que puede surgir es que el socio (no lo recordaba) no es Pokolo, sino una sociedad Namibia de la que no tenemos (yo por lo menos) ningún documento. Los impuestos de la escritura los tienen que liquidar los socios y de Pacific no tenemos nada. Una opción es vender el 100 % de la sociedad antes de liquidarla, Mi sugerencia es enviar al notario y preguntar para evitar sorpresas».
Catorce años ocultando datos
De acuerdo con el informe de KPMG, al instrumentar la compensación de pérdidas a través de acciones preferentes y colocar a una sociedad instrumental interpuesta, Cuvimarket, se evitaba tener que reflejar en el balance consolidado dichas pérdidas durante más de 14 años y dejarlo todo «activado» a la espera de obtener beneficios futuros con los que empezar a repagar dichas pérdidas.
La auditora concluye que la naturaleza de la deuda, las prácticas utilizadas para ocultarla, el larguísimo plazo de tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento y la nula recuperación hasta la fecha de ni uno solo de los importes, hacen que por los principios contables y por un más que lógico criterio de prudencia sería aconsejable hacer una provisión de, al menos, 129,65 millones de euros.
La ingeniería contable llevada a cabo por Fernández de Sousa y cinco ejecutivos más pasaba desapercibida para el resto del equipo directivo. En el documento de KPMG se explica que no ha encontrado evidencias que pongan de manifiesto que esta operativa irregular o la presentación adulterada de las cuentas fueran conocidas por los miembros del consejo de administración ni por la comisión de auditoría.
Sobre BDO, empresa que fiscaliza las cuentas desde hace diez años, dice que no ha encontrado evidencias de que pusiera de manifiesto irregularidades encontradas o que fuera conocedor de alguna de las operativas

Faro de Vigo


El sector intensifica la labor comercial a la espera de que Hacienda despeje las dudas

Los astilleros vigueses presentan ofertas por entre "16 y 18 buques" - Caballero insiste en que el Ejecutivo debe convencer a los inversores


Los astilleros de la ría de Vigo han intensificado su esfuerzo comercial en los últimos meses y están a la espera de que el Ministerio de Hacienda "despeje" las dudas respecto a las devoluciones del viejo tax lease para poder cerrar algún contrato. Según aseguró ayer el secretario general de la patronal gallega del metal (Asime), Enrique Mallón, las factorías viguesas han presentado ofertas para la construcción de entre "16 y 18 buques", susceptibles de materializarse si se resuelve esa incógnita y se pone el valor el nuevo tax lease. Astilleros e industrias auxiliares se reunieron ayer con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien instó de nuevo al Gobierno central a que trabaje para devolver la confianza a los inversores en el sector y ponga a disposición de las empresas la financiación y los avales necesarios para conseguir la reactivación de esta industria.
El portavoz de Asime explicó que la clave está en que inversores y estructuradores "sepan a qué atenerse, cuáles son los plazos y los importes" de las devoluciones, y de forma paralela "empezar a poner en valor" el nuevo tax lease, el que "mayor seguridad jurídica tiene" de los 17 existentes en la UE. Mallón destacó que "el aspecto positivo" de la resolución del expediente es que ahora existe "mayor seguridad jurídica", algo que los astilleros tratan de hacer ver a inversores y armadores, con los que mantiene un "diálogo permanente".
Caballero coincidió en que "el primer paso del Gobierno debe ser una aproximación a los inversores y estructuradores" a fin de que estos continúen su "participación en el sector naval". "El Gobierno tiene que dar garantías sobre el pasado y futuro del sector a los inversores y estructuradores", insistió. Caballero también solicitó que el Ejecutivo garantizase la financiación y los avales a través del ICO.

Faro de Vigo


El naval insta a concretar el esfuerzo fiscal del nuevo ´tax lease´ para poder contratar

España recurrirá la devolución de las ayudas pero aparca la petición de medidas cautelares para no perjudicar al sector - Los inversores, "satisfechos" con el método de recuperación

Al final habrá recurso. El Gobierno anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de Bruselas de exigir a los inversores que devuelvan las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, aunque aparcó por ahora la idea de solicitar medidas cautelares para no paralizar la actividad del sector. La decisión se tomó por "unanimidad" tras la reunión ayer en Madrid de los ministerios de Industria y Hacienda con los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias (Euskadi no acudió a la cita), los astilleros de Pymar y los sindicatos CC OO y UGT. El sector instó al Gobierno a que concrete cuanto antes el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir con el nuevo tax lease para poner en valor este sistema y contratar nuevos barcos.
El titular de Industria, José Manuel Soria, explicó que la intención del Ejecutivo es presentar "un recurso muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando". Respecto a la petición de medidas cautelares, como defiende la Xunta, el ministro indicó que se está estudiando por parte de los gabinetes jurídicos de Industria y Hacienda. El Gobierno, que tiene de plazo hasta el 28 de septiembre para presentar el recurso, aparcará por ahora esta opción ante el temor de que pueda afectar a la actividad del sector, paralizándola hasta que no se resuelva la reclamación. Pymar condicionó precisamente su apoyo al recurso si no afectaba a la negociación de pedidos.
Los astilleros instaron al Ministerio de Hacienda a que ponga el valor el nuevo tax lease, bendecido por la propia Comisión Europea (CE) el pasado mes de noviembre, concretando el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir para atraer a nuevos inversores. Soria reconoció que los inversores del antiguo tax lease ya han mantenido una reunión con Hacienda y que habrían mostrado su "satisfacción" por el método elegido por el Ministerio para la recuperación de las ayudas, siguiendo las pautas marcadas por Bruselas en su resolución.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valoró la "unidad de actuación sin precedentes" en torno al sector y consideró que las comunidades, el Gobierno, las empresas y los sindicatos han hecho "un buen trabajo" en la defensa del naval, en el que "se mantiene la esperanza" y se puede "mirar al futuro". "Vamos a mantener el grupo de trabajo abierto" con el objetivo no solo de "tutelar la salida del impasse de los últimos años para volver a contratar" en el sector, sino también de supervisar "la imposición de un recurso fundado en Derecho". Este recurso es "razonable" y se presenta "por coherencia, por responsabilidad y por no ir contra los propios actos", así como "por la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad del sector".
La consejera delegada de la sociedad de astilleros Pymar, Almudena López del Pozo, afirmó por su parte que las empresas están "muy contentas" con el resultado de la reunión, ya que la situación "solo puede mejorar" y "hay muchas posibilidades de salir ganando".
 

Urkullu no acude a la reunión en por ´problemas de agenda´

El Gobierno vasco no asistió por problemas de agenda a la reunión convocada por el Ministerio de Industria sobre el tax lease, si bien, según precisaron fuentes del Ejecutivo autónomo, están en permanente contacto con el Ejecutivo central, que ya conoce la postura del gabinete de Íñigo Urkullu de cara a este encuentro. Fuentes del Ejecutivo señalaron que el lehendakari había manifestado su intención de participar en este encuentro, si bien, por "problemas de agenda", no pudo asistir ayer y no ha sido posible, finalmente, cerrar otra fecha. Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se encuentra "fuera" toda esta semana, por lo que tampoco pudo acudir.
 

Los buques afectados por la decisión: entre 170 y 190

  Los buques construidos en España impactados por la decisión de Bruselas de devolver las ayudas percibidas entre 2007 y 2011 se sitúan entre 170 y 190, frente a los doscientos que calcularon las asociaciones de astilleros en un primer momento, según ha podido saber este periódico. Se trata de operaciones efectuadas entre el 17 de abril de 2007 y el 29 de junio de 2009, fecha en la que se abrió el expediente del tax lease por parte de la Comisión Europea (CE).

22 de julio de 2013

La Voz de Galicia


El naval gallego negocia la construcción de al menos 16 buques, la mayoría en Vigo

La patronal Asime pide al Gobierno que se pronuncie con urgencia sobre las devoluciones para propiciar el cierre de contratos

Los astilleros gallegos están negociando la construcción de al menos 16 barcos, la mayoría de ellos en la ría de Vigo. El dato fue revelado hoy por la patronal del metal, Asime, que reclama al Gobiero central celeridad en la decisión sobre las devoluciones que plantea la resolución de Bruselas sobre el tax lease, con el fin de propiciar el cierre de contratos cuanto antes. Según el secretario general de Asime, Enrique Mallón, los inversores y estructuradores, antes suscribir nuevas operaciones, necesitan saber a qué antenerse en relación con las cuantías y plazos de las devoluciones, que habrá de fijar ahora el ministerio de Hacienda.
Mallón subrayó que el nuevo tax lease español es el que cuenta con mayor seguridad jurídica de todos los que se aplican en este momento en la Unión Europea, y se mostró convencido de que los armadores e inversores que durante los últimos dos años han optado por contratar en otras latitudes, volverán a hacerlo en España y, particularmente, en la ría de Vigo. «Les ha quedado claro que este es un sector muy vivo, con capacidad de movilización tanto en los despachos como en la calle, y que somos de fiar», dijo.
En relación con la posibilidad de recurrir la resolución del tax lease, Mallón señaló que el recurso es una opción cuando se entiende que han sido dañados los intereses, si bien se suma al sentir mayoritario de que lo mejor será adoptar una decisión consensuada con todas las partes implicadas: administración, empresas y sindicatos.

Faro de Vigo

Esperando recurso al tax lease

Industria convoca a comunidades, sindicatos y empresas mientras se debate sobre el recurso a la decisión de la UE

 El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha convocado para esta tarde a las comunidades autónomas de País Vasco, Asturias y Galicia, a los sindicatos y a las empresas para "escuchar" sus valoraciones acerca de la decisión de la semana pasada de la Comisión Europea acerca de la devolución de los 'tax lease'.
El contenido de esta reunión condicionará la posible presentación de un recurso en contra del dictamen comunitario. "La posibilidad del recurso está ahí, pero no se va a tomar una decisión hasta escuchar a las partes implicadas", afirmó el ministro tras participar en unas jornadas sobre el sector eléctrico organizadas por Unidad Editorial.
"Queremos que, sean cuales sean los pasos a continuación que demos, estén al igual que hasta ahora acordados y consensuados", señaló, antes de indicar que la decisión de la Comisión "no es la decisión que esperaban el Gobierno y las partes implicadas".
"Ahora bien, es una mejor decisión a la que hace solo tres semanas había anunciado el vicepresidente (y comisario de Competencia, Joaquín) Almunia", afirmó. "Seguimos pensando que hay argumentos jurídicos válidos y sólidos, pero lo que hagamos en el futuro dependerá del consenso de sindicatos, comunidades autónomas y empresas", añadió.
La Xunta insiste en recurrir

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha insistido hoy en la necesidad de recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo la decisión aprobada por el Colegio de Comisarios sobre el expediente del anterior tax lease (ayudas fiscales), "por coherencia y por responsabilidad". El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval (tax lease) deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.
Conde, que ha subrayado que el futuro del colectivo pasa por el impulso al nuevo sistema de bonificaciones fiscales, ha destacado que "hay argumentos jurídicos muy solventes que entendemos que acreditan que no se tiene que devolver ningún tipo de ayuda". Por ello, ha añadido, "seguiremos defendiendo esa posición" con "máxima firmeza y contundencia".
Decisión como excusa

El PPdeG ha señalado hoy que aguarda que la reunión de esta tarde en Madrid entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas, representantes de astilleros y sindicatos se mantenga la "unidad de acción" mientras que el PSdeG y el BNG han señalado que ni el Gobierno ni la Xunta se pueden amparar en la decisión de Bruselas sobre el tax lease para solucionar los problemas del naval.
El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha indicado en conferencia de prensa que espera que se mantenga la "unidad de acción" que ya ha dado algunos frutos, "aunque no todos los esperados".
Tanto Abel Losada (PSdeG) como Carme Adán (BNG) han coincido en sendas conferencias de prensa, en criticar la decisión de la Comisión Europea pero han señalado también que esta decisión no debe ser una "excusa" para que el Gobierno central y el autonómico contribuyan a solucionar los problemas del sector naval
Toxo prefiere esperar

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha  afirmado este lunes, en una entrevista con Europa Press, que su  sindicato planteará "un poco de pausa" en la discusión entre  Gobierno, comunidades autónomas, sindicatos y empresarios para  decidir si se recurre o no la resolución de Bruselas de pedir a  España que recupere las ayudas públicas al sector naval entre 2007 y  2011.
"Creo que hay que pensárselo, porque se han movido cosas", ha  señalado Toxo, que ha precisado que, antes de presentar un recurso  ante el Tribunal de Justicia Europeo, es necesario conocer el impacto  económico de la decisión adoptada por el Colegio de Comisarios de la  Comisión Europea.
"Esto es preceptivo, sobre todo habiendo tiempo para impugnar la  resolución (...) Hay que evaluar exactamente en qué punto estamos, el  impacto real de la resolución, y a partir de ahí tomar decisiones",  ha añadido.
Eso sí, el dirigente sindical piensa que sí sería pertinente que  España recurriera en el caso de que algún otro país interpusiera un  recurso "de signo contrario", con el fin de "neutralizarlo".
Toxo ha señalado que la base jurídica que se defendió ante  Bruselas era lo "suficientemente sólida" como para ser tenida en  cuenta y cree que el comisario de Competencia y vicepresidente de la  Comisión Europea, Joaquín Almunia, "se equivoca" cuando asegura que  no peligra el empleo del sector naval español.
"Planteado como estaba planteado, el señor Almunia no puede decir  otra cosa distinta a que esto llevaba al cierre al conjunto de la  construcción naval, al menos la privada, en nuestro país", ha  subrayado Toxo, que respondía de este modo a las afirmaciones de  Almunia sobre que se sentía "dolido y avergonzado" por cómo se había  manejado en España el miedo de los trabajadores a perder su empleo.
Preguntado por la actuación del Gobierno en esta materia, el  dirigente sindical ha dicho que "sinceramente" piensa que el  Ejecutivo español "ha estado a la altura" y que, en esta cuestión, ha  defendido el interés general por encima de otras consideraciones,  "más allá de que le pudiera venir bien o mal desde el punto de vista  político".
Así, ha recordado que las comunidades autónomas afectadas por la  resolución europea (País Vasco, Asturias y Galicia) están gobernadas  por partidos de diferente signo político (PNV, PSOE y PP), y lo que  ha pasado es que "ha primado el consenso".
"Sé que es una práctica poco habitual en nuestro país y creo que,  esta vez sí, el Gobierno ha sabido poner por delante el interés  general del país, en este caso el impacto económico y social de los  astilleros, en lugar de optar por otros caminos", ha admitido.
Sobre la llamada que efectuó el presidente del Gobierno, Mariano  Rajoy, al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao  Barroso, para hablar sobre este tema, Toxo ha señalado que le dijeron  al ministro de Industria, José Manuel Soria, que era el "turno" de  que Rajoy entrara en escena. "Me alegro de que haya hecho la  gestión", ha apuntado.