La Voz de Galicia

Fernández Tapias pide culplables al juez en el concurso de Barreras

El armador encargó un barco mes y medio antes de suspender pagos

La naviera Fernández Tapias, propiedad del empresario vigués Fernando Fernández Tapias, Fefé, se ha personado en la pieza del concurso de acreedores de Barreras en la que ha dirimirse si la suspensión de pagos fue fortuita o, por el contrario, hubo culpables.

El titular del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo, José María Blanco Saralegui, acaba de abrir la citada pieza. En una providencia del pasado 20 de noviembre requiere a los administradores concursales -Edorta Etxarandio, Carlos Mantilla y Pedro Tortosa- para que, en el plazo de 15 días hábiles presenten un «informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución» o, lo que es lo mismo, que fundamenten si a su juicio el astillero entró en suspensión de pagos de una forma fortuita o culpable.

Fernando Fernández Tapias es uno de los más de 300 acreedores del astillero, en su mayoría empresarios que, de acuerdo con el convenio aprobado en su día, cobrarán el 20 % de la deuda -en su caso un millón y medio de euros- en un plazo de cuatro años.

Fuentes conocedoras del proceso explican que el naviero vigués había encargado a Barreras un buque de apoyo a plataformas petrolíferas. Según las mismas fuentes, argumentando la complejidad técnica que suponía el buque en cuestión, el astillero le pidió un millón y medio de euros como anticipo para realizar una serie de trabajos previos. Tanto la petición como la entrega del dinero se realizaron en mayo del 2011, apenas un mes y medio antes de que Barreras entrara en suspensión de pagos. Lo habitual en este tipo de operaciones suele ser presentar un aval.

Dolo

Convencido de que la dirección del astillero conocía perfectamente en mayo la inminente materialización del concurso de acreedores -se produjo el 14 de julio-, Fernández Tapias consideró que actuó de mala fe por haberle ocultado la mala situación en la que se encontraba. De hecho, presentó en su momento una demanda judicial por dolo (engaño), que perdió en primera instancia y que ha recurrido.

Ahora el empresario y también vicepresidente del Real Madrid, convencido de la existencia de esa mala fe, no ha dudado en personarse en la pieza de calificación recién abierta por el juez. Este tendrá la última palabra no solo después de conocer la argumentación de los administradores concursales, sino la del fiscal.

Dado que la junta de acreedores dio su visto bueno al convenio de Barreras -30 de julio pasado-, lo que no tendrán los posibles culpables en el supuesto de que el juez determine que los ha habido será responsabilidad patrimonial. En el mejor de los casos se enfrentarían a un período de inhabilitación de dos años para crear empresas o formar parte de consejos de administración, y a quince años en el peor.

Accionariado

Entre tanto, pendiente del resultado final de la ampliación de capital, la marcha de Barreras sigue su curso. Después de que José García Costas e Ignacio Latxaga ejercieran su derecho de optar al 40 % de las acciones -el máximo al que podían optar por ser la cantidad que tenían- falta por encontrar destinatario al 60 % de las acciones, ahora en cartera.