El Gobierno explica en Pymar los plazos para la entrada en vigor del ´tax lease´
Los responsables de los astilleros demandan fechas para poder contratar - En la reunión se abordarán las posibles soluciones al problema de la retroactividad de las ayudas del anterior sistema
Los representantes del Gobierno en Pymar explicarán hoy, en la cumbre
del sector naval que tendrá lugar en Madrid, los plazos previstos para
la entrada en vigor del nuevo sistema de bonificación fiscal para la
construcción de buques, que pasa por la modificación del Impuesto sobre
Sociedades.
Responsables de astilleros gallegos reconocieron a
este periódico que es urgente conocer cuándo se podrá comenzar a
utilizar el nuevo tax lease para poder contratar. "También necesitamos
que se nos aclare el contenido de la nueva propuesta para ver si es
viable y, sobre todo, si interesa a los armadores y a los
estructuradores financieros", señaló el directivo de un astillero
vigués.
El Gobierno contempla la modificación del Impuesto sobre
Sociedades, pieza clave para que todo el sistema de bonificación fiscal
funcione, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado o a la Ley de Medidas Tributarias, que actualmente se debaten en
el Senado. El ministerio de Hacienda pretende que el nuevo tax lease
pueda entra en funcionamiento el próximo mes de enero.
Otro de los
problemas del naval que se pondrán hoy sobre la mesa en la reunión de
Pymar son las posibles soluciones que el Gobierno está estudiando para
defender las ayudas concedidas con el tax lease desde su puesta en
marcha en el año 2002 hasta su suspensión por parte de la Comisión
Europea de la Competencia en junio del año pasado.
En el caso de
que Competencia obligue a la devolución de las bonificaciones, los
armadores, entidades financieras, estructuradores y astilleros tendrían
que hacer frente a más de 2.600 millones. El presidente de Pymar y del
astillero asturiano Gondán, Álvaro Platero, indica que "en estas
circunstancias el 90% de los astilleros españoles tendría que cerrar. A
eso habría que sumar las consecuencias para los inversores, los bancos,
los armadores... Sería una debacle. En Pymar ni nos lo planteamos. Llevo
un año y medio dejándome la piel para resolver este conflicto, porque
si sale mal será la quiebra del sector en España; pero nosotros seguimos
peleando y esperamos que en dos meses se solucione la tramitación
legal".
Otras fuentes del sector indican que el Ministerio de
Hacienda está analizando este problema "de manera muy discreta" y que no
ha trascendido las vías en las que está trabajando para buscarle una
solución.
Según estas fuentes, a Bruselas le resulta insuficiente
el argumento del principio de confianza legítima, esgrimido por el
Gobierno y el sector para acceder a las bonificaciones fiscales. Este
principio se utiliza como un mecanismo para armonizar y conciliar casos
en los que la administración, en su condición de autoridad, por acción o
por omisión, haya creado expectativas favorables a los administrados y
de forma abrupta las elimine cuando ya se han utilizado.
"Habrá
que buscar algún mecanismo a mayores para convencer a Bruselas que las
bonificaciones que se estaban aplicando estaban dentro de la legalidad
establecida en ese momento. Y aún llegado el caso de que Competencia
falle que hay que devolver esos 2.600 millones, es necesario hacerle ver
que el sector se vería abocado a su desaparición", indican las fuentes
consultadas.
Platero insiste en que el sector está intentando
demostrar que "la seguridad jurídica y la confianza legítima nos
amparan, porque nosotros trabajábamos con la legislación española
vigente en aquel momento".
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