El Norte de Castilla

Primera sentencia que obliga a administradores concursales a pagar deudas a trabajadores Discriminaron a empleados de una empresa cárnica y deberán pagar casi 300.000 euros más intereses El Juzgado de Instrucción número 2 de Cuenca ha condenado a los dos administradores concursales -un abogado y un economista- de la empresa cárnica «Luis Loriente S.L.» a pagar de su bolsillo 292.846 euros más intereses a 23 trabajadores de esta firma ya desaparecida a los que en 2016 discriminaron en el abono de las cantidades económicas que les adeudaban. La sentencia, pionera en España, considera probado que los dos administradores concursales alegaron que no quedaba dinero suficiente en la empresa pagar hacer frente a las deudas pendientes que «Luis Loriente S.L.» mantenían con estos 23 empleados -21 hombres y 2 mujeres-, afiliados todos ellos al sindicato CC.OO. Sin embargo, los ahora condenados sí pagaron a otros empleados de la planta cárnica e incluso saldaron deudas mercantiles con otros acreedores pese a que la Ley Concursal obliga a atender de forma prioritaria los derechos salariales. Según María José Mesas, secretaria general de este sindicato en Cuenca, «esta sentencia tiene una gran trascendencia para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y es pionera en España pues no existe ningún precedente de resolución judicial que haya condenado al administrador de un concurso a resarcir con su patrimonio el daño causado a trabajadores por postergación indebida del abono de derechos salariales». El abogado y el economista ahora condenados ya fueron inhabilitados en 2018 por la Audiencia Provincial de Cuenca para ser nombrados administradores de otros concursos por la «inobservancia de las normas concursales que provocaron un daño al patrimonio de trabajadores», argumento que repite la Justicia en esta nueva sentencia.

La Voz de Galicia

Los abogados no quieren administrar los concursos «malos», que suben un 25 %

Las pymes en liquidación no tienen dinero en caja ni para pagar los honorarios del administrador concursal designado por el juzgado

 

Muchos abogados de Vigo no quieren ni oír hablar de ser designados para administrar los concursos «malos» de acreedores, que en el argot jurídico se denominan a aquellas suspensiones de pagos presentadas por empresas arruinadas y sin fondos en la caja. Se trata de unos concursos donde las firmas deudoras entran directamente en fase de liquidación y donde el administrador concursal ni siquiera tiene asegurado que encuentre dinero para pagarse su propia minuta. Algunos se han llegado a quejar de que incluso tienen que poner dinero de su bolsillo para afrontar los gastos rutinarios de gestión.

Los concursos «malos», lejos de ser una rareza están aumentando. Este año, este tipo de suspensiones de pago han subido un 25 %. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, contabilizó 48 concursos en total el año pasado, frente a los 37 del 2018. Aunque hubo algunos concursos destacados, en su mayoría se trata de pymes del sector servicios con poca facturación que carecen de bienes, como locales, vehículos o mobiliario, que embargar o vender. Tampoco hay facturas que reclamar a la clientela. No tienen activos, solo pasivos: deudas a la Seguridad Sopcial. En otras palabras, no hay nada que sacar.

El problema es que el administrador concursal no elige sus litigios sino que es el juzgado de lo mercantil el que lo selecciona por turno en una lista. Los grandes concursos, como el de un astillero naval con activos millonarios, solo se asignan a letrados de demostrada experiencia profesional. El administrador concursal tiene, entre sus tareas, que reordenar los pagos, convocar a la junta de acreedores, aprobar un convenio o vender activos para pagar las deudas prioritarias, entre ellas sus honorarios.

Al recién graduado en Derecho que termina un máster y abre un despacho nunca le van a designar para estos grandes litigios donde están en juego millones de euros y la reflotación de una empresa clave para la ciudad, por ejemplo.

Todo el mundo quiere que le toque un concurso rentable pero, en los últimos años, no hay mucho donde elegir. Ya pasaron los tiempos de la crisis del ladrillo del 2008 donde se desplomaban grandes constructoras y los administradores liquidaban activos millonarios, constituidos por edificios en obras y solares. Ahora quiebran, generalmente, empresas zombi abocadas al cierre antes de presentar la solicitud del concurso. Otras sociedades se quedaron sin liquidez pero tienen confianza en salir a flote.

En los últimos tiempos, muchos abogados confiesan su malestar entre bambalinas porque les ha tocado un concurso malo pero acaban aceptando porque, de lo contrario, saldrían de la lista. Quizás haya más suerte la próxima vez que suene el teléfono.

El Pais

Manual de uso por si Hacienda se presenta en su empresa

El fisco ha incrementado las visitas a pymes que declaran ser menos rentables que otras de su sector

 

Winston Churchill describió la democracia como un sistema político en el que “cuando alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero”. Eso, hoy en día, no es exactamente así; también puede ser Hacienda para hacer una inspección. Aunque no es lo habitual, en algunos casos la Agencia Tributaria se presenta por sorpresa en los negocios para registrar el domicilio social de la compañía. Según datos del ministerio, en 2018 se realizaron 31.095 actuaciones presenciales (o peinados) destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal, aumentándose en un 15% las de macroperaciones sectoriales. Este año el fisco ha sumado una campaña informativa dirigida a las pequeñas y medianas empresas que declaran ser menos rentables que la media del sector. Estas visitas han causado un revuelo que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que deberá decidir si Hacienda puede o no registrar la sede de una empresa solo por ingresar poco. En cualquier caso, si los hombres de negro llaman a la puerta, hay que mantener la calma e intentar no cometer errores que pueden salir muy caros.
Superado el susto inicial, el primer paso es pedir la documentación. Como señala Eva del Cerro, letrada de Sáez Abogados, “lo primero que deberíamos hacer es solicitar la identificación, saber qué permisos tienen y cuál es el objeto de la inspección”. A continuación, aunque se tenga la impresión de poder gestionar con éxito la visita, recomienda llamar al asesor fiscal para que supervise e “indique cómo actuar en cada momento”.
En todo caso, la visita debe estar suficientemente motivada y justificada. Los tribunales han rechazado como argumento la existencia de meras sospechas, exigiendo superar un triple juicio de idoneidad, necesidad (no debe existir una alternativa menos intrusiva) y proporcionalidad. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha afirmado recientemente que no cabe entrar en la empresa para verificar la correcta aplicación de un beneficio fiscal que corresponde probar al contribuyente.
Una de las primeras dudas en una inspección por sorpresa es si se debe permitir el acceso del funcionario y qué consecuencias legales tiene negarle la entrada. Esta es una decisión de gran transcendencia porque, aunque colaborar evita conflictos y agiliza el proceso, apunta Del Cerro, implica un consentimiento, por lo que las actuaciones que hagan en el cuartel general de la compañía serán válidas.
En este punto es relevante conocer que cabe consentir la entrada de forma expresa o tácita. También que puede limitarse solo a determinadas dependencias. Por otro lado, la revocación del consentimiento es una opción válida, en cuyo caso los funcionarios deben abandonar el lugar, aunque según la Ley General Tributaria (LGT) pueden tomar medidas cautelares para evitar la desaparición de pruebas.
Pero, ¿en qué circunstancias se puede cerrar la puerta a Hacienda sin temor a represalias? El Tribunal Constitucional ha reconocido la inviolabilidad del domicilio social de las empresas, por lo que cualquier entrada a él, si no la consiente su titular, requiere una autorización judicial. Esto quiere decir que se puede denegar la entrada al inspector que no trae una orden válida. Sin embargo, no todo espacio o local está considerado como domicilio constitucionalmente protegido, por lo que es fundamental tener claro cuáles son esos lugares blindados. Según aclara Laura Vírseda, asesora fiscal en Cialt, el paraguas de protección abarca aquellos lugares separados y de acceso restringido en los que la persona jurídica centraliza la dirección de su negocio, sirviendo, asimismo, de custodia de documentos de la vida de la sociedad que no están al alcance del conocimiento de terceros.
Dada la extensa casuística, hay que acudir a la jurisprudencia. No tiene por qué tratarse de un inmueble (los tribunales han admitido como domicilio constitucionalmente protegido una autocaravana o embarcación); tampoco tiene que ser único (se puede disponer de varios), y su ocupación puede ser temporal (por ejemplo, la habitación de un hotel). La protección constitucional se extiende a los despachos profesionales si reúnen la nota de privacidad y exclusión, pero no si se trata de locales abiertos al público en horario y días de apertura. El motivo es que en los lugares donde no hay un acceso restringido (oficinas en las que únicamente se exhiben productos comerciales, almacenes, locales comerciales, etcétera) no existe la nota de privacidad que justifica la aplicación del derecho fundamental. El funcionario puede entrar en estos casos con una autorización firmada por el delegado de Hacienda, e impedírselo puede conllevar una cuantiosa multa.
Para sortear cualquier paso en falso, la asesora aconseja comprobar con lupa la autorización judicial. Además de los datos correspondientes a la identidad de los funcionarios y los locales a inspeccionar, deben especificarse los días y horario en que realizarán las actuaciones. “No puede tratarse de una autorización genérica”, avisa Vírseda, sino que debe estar acotada a un periodo temporal reducido.

Ordenadores

Las facultades de los inspectores en un registro son muy amplias: pueden entrevistar a empleados, realizar mediciones, fotografías, incautarse de documentos…, y analizar los equipos y sistemas informáticos con los que se lleve la gestión del negocio. La ubicación física de los ordenadores es importante, porque si están en locales abiertos al público pueden examinarse solo con una autorización administrativa.
Sin embargo, no todo vale. Los inspectores no pueden extralimitarse ni realizar una actuación desproporcionada que perjudique la actividad ordinaria de la entidad, explica Del Cerro. Para cubrirse las espaldas, aconseja Vírseda, cualquier duda sobre su actuación debe quedar reflejada por escrito en las diligencias. De esta forma, se puede tener una prueba si decide impugnar el registro. En caso de que sea anulado por haberse vulnerado los derechos de la empresa, la información obtenida es ilícita y no podrá ser utilizada en contra del contribuyente.

Vengan a hacerme una inspección

Los contribuyentes no tienen reconocido un derecho a solicitar que les inspeccionen, salvo para ampliar el alcance de unas actuaciones previas (artículo 149 de la Ley General Tributaria). Aunque suene extraño, podría ser una buena estrategia para confirmar una liquidación y olvidarse de posibles problemas fiscales. El Tribunal Supremo ha descartado este modus operandi subrayando que la inspección ejerce sus funciones conforme a planes de trabajo, pero ha sugerido su conveniencia en algunos casos, como cuando se trate de ventas de empresas o un fallecimiento inminente.

La Voz de Galicia

Primeros rescates a familias sin dinero que no pueden pagar su deuda

La ley de segunda oportunidad libra a un matrimonio de devolver 74.000 euros a un banco y dos financieras de tarjetas de crédito

 

Empezar de cero tras la quiebra, libre de deudas. La ley de segunda oportunidad fue creada para rescatar a familias insolventes y exonerarlas del pago durante cinco años para empezar una nueva vida sin el agua al cuello.

Los jueces de Vigo ya están dictando las primeras exoneraciones de pagos. Un reciente auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo ha librado provisionalmente a un matrimonio de 45 años con dos hijos de pagar 74.000 euros que le debían al banco Santander, así como al banco Cetelem por una tarjeta de crédito y a Wizink Bank por otra. Les da un margen de cinco años para reflotarse.

El matrimonio tenían una academia de clases particulares y, al borde de la quiebra, tuvo que tirar de la tarjeta de crédito hasta que le denegaron más préstamos. Se declararon insolventes y ahora la jueza les ha exonerado provisionalmente del pasivo insatisfecho por un plazo de cinco años. Les da un margen de un lustro para empezar de cero libres de deudas. Una vez pasado ese tiempo, ya no deberán nada. En el Registro Civil queda anotado que la pareja fue declarada en concurso de acreedores y que este finalizó inmediatamente por insuficiencia de la masa.

Este tipo de pleitos son muy comunes en Europa pero en los tribunales civiles de Vigo se presentan pocos, apenas uno o ninguno por sala. Pero algunos bufetes de Vigo se están especializando en esta materia. como Asesority Abogados. Ha ganado este caso y otro más y tramita diez más para liberar de las deudas a particulares. Por su parte, los empresarios deben acudir al juez de lo Mercantil, donde un hombre de negocios logró que le exonerasen de su deuda en el 2018.

El matrimonio rescatado tuvo en su día un revés económico, cerró su pequeño negocio y quedó en situación de desempleo. «Ante esta situación, lo habitual es ir pagando lo que se pueda, pedir más dinero prestado, utilizar las tarjetas hasta el límite y todo esto genera una bola de nieve. En general, los deudores reciben continuamente llamadas de acreedores, amenazas con demandas y ficheros de morosos y, finalmente, notificaciones del juzgado de monitorios y reclamación de deudas», explica el letrado David Alfaya, de Asesority Abogados.

Cuando no es posible afrontar los pagos de cuotas mensuales del préstamo, la opción que prevé la ley de segunda oportunidad es declararse en situación de insolvencia para empezar de nuevo sin deudas. «Son procedimientos largos, con una fase de mediación extrajudicial y, finalmente, en el juzgado se tramita el concurso consecutivo y se le perdonan todas las deudas al deudor. Tenemos cada vez más de estos asuntos», dice el abogado.

«Reconocer que te encuentras en situación de insolvencia no es fácil. Y dejar de pagar todas cuotas de deudas, y ajustarse a los pocos ingresos que tenga la unidad familiar para el día a día es complicado. En el despacho intentamos asesorar a las personas en estas situaciones, que acuden desesperados y con mucho miedo en la tramitación. Ya tenemos dos procedimientos terminados con éxito y unos diez en trámite», añade Alfaya.

El auto de apertura y conclusión del concurso del matrimonio cuenta cómo, primero, un mediador concursal instó el concurso consultivo de los cónyuges tras fracasar un acuerdo extrajudicial. así como las quitas y aplazamientos. Alfaya dice que los bancos y acreedores «los rechazan siempre». Rogaron a la jueza que cerrase el concurso porque no había masa suficiente de bienes ni dinero para pagar.

Vivían con 1.160 euros al mes

La jueza tenía que ser prudente y comprobar si el matrimonio en quiebra actuaba de buena fe y no le quedaba dinero para pagar a su acreedor ni los gastos del pleito. Averiguó que solo ganaban salarios de 800 y 360 euros al mes, respectivamente, y carecían de bienes, inmuebles, depósitos bancarios o activos financieros. Concluyó que esos ingresos estaban en «absoluta desproporción» con las deudas que pesaban sobre ellos por valor de 74.011 euros. Vio «ilusorio» que la pareja pudiese disponer de efectivo suficiente para satisfacer los créditos contra la masa que se fuesen generando si se tramitase el concurso. Tampoco podían cerrar un convenio con los acreedores, ni eran previsibles quitas ni un tercer responsable al que cobrarle todo. Y no era factible declararles culpables del concurso porque son personas físicas.

La jueza admite que hacer el concurso sería «poco práctico y solo traería más dilaciones y gastos». Ve previsible que no pueda reintegrar el préstamo y concluye el concurso tras declararlo.

Pasados cinco años, el particular que es exonerado del pago no deberá nada

La ley de segunda oportunidad permite no pagar todas las deudas de acreedores, proveedores, préstamos de bancos, tarjetas, microcréditos, siempre que no tengan ningún bien y de forma provisional durante cinco años. No pueden tener bienes (y si los hay, habría que liquidarlos para pagar a acreedores) ni dinero en cinco años. Una vez pasados estos cinco años, no deberían nada. Hay que actuar de buena fe ya que si no el juzgado podría denegar la exoneración. No se perdonan las deudas con la Administración, Agencia Tributaria o la Seguridad social. Dice Alfaya que el proceso es «largo y desconocido, con dudas sobre su tramitación» para deudores, abogados, notarios, mediadores y administradores y juzgados de lo civil. El bufete estudia la situación, revisa si se cumplen los requisitos, ve la previsión de ingresos y gastos y pide un acta notarial. Hay que nombrar a un mediador, intentar un acuerdo extrajudicial de pagos y pedir el concurso consecutivo.

Faro de Vigo

La cafetería Camaleón de Samil entra en concurso con una deuda de 185.000 euros

El proceso judicial afecta a un histórico negocio de la playa cuya concesión municipal caduca en diciembre de este año -"El cierre del hotel Samil nos hizo polvo", afirma el responsable

 Un proceso concursal que afecta a un histórico establecimiento de la playa de Samil. El Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto en el que declara en concurso de acreedores a la cafetería Camaleón. La entrada en esta delicada situación de este conocido negocio que ya forma parte de la estampa del arenal vigués se produce el mismo año en el que llega a su fin la concesión administrativa municipal que le fue concedida en 1985 por un período de 35 años. La autorización caduca dentro de diez meses, el próximo diciembre. "Estos últimos años han sido complicados, el cierre del hotel Samil nos ha hecho polvo", apunta Isaac Penela, responsable del establecimiento, como una de las razones que les han llevado a acudir a esta vía judicial.
La petición de concurso se presentó en diciembre y el auto de declaración de concurso tiene fecha de esta semana. El juzgado acuerda la intervención de las facultades de administración, que pasará a ejercer el administrador concursal, para lo cual fue designado al economista Javier Pérez Asenjo. Asimismo, se hace un llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento los créditos existentes.
La documentación aportada con la solicitud de concurso apunta a que la sociedad Camaleón S.A., constituida en 1985 y con 11 trabajadores, acumula una deuda de 185.000 euros con varios acreedores, como bancos o la Seguridad Social. Un pasivo que no es muy elevado pero que triplica el activo, cifrado en unos 60.000 euros. Entre estos bienes está el equipamiento del establecimiento, como los electrodomésticos de la cocina o el mobiliario. También se incluyen aquí las deudas que tienen a su favor.
La cafetería, según apuntaba ayer su responsable, sigue funcionando con normalidad. Isaac Penela señala que se vieron abocados a pedir la entrada en concurso por una serie de circunstancias entre las que destaca el cierre en su día del hotel Samil -que ya es historia al concluir precisamente hace unos día su derribo-. "Cuando funcionaba el hotel siempre tenías clientes potenciales. Nosotros abrimos todo el año, no solo en verano, y a partir del octubre el tiempo nos fastidia bastante. Los días de lluvia no tienes prácticamente a nadie", explicaba ayer.
Sobre los próximos pasos, afirma que primero debe ponerse en contacto con el administrador concursal. El proceso no se dirige al menos por ahora hacia la liquidación, sino que la vía es la de intentar un convenio con los acreedores para solventar la situación. "Si hay posibilidades por supuesto que nos gustaría salvar esto; la concesión municipal acaba este año, pero se contemplaban 5 años de reversión, es una cuestión que se tendrá que hablar con el Ayuntamiento", concluyó.

Lexdir

Ley de Segunda Oportunidad - Preguntas Frecuentes

 

Lo que necesitas saber sobre la Ley de Segunda Oportunidad

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD (Ley 25/2015)

1. 1.     ¿A quién va dirigida esta Ley?

A todas las personas que residan en España, tengan nacionalidad española o no. Trabajadores por cuenta ajena, empresarios, profesionales, autónomos, desempleados, pensionistas, estudiantes o cualquier otra que se encuentre en dificultades para pagar sus deudas.

1. 2.     ¿En qué consiste?

Primero se intenta alcanzar un acuerdo con los acreedores proponiéndoles un plan de pagos ajustado a las posibilidades del deudor. Si no se alcanza el acuerdo, se liquida el patrimonio del deudor para pagar las deudas hasta donde alcance con lo obtenido de la liquidación. El resto de las deudas que no se hayan podido pagar, quedarán exoneradas para siempre.

1. 3.     ¿A qué tipo de deudas es aplicable?

A todas, con independencia de cuál sea su origen: deudas empresariales, préstamos personales, créditos al consumo, tarjetas de crédito, avales, hipoteca, deudas con particulares, tarjetas de centros comerciales, etc… con las excepciones siguientes:

-        Deudas con administraciones públicas

-        Deudas con garantía real

1. 4.     ¿Qué ocurre con las deudas con administraciones públicas?

No se pueden incluir dentro del acuerdo con los acreedores, se deben negociar con la entidad pública correspondiente. Pero si no se consigue el acuerdo con el resto de los acreedores, muy habitual, se declarará el concurso y entonces habrá que pagar solo la mitad del principal que se deba por este tipo de deudas.

No se tendrá que pagar ni recargos, ni intereses, ni sanciones, con lo que su importe se rebajará a menos de la mitad del total de la deuda. La otra parte quedará exonerada.

1. 5.     ¿Qué ocurre con las deudas con garantía real: hipotecas, vehículos, etc?

Habrá que entregarlos para cancelar las deudas hasta donde alcance su valor actual, el resto de la deuda que pueda quedar también se exonerará. En el caso de la vivienda habitual hay excepciones, sigue leyendo.

1. 6.     ¿Quién NO puede beneficiarse de esta Ley?

-        Quien hubiera sido declarado en concurso de acreedores, hubiera alcanzado o esté negociando un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores en los 5 años anteriores.

-        Quien tenga unas deudas superiores a 5 millones de euros

-        Quién haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico (hurto; robo; robo y hurto dentro de vehículos; usurpación; estafa; apropiación indebida; defraudación de fluido eléctrico y análogas; insolvencias punibles; alteración de precios en concursos y subastas públicas; daños; propiedad intelectual; propiedad industrial; delitos contra el mercado y los consumidores; delitos societarios; receptación), falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, en los 10 años anteriores a la declaración de concurso, salvo que se haya extinguido la responsabilidad criminal (cumplimiento de la condena, remisión definitiva, prescripción del delito o de la pena).

1. 7.     Si fui condenado por delito contra la seguridad vial, por alcoholemia, por agresión u otro delito distinto a los recogidos en el apartado anterior ¿puedo acudir a esta Ley?

Sí.

1. 8.     ¿Cómo se inicia el procedimiento?

Un notario, en el caso de persona no empresaria, se encarga de recoger la documentación requerida para iniciar el expediente y de designar a un mediador que, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial, intentará alcanzar un acuerdo entre el solicitante y sus acreedores.

1. 9.     ¿En qué consiste la mediación extrajudicial?

El solicitante, presenta a sus acreedores, a través del mediador, una propuesta de pagos basándose en su capacidad económica. Dicha propuesta puede plantear la entrega de bienes en pago de deudas, la reducción de las deudas mediante quitas (reducciones) y el pago de la deuda restante durante un plazo de tiempo que no puede exceder de 10 años. Dicha propuesta no vincula a los acreedores privilegiados (hipoteca) ni a los créditos públicos.

1. 10.  ¿Qué ocurre si no se consigue un acuerdo?

Si la propuesta se aprueba, se cierra el expediente que será supervisado por el mediador hasta su total cumplimiento.

En otro caso, o si el acuerdo se incumple, el mediador deberá solicitar al Juzgado la declaración de concurso del deudor.

1. 11.  ¿En qué consiste el concurso de acreedores?

El mediador asumirá normalmente el cargo de administrador concursal y deberá liquidar los bienes del deudor, para pagar las deudas hasta donde alcance con lo obtenido de la liquidación.

1. 12.  ¿Qué ocurre si no dispongo de bienes de ningún tipo?

Si no hay nada que liquidar, el concurso concluye de forma prácticamente automática. 

1. 13.  ¿Qué ocurre con las deudas que no se hayan podido pagar?

Concluida la liquidación y repartido lo obtenido entre los acreedores, o ante la inexistencia de activos que liquidar, el administrador concursal solicitará la conclusión del concurso. Emitirá un informe sobre el cumplimiento o no de los requisitos por parte del deudor para gozar del Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho o perdón de las deudas (BEPI).

1. 14.  ¿Cuáles son los requisitos para que se puedan exonerar las deudas?

Para poder gozar del BEPI es necesario ser un deudor de buena fe. Se trata de un concepto objetivo, no depende del criterio del juez. Es considerado deudor de buena fe todo aquel que cumpla los cuatro requisitos siguientes:

1.-  haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos (aunque no se haya conseguido. Es la 1ª fase del procedimiento, se cumple siempre)

2.- la no calificación de culpabilidad en el concurso (Para que fuera culpable debería existir dolo o culpa grave, para ello debería existir ocultación de bienes, falsedad, falta de colaboración. Es casi imposible que ocurra.)

3.- la ausencia de condena alguna al deudor por delitos socioeconómicos (Hay que aportar un certificado de penales para acreditar esta condición antes de iniciar el proceso. Recordemos que condenas de cualquier otro tipo no impiden la obtención del BEPI)

4.-el pago o cancelación de todos los créditos contra la masa y los privilegiados

(Contra la masa son los gastos generados en el procedimiento como honorarios del mediador y del notario. Hay que pagarlos.

Privilegiados son los que gozan de garantía real como las hipotecas y el 50% de las deudas con administraciones públicas. Se cancelarán con la dación en pago del inmueble o del vehículo o con el pago en caso de Hacienda o Seguridad Social.)

1. 15.  ¿De qué depende que el juez exonere las deudas no satisfechas?

Únicamente de cumplir los cuatro requisitos anteriores.

No se trata de una decisión subjetiva del juez.

Si se cumplen los cuatro requisitos, el juez, a petición del deudor, concederá el BEPI, que tendrá carácter de total y definitivo.

1. 16.  ¿Qué deudas quedarán exoneradas?

La exoneración alcanzará a todas las deudas que no se hayan podido pagar con lo obtenido de la liquidación: préstamos bancarios, mini créditos, hipotecas, tarjetas de crédito, créditos para consumo, facturas de teléfono, electricidad, agua, gas, gastos comunitarios, deudas con particulares o cualquier otro tipo de deuda, incluido el 50% restante de las deudas con administraciones públicas si las hay.

Quedarán exoneradas todas las deudas existentes, tanto si se incluyeron en la solicitud como si no. Si olvidé incluir alguna deuda en la solicitud no importa, también quedará exonerada.

Pero hay que tener en cuenta que, para ello previamente:

-        Si existe hipoteca, tendrá que haber realizado la dación en pago del inmueble durante la fase de liquidación o se la habrá adjudicado el banco en la subasta.

Si ya se había ejecutado la hipoteca antes y aún debía una cantidad porque la deuda superaba al valor de adjudicación, esa deuda desaparecerá junto con todas las demás.

-        Si debe a entidades públicas: Hacienda, Ayuntamiento o Seguridad Social, deberá haber pagado la parte de la deuda que goza de privilegio. Recordemos, suele ser menos de la mitad del principal de la deuda.

La otra parte de la deuda que esté sin pagar, más las sanciones, los intereses y los recargos, serán exonerados por el Juez.

1. 17.  ¿Qué ocurre si no dispongo de liquidez para pagar los créditos contra la masa (gastos del procedimiento) y los privilegiados (hipotecas y el 50% de las deudas con administraciones públicas)?

Si el deudor no cumple la última condición, de haber pagado todos los créditos contra la masa y los privilegiados, podrá disfrutar de un BEPI provisional, si plantea y se somete a un plan de pagos que deberá ser aprobado por el juez.

El BEPI provisional obtenido, alcanzará a todos los créditos, exceptuando las deudas con administraciones públicas.

Cumplido el plan de pagos a los 5 años, o sin que se haya cumplido, pero si el deudor ha destinado a su cumplimiento el 50% de los ingresos no inembargables que hubiera percibido durante ese plazo, o el 25% de éstos de tratarse de un deudor en riesgo de exclusión o especial vulnerabilidad, el juez podrá conceder el BEPI definitivo que alcanzará entonces a todo el pasivo insatisfecho, incluidos los créditos contra la masa y los créditos públicos.

1. 18.  ¿Si no puedo hacer frente a todas mis deudas, pero sí que puedo pagar la hipoteca de mi casa, podré conservarla o deberé liquidarla?

Depende.

-        Si el valor de mercado de la vivienda es superior a la deuda hipotecaria, muy probablemente deba liquidarla para pagar la deuda hipotecaria y aplicar el exceso obtenido, para pagar al resto de acreedores.

-        Si el valor de mercado de la vivienda es inferior a la deuda hipotecaria, se encuentra al corriente de pago de la hipoteca y le interesa conservar la vivienda, se podrá excluir la vivienda habitual de la liquidación de los bienes y podrá conservarla mientras siga pagando la hipoteca.

1. 19.  ¿Si debo entregar mi vivienda para la dación en pago del préstamo hipotecario, deberé desalojarla de inmediato?

No, si es usted candidato a gozar de los diferentes tipos de protección que brindan las leyes a los deudores hipotecarios y en riesgo de exclusión (RD 6/2012 alquiler dos años en caso de dación en pago, RD 1/2013 moratoria lanzamiento, RD 27/2012 fondo social de viviendas, etc..), seguirá teniendo derecho a dicha protección si se produce la dación en pago de su vivienda dentro del procedimiento de acuerdo extrajudicial o en el concursal. El administrador concursal deberá solicitar la concesión de dichas medidas al juez.

1. 20.  ¿Tendré que ir a algún tipo de juicio?

No. Únicamente deberá asistir a la reunión de acreedores que convocará el mediador concursal, probablemente en su despacho y a la que apenas suele acudir algún acreedor. Normalmente, salvo que el mediador lo solicite, no se requerirá su asistencia a ningún otro acto. Todo el procedimiento es escrito y lo tramita el mediador.

1. 21.  ¿Se puede revocar la exoneración de las deudas?

Durante los cinco años siguientes se podrá revocar la concesión de la exoneración si se descubre que el deudor ocultó bienes, o si su situación económica mejorase sustancialmente debido a la obtención de algún premio de azar o una herencia que le permitiera el pago de las deudas exoneradas.

Si la mejora económica proviene del trabajo personal o de una actividad profesional o empresarial no procedería la revocación del BEPI por muy bien que se pueda ganar la vida en lo sucesivo.

1. 22.  ¿Qué profesionales intervienen?

Es muy recomendable contar con el asesoramiento de un profesional experto en esta Ley, no es suficiente con que sea abogado, economista o asesor fiscal.

Es necesario estudiar cada caso y decidir la mejor estrategia para poder disfrutar lo antes posible del BEPI, si es que éste es factible.

Elija a un profesional que le asesore y le acompañe durante todo el procedimiento extrajudicial y concursal. Que vaya con usted al notario, a la entrevista con el mediador, a la reunión de acreedores y a cualquier reunión a la que se le pueda requerir. Que vele por sus intereses, que le informe sobre los honorarios que debe satisfacer a los demás profesionales y que le facilite asistencia letrada en el caso de que el juez lo solicite.

Que no se limite a decirle lo que tiene que hacer y a donde tiene que ir.

Un notario, si es usted persona natural no empresaria, o el registrador mercantil, si es usted empresario, tramitarán en pocos días su solicitud de inicio de acuerdo extrajudicial de pagos y designarán a un mediador concursal que lo gestionará.

El mediador concursal es un profesional del derecho o de la economía, que intentará alcanzar un acuerdo con sus acreedores según una propuesta de pagos ajustada a sus posibilidades.

De no conseguir dicho acuerdo, solicitará la declaración de concurso al Juzgado, normalmente asumirá la función de administrador concursal y liquidará sus bienes si los hay.

Finalmente, emitirá un informe que permitirá al Juez, dictar un Auto exonerándole a usted de todas sus deudas y concluir el concurso.

La Voz de Galicia

Pili Carrera supera el concurso de acreedores

Su propuesta de convenio de la empresa textil logra un apoyo del 60 % de la masa acreedora

 La empresa textil Pili Carrera consigue superar el concurso voluntario de acreedores al que se acogió en septiembre del 2018 en tiempo récord. La firma ha solicitado al Juzgado Mercantil nº2 de Pontevedra, el fin del procedimiento concursal y la aprobación del convenio de acreedores, con su correspondiente plan de viabilidad y su plan de pagos de la deuda (la opción mayoritaria aceptada es a 7 años siendo, con los dos primeros de carencia), según ha comunicado la empresa que se encuentra en estos momentos ultimando su producción y entregando los pedidos de la colección primavera-verano 2019.

 La emblemática firma de moda infantil, que se acogió al concurso para negociar una deuda de 5.123.091,72 euros, (la mayor parte de ella en manos de un pool de bancos) también ha conseguido eludir un conflicto laboral, tras llegar a un acuerdo con el comité de empresa para ejecutar un expediente de extinción de empleo. Empresa y sindicatos (CIG, UGT y CC.OO.) han pactado un ajuste que supone el despido de 39 trabajadores, seis menos de los que estaban planteados en la solicitud remitida al juzgado de lo mercantil como parte del plan de viabilidad. 

Faro de Vigo

Pili Carrera pide salir del concurso tras la aprobación del ERE para 39 empleados

La propuesta de convenio, con el pago de deudas a 7 años, recibe el aval del 60% de los acreedores

Pili Carrera ha pedido al Juzgado Mercantil número 2 de Pontevedra la salida del concurso de acreedores y la aprobación del convenio con su plan de viabilidad y de pagos, que ha recibido el apoyo del 60% de los acreedores. Establece, según acaba de informar la propia empresa, el abono de la deuda en un plazo de siete años y los dos primeros de carencia.
El anuncio llega tras la firma de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con los tres sindicatos del comité de empresa. El ajuste afectará finalmente a 39 trabajadores (10 menos que los previstos en un principio por la histórica textil con sede en Mos), de los que 26 serán bajas voluntarias y 13 salidas forzosas.
"La compañía se encuentra en estos momentos ultimando su producción y entregando los pedidos de la campaña Primavera-Verano 2019", apunta Pili Carrera, que en septiembre decidió solicitar el concurso con una deuda de 6,8 millones de euros.

La Voz de Galicia

Vulcano, abocado a la liquidación si no consigue 10 millones el viernes

El comité de empresa pide el apoyo del alcalde de Vigo ante la difícil situación de los trabajadores

El astillero Vulcano está abocado a la liquidación si el viernes no consigue los 10 millones de euros que necesita para terminar el ferri para la naviera Armas de Canarias. Los trabajadores llevan dos meses sin cobrar y hoy han pedido el apoyo del alcalde ante su difícil situación.
Para intentar desbloquear el problema, el comité ha instado una reunión que tendrá lugar el viernes en Santiago y que estará presidida por el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. En ella participarán representantes de la casa armadora, del astillero, del Banco de Santander y del Instituto de Crédito Oficial.
 El presidente del comité, Nicolás Sangabruek, ha señalado que la terminación del Villa de Terir se está prolongando porque se descubrieron defectos que es necesario subsanar. Calcula que se tardarán cinco semanas en dar los últimos retoques si se consigue la financiación precisa.

 

Faro de Vigo

Factorías Vulcano exprime sus últimas opciones antes de declarar la quiebra

La reunión del viernes entre financiadores, armadora y plantilla, crucial

La única opción que tiene Factorías Vulcano para evitar la quiebra inmediata es que la banca, propietaria del ferri encargado por Trasmediterránea, se concluya "cuanto antes". Y ese "cuanto antes" es, como tope, antes de mediados de enero. Pero para eso necesita de una inyección urgente de liquidez de cuatro millones de euros, como avanzó FARO en exclusiva, adicionales a otros ocho a fecha de entrega del buque. Si es que ésta se produce, claro. A día de hoy no existe ninguna garantía de que la histórica atarazana viguesa vaya a ingresar ese adelanto de liquidez -ya recibió una septiembre, insuficiente para la conclusión del ferri- y la liquidación es un escenario que prácticamente da por hecha la plantilla, que hoy se reunió con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El Villa de Teror, el ferri que construye Factorías Vulcano, tendría que haber realizado las pruebas oficiales de mar a finales de noviembre. Pero el buque, cuya fecha inicial de entrega la que figura en el contrato era el 28 de junio, no se movió de las gradas. La banca ha decidido no desbloquear de momento la nueva inyección de tesorería al existir un "conflicto" entre el astillero y la armadora; sin un nuevo adelanto de dinero ni se pueden realizar los tests, ni concluir la construcción, abonar los en torno a diez millones de euros que se adeudan a auxiliares y proveedores ni pagar las nóminas a la plantilla. Los 79 trabajadores de Vulcano llevan, según fuentes sindicales, dos meses sin cobrar, pese a que la atarazana había asegurado estar "al día" con los salarios. Trasmediterránea, a preguntas de FARO, no ha confirmado ni desmentido que todavía cuente con el ferri para engordar su flota. Al menos para antes de mediados de enero, cuando podrá cancelar el pedido de forma unilateral por los sucesivos retrasos.
Llegar a esa fecha sin el barco terminado y entregado es el escenario que quieren evitar a toda costa CC OO, UGT y CIG, que reclamaron un encuentro "urgente" entre todas las partes implicadas para garantizar la continuidad de la plantilla. Esta reunión se celebrará el viernes en Santiago. Las centrales se han dirigido al conselleiro de Economía, Francisco Conde, a fin de sentar en una misma mesa al astillero, la naviera, el financiador y los avalistas del proyecto. El objetivo pasa por "dar futuro a la unidad productiva", al margen de la continuidad de la familia Santodomingo (controla Vulcano a través de Astilleros La Mecánica). El temor de la plantilla es que la empresa entre en liquidación voluntaria o necesaria, a instancias de algún acreedor con el barco en las gradas. "Así se complicaría mucho el proceso" y una eventual subrogación de los trabajadores en otra firma naval interesada en las instalaciones, llegado el caso. "Hay que entregar el barco"; no se podrá hacer antes de que se supere la fecha de cancelación sin una nueva entrada de liquidez.
Para las entidades no hay garantías de que el Villa de Teror se vaya a entregar, ya sea por incumplimiento de los plazos o por falta de interés de la naviera en recepcionarlo. El incumplimiento de las fechas estipuladas en el contrato fue atribuido por Vulcano a causas externas: un error en los sistemas de propulsión (de Wärtsila), primero, y el proceso de absorción de Trasmediterránea por Armas (con el pintado del nuevo logotipo), después.

La Vanguardia

Familias y empresarios podrán lograr el perdón a su deuda en sólo 3 meses

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Los jueces de Barcelona acortarán los plazos en los concursos de personas físicas

Lograr el perdón judicial a las deudas que no se pueden pagar será a partir de ahora mucho más fácil y rápido. Al menos, en Barcelona. El Tribunal Mercantil de Barcelona –que agrupa a los once juzgados mercantiles de la provincia– y el juzgado de primera instancia número 50 de la ciudad de Barcelona han aprobado un protocolo de actuación para acortar al máximo los plazos de tramitación de los denominados concursos de acreedores consecutivos, que afectan a empresarios y avalistas, por un lado, y a ciudadanos particulares, por el otro.

Estos concursos son los presentados al amparo de la ley de la Segunda Oportunidad que entró en vigor en el 2015 y que, cuatro años después, está lejos de despegar. La ley se ideó –como indica su nombre– para permitir empezar de nuevo a aquellas personas que viven sepultadas bajo el peso de sus deudas, siempre que hubieran llegado a esta situación de forma fortuita (sin culpa) y que hubieran liquidado todo su patrimonio. En estos casos, el juez puede conceder lo que se conoce como el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, el perdón judicial definitivo, inatacable y para siempre de las deudas pendientes.

Los concursos duran ahora hasta tres años, un tiempo muy largo para los afectados

Esa era la intención del legislador y también de los jueces que tienen que aplicar la norma. Pero, en la práctica, muchísimos menos de los potenciales beneficiarios de la ley han logrado su objetivo. La mayoría, ni lo han intentado por desconocimiento, falta de recursos económicos o respeto a los juzgados. Y otros, los pocos que sí se lanzan a declararse en concurso, ven como el proceso se eterniza en los juzgados y cuesta mucho llegar al final deseado.

“Es todo un despropósito: la tramitación de un concurso no debería durar más de un año y, en cambio, se demora mucho porque los deudores vienen sin procurador, rebotados de plataformas de Internet o con abogados que no conocen los procedimientos”, apunta Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona. Este juez, junto con sus compañeros que también tramitan concursos de empresarios y Juan Manuel Chamorro, titular del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, se han conjurado a poner todo de su parte por agilizar los plazos.

Los concursos con mediador, deudores sin activos y que pidan el perdón a su deuda

En concreto, y en aquellos casos en los que la solicitud del concurso sea realizada por el mediador concursal –la ley prevé que, antes de ir al juzgado, el deudor intente llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar– y no haya activos por repartir, el camino hacia el perdón de las deudas pendientes será de unos tres meses. “El avance puede ser importante porque nosotros damos prioridad a los concursos y aún así tardamos entre 12 y 15 meses desde la entrada en el juzgado hasta su conclusión”, dice Chamorro.

El protocolo elimina algunos trámites que, para los supuestos citados, no tienen sentido, como las denominadas secciones 2ª a 6ª de los concursos. Son las que se refieren a la gestión de los activos (no hay), el pasivo, el convenio y la liquidación o la pieza de responsabilidad. Con carácter general, y salvo impugnaciones, se obviaran en estos casos. Junto con lo anterior, los juzgados enviarán directamente al BOE el auto de declaración del concurso para su publicación inmediata, lo que también supondrá un ahorro de tiempo, y, si no hay impugnaciones, instarán a la administración concursal a que pida de parte de su cliente la exoneración de la deuda.

Con el objetivo de eliminar esperas absurdas o estériles, los jueces pedirán a la Generalitat que les permita comunicarse con la administración concursal a través de la aplicación Lexnet coordinada con Justicia.cat. Ya se verá si es posible. De momento, hasta que esto se materialice, el acuerdo de los jueces es poner como condición a los administradores concursales que faciliten un correo electrónico como medio de recibir las notificaciones del juzgado. “Si no hay incidentes judiciales, en dos o tres meses se puede finiquitar el concurso y eso es muy bueno para todos”, concluye García Orejudo.

 

La Voz de Galicia

Pili Carrera recortará su producción un 30 % para aligerar la deuda y ser viable

La propuesta de convenio, con quitas del 50 %, tiene ya el sí del 46 % de los acreedores

La viabilidad de Pili Carrera está encarrilada. La empresa de moda infantil, que se acogió el pasado mes de septiembre a un concurso de acreedores, acaba de presentar en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra un plan pautado hasta el 2026 para liberarse de cargas y mantenerse a flote.

La propuesta anticipada de convenio de la empresa, ahora tutelada por un administrador concursal, ofrece a sus acreedores dos vías de acuerdo. La primera, garantiza la amortización del 100 % de la deuda en un plazo de 7 años, remunerando con un interés del 0,5 % los créditos de quienes expresamente elijan este camino.

La alternativa a esta primera opción consiste en aceptar una quita del 50 %, reduciendo la espera a cuatro 4 años.

La masa pasiva de Pili Carrera que recogen los documentos que acompañaban a la demanda de solicitud de concurso voluntario es de 5.123.091,72 euros. Según el documento presentado en el juzgado, las adhesiones conseguidas hasta la fecha representan ya más de 2,3 millones de euros, que equivalen a casi la mitad del pasivo presentado por la concursada (en concreto, suponen un 45,59 %).

¿Cómo está convenciendo la empresa a sus acreedores para que se sumen a su propuesta anticipada de convenio? La clave está en el plan de viabilidad que acompaña a la estrategia diseñada por Pili carrera para sanear sus cuentas, y que pasa por un recorte de la producción del 30 %.  

Venta de «stocks»

La empresa piensa compensar económicamente esa menor actividad con la generación de ingresos procedentes de las ventas de stock a través de los canales outlet (rebajas) y on-line. Esta estrategia permitirá a la compañía ingresar un 100 % de margen, puesto que, al tratarse de artículos fabricados, los costes de producción ya fueron absorbidos en anteriores ejercicios.   

Sin reducción de plantilla

Este ajuste del volumen de producto confeccionado a la demanda prevista se complementará con una «adaptación del personal de fábrica y tiendas». El documento en ningún momento habla de reducción de plantilla, y sitúa la citada «adaptación» en el tiempo y desde el presente otoño-invierno hasta la temporada 2019-2020.

El plan basa su éxito en la racionalización de la producción de Pili Carrera, lo que supone «adaptar el número de unidades productivas a la capacidad de absorción de la demanda». La empresa se compromete a sacar mayor rendimiento a los canales de venta (habla de «optimizar»).

«Estas medidas se complementarán además con una adaptación de los costes de la estructura de la empresa, en todos sus niveles, al volumen de producción y ventas considerado», explica el documento depositado en el Juzgado.

Con todo ello, Pili Carrera espera además reducir al mínimo imprescindible sus necesidades financieras. 

La banca, que se negó a negociar, es ahora la primera en adherirse al plan de reflote

Casi 3 millones de euros de deuda financiera son la principal razón de que la empresa Pili Carrera no haya tenido más remedio que acogerse al concurso de acreedores. Un pool de bancos integrado por hasta ocho entidades rechazó la petición de la empresa: un aumento de la financiación de 500.000 euros y la renovación de los créditos para circulante por un importe aproximado de 1,2 millones de euros durante un año.

Ahora, una vez acogida a la Ley Concursal, son los bancos los primeros en encabezar la adhesión a la propuesta anticipada de convenio de la empresa. Entre los que ya se han pronunciado a favor figuran el BBVA, el Sabadell y el Santander (incluye el Banco Popular y Banesto).

Y es que si algo deja claro todo este proceso es que el problema de Pili Carrera se produce como consecuencia de un frenazo del mercado cuando la compañía había completado un fuerte proceso de crecimiento. Dicho de otra forma, lo que ocurrió fue una «no adaptación de la producción a la demanda real». Las cifras de pérdida de mercado hablan por sí mismas. Según la información económica que aporta al juzgado, Pili Carrera pasó de facturar 11 millones de euros en el 2007 a facturar siete en el 2017.

En este período, los gastos de personal se dispararon. Pasaron de representar el 19,39 % en el 2006 a situarse por encima del 38 % en el 2017. La empresa «no fue capaz de reajustar sus costes de producción» al nuevo escenario, reconoce.

 

Vigolex.com

NOVEDOSA SENTENCIA SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LOS GASTOS HIPOTECARIOS

 Tras la publicación de la última Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de Febrero de 2018, que, textualmente decia:

“El cliente deberá de hacer frente de forma íntegra al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), recogiendo que debe de distinguirse diversas situaciones:

• La constitución del préstamo deberá de incumbir al prestatario.
• Por el timbre de los documentos notariales y el impuesto correspondiente a la matriz deberán ser sufragados por partes iguales entre el prestamista y el prestatario.
• Respecto a las copias, existirá la obligación sobre quien la solicite.”

Esta Sentencia  provoco que muchas personas retiraran las demandas que  anteriormente habían presentado  pues la cantidad que suponia, descontando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) era  pequeña.

 Tribunal Supremo vuelve en una nueva Sentencia de fecha 16 de Octubre de 2018 por  la cual,  manifiesta, que el Impuesto de AJD debe de ser pagado  por los bancos, pues es el  interesado en la anotación de la  carga en el Registro.

Este nuevo giro a las reclamaciones de los gastos, abre las puertas a los usuarios  para que puedan reclamar lo que se impuso  a la hora de la firma del préstamo hipotecario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) establece que tienen derecho a reclamar los usuarios que cumplan los siguientes requisitos:

• Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que no hayan reclamado.
• Quienes tengan un préstamo hipotecario vivo (no pagado en su totalidad), que hayan iniciado la reclamación y no tengan una sentencia firme.
• Quienes tengan un préstamo hipotecario amortizado y no hayan transcurrido cuatro años.

Por tanto, aquellas personas que ya reclamaron el impuesto antes y obtuvieron una sentencia firme, no podrán volver a pedir el dinero a la entidad correspondiente.

Desde VIGOLEX  ABOGADOS le proponemos  que reclame los gastos que  pagó en su momento, ejerzan su derecho y nos dejen velar por sus intereses,

Contamos con expertos en la materia. No dude en consultarnos sin ningún tipo de compromisos.

VIGOLEX ABOGADOS 

C/Eduardo Iglesias nº8,portal 2, piso 6, oficina 2
36202 Vigo
 

986 95 38 50
679 501 127
986 24 06 53

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Faro de Vigo

Povisa tilda de "deficitaria" la oferta del Sergas por farmacia y ve lejos la salida del preconcurso

El comité detalla que la propuesta solo cubriría dos de los cinco millones de pérdidas por fármacos al año -El hospital solo ve "sostenible" agotar el convenio si Sanidade no le cobra por servicios

 "En vez de acercar posturas, parece que cada vez están más lejos". Con esa sensación salió ayer el comité de empresa de Povisa de la reunión con la dirección del hospital en la que le puso al día de las negociaciones. Le trasladó que la propuesta que han recibido del Servicio Galego de Saúde es "insuficiente" para resolver su situación y que, a día de hoy, está muy lejos de poder levantar el preconcurso de acreedores que solicitó el 28 de septiembre. De hecho, al centro de la calle Salamanca no le satisface la oferta económica que la Administración le pone sobre la mesa para resolver uno de los puntos claves del conflicto: las pérdidas que le provocan los medicamentos que el hospital dispensa a los pacientes no ingresados y los de alto impacto. Se queja de que es "deficitaria". Solo reduciría en dos millones de euros el déficit anual de 5 millones que le ocasionan, según explica la plantilla.
La versión de las negociaciones que la dirección del hospital concertado le trasladó ayer al comité es "bastante más negra" que la que escucharon del Sergas, describe un representante de los trabajadores. "Han dicho que de levantar el preconcurso, nada, que si seguimos así pasaremos ineludiblemente a concurso", relata y explica que Povisa opina que "el Sergas no se da cuenta de la dimensión del problema".

En verdad, el hospital concertado querría elaborar otro concierto en el que se aclaren esos puntos en los que las partes difieron en sus interpretaciones, "pero el Sergas no está por la labor". Por ello, cuenta que trata de negociar una situación en la que, por lo menos, pueda compensar con sus beneficios de la actividad privada las pérdidas de la pública.
Aseguró a los trabajadores que la oferta del Sergas para la Farmacia solo cubre una parte del déficit de los medicamentos, pero que aunque llegara a cubrir el total, "no llegaría para que la situación fuera sostenible a largo plazo, hasta la conclusión del concierto". Para lograr este escenario, le explicó al comité que necesitaría que Sanidade no le facturara por servicios que el hospital concertado no dispone, como la unidad de arritmias o las pruebas PET. Son procedimientos caros y que cada día se usan más.
Ni el Sergas ni Povisa quisieron dar ayer más explicaciones. Se volverán a sentar a negociar mañana.
Por su parte, el comité de empresa seguirá recabando apoyo institucional para vincular al acuerdo entre Sergas y Povisa al mantenimiento del empleo y de los derechos de los trabajadores y para que se garantice la calidad asistencial. Con este objetivo intervendrá en el pleno del Concello de Vigo y también en el de Moaña. También planean manifestarse ante el Parlamento cuando se debata la situación de Povisa.

El Pais

Povisa solicita preconcurso por pérdidas de 42 millones que atribuye al concierto con el Sergas

El hospital ha comunicado a la plantilla que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado

 

El hospital Povisa de Vigo ha confirmado este viernes que ha presentado la solicitud para que se la declare en situación de preconcurso de acreedores, y ha vinculado la decisión a la pérdidas acumuladas, que cifra en 42 millones de euros, desde la entrada en vigor del concierto vigente con el Sergas, en 2014.

La dirección de la empresa ha trasladado su decisión ya a la plantilla, a la que ha comunicado que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. De hecho, ha confirmado que ya ha comenzado a retrasar pagos, entre ellos el del IRPF.
Ahora se abre un plazo de tres meses para que la empresa pueda negociar con su principal cliente, el Sergas, ya que su situación se debe "única y exclusivamente" al "desequilibrio" generado por la "interpretación" que la Administración pública ha hecho del concierto sanitario.
El Sergas ha rechazado este viernes los argumentos esgrimidos por el hospital Povisa para justificar la solicitud de preconcurso de acreedores, y ha negado que la situación de la empresa sea atribuible al concierto sanitario que, han apuntado fuentes sanitarias, se está cumpliendo "estrictamente".
A través de un comunicado, Sanidade ha asegurado que, desde que Povisa le comunicó sus circunstancias económicas, "se han mantenido múltiples reuniones entre ambas partes con objeto de solucionar esta situación y acordar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la ejecución del concierto".
Por otra parte, ha incidido en que se están cumpliendo "estrictamente" los términos de dicho concierto y, con respecto a las "discrepancias" en la interpretación, el Sergas ha recordado que "ya fueron resueltas en sede judicial", donde se confirmó el criterio formulado por la administración.
Además, desde que se firmó el concierto (en 2014), "no se han registrado variaciones, ni en la actividad asistencial ni en los indicadores establecidos, que justifiquen variaciones en las bases acordadas entre ambas partes", han recalcado las mismas fuentes.

La Voz de Galicia

Povisa pide al Sergas que le pague más o se quede sus 137.000 pacientes

Plantea mantenerse como centro privado, lo cual genera un problema a la Xunta

 La semana pasada, el consejero delegado del Hospital Povisa, José Bernardo Silveira, avisó al conselleiro de Sanidade de que el centro sanitario quería solicitar el preconcurso de acreedores. Jesús Vázquez Almuíña le pidió más tiempo. Durante todo el año habían mantenido reuniones en las que el mayor hospital privado de Galicia avisaba de que estaba cerca de la quiebra. El jueves 20, el hospital se vio obligado a retrasar el pago del IRPF. Esta semana, las nóminas llegaron a peligrar por falta de liquidez. El jueves por la noche la decisión estaba tomada. El viernes se presentó el preconcurso en el juzgado de mercantil de Vigo con un escrito en el que asegura que «el origen y única causa de la situación de insolvencia inminente de Hospital Povisa SA es la aplicación del concierto mantenido con el Sergas».

 

Sanidade sabía lo que rondaba en el aire, pero desconocía que el viernes se precipitarían los acontecimientos. Ese mismo día, Silveira se los explicó por carta a Almuíña. En ella, el consejero delegado de Povisa le decía que el concierto firmado cuatro años antes le había provocado 42 millones de euros en pérdidas, una parte de las cuales habían compensado con beneficios del sector privado y con las reservas acumuladas.

Silveira le planteaba al conselleiro dos escenarios. Uno consiste en que el Sergas abone más a Povisa por conceptos que el hospital entiende que no debería pagar y que lastran sus cuentas. El segundo escenario es más radical: que Sanidade rescate la concesión y el hospital pase a mantener solamente la actividad privada, de particulares y seguros.

Esto sitúa al Sergas en una situación dramática. Povisa es el hospital de referencia para 137.000 personas del área de Vigo. Es el único centro sanitario privado de Galicia que forma parte de la red del Sergas. Si la concesión de servicio público se rescatase, el Sergas tendría que asumir de golpe a 137.000 personas.

¿Adónde irían? Todas ellas pertenecen al área sanitaria de Vigo y viven la paradoja de que la gerencia del Sergas en Vigo se hace cargo de ellas para la atención primaria (el centro de salud), pero no para la atención especializada (el hospital). Cada mes de noviembre, a una parte de la población se le permite elegir hospital: o Povisa o el Chuvi.

Vigo estrenó un complejo nuevo, el Álvaro Cunqueiro, hace tres años. Mantiene el Meixoeiro como complementario para algunas especialidades. El Cunqueiro tiene capacidad para crecer, porque la mayoría de sus habitaciones pueden ser dobles aunque solo tienen una cama instalada. Pero no hasta el punto de llegar a las más de 500 camas que ahora tiene Povisa. Y no solo se trata de camas: hacen falta quirófanos, consultas, hospitales de día para las quimioterapias, todo tipo de aparataje -desde resonancias hasta ecógrafos, pasando por aceleradores lineales...- y también personal.

Además, está el futuro de la plantilla, la segunda de Vigo, tras PSA, en número de trabajadores. Son unos 1.500. Povisa ya tuvo un concierto entre los años 2001 y 2010. A finales de ese año, como no había un nuevo contrato sobre la mesa, la dirección del hospital diseñó un ERE por si en enero del 2011 dejaba de contar para el Sergas. Ese expediente contemplaba 1.200 despidos. Se puede interpretar, por tanto, que si ahora Povisa se queda sin los 137.000 pacientes, tendría que prescindir de todos esos trabajadores.

No es el escenario que quiere Povisa. El hospital privado prefiere mantenerse como centro concertado. El contrato con el Sergas le permite mantener un tamaño que no tiene ningún otro hospital gallego y que en España mantienen muy pocos. El 75 % de sus ingresos provienen de la pública y gracias a ellos es un hospital general grande, lo que beneficia a su negocio privado.

Escenarios

Así que el complejo prefiere el primero de los escenarios que Silveira le planteó al conselleiro. Es decir, más dinero. Actualmente cobra 540 euros por cada paciente asignado, independientemente de cuánto use sus servicios. Pero el gran problema no es ese, sino la medicación y las pruebas. En cuanto al primero, Povisa tiene que pagar la prescripción de pacientes que no están hospitalizados, y esto le provoca pérdidas de entre cinco y seis millones al año, además de nuevos fármacos de alto impacto; y quiere que todo eso lo sufrague el Sergas. El problema de las pruebas es que cuando tiene ingresado a un paciente que necesita un examen que en el hospital no se hace y lo deriva a otro, tiene que pagar el procedimiento; y también quiere que el Sergas lo asuma. O eso, o encargarse de 137.000 personas más.

Un hospital de alto voltaje político

Uno de los médicos que a principios de los años 90 hacía guardias en el servicio de urgencias del Hospital Povisa era un joven de Baiona que hoy dirige la Consellería de Sanidade. Jesús Vázquez Almuíña conoce de sobra el hospital del Grupo Nosa Terra XXI, que siempre ha estado en el centro del debate político en la sanidad gallega. El bipartito jugueteó con la idea de sacar al hospital de la red pública. Era un símbolo de la privatización sanitaria y los colectivos de izquierda se lo exigían. Pero nunca se atrevió. Cuando Touriño perdió las elecciones, los informes del Sergas preveían la continuidad del hospital en su red.

Feijoo colocó como gerente del Sergas a Rocío Mosquera. Hasta aquel momento, la que después sería conselleira llevaba siete años dirigiendo el pequeño hospital compostelano Nuestra Señora de la Esperanza, que pertenecía al Grupo Nosa Terra. En Povisa se las prometían felices, porque al concierto de entonces le quedaba un año de vida y les tocaría negociar uno nuevo con una exempleada. Pero las relaciones entre Povisa y la Xunta se dañaron y la negociación duró cuatro interminables años.

El concierto ha permitido que la desmesurada lista de espera de Povisa se redujese de forma drástica en los últimos años, pero la oposición ha seguido acusando a la Xunta de mantener un hospital privado en la red pública. Ahora Povisa culpa al gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, muy cercano a Feijoo, de dejarlo al borde del abismo.

Mientras, el baile de nombres ha continuado. Hace un año, Povisa fichó como gerente a la ingeniera María Luisa Brandt. Para incorporarse a la última planta del hospital de la calle Salamanca, Brandt abandonó la gerencia de Galaria, una empresa de la Xunta de Galicia y cuyo presidente es el conselleiro de Sanidade, aquel joven que se fajaba haciendo guardias en Povisa a principios de los 90.

La Voz de Galicia

El hospital privado Povisa declara en el juzgado su «insolvencia inminente»

El centro atiende a 137.000 pacientes del Sergas, al que culpa de un déficit de 42 millones

El mayor hospital privado de Galicia está a punto de sufrir un colapso. Cuatro años consecutivos de pérdidas llevaron ayer a la dirección de Povisa, empresa del grupo de capital gallego Nosa Terra 21, a presentar el preconcurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. En el escrito, el centro hospitalario se declara en situación de «insolvencia inminente», y apunta como origen y «única causa» a la aplicación del concierto que mantiene con el Servizo Galego de Saúde, «reiteradamente denunciado». Ese contrato es el que hace de Povisa un caso único en Galicia: un hospital privado que tiene asignados pacientes del Sergas, 137.000, concretamente. Al concierto con la Xunta atribuye Povisa unas pérdidas de 42 millones de euros en los últimos cuatro años (nueve solo en este) que ha compensado parcialmente con los ingresos procedentes de la atención a particulares y a clientes de seguros privados.

El Sergas le paga a Povisa 540 euros anuales por cada paciente que tiene asignado, sin importar cuánto use sus servicios. Es una cantidad insuficiente, según la dirección del hospital, porque no cubre la medicación de pacientes ambulatorios -los que no están ingresados y acuden al centro solo a recibir tratamiento, como quimioterapia-. Por este concepto, la empresa mantiene que pierde entre 5 y 6 millones al año. A ellos se suman otros 5,4 millones de déficit por fármacos de alto impacto surgidos después de la firma del contrato.

 

El hospital denuncia también que el Sergas ha reducido progresivamente el envío de pacientes en especialidades que tradicionalmente eran referencia (quemados, litotricia o cirugía de la mano) y que en la pública no existían. Los ingresos por estos conceptos se han reducido en 1,5 millones de euros anuales respecto al concierto anterior, que caducó en el 2010.

Una bomba de relojería

Povisa le endosa al Sergas toda la culpa de su delicada situación financiera. Y esto supone una bomba de relojería para el Gobierno gallego. La dirección del hospital llevaba meses advirtiendo a Sanidade de su situación límite y había presentado varios contenciosos para reclamar más dinero. Fuentes del sector aseguran que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, llevaba días solicitando más tiempo a la dirección de Povisa. Ayer mismo, tras el anuncio, los convocó a una reunión para el lunes.

Pero la situación política también se complica. El procedimiento concursal abre ahora tres meses para negociar entre las partes y, si no hay acuerdo, otro mes para formalizar el concurso. Esto situaría la eventual suspensión de pagos en enero, un mes crítico para los hospitales por la irrupción de la gripe, y solo cuatro meses antes de las elecciones municipales. En noviembre se iniciará el plazo de elección de hospital del área de Vigo, que precisamente Povisa propone extender a toda la ciudadanía.

Cruce de acusaciones

Pero si la dirección del hospital dio ayer un golpe en la mesa, la Xunta no se quedó atrás. Aseguró que está cumpliendo «estritamente todos os termos do concerto asumido por ambas partes» y subrayó que nada ha variado desde que en el 2014 se firmó el contrato. En otras palabras, según la Xunta, la situación financiera de Povisa es culpa de sus gestores.

Se avecinan tres meses de dura negociación. No es la primera vez. A finales del 2010, cuando el anterior concierto terminaba, el hospital presentó un ERE para 1.200 trabajadores. No lo ejecutó. Ahora reclama a la Xunta «restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato». Es decir, más dinero. «En este momento, el futuro de Povisa está en manos del Sergas y, por extensión, del Gobierno de Galicia», dicen en una carta a la plantilla.

Sanidade adelanta facturas para pagar nóminas

La dirección de la empresa trasladó ayer su decisión a la plantilla, a la que comunicó que su fondo de reserva, con el que ha estado haciendo frente a las pérdidas, se ha agotado. Según fuentes del hospital, en el centro trabajan unas 1.500 personas -la cifra fluctúa-, lo que significa ser la segunda nómina privada más grande de Vigo.

Dirigentes de la Consellería de Sanidade comunicaron ayer mismo a la dirección del hospital que adelantarán el pago de facturas, valoradas en más de dos millones, para que la empresa pueda afrontar el abono de las nóminas a la plantilla. Con eso, podrán cobrar este mes a principios de la próxima semana, ya en octubre, algo que la pérdida de avales bancarios dejaba en el aire.

El comité de empresa acogió con pesadumbre la noticia, aunque no especialmente con sorpresa, ya que el hospital ha declarado pérdidas todos los años desde que se firmó el contrato con el Sergas.

Grupo Nosa Terra 21 es un conglomerado de empresas presidido por José Silveira que tiene en el negocio marítimo el principal pilar ingresos de la compañía, que emplea de forma directa a más de 2.000 trabajadores.

Los resultados de los últimos ejercicios vienen confirmando que el Hospital Povisa no es ni de largo el negocio que fue, y que es la naviera Elcano la que abandera ahora los ingresos del grupo. En su último ejercicio computado (año 2016), Povisa facturó 104 millones de euros, y registró más de tres millones de pérdidas.

El año pasado, Elcano cerró con unos ingresos de 593 millones de euros, un ebitda de 44,053 millones y un beneficio neto de 24,2 millones.

La Voz de Galicia

Metalships y Vulcano, dos grandes del naval gallego, en busca de comprador

El grupo Rodman vuelve a sacar al mercado su astillero tras recomprarlo a Sonangol

La construcción naval está en un buen momento. Todos los astilleros gallegos tienen carga de trabajo, pero no todos generan beneficios y, con la cartera de pedidos que hay firmada al cierre de julio del 2018, tampoco todos pueden garantizar su actividad más allá del 2020.

Este momento de repunte es el idóneo para negociar un buen precio por una instalación a pie de ría, y eso es lo que pretende de nuevo la sociedad Abada (antiguo grupo Rodman), propietaria del cien por cien del astillero vigués Metalships & Docks. Fuentes del mercado confirman conversaciones a título personal del presidente del grupo, Manuel Fernández, con constructores navales españoles (entre ellos, algún gallego) que se encuentran en proceso de expansión.

De entre las que han trascendido, destacan las mantenidas con Astican (Astilleros Canarios), especializada en la reparación de grandes plataformas destinadas al sector del petróleo. Este grupo prevé invertir 30 millones de euros en el puerto canario de La Luz en la construcción de un dique para la reparación de buques de gran tonelaje, y las instalaciones de Metalships en la ría de Vigo encajarían en su plan de crecimiento en esta actividad.

Fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas partes cifran en el entorno de los 50 millones de euros (ligeramente por debajo) la suma que está pidiendo Manuel Rodríguez.

Según las cuentas auditadas por Deloitte, Metalships registró 5,4 millones de pérdidas en el 2017, año en el que Abada recuperó el 100 % del astillero vendido a China Sonangol, la firma de Singapur vinculada al desaparecido magnate chino Sam Pa, que se convirtió en corporación CSEI después de que se le perdiera la pista a Sam.

A día de hoy, la cartera de pedidos de Metalships la integran un arrastrero de 79 metros de eslora para Groenlandia, de próxima entrega, y otro pesquero de 108 metros para Rusia. Este último contrato, por un precio cercano a los 90 millones, está firmado desde hace meses, pero sigue sin entrar en vigor y las últimas noticias que llegan al astillero indican que no lo hará. Con el salvavidas de la actividad de reparación siempre garantizado, Metalships trata de desbloquear la construcción del que, con 150 metros de eslora, se convertirá en el crucero de vela más grande del mundo. El buque permanece amarrado en el muelle que el grupo empresarial tiene en Domaio (Moaña), tras adquirirlo a Bankia tras la liquidación de Factoría Naval de Marín.

El caso de Vulcano

Por circunstancias diferentes, Factorías Vulcano también está en venta. A falta de unas semanas -«no más de cuatro», según fuentes de los proveedores- para entregar el ferri que construye para Trasmediterránea, siguen con la cartera de pedidos a cero, a pesar de haber disparado a todo lo que se movía en el mercado. En el último ejercicio presentó 41 ofertas a otras tantas licitaciones en todo el mundo, según las cuentas auditadas del 2017, que atribuyen al astillero 2,4 millones de euros de ganancias.

Tras encadenar trece expedientes de regulación de empleo desde el 2012, los propietarios, conscientes de que el tiempo se agota, están contemplando todas las posibles salidas. A falta de barcos, la venta sería la alternativa más interesante. Fuentes del sector aseguran que «se están manteniendo conversaciones con posibles compradores».

La venta es uno de los tres escenarios que desde hace meses contempla la Xunta para salvar el segundo mayor astillero privado de Galicia. De hecho, la propia dirección confirmaba en diciembre que había un inversor de origen turco interesado en hacerse con las instalaciones, aunque al final la operación no fructificó.

Los constructores privados acaparan casi la mitad de los pedidos del sector en España

Antes de la crisis del tax lease, en el año 2010, los astilleros privados gallegos acaparaban el 46 % de la carga de trabajo contratada en España. Ocho años después, el sector ha vuelto al mercado con fuerza, rozando ya las cifras de aquellos años de máxima actividad previos a la gran depresión que destruyó más de 200 pequeñas empresas auxiliares y 4.000 empleos.

El sector naval ha hecho balance semestral, a través del Ministerio de Industria, y los datos de los seis primeros meses del 2018 indican que los astilleros privados de Galicia cuentan con el 44 % del total de la cartera de pedidos contabilizados en todo el país durante el primer semestre de este ejercicio.

De los 61 pedidos registrados por el conjunto de las empresas navales, un total de 27 se corresponden con carga de trabajo de siete astilleros situados en las rías de Marín y Vigo. En el primer semestre se han consumado seis puestas de quilla, nueve botaduras y tres entregas.

Una cartera de mil millones

La actividad es especialmente intensa en Hijos de J. Barreras, Freire Shipyards, Armón Vigo, Cardama y Nodosa. Fuentes del sector se atreven a hacer una estimación del valor de los buques en cartera cercana a los 1.000 millones de euros.

El reto inmediato, según explican fuentes de la industria auxiliar, es incorporar mano de obra cualificada para garantizar que las entregas se producen en plazo. Ante esa urgente necesidad, la industria auxiliar ha comenzado a reclutar trabajadores de fuera de Galicia.