Faro de Vigo
El juez liquida Pazo de Congresos y da cuatro meses para devolver el Auditorio al Concello
El Juzgado de lo Mercantil 3 resuelve la
concesión firmada en mayo de 2006, pero no se pronuncia sobre la deuda
-El gobierno local declina valorar el auto hasta estudiarlo
La concesionaria del Auditorio Mar de
Vigo entra oficialmente en fase de liquidación. El titular del Juzgado
de lo Mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo dictó ayer la
resolución al no presentar la sociedad una propuesta de convenio para la
junta de acreedores convocada inicialmente para hoy y que ya no se
celebrará. Esta situación aboca por ley a la apertura de la fase de
disolución de la adjudicataria, que tiene de plazo hasta el 31 de marzo
de 2018 para entregar a la administración local la infraestructura y
poner a su disposición los gastos, devengos e ingresos. El magistrado
declara nulo el contrato de concesión firmado en mayo de 2006, pero no
se pronuncia sobre la deuda contraída por la concesionaria. Desde el
gobierno local declinaron ayer valorar la situación hasta que la
estudien los servicios jurídicos municipales.
Tras varios meses
en concurso de acreedores, el pasado 2 de noviembre quedó despejado el
futuro de la sociedad Pazo de Congresos al trascender que no había
presentado dentro de los plazos establecidos ninguna propuesta de
convenio para llegar a acuerdo con sus acreedores. En aplicación del
artículo 143.1 de la Ley Concursal, este hecho se traduce en la apertura
de la fase de liquidación, el cese de los administradores o
liquidadores sociales y su sustitución por un administrador concursal
para dirigir la liquidación de los bienes patrimoniales o derechos de la
sociedad disuelta.
Se trata de la liquidación de la primera
concesionaria que pasa por el Mercantil vigués y una vez acordada ayer
"resulta imperativa la resolución del contrato concesional formalizado
el 2 de mayo de 20016 entre el Concello de Vigo
y la concursada". Así figura en el auto judicial, que acuerda la
entrega y puesta de las instalaciones a disposición del ayuntamiento
junto a los gastos, devengos e ingresos procedentes de la explotación
del recinto de Beiramar. El magistrado reconoce la "necesaria
coordinación entre la concursada y el Concello para el traslado de la
gestión y la posesión de las infraestructuras, así como la gestión,
conservación y explotación comercial a favor del órgano concedente" y se
fija un plazo "prudencial" de aproximadamente cuatro meses que vencen
el último día de marzo de 2018. Se autoriza a Pazo de Congresos a dejar
de cumplir el contrato a partir de esa fecha. Entre sus accionistas
están Abanca, las constructoras Sacyr y Puentes y Calzadas además de
Merlín Properties. Ninguna ha querido realizar por ahora declaraciones y
también declinó esta opción el gobierno vigués, que no se pronuncia
sobre el importe de la deuda ni quién la asumiría ni sobre el futuro de
las instalaciones. Según el PP de Vigo, la deuda acumulada rondaría los
76 millones de euros.
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