Un juzgado admite el concurso del Popular y puede anular su resolución
Un juzgado mercantil de Madrid puede echar por tierra la resolución del Popular al admitir el concurso de acreedores del banco que echaría por tierra la resolución del 7 d ejunio
Novedad importante en el frente judicial del Banco Popular. La magistrada María Teresa Vázquez Pizarro, titular del juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid, ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario de acreedores del banco. Si finalmente prospera, podría anular la resolución de la entidad y su venta al Santanderder
decidida por la Junta Única de Resolución Bancaria (JUR) el 7 de junio,
lo que provocaría un conflicto jurídico muy importante. Fuentes del
consejo del Popular bajo la presidencia de Emilio Saracho
aseguran que no se trata de un brindis al sol sino que tiene un
fundamento jurídico importante: la falta de un informe definitivo de
valoración del banco.
Esta solicitud había sido presentada por un accionista del banco llamado Mariano Corbalán,
y en medios jurídicos se ha interpretado como una vía para que la JUR
haga públicos de una vez los famosos informes (el suyo propio y el del
experto independiente, Deloitte)
en los que se basó la decisión que significó que los accinostas y
tenedores de subordinada perdieran todo su dinero. Sin embargo, la
decisión de este juzgado tiene mucho más calado, según estas fuentes,
puesto que puede considerar que la resolución del Popular es nula.
Dicha eventual nulidad se basaría en que la decisión del 7 de junio
no cumple uno de los requisitos que establece el Reglamento europeo de
resolución bancaria (806/2014): la existencia de un informe definitivo de valoración
por parte del citado experto independiente. Dada la gravedad de la
situación de liquidez del Popular y la urgencia para solucionarla (no
tenía dinero para abrir al día siguiente), la JUR adoptó la decisión
basándose en un informe provisional. Sin embargo, sigue sin existir el
preceptivo informe definitivo casi cinco meses después.
Como es
sabido, inicialmente el FROB dijo que el informe provisional de Deloitte
valoraba el Popular entre -2.000 millones negativos en el escenario
base y -8.200 millones negativos en un escenario estresado. Más
adelante, se supo que también había una valoración positiva de +1.500
millones, aunque el presidente del FROB asegura que esa cifra no podía
utilizarse por cuestiones de prudencia y que entregaría el informe provisional a los tribunales si se lo solicitaban. Pero no hay ni rastro del definitivo.
A
priori, una decisión del juzgado de lo mercantil en este sentido
provocaría un conflicto jurisdiccional con el Tribunal de Justicia de la
UE, el organismo competente para recurrir la decisión de la JUR y al
que han acudido numerosos accionistas del Popular.
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