Los astilleros, pendientes de Luxemburgo
El Tribunal de la UE falla hoy sobre los recursos del Estado y de Pymar y Lico Leasing contra el dictamen de Bruselas sobre el antiguo "tax lease"
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará hoy sobre dos recursos de anulación contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de 2013 que exigió la devolución de las bonificaciones fiscales al sector naval español por considerarlas incompatibles con el mercado interior, como adelantó FARO. La corte comunitaria dictará dos sentencias sobre un recurso presentado por España y otro por las empresas Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros.
España reclama al Tribunal que anule la decisión porque considera que en esas bonificaciones fiscales -el antiguo tax lease- no concurre ninguno de los requisitos exigidos para ser considerados ayudas de Estado, y defiende que estas ayudas se obtenían mediante un proceso abierto a todos los inversores y que con ellos ni se falseaba ni se amenazaba con falsear la competencia. Asimismo alega que las bonificaciones se basaban en la confianza legítima, la igualdad de trato y la seguridad jurídica, por lo que aunque fueran consideradas ayudas de Estado no procedería su devolución.
Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros invocan los mismos motivos que España, y además añaden que la decisión de la CE no respeta los principios generales aplicables a la recuperación de ayudas de Estado, puesto que podría llevar a exigir a los beneficiarios la devolución de un importe mayor que la supuesta ayuda efectivamente disfrutada por éstos.
El Ejecutivo comunitario adoptó su decisión el 17 de julio de 2013 y determinó que los beneficiarios del régimen fiscal debían reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005. El entonces vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, dijo no disponer de datos sobre el importe a devolver que, para el periodo inicial contemplado para la recuperación de las ayudas -de 2005 a 2011- es entre 2.000 y casi 3.000 millones de euros, según los cálculos de España.
El ministerio de Hacienda calculó que el importe de las ayudas que deberían devolverse de acuerdo al dictamen de la CE supondrían un máximo de 126 millones de euros. Para cifrar las ayudas reales es necesario analizar caso por caso el beneficio fiscal realmente obtenido, para lo que se precisan datos adicionales de cada operación y su ritmo de ejecución.
Desde enero de 2013, los astilleros españoles trabajan con un nuevo tax lease, bendecido por Bruselas y el propio Tribunal de Luxemburgo, y que en comunidades como País Vasco o Asturias ya ha permitido cerrar más de una docena de contratos desde su puesta en marcha.
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