El Pais

La justicia europea da la razón a España por las ayudas a los astilleros

El Tribunal de Luxemburgo estima que la Comisión Europea erró en calificar como ilegales las ayudas privadas al sector naval, conocidas como 'tax leasing'

2013: La UE hace zozobrar a los astilleros

Un sector en decadencia, el de la construcción de navíos en España, ha recibido este jueves una buena noticia. El Tribunal de Luxemburgo ha fallado a su favor al considerar que no son ilegales las ayudas de financiamiento del sector de los astilleros por parte de entidades privadas —ventajas fiscales que se denominaron tax lease— tal y como consideró en 2013 el comisario de Competencia de entonces, Joaquín Almunia. La justicia europea libra así a España de devolver ayudas multimillonarias.

El comisario socialista exigió hace dos años la devolución de estas ayudas por parte de las entidades emisoras —entre las que estaba desde grandes multinacionales hasta bancos como el Popular o el Santander— que ascendía a un total de 2.800 millones de euros. Además, según esta ingeniería fiscal, se permitía a las empresas navieras adquirir los buques cofinanciados con entre un 20% y un 30% de descuento, según explica la sentencia. "Estamos encantados", aseguran fuentes de los astilleros que quieren resaltar la "unidad" de todas las regiones afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias) en la presión ejercida contra Bruselas.

La ira del sector se desató en grandes huelgas y protestas, sobre todo en los astilleros gallegos, pues los trabajadores creían que la carga de toda la multa por las ayudas recibidas entre 2007 y 2011 recaería finalmente en ellos. Incluso la Comisión sugirió remontarse a 2005 para computar todas las ayudas supuestamente selectivas al sector. No ha sido así. Luxemburgo ha ordenado anular la decisión de la Comisión, pero Bruselas aún tiene dos meses para interponer un recurso de casación, según el Tribunal.

Por otra parte, el Tribunal General estima que no está "suficientemente motivada" la conclusión de Bruselas según la cual las medidas controvertidas (tax leasing) podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Es decir, que pudieran ser incompatibles con el mercado único en la UE. Según establece la sentencia la competencia no fue atacada puesto que "cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones".

PYMAR —la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles— estudiará ahora "todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español", según un comunicado emitido esta mañana. "Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de tax lease [hoy en día existe otro cuyo primer usuario fue la Mutua Madrileña] era totalmente legal y ajustado a derecho", ha resaltado la consejera delegada de PYMAR, Almudena López del Pozo.

El papel de Holanda

El Gobierno holandés denunció hace años la posición dominante gracias a ayudas al sector de la construcción de barcos en España, especialmente los de una dimensión mediana que están relacionados con las plantas petrolíferas y lo comunicó a la UE. La comisaria de Competencia de aquel entonces, Neelie Kroes, también holandesa, estimó finalmente que no había ayudas ilegales, según explican por teléfono fuentes de astilleros. En una segunda denuncia, el sucesor de Kroes, el español Joaquín Almunia, decidió abrir una investigación y "el sector se paralizó", explican las mismas fuentes que aseguran que "el gran beneficiario resultó ser Holanda".

La decisión de Almunia de acusar a España de ayudas ilegales a un sector básico en regiones como Galicia, Asturias y el País Vasco significó un duro golpe a muchos trabajadores que acabaron por marchar a los Países Bajos para seguir construyendo naves. "Se llegó a pensar en la desaparición del sector", dicen representantes de astilleros privados en España. Incluso el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inició una batalla verbal con su socio de partido (PSOE) el comisario Almunia, declarando que todo era un "engaño" encabezado por él. "Si se cree que nos vamos a callar por ser del mismo partido está muy equivocado", espetó. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron, junto a otras 60 sociedades afectadas, la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron inmediatamente su anulación. Dos años después, la opinión de Almunia queda anulada.