El fiscal pide embargar a De Sousa las sociedades Kiwi España y Quinta do Sobreiro
El escrito, firmado por Juan Pavía, también solicita la confiscación al expresidente de Pescanov de cinco fincas, una en El Escorial y cuatro en Mérida
El fiscal del caso Pescanova ya ha remitido al juez la lista de bienes que deberán embargarse a los principales imputados a modo de garantía de la fianza solidaria de 158 millones que no depositaron, y en caso de una eventual responsabilidad civil, una vez finalizado el juicio.
El escrito, firmado por el fiscal Juan Pavía, pide la confiscación al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, de cinco fincas (una en El Escorial y 4 en Mérida). Pero, además, también incluye en los embargos las sociedades Kiwi España y Quinta do Sobreiro, que no fueron incluidas en la relación patrimonial presentada por De Sousa.
El fiscal echa manos de movimientos bancarios en España y Portugal, y de la declaración de la propia esposa del expresidente de Pescanova, para llegar a la conclusión de que ambas firmas han permanecido bajo el control de De Sousa, que ha seguido siendo su administrador único hasta febrero del 2014.
El informe del Ministerio Fiscal pide además la incautación, a modo de garantía de fianza, de dos fincas (una en Vigo y otra en Pontevedra) a nombre de Alfonso Paz Andrade; cuatro propiedades inmobiliarias en Ponteareas, de Antonio Táboas Moure y dos fincas en Madrid a Carlos Turci.
Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente, también figura en la lista con cinco propiedades (una, en Navalmoral de la Mata y cuatro fincas en Mérida). Completa la relación, Alfredo López Uroz, con dos propiedades en Vigo.
El documento pide además al juez que libre comisión rogatoria a Isla de Man (Reino Unido) para identificar cuentas bancarias, productos financieros o otro tipo de bienes que pudieran figurar a nombre de Alfonso Paz Andrade y, en caso de localizar alguna titularizad, proceder a su bloqueo.
Coches y cuentas
El escrito de Juan Pavía incluye además otros bienes de los imputados, como vehículos, cuentas bancarias o productos financieros; y requiere a los representantes de los imputados a presentar documentación catastral de otros bienes que no han podido ser incluidos en la lista remitida al juez, por errores en los números de registro catastral.
Pese a las peticiones de bloqueo de las cuentas bancarias de todos los investigados, el fiscal pide al juez que autorice los cargos por los importes de las hipotecas que graven los inmuebles embargados. También las facturas de comunidad, electricidad, agua o gas; además del importe de las obligaciones tributarias o contraídas con la Seguridad Social. Determina además que deberá fijarse un importe mensual de libre disposición para que los imputados puedan atender con razonable dignidad su subsistencia.
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