La Voz de Galicia

Martinsa-Fadesa ya tiene quien la liquide

Los tres antiguos administradores concursales aceptan de nuevo el encargo del juez

La abogada valenciana Antonia Magdaleno, el economista Antonio Moreno y el socio responsable de Reestructuring de KPMG, Ángel Martín, los tres administradores concursales que pilotaron la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa han aceptado de nuevo el encargo del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, Pablo González-Carreró Fojón, esta vez para ponerse al frente de la liquidación de la compañía, el mayor proceso de este tipo en la historia de España.

Fuentes judiciales confirman que los tres, tras acreditar la vigencia y suficiencia de su seguro de responsabilidad civil, como exige la ley concursal, han retirado ya las credenciales que les reponen en sus cargos.

Y, recién aterrizados, el trabajo ya se les acumula. En solo quince días hábiles -esto es, a la vuelta de Semana Santa-, los tres liquidadores deberán presentar al juez una propuesta sobre cómo se podría abordar la venta de los activos de la empresa para maximizar su valor y, de esta forma, atender en el mayor grado posible las deudas que arrastra la promotora. Cubrir todo el pasivo es una tarea imposible, ya que, según las últimas estimaciones de la compañía, sus bienes apenas valen actualmente 1.249,2 millones de euros, cantidad que apenas daría para cubrir un 21 % de la deuda total, y eso sin contar la depreciación que, de por sí, se produce en un escenario de liquidación, en el que los compradores interesados conocen la urgencia de la empresa por realizar sus activos.

Más plazo

Dada la complejidad del asunto, el juez podría ampliar ese escaso plazo inicial que les otorga la ley, prorrogando por períodos iguales de quince días.

Más tiempo, en concreto tres meses, tienen los tres administradores concursales para actualizar el listado de acreedores de Martinsa. Otra tarea no menor, ya que, según el último censo (actualizado en noviembre) son más de seis mil las empresas, organismos públicos y también particulares que esperan desde hace casi siete años a cobrar sus deudas.