La venta de negocios de empresas en quiebra salva miles de empleos
Los jueces mercantiles de Barcelona buscan homogeneizar los procedimientos | La Seguridad Social ha puesto en riesgo muchas operaciones al exigir deudas a la empresa compradora | El Departament d'Indústria y los jueces mercantiles colaboran desde el 2013 para buscar compradores
La venta de una parte significativa de los negocios -unidades productivas, en el argot- de empresas que se han visto abocadas al concurso de acreedores está permitiendo salvar miles de empleos en Catalunya,
donde la gestión de este tipo de procedimientos se lleva de forma
diferente al resto de España. "La ley concursal es la misma, pero aquí
ha habido gente que se ha comprometido y que ha hecho de la necesidad
virtud", afirma Luis Rodríguez Vega, titular del juzgado mercantil 4 de
Barcelona.
La venta de negocios con sus instalaciones y buena parte de sus trabajadores de empresas que han suspendido pagos ya era posible antes de las últimas reformas de la ley concursal, pero apenas se hacía. El punto de inflexión en Catalunya llegó con la venta de Cacaolat, propiedad de Nueva Rumasa, a Damm y Cobega en el 2011, que ha permitido preservar más de 400 puestos de trabajo. A partir de ese momento, tanto los jueces de lo mercantil como los administradores concursales y también la Generalitat se involucraron en impulsar mucho más este tipo de procesos.
Hace poco más de un año, en marzo del 2013, los jueces mercantiles de Barcelona firmaron un acuerdo con la dirección general de Indústria de la Generalitat para abordar de forma coordinada este tipo de operaciones. El Govern aportó su infraestructura pública para dar publicidad a los concursos y buscar compradores. Según datos de Indústria, en los últimos 13 meses, el departamento ha contribuido -unas veces de forma decisiva y otras, más testimonial- a la venta de 73 unidades productivas que han permitido dar continuidad a unos 3.500 puestos de trabajo, la mitad de los que estaban en riesgo en estos casos. "No nos queremos poner medallas -asegura Jordi Carbonell, director general de Indústria-, pero vemos esta colaboración como un instrumento de política industrial en el que nosotros no somos los protagonistas". En efecto, los principales facilitadores son los jueces, y sus colaboradores necesarios, los administradores concursales.
El abogado concursalista Carlos Zarco logró sacar adelante la venta de la unidad productiva de Pujol Muntalà, un fabricante de reductores con sede en Manresa, cuya planta y 78 de sus 123 trabajadores fueron transferidos al comprador, la compañía italiana Motovario. De esta y otras experiencias concluye que "lo que los acreedores deben entender es que si se liquida una fábrica en una subasta es peor para ellos, no acaban sacando nada y, además, se pierden todos los puestos de trabajo". Ahora, Zarco asesora a Mútua Terrassa en la compra de los centros de Salus XXI.
Para Agustí Bou, de Bufet Jausas, la dificultad para salvar los negocios viables pero mal gestionados estriba a veces en la actitud de los acreedores y, muy especialmente, la banca y Hacienda y la Seguridad Social. "Los primeros no entienden que es mejor perder una parte que perderlo todo y se resisten a firmar convenios; los segundos, por su parte, derivan la responsabilidad a los compradores de los negocios, con lo que crean una inseguridad jurídica dañina para este tipo de operaciones", dice Bou.
Esto último pasa, sobre todo, fuera de Catalunya. En Coronel Tapioca, fabricante de ropa y complementos, los inversores vascos que adquirieron el negocio en el marco del concurso vieron cómo la Seguridad Social les exigía al poco tiempo 1,2 millones de euros. Si lo hubieran sabido, la operación no se habría realizado. En Catalunya, los jueces mercantiles han mantenido reuniones con Hacienda y la Seguridad Social para blindar los procesos. "Se trata de homogeneizar las ventas de unidades de negocio, mejorar la publicidad y asegurar la concurrencia. Así, el precio sube y todos contentos", sentencia Rodríguez Vega.
La venta de negocios con sus instalaciones y buena parte de sus trabajadores de empresas que han suspendido pagos ya era posible antes de las últimas reformas de la ley concursal, pero apenas se hacía. El punto de inflexión en Catalunya llegó con la venta de Cacaolat, propiedad de Nueva Rumasa, a Damm y Cobega en el 2011, que ha permitido preservar más de 400 puestos de trabajo. A partir de ese momento, tanto los jueces de lo mercantil como los administradores concursales y también la Generalitat se involucraron en impulsar mucho más este tipo de procesos.
Hace poco más de un año, en marzo del 2013, los jueces mercantiles de Barcelona firmaron un acuerdo con la dirección general de Indústria de la Generalitat para abordar de forma coordinada este tipo de operaciones. El Govern aportó su infraestructura pública para dar publicidad a los concursos y buscar compradores. Según datos de Indústria, en los últimos 13 meses, el departamento ha contribuido -unas veces de forma decisiva y otras, más testimonial- a la venta de 73 unidades productivas que han permitido dar continuidad a unos 3.500 puestos de trabajo, la mitad de los que estaban en riesgo en estos casos. "No nos queremos poner medallas -asegura Jordi Carbonell, director general de Indústria-, pero vemos esta colaboración como un instrumento de política industrial en el que nosotros no somos los protagonistas". En efecto, los principales facilitadores son los jueces, y sus colaboradores necesarios, los administradores concursales.
El abogado concursalista Carlos Zarco logró sacar adelante la venta de la unidad productiva de Pujol Muntalà, un fabricante de reductores con sede en Manresa, cuya planta y 78 de sus 123 trabajadores fueron transferidos al comprador, la compañía italiana Motovario. De esta y otras experiencias concluye que "lo que los acreedores deben entender es que si se liquida una fábrica en una subasta es peor para ellos, no acaban sacando nada y, además, se pierden todos los puestos de trabajo". Ahora, Zarco asesora a Mútua Terrassa en la compra de los centros de Salus XXI.
Para Agustí Bou, de Bufet Jausas, la dificultad para salvar los negocios viables pero mal gestionados estriba a veces en la actitud de los acreedores y, muy especialmente, la banca y Hacienda y la Seguridad Social. "Los primeros no entienden que es mejor perder una parte que perderlo todo y se resisten a firmar convenios; los segundos, por su parte, derivan la responsabilidad a los compradores de los negocios, con lo que crean una inseguridad jurídica dañina para este tipo de operaciones", dice Bou.
Esto último pasa, sobre todo, fuera de Catalunya. En Coronel Tapioca, fabricante de ropa y complementos, los inversores vascos que adquirieron el negocio en el marco del concurso vieron cómo la Seguridad Social les exigía al poco tiempo 1,2 millones de euros. Si lo hubieran sabido, la operación no se habría realizado. En Catalunya, los jueces mercantiles han mantenido reuniones con Hacienda y la Seguridad Social para blindar los procesos. "Se trata de homogeneizar las ventas de unidades de negocio, mejorar la publicidad y asegurar la concurrencia. Así, el precio sube y todos contentos", sentencia Rodríguez Vega.
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