La Opinion de La Coruña

Los costes de la economía sumergida

El fraude genera déficit, daña las pensiones, destruye empleo y pervierte valores públicos

Todos los estudios sobre la economía sumergida, que necesariamente son siempre -con unas u otras metodologías- aproximaciones tentativas a un fenómeno muy difícil de medir por su propia condición oculta, sitúan a España en posiciones destacadas junto al resto de países mediterráneos. Los informes del profesor Friedrich Schneider, del Deutsche Bank y de otros centros de estudios son coincidentes desde hace años en situar a Grecia, España, Italia y Portugal, seguidos por Bélgica, como líderes en ocultamiento al Fisco de actividades económicas. Otro estudio, de La Caixa en 2013, situó a España en puestos relevantes pero por detrás del resto de los del Mediterráneo y de países del Este.

El último informe, el que acaba de hacer público uno de los sindicatos españoles de inspectores de Hacienda (Gestha), apunta a que la llamada ecomomía informal ha crecido durante la crisis y que ya alcanza el 26% del PIB español.

Aunque esta cifra está sujeta a discusión (el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, acaba de decir que todos los estudios al respecto han sido criticados por la OCDE por sus metodologías), sí hay coincidencia generalizada en que en España el volumen de la llamada economía B es muy elevado. Tiene que ver con razones de índole cultural, de escala de valores morales y de pautas y consensos sociales y también con la estructura productiva y la especialización sectorial de cada país.

Los efectos económicos de la evasión fiscal y del ocultamiento económico son diversas y casi todas perversas.

Menos recaudación fiscal. El primer efecto es de caída de la recaudación tributaria. España, tanto cuando bajó y suprimió impuestos en la época de la euforia como cuando los subió en tiempo de crisis, ha mantenido un nivel de recaudación respecto al producto interior bruto (PIB) inferior a la media europea en un rango que oscila entre 4,2 y 9,8 puntos de PIB.

EDéficit público. Esta menor capacidad recaudatoria española no está ligada en su totalidad a la evasión fiscal. También a la elusión: la capacidad de tributar menos por aprovecharse de las ventajas que concede la norma y sus recovecos, mediante exenciones, desgravaciones y bonificaciones. La suma de ambos fenómenos resta capacidad de ingresos al erario público, y esto lleva al déficit fiscal pese a que el conjunto de las Administraciones públicas españolas gastan (dato de 2013) el equivalente al 43,3% del PIB, 6,4 puntos de PIB menos que la media europea. Este menor gasto público ha sido una constante desde mucho antes de los recortes asociados a la crisis.

Reparto desigual de las cargas. La falta de recaudación suficiente entraña el efecto perverso de que los sujetos fiscales cumplidores con la ley tienen que asumir unas mayores cargas tributarias para hacer frente al sostenimiento de los servicios públicos. Las subidas fiscales son la sobrecarga que los contribuyentes han de asumir en términos de presión y de esfuerzo fiscales porque otros operan con dinero negro y eluden corresponsabilizarse en el reparto de cargas comunes.

Estado del bienestar. La conquista social de la protección del ciudadano mediante el amparo de una sanidad, educación y dependencia garantizadas queda severamente comprometida cuando crece una economía que opera en la sombra y que no contribuye a la caja común pero que sí es consumidora de recursos públicos porque utiliza las infraestructuras y servicios públicos universales (desde la defensa, la seguridad y protección civil a la salud y la educación) en igualdad de condiciones que los sujetos fiscales que sí contribuyen.

Sistema público de pensiones. La transferencia de actividades de la economía formal a la informal debilita el sistema público de pensiones porque detrae cotizantes cuando siguen aumentando los perceptores por razones demográficas.

Genera paro. La economía sumergida es destructora de empleo. Quienes operan en la actividad subrepticia hacen competencia desleal a quienes actúan de forma reglada, pagando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esto vale para quienes no facilitan facturas, para quienes practican la recurrente pregunta del "¿Con o sin IVA?" y para quienes directamente eluden por sistema la facturación con el recargo por la aplicación y declaración del impuesto sobre el valor añadido. Estos operadores acaban expulsando del mercado a quienes actúan en la legalidad porque el defraudador puede competir con menos precios al consumidor. La competencia desleal destruye por ello empleo formal y, en caso contrario, fuerza a muchos de ellos a sumergir su actividad para poder competir en igualdad con el evasor.

Agravio comparativo. La economía sumergida establece una perversión de valores morales y valores públicos porque introduce un agravio comparativo entre ciudadanos cumplidores y ciudadanos que no lo son, con ventajismo para los incumplidores, lo que infiltra en la sociedad un código ético perverso que es a su vez favorecedor de la expansión de la corrupción a gran escala como ecosistema admitido como natural. La corrupción a gran escala impera mucho más en los países cuyas bases sociales son más tolerantes y comprensivas con la picaresca, la evasión y la doble moral. El reciente estudio de la Comisión Europea sobre el ranking de la percepción de la corrupción por los ciudadanos de cada país también sitúa a Grecia, Italia, España, Portugal y algunos países del Este europeo como líderes en la UE.

Causas morales y económicas. La tributación muy elevada y asfixiante, cuando es percibida como incautadora, puede ser acicate para el refugio de actividades fuera del control tributario, pero de ahí no se infiere que toda subida impositiva sea causa de aumento de la economía sumergida ni que toda rebaja fiscal induzca al afloramiento de negocios y actividades profesionales tácitas. De hecho, ha sido una constante que en los países europeos con una larga tradición de tributos elevados (centro y norte de Europa) la economía sumergida y el fraude fiscal figuran entre los menores de Europa mientras que en los países meridionales, con menores cargas tributarias, la evasión siempre ha sido mayor. Por el contrario, los estudios académicos sobre lo que se denomina moral fiscal (caso del publicado hace unos años por los profesores Javier Suárez Pandiello y Juan Prieto en Revista de Hacienda Pública Española) apuntan que lo que también se conoce como conciencia fiscal es más alta en los países de tradición luterana y protestante y menor en los de raíz cultural católica. Ese estudio evidencia que la sociedad española es mucho más tolerante con el fraude fiscal y el ocultamiento de rentas que con los tratos de favor y la arbitrariedad en el acceso a becas, ayudas, subvenciones y subsidios públicos.

Supervivencia. Muchos ciudadanos invocan la legitimidad de la economía sumergida como recurso extremo de supervivencia en medio de una crisis atroz, con una dantesca capacidad de destrucción de empleo, y en el que muchos parados de larga duración se han visto privados de cobertura de desempleo por el recorte de las prestaciones a causa de las política de ajuste y austeridad. Muchos analistas consideran que la fuerte cohesión familiar propia de los países latinos, el Estado de Bienestar y la economía sumergida explican que no haya habido un estallido social en un país en el que el 26,03% de su población activa está en paro.