El naval gallego urge aclarar devoluciones para cerrar 16 contratos
El portavoz de la patronal gallega del metal incica que si se actúa "con prontitud" se podrían anunciar "próximamente"
El naval gallego reclama agilidad al
Gobierno en la definición de "quiénes", entre entidades f
inancieras e
inversores, deben devolver ayudas del anterior sistema de bonificaciones
fiscales y "de qué manera", para comenzar a cerrar hasta 16 contratos
que están en fase de negociación en este momento.
El portavoz de
la patronal gallega del metal, Enrique Mallón, ha indicado tras
reunirse, junto con responsables de los astilleros de de Vigo, con el
alcalde, Abel Caballero, que si el Gobierno actúa "con prontitud" en la
implementación de la resolución de la Comisión Europea, algunos
contratos se podrían anunciar "próximamente".
La clave está, según
Mallón, en que inversores y estructuradores "sepan a qué atenerse,
cuáles son los plazos y los importes" de las devoluciones, y de forma
paralela "empezar a poner en valor" el nuevo tax lease, el que "mayor
seguridad jurídica tiene" de los 17 existentes en la UE.
Mallón ha
manifestado que "el aspecto positivo" de la resolución del expediente
es que hoy existe "mayor seguridad jurídica" para el sector, algo que
los astilleros tratan de hacer ver a inversores y armadores, con los que
mantiene un "diálogo permanente".
Ha hecho hincapié en que la
situación de los armadores que recientemente enviaron escritos en los
que avisaban de que no volverían a contratar ningún barco en España si
tenían que devolver ayudas "es distinta", al igual que la de los
astilleros, y ha confiado en que "vuelvan" aquellos que "en teoría se
habían ido".
Mallón ha enfatizado que una de las prioridades del
naval es convencer a armadores, financieros e inversores de que éste es
"un sector vivo, con capacidad de movilización en los despachos y en la
calle", y se ha mostrado seguro de que estos agentes "saben que somos de
fiar".
"Se nos puso un obstáculo -el expediente abierto al
anterior tax lease en 2011-, pero tenemos armas para sortearlo", ha
enfatizado el portavoz de Asime, quien ha abogado por que la situación
sea de "importante claridad" pasadas "no más de dos semanas" desde el
pronunciamiento del Colegio de Comisarios.
Respecto a la posible
presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha
comentado que no implicaría "una inseguridad" para los inversores y
estructuradores, que "no deben verse abandonados" ni pensar que "el
naval no protege sus intereses", ha dicho.
Mallón ha abundado en
que cualquier jurista puede argumentar que "una forma de defender tus
intereses es presentar un recurso cuando entiendes que se han visto
perjudicados o dañados", pero en todo caso ha remitido a una decisión
consensuada con la administración y los sindicatos.
Pero por si
acaso, ha insistido en recalcar que el sector "no los dejará solos en la
batalla legal que quieran emprender o en la defensa de sus derechos".
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