El último naufragio del naval
Las exigencias de Bruselas pueden dar la puntilla a los astilleros y sus auxiliares, que en 2009 generaban 12.000 empleos en Vigo de los que solo quedan 3.000
Si las gestiones de última hora no lo evitan, el 17 de julio se
firmará el acta de defunción de lo que queda de sector naval en Vigo.
Ese día, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea, el más alto
órgano director de la Administración comunitaria, aprobará la propuesta
del responsable de Competencia, el socialista español Joaquín Almunia,
por la que se forzará la devolución de 2.800 millones de euros de
desgravaciones fiscales aplicadas mediante el tax lease entre
2005 y 2011. Unos 1.800 millones sirvieron para financiar la
construcción naval en los anémicos astilleros de Vigo. “Es una noticia
demoledora”, lamenta el responsable comarcal de industria de Comisiones
Obreras, Ramón Sarmiento.
Tras reponerse de la durísima reconversión de los primeros años
ochenta y de la privatización de Barreras de finales de los noventa,
hace apenas cuatro años el naval de Vigo daba empleo a 12.000 personas.
Solo quedan 3.000 en activo, incluidas las que se dedican a esa parte
del sector auxiliar que sobrevive gracias a las exportaciones. Pero el
sector es mucho más, es “una auténtica economía alrededor del naval”,
explica Sarmiento, compuesta por sectores que dependen directamente de
la construcción de barcos como los transportes especiales, ingenieros,
fábricas de equipamiento... “Es todavía una parte significativa de la
ciudad”, continúa. Todo eso caerá como un castillo de naipes en apenas
dos semanas, cuando José Manuel Durão Barroso y sus 27 comisarios den su
visto bueno a la propuesta de Almunia.
Frente a las encarnizadas críticas a Almunia del secretario general
del PSdeG, Pachi Vázquez, y del también socialista alcalde de Vigo, Abel
Caballero, el eurodiputado Antolín Sánchez Presedo opta por la cautela.
“Hasta el 17 de julio hay tiempo para introducir cambios en ese
borrador”, apunta. Su optimismo contrasta con la crudeza con que se
expresó este jueves el propio Almunia, cuando avanzó que no hay marcha
atrás en su propuesta. Con todo, Presedo se agarra a la disposición que
establece que no serán los astilleros, sino los inversores que se
beneficiaron de las bonificaciones fiscales, en su mayoría grandes
fortunas, quienes deberán reintegrar el dinero.
Esa cláusula tiene un valor nulo para los sindicatos. “No nos
engañemos, será la quiebra total de los astilleros”, zanja Manuel
García, secretario de la federación gallega del metal de UGT. “Sostener
que la devolución no va a recaer en la construcción naval es un
argumento mentiroso y demagógico”, añade. Las razones son variadas. El
principal, que la quiebra de los clientes, en este caso los armadores,
no puede dejar de tener consecuencia en los astilleros. “Al fin y al
cabo, el sector no tiene más de 10 o 12 grandes compradores de buques”,
apunta Sarmiento. “Y si finalmente el banco que gestionó la operación
pierde, está claro que no volverá a apostar por este sector", continúa
García.
Pero hay más implicaciones de los astilleros en el tax lease que
acabarán por arrastrarlos con la decisión de Almunia. “Muchos inversores
exigieron garantías patrimoniales a los constructores que ahora se
harán efectivas”, revela el sindicalista de Comisiones Obreras. “En las
operaciones, el más débil, que era el astillero, era el que se
responsabilizaba de los posibles problemas. Eran exigencias muy
frecuentes en los años en los que más se recurrió al tax lease, para ofrecer un escenario con una garantía del cien por cien de seguridad. Es decir, que al final el astillero sí responde”.
Con todo, la simple incertidumbre sobre la resolución de la Comisión
Europea lleva años castigando unas inversiones que suelen superar los
100 millones de euros, y que por lo tanto requieren obligatoriamente de
fondos ajenos. “El que financia y el que reclama la financiación exigen
seguridad, y seguridad es precisamente lo que el naval de Vigo hace años
que no ofrece: estamos espantando a los clientes”, alerta el directivo
de un astillero. De ahí que el sector no se esté beneficiando de los
incipientes síntomas de recuperación que la construcción naval
experimenta en otros países europeos. Pase lo que pase el día 17, no
parece que la incertidumbre se vaya a despejar. Los sindicatos confían
en que la Administración plantee un pleito comunitario, que podría
prolongarse durante años. Pese a su tendencia a ver la botella medio
llena, Antolín Sánchez Presedo no oculta otra de las posibles
consecuencias de la resolución de Almunia: “No debe descartarse una
cascada de demandas al Estado”.
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