Las dos caras de Almunia en el ´tax lease´
El comisario asegura que toda ayuda ilegal debe devolverse, pero abre esperanzas en el sector al apuntar que no se exija si supone "infringir la confianza legítima y la seguridad jurídica"
El comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la
Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, ha vuelto a dar una cal y una de
arena al sector naval español. En una respuesta a la europarlamentaria
del PNV Izaskun Bilbao, Almunia asume por primera vez la posición
española en la defensa jurídica del tax lease (el sistema de
bonificaciones fiscales que utilizaban los astilleros para contratar,
suspendido el 29 de junio de 2011): que no se puede exigir el reembolso
de las ayudas concedidas si esto supone -como asegura el sector y el
Gobierno- infringir el principio comunitario de la confianza legítima y
la seguridad jurídica. Pero en el mismo documento, fechado el pasado
martes, el comisario afirma que "la Comisión es esfuerza por adoptar una
decisión final en los próximos meses", dejando entrever que la
resolución no será inminente, como demanda el naval español.
El
máximo responsable europeo de la Competencia explica que cuando un
estado concede ayudas estatales sin autorización de la Comisión y éstas
se consideran incompatibles con el mercado interior -como podría ser el
caso del tax lease- "el estado miembro debe poner fin a la misma".
Almunia deja claro que toda ayuda ilegalmente concedida con anterioridad
"debe, en principio, ser reembolsada por los beneficiarios". "Sin
embargo", reconoce el comisario, "la Comisión debe abstenerse de exigir
que se pida el reembolso de las ayudas concedidas con anterioridad
cuando ello suponga infringir un principio fundamental del Derecho
comunitario como es la protección de la confianza legítima y la
seguridad jurídica".
Éste es el principal argumento que tanto
Gobierno como sector naval, a través de Pymar, han esgrimido en su
defensa jurídica del antiguo tax lease. Una resolución desfavorable por
parte de Bruselas podría obligar a devolver más de 2.600 millones de
euros de las operaciones realizadas entre principios de 2002 y 2010,
supuesto que en caso de producirse abocaría al cierre al 90% de los
astilleros y dejaría en la calle a unos 87.000 trabajadores, según
cálculos de Pymar y las mayores fuerzas sindicales.
Respecto a la
demora en el expediente, Almunia la achaca a los plazos en los que ha
recibido documentación por parte de todas las partes. "Las últimas
contribuciones que fueron enviadas entre junio de 2012 y abril de 2013
llamaron la atención de la Comisión sobre nuevos datos. Estos argumentos
están siendo analizados. La Comisión está trabajando para que se adopte
una decisión final en los próximos meses", indica el comisario, que
afirma haber recogido contribuciones "de más de cuarenta terceras partes
interesadas" con argumentos "a favor o en contra de la evaluación
preliminar" de Bruselas sobre el tax lease español.
Los astilleros
confían en que la visita del presidente del Gobierno a Bruselas el 5 de
junio sirva para desbloquear esta situación. Mariano Rajoy viajará con
seis ministros y se entrevistará con el presidente de la CE, José Manuel
Durão Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
Al mismo tiempo, los ministros mantendrán encuentros bilaterales con los
comisarios de sus respectivas áreas. Uno de los puntos a tratar en esta
cumbre es la resolución del expediente del tax lease.
El
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confió ayer en que ésta
sea "positiva" para el sector tras la espera con la que Bruselas ha
"castigado" al naval español. "Hemos trabajado de forma constante y
continua con el naval, pero hay algo que no podemos solucionar y quien
tiene la palabra es Almunia", afirmó En la misma línea, la conselleira
de Traballo, Beatriz Mato, transmitió ayer a la Comisión la preocupación
del Gobierno gallego sobre el naval, del que dependen unos 14.000
empleados.
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