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25 de enero de 2013

La Voz de Galicia

El nuevo «tax lease» no logra pedidos

La banca evita financiarlo hasta que Bruselas zanje el expediente por las ayudas recibidas

 Aún no ha pasado un mes desde la entrada en vigor del nuevo sistema de incentivos fiscales para la construcción de buques en España, pero en los 24 días transcurridos más de un astillero ha visto cómo se le ha escapado algún pedido de las manos, para irse a Polonia o Turquía.
¿El motivo?: armadores y constructores apuntan directamente a la banca como principal responsable de que el nuevo tax lease no consiga captar carga de trabajo, y las propias entidades no lo desmienten. «Los bancos, por muy saneados que estén, no están por la labor de arriesgar, y mucho menos hasta que Bruselas diga si hay que devolver o no las ayudas que recibieron los astilleros con el anterior tax lease», explican fuentes financieras, que se preguntan: «¿Qué pasa si se entra en una operación de financiación y va Bruselas y dice que ese astillero tiene que devolver tantos millones del antiguo tax lease?».
Esta falta de apoyo al nuevo modelo mantiene la cartera de pedidos de los astilleros españoles con el contador a cero. «Antes teníamos a las cajas, ahora la llave de la financiación la tiene la gran banca y se muestra muy recelosa», reconoce un alto directivo del naval.
Explica que el sector está volcado en la presentación ofertas a todas las licitaciones internacionales que se convocan, consciente de que sobre él pesa como una losa la amenaza de devolución de los incentivos fiscales que favorecieron la contratación de 273 buques entre los años 2002 y 2010 por valor de 7.800 millones.
Todas esas construcciones se realizaron con el antiguo tax lease, con bonificaciones para los armadores y agrupaciones de interés económico de entre un 20 y un 30 %. Fueron operaciones hechas bajo la legislación fiscal española, autorizadas por Tributos, pero fuera del marco legal comunitario, lo que llevó a Competencia a declararlas ilegales tras la denuncia de las potencias europeas líderes en construcción naval.
Bruselas sigue sin poner fecha a la resolución del expediente que estos días cumple 18 meses de tramitación -el plazo máximo que suele tardar la Administración comunitaria en resolver un conflicto de estas características-. Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran que el dictamen, esperado ya para el pasado mes de diciembre, se producirá de forma inminente.
Investigación al naval luso
Además del tax lease español, la oficina comunitaria que dirige el comisario Joaquín Almunia tiene sobre la mesa la denuncia presentada por España contra las ayudas de Estado que reciben los astilleros holandeses, a la que se acaba de sumar una nueva investigación abierta a Portugal, por las ayudas otorgadas a su mayor astillero estatal, situado en Viana do Castelo.
Las investigaciones preliminares de la Comisión Europea destacaron que los citados astilleros portugueses se han beneficiado de varias ayudas estatales por un valor que supera los 180 millones de euros.
Las ayudas concedidas al astillero luso, según las primeras valoraciones de la institución comunitaria, incluyen préstamos con intereses para cubrir los costes de funcionamiento del pasado año, así como una ampliación de capital llevada a cabo en el 2006 y varios préstamos otorgados entre el 2006 y el 2011 para cubrir los gastos de operación.

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