El nuevo «tax lease» no logra pedidos
La banca evita financiarlo hasta que Bruselas zanje el expediente por las ayudas recibidas
Aún no ha pasado un mes desde la entrada en vigor del
nuevo sistema de incentivos fiscales para la construcción de buques en
España, pero en los 24 días transcurridos más de un astillero ha visto
cómo se le ha escapado algún pedido de las manos, para irse a Polonia o
Turquía.
¿El motivo?: armadores y constructores apuntan directamente a la banca como principal responsable de que el nuevo tax lease
no consiga captar carga de trabajo, y las propias entidades no lo
desmienten. «Los bancos, por muy saneados que estén, no están por la
labor de arriesgar, y mucho menos hasta que Bruselas diga si hay que
devolver o no las ayudas que recibieron los astilleros con el anterior
tax lease», explican fuentes financieras, que se preguntan: «¿Qué pasa
si se entra en una operación de financiación y va Bruselas y dice que
ese astillero tiene que devolver tantos millones del antiguo tax
lease?».
Esta falta de apoyo al nuevo modelo mantiene la
cartera de pedidos de los astilleros españoles con el contador a cero.
«Antes teníamos a las cajas, ahora la llave de la financiación la tiene
la gran banca y se muestra muy recelosa», reconoce un alto directivo del
naval.
Explica que el sector está volcado en la
presentación ofertas a todas las licitaciones internacionales que se
convocan, consciente de que sobre él pesa como una losa la amenaza de
devolución de los incentivos fiscales que favorecieron la contratación
de 273 buques entre los años 2002 y 2010 por valor de 7.800 millones.
Todas esas construcciones se realizaron con el
antiguo tax lease, con bonificaciones para los armadores y agrupaciones
de interés económico de entre un 20 y un 30 %. Fueron operaciones hechas
bajo la legislación fiscal española, autorizadas por Tributos, pero
fuera del marco legal comunitario, lo que llevó a Competencia a
declararlas ilegales tras la denuncia de las potencias europeas líderes
en construcción naval.
Bruselas sigue sin poner fecha a la resolución
del expediente que estos días cumple 18 meses de tramitación -el plazo
máximo que suele tardar la Administración comunitaria en resolver un
conflicto de estas características-. Fuentes conocedoras del
procedimiento aseguran que el dictamen, esperado ya para el pasado mes
de diciembre, se producirá de forma inminente.
Investigación al naval luso
Además del tax lease español, la oficina
comunitaria que dirige el comisario Joaquín Almunia tiene sobre la mesa
la denuncia presentada por España contra las ayudas de Estado que
reciben los astilleros holandeses, a la que se acaba de sumar una nueva
investigación abierta a Portugal, por las ayudas otorgadas a su mayor
astillero estatal, situado en Viana do Castelo.
Las investigaciones preliminares de la Comisión
Europea destacaron que los citados astilleros portugueses se han
beneficiado de varias ayudas estatales por un valor que supera los 180
millones de euros.
Las ayudas concedidas al astillero luso, según
las primeras valoraciones de la institución comunitaria, incluyen
préstamos con intereses para cubrir los costes de funcionamiento del
pasado año, así como una ampliación de capital llevada a cabo en el 2006
y varios préstamos otorgados entre el 2006 y el 2011 para cubrir los
gastos de operación.
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