El naval prevé que la UE resuelva antes de abril la investigación del viejo ´tax lease´
Las empresas confían en que Competencia no obligue a devolver las ayudas recibidas
El naval gallego confía en que Bruselas resuelva antes del próximo abril
la investigación abierta en junio de 2011 contra el anterior sistema de
bonificaciones fiscales conocido como tax lease, según señalaron a FARO
fuentes del sector, que reconocieron que el Gobierno mantiene una
compleja discusión jurídica con los técnicos de la Dirección General de
la Competencia de la Unión Europea (UE) para evitar que Bruselas exija
la devolución de las ayudas concedidas entre 2002 y 2010, lo que
condenaría a la mayoría de astilleros al cierre.
Las fechas que
manejan las factorías navales adscritas a Pymar sitúan la resolución del
anterior tax lease entre marzo y abril, aunque desde el departamento
que dirige el comisario español Joaquín Almunia se insiste en que no
existe un plazo concreto y que se comunicará la decisión cuando se
produzca. "El caso sigue pendiente; en cuanto la Comisión tome una
decisión, publicaremos un comunicado de prensa", indicó un portavoz.
Por
norma, expedientes como el del tax lease suelen resolverse en 18 meses,
plazo que precisamente se cumple este mes. El comisario Almunia había
explicado a FARO el pasado noviembre que la negociación con las
autoridades españolas era "compleja": "Estamos en una discusión jurídica
compleja, en la que por parte de las administraciones españolas trata
de argumentar, en base a una serie de principios, que no habría
obligación de devolver las ayudas aunque hubiesen sido declaradas no
compatibles (con las normas de competencia)", reconoció entonces.
Esos
principios serían los de buena fe y confianza legítima, los mismos que
esgrimió el Gobierno francés en 2006 cuando la Comisión declaró también
ilegales sus ayudas al sector naval. La devolución de las ayudas sería
una condena a muerte para la mayoría de astilleros españoles, ya que el
anterior tax lease permitió un volumen de contrataciones de 7.800
millones de euros entre 2002 y 2010, afectando a un total de 273 buques.
La
resolución favorable del expediente se antoja imprescindible para que
la banca vuelva a confiar en el naval español y participe en las
operaciones estructuradas a través del nuevo tax lease, que sí cuenta
con el plácet de Bruselas y que entró en vigor este mes. Hasta el
momento, ningún astillero ha logrado contratar con este nuevo sistema
fiscal.
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