El Congreso aprueba mañana los cambios legislativos para usar el nuevo "tax lease"
La Cámara Baja dará luz verde a las enmiendas para derogar dos artículos del Impuesto sobre Sociedades, como exige Bruselas - El nuevo régimen entra en vigor el 1 de enero
El Congreso aprobará mañana los cambios legislativos necesarios para
utilizar el nuevo régimen de bonificaciones fiscales que necesitan los
astilleros españoles para contratar, según confirmaron ayer fuentes del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Cámara Baja. Los
diputados darán luz verde a las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular a la Ley de Medidas Tributarias, que derogarán los artículos 49 y
50.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que la Dirección
General de Competencia de la Comisión Europea (CE) considera ayudas
ilegales de Estado. El Senado ya votó a favor de esas modificaciones
legislativas el pasado jueves.
Tras el plácet del Congreso, el
nuevo tax lease entrará en vigor al mismo tiempo que la Ley de Medidas
Tributarias, el próximo 1 de enero. El Gobierno se decantó por esta vía
para modificar el Impuesto sobre Sociedades porque era la forma más
rápida de que los astilleros puedan contar con el mecanismo de
bonificación fiscal, ya que a través de un decreto ley el naval tendría
que haber esperado al menos otros seis meses para disfrutar del sistema.
La aprobación de la Ley de Medidas Tributarias se tramita de forma
paralela a la Ley de Presupuestos, pero Hacienda se decantó finalmente
por la primera para introducir las enmiendas.
La entrada en vigor
del nuevo tax lease es un punto y aparte para la construcción naval en
España, ya que se pone a disposición de los astilleros una nueva
herramienta fiscal que les permitirá competir en igualdad de condiciones
que sus homólogos europeos. Desde la suspensión del anterior régimen, a
finales de junio de 2011, pocos astilleros españoles se han visto en
disposición de aumentar su cartera de pedidos, mientras que los de
Holanda, Noruega o Alemania, países denunciantes del sistema español, se
han visto beneficiados por la recuperación del mercado naval, en
concreto, en el segmento off-shore (buques de apoyo a explotaciones
petrolíferas).
En la ría de Vigo, que llegó a concentrar en las
épocas de auge del sector el 60% del negocio de construcción naval civil
en España, solo los astilleros de MetalShips, Cardama y Armón Vigo
lograron con el tax lease suspendido agrandar su cartera de pedidos,
mientras que las grandes factorías como Vulcano o Barreras tienen sus
gradas vacías (esta última está pendiente de que entre en vigor el
contrato de un buque hotel para la petrolera mexicana Pemex). Y en el
resto de España, solo Armón en Asturias y Zamakona y La Naval en el País
Vasco lograron contratar barcos.
No obstante, la inminente
entrada en vigor de un nuevo sistema ha acelerado los contactos
comerciales en astilleros vigueses, sobre todo en MetalShips, Freire y
Vulcano, que podrían consolidar nuevas contrataciones a lo largo del
primer trimestre de 2013, según fuentes del sector. A esto también ha
contribuido la puesta en marcha de un nuevo fondo de garantías navales
en Pymar con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial, que avalará
hasta un 25% del total de cada contrato de los astilleros de la
sociedad, aunque con condiciones más estrictas.
El nuevo tax lease
nace al margen de lo que decida Bruselas respecto a las ayudas del
anterior régimen fiscal, que permitieron al naval español cerrar
contratos entre 2002 y 2010 por valor de 8.700 millones de euros. La
devolución de estas subvenciones, todavía en estudio por parte de
Competencia, supondría la práctica desaparición del sector en España, ya
que muy pocos astilleros están en condiciones de afrontar esas
pérdidas.
También sigue pendiente que el Ministerio de Hacienda
establezca el porcentaje de bonificación que permitirá en cada
operación. El régimen anterior facilitaba descuentos de hasta el 30%,
mientras que en el nuevo se barajaban tasas del 20%, sin confirmar. Ante
el temor de que el naval holandés pueda denunciar el nuevo sistema ante
Bruselas, los astilleros gallegos y vascos, a través de Aclunaga y el
Foro Marítimo, se han apresurado a presentar su correspondiente demanda
contra las ayudas de Holanda.
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