Hacienda se compromete a que los astilleros puedan utilizar el nuevo "tax lease" en enero
El departamento de Cristóbal Montoro estudia la modificación del Impuesto sobre Sociedades a través de una enmienda en los Presupuestos Generales o en la Ley de Medidas Tributarias - "El ministerio elude fijar un porcentaje a la bonificación
El Ministerio de Hacienda se ha puesto manos a la obra para que el nuevo
tax lease, aprobado el pasado martes por la Comisión de la Competencia,
pueda comenzar a funcionar en enero. La clave está ahora en buscar
fórmulas ágiles para reformar el Impuesto sobre Sociedades y, en este
sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro está analizando
acometer la modificación vía enmienda bien a través de los Presupuestos
Generales del Estado o de la Ley de Medidas Tributarias que se están
debatiendo en el Senado.
"Modificar el Impuesto sobre Sociedades
con un decreto ley específico tardaría más de seis meses y lo que
intentaremos es que el tax lease entre en vigor en el menor tiempo
posible", señalan fuentes del Ministerio.
La modificación va a
recoger los aspectos previstos en el "nuevo régimen español de
amortización anticipado de bienes adquiridos mediante arrendamientos
financieros", para que "el sistema cumpla con todas las especificaciones
legales presentes y futuras que garantice su seguridad jurídica". El
ministerio elude por ahora fijar un porcentaje a las bonificaciones.
Empresarios
gallegos del sector consultados por este periódico aseguraron
desconocer por el momento el documento aprobado por Bruselas y, por lo
tanto, las deducciones fiscales que se aplicarán y cuáles son los
activos a los que se les podrán aplicar.
El presidente en
funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho ayer que el
nuevo tax lease comenzará a funcionar en enero y señaló que Gobierno
dispone de "poco tiempo" para cambiar el Impuesto sobre Sociedades.
Tras
reunirse el martes con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el
jefe del Ejecutivo gallego eludió concretar cuál será el esfuerzo fiscal
que asumirá el Gobierno fijando el porcentaje de bonificación -el
anterior tax lease permitía hasta 30%-, pero ha celebrado que Industria
aceptase la propuesta gallega, a la que la Unión Europea (UE) dio el
visto bueno.
"Hoy los astilleros gallegos tienen una vía más
despejada para poder realmente competir en la construcción de barcos",
indicó Feijóo, quien ha subrayado que España tiene el "compromiso" con
la UE de modificar el Impuesto sobre Sociedades.
"Tras muchos
atrancos y trabajo conseguimos despejar el horizonte legal para poder
competir en pie de igualdad", afirmó, antes de destacar la "importancia"
de este paso y su satisfacción por el hecho de que el Gobierno haya
sido "consciente" del problema del naval y esté dispuesto a realizar
modificaciones tributarias para intentar "resolver definitivamente" las
dificultades de competitividad.
Feijóo matizó, sin embargo, que el sector seguirá sufriendo "dificultades". "De financiación, sobre todo", apostilló.
El
presidente de la Xunta añadió que es a Hacienda a la que corresponde
tramitar el nuevo Impuesto sobre Sociedades y cumplir "estrictamente"
con los compromisos trasladados a la UE.
Por su parte, el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Abel Losada, valoró positivamente
que la Comisión Europea diese luz verde a un sistema alternativo al tax
lease, porque es un "elemento estratégico e importante para atajar el
proceso de prácticamente desaparición" del naval gallego.
Con
todo, también lanzó un mensaje al presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, para exigirle que el apoyo a este sector lo busque "fuera de los
focos" y al margen de su "política de telediario", en referencia a la
publicitación de los viajes del mandatario autonómico para establecer
lazos comerciales con países de Latinoamérica.
Abel Losada, que
recordó que en la pasada legislatura se perdieron 45.000 empleos
industriales, ha lamentado el "retraso" desde que surgió el "problema",
que comenzó en la legislatura anterior, en la que hubo un "compromiso de
Zapatero", y para cuya resolución ha tenido que pasar "un año desde la
llegada del PP" al Gobierno de España y pidió al Ejecutivo central que
aparque "sus peleas internas entre Hacienda e Industria", y "no
dificulten las modificaciones que haya que hacer", puesto que ahora hay
que adaptar textos legales españoles.
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