La Voz de Galicia

El gerente de Alfageme recurrirá su inhabilitación y el pago de 18,4 millones

Gustavo Lago ve «injusta» la sentencia que lo declara culpable de agravar la insolvencia de la conservera de Vigo

El administrador único de la conservera Bernardo Alfageme S.?A. anunció ayer que recurrirá la sentencia que declara culpable el concurso de acreedores que llevó a la liquidación de la centenaria firma de Vigo en el 2011. El juez de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, lo inhabilita por cinco años para administrar bienes ajenos y le ordena indemnizar a los acreedores con 11,81 millones (excluye lo que Alfageme perciba en el concurso de la inmobiliaria Promalar).

También inhabilita a las sociedades Arkiterra 2006 SLU, Cobreiro 2004 SLU y Oremor Inversiones SLU para administrar bienes ajenos durante tres años y a que indemnicen con 6,64 millones a los acreedores. Esta cantidad es el exceso entre lo que hubiese supuesto el pago de un ERE extintivo de 20 días en vez de haber pagado una indemnización legal por despido objetivo de 45 días. El padre del acusado y directivo, Juan Lago, fue absuelto, lo mismo que el tercer acusado, José Álvarez.

Reacción

La reacción del administrador único no se ha hecho esperar: «Es una sentencia injusta, opino que hecha a sabiendas, y la voy a recurrir hasta el Tribunal Supremo», anticipó Gustavo Lago.

El juicio se celebró el 14 de marzo y giró en torno a la responsabilidad de los nuevos directivos en la quiebra en el 2010. Los dueños de la inmobiliaria Promalar que adquirieron la conservera centenaria, fabricante de Miau y que ocupaba una céntrica parcela en la calle Tomás A. Alonso.

Gustavo Lago administró la firma desde finales del 2006, una vez que se cerró la fusión por absorción con Conservas Peña y Mariscos San Cayetano. Tres años después, el 31 de marzo del 2009, fue sustituido por un consejo de administración. La firma perdió 8 millones en el 2007, 11 en el 2008 y 18 en el 2009.

El juez resalta que el demandado «adquirió una sociedad que está al borde de la insolvencia cuando no inmerso en ella». En abril del 2008, la compañía obtuvo un préstamo sindicado con garantía hipotecaria por 35 millones para cancelar la deuda que gravaba una propiedad en Vilagarcía, financiar el crecimiento del capital circulante de Bernardo Alfageme y cancelar 24,7 millones de préstamos que le había concedido Promalar.

Parte del dinero convirtió deudas de pronto vencimiento en otras a largo plazo, pero no fue suficiente para atender los compromisos de pago con los acreedores «porque prefirió pagar 11,8 millones a Promalar, completamente vinculada» a los dueños de Alfageme. Esos «pagos indiscriminados» prueban que estos carecían de «una mínima voluntad de consolidar el proyecto empresarial», conducta que el juez califica de «gravemente imprudente».

Ayudas públicas

La nueva financiación, incluso con ayudas públicas de 40 millones del Igape, fue insuficiente. A finales del 2009, no quedaba dinero para pagar nóminas ni deudas comerciales.

«El retraso en el concurso sí tuvo un componente, al menos, de grave imprudencia, y casualmente conectado con la agravación de la insolvencia», dice el juez, que añade que, tras descartar un ERE, el empresario tenía obligación legal de proporcionar carga de trabajo a todos sus trabajadores. Pero al no realizar ninguna inversión en la planta de Vigo, esta sufrió a principios del 2010 una clausura parcial y provisional, por lo que cien empleados pidieron extinguir sus contratos.

Un juicio laboral les concedió 45 días de indemnización, pero el juez de lo mercantil reprocha que un ERE por causas económicas de 20 días habría salido más barato.

«Es una sentencia injusta, opino que a sabiendas, y la voy a recurrir hasta el Supremo»