La Voz de Galicia

Bruselas admite por primera vez que hay alternativa al «tax lease»

La disolución del Parlamento en septiembre pone en riesgo su aprobación

Habrá un nuevo modelo de incentivos fiscales para la contratación naval. La Comisión Europea, a preguntas de La Voz, ha admitido por primera vez la existencia de una alternativa al tax lease, el sistema de bonificaciones utilizado por España durante los últimos 10 años, y que la Dirección General para la Competencia de la UE, con el español Joaquín Almunia al frente, decidió expedientar el pasado mes de junio tras la denuncia formulada por Noruega, Holanda, Portugal, Finlandia y Francia.

¿En qué consiste la propuestas? «El asunto está pendiente y no es posible hacer ningún comentario», se limitan a afirmar las fuentes autorizadas del despacho de Almunia.

El hermetismo que rodea al nuevo planteamiento formulado por el Gobierno de España es absoluto. Fuentes conocedoras del documento explican que el silencio se debe a que se trata de una medida «oficiosa» que podría empezar a ser utilizada por el sector este otoño de forma provisional, pero que no podrá ser presentada como una nueva fiscalidad ante los socios de Bruselas mientras Competencia no resuelva el expediente, algo que no ocurrirá hasta finales del 2012, según han asegurado las propias autoridades europeas.

Modelo francés

Según ha podido saber este periódico, el sustituto del tax lease que está evaluando Bruselas se basa en el modelo utilizado por Francia, que permitiría una desgravación del 20 % por la contratación de un buque a un astillero español, cuando con el anterior modelo las bonificaciones oscilaban entre un 20 y un 30 %.

Fuentes del sector explican que, en realidad, lo que la CE denomina como modelo español de arrendamiento fiscal o tax lease no es muy diferente del que se aplica en Francia o el Reino Unido, y se basa en un sistema de amortización acelerada que se aplica sobre determinados elementos financiados mediante contratos de arrendamiento financiero regulados por la Ley del Impuesto de Sociedades (no discrimina a empresas europeas de españolas) aunque, como reconoció la ministra Elena Salgado, la norma no fue sometida a la aprobación previa de Bruselas.

Si la alternativa que ahora estudia Competencia prospera, la nueva fórmula de bonificaciones requeriría la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, algo que tendría que ocurrir antes del 26 de septiembre, porque ese mismo día se disolverá el Parlamento, para la celebración de las elecciones legislativas del 20 de noviembre, y la modificación tendría que esperar hasta que se constituya la nueva Cámara. «Estaríamos hablando de meses sin ningún tipo de incentivo a la contratación y con todo el sector atravesando una situación muy delicada. No resistiríamos», aseguran los empresarios del naval.

Las mismas fuentes recuerdan que, a día de hoy, en el actual contexto de desigualdad respecto al resto de Europa, en donde se mantienen los incentivos, construir un buque de gran tonelaje en los astilleros de Galicia se puede encarecer hasta un 30 %, tras la suspensión del tax lease, por considerar el comisario Almunia que se trata de una ayuda de Estado contraria a la libre competencia. Algo que no deja de ser curioso dado que la mayoría de los países de Europa -por no hablar de los precios de dumpin aplicados en más de una ocasión por China o Corea- mantienen sus respectivas ayudas a su construcción naval.

El 5 % del PIB gallego, en peligro

Según los últimos datos apuntados por el Consellería de Industria antes del desmoronamiento del sector naval gallego (integrado por astilleros y proveedores de industria auxiliar) este empleaba a 14.000 personas y aportaba el 5 % del PIB que genera la comunidad. En sus máximos niveles de actividad, la facturación del sector naval en Galicia (en el año 2008) ascendió a un total de 2.098 millones de euros. El 70 % del negocio de la construcción naval pertenece a la industria auxiliar, con una red de más de 300 empresas. Pontevedra aglutina alrededor del 53 % de las firmas auxiliares navales y en A Coruña se concentran un 43,5%.

 

El bloqueo de la CE impide el contrato de ocho buques de gran tonelaje en España

 

Los astilleros españoles solo han contratado un nuevo buque en los ocho primeros meses del año en curso. La industria naval se ha encontrado con un problema añadido a la baja demanda con el que no contaba, tras la decisión del departamento de Competencia de la Comisión Europea de paralizar el sistema de ayudas fiscales a la construcción de buques (tax lease) que se aplicaba en el Estado español desde el año 2003.

Las consecuencias están siendo demoledoras. La ausencia de una alternativa fiscal a la bonificación bloqueada por Bruselas mantiene en estos momentos en el aire la contratación de entre 8 y 10 buques de gran tonelaje en España.

En el caso de Galicia, Hijos de J. Barreras está en concurso de acreedores y con la totalidad de su plantilla en regulación de empleo, tras la imposibilidad de que un contrato firmado con la naviera Armas para la construcción de dos ferris entre en vigor por falta de financiación. Factorías Vulcano, también en concurso de acreedores, entregará en septiembre el último buque que tiene en cartera, mientras permanece a la espera de contar con alguna herramienta fiscal alternativa al tax lease para poder cerrar el pedido de un nuevo buque de apoyo a plataformas petrolíferas.

En España

Pero el problema no solo afecta a los astilleros gallegos. El grupo asturiano Armón es una de las compañías más afectadas por este problema, según han reconocido fuentes de la empresa.

La compañía de Navia, que cuenta con una filial en Galicia (Armón Vigo), acaba de perder dos contratos para su filial Factorías Juliana (antigua propiedad de Factorías Vulcano) por este motivo, y en la actualidad tiene otros dos pendientes de que se apruebe una nueva fórmula de financiación que sirva para superar la crisis provocada por la investigación de la Comisión Europea.

A la vista de estas operaciones frustradas, astilleros e industria auxiliar alertan de que este parón puede causar la muerte definitiva del sector de construcción naval en España, ya que sin el tax lease o una fórmula alternativa el precio de los barcos se encarece sobremanera, con lo que las empresas que los construyen se quedan fuera del mercado por poco competitivas.