Los trabajadores de Castelo crearán una sociedad laboral para salvar su empresa
La plantilla descarta que el grupo de prefabricados de hormigón alcance un acuerdo con los acreedores
J. CARNEIRO - VIGO Los trabajadores del grupo Castelo han decidido constituir una sociedad anónima laboral (SAL) para intentar salvar sus puestos de trabajo. La plantilla, que ayer se reunió en asamblea en el centro cultural de Porriño, descarta que la empresa, en suspensión de pagos desde el pasado mes de diciembre, pueda llegar a un acuerdo con los acreedores, por lo que aboga por esta vía para mantener la actividad.
Más de doscientos trabajadores de las tres plantas de Castelo en Galicia (dos en Porriño y una en Coirós, A Coruña) acudieron ayer a Porriño convocados por los comités de empresa y la federación de Metal de UGT para analizar su situación. La empresa, dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón para el negocio de la construcción, arrastra una grave crisis desde hace más de un año, que la ha llevado a un proceso concursal.
“La empresa echó cuatro meses en preconcurso de acreedores y lleva dos en suspensión de pagos. No creemos que se pueda recuperar”, señala Diego Atanes, secretario general de MCA-UGT en Vigo. Ante esta situación, los trabajadores decidieron ayer constituir una SAL con la intención de comprar (dentro del proceso concursal) los centros de trabajo de Porriño, Coirós y Ocaña (Toledo), y garantizar así la viabilidad futura de la empresa, siguiendo el ejemplo de otros casos como Gándara Censa.
En la asamblea, los trabajadores también acordaron iniciar una ronda de contactos con las administraciones “al más alto nivel” para buscar su implicación y ayuda, tanto desde el punto de vista técnico como económico. “Queremos que la Xunta se implique tanto con los trabajadores de esta empresa como lo ha hecho con otras como Vulcano o Factoría Naval”, avisa Atanes.
El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra aceptó el pasado mes de septiembre el preconcurso de acreedores que presentó el grupo. A partir de entonces, la empresa –con plantas en Porriño, Coirós, Ocaña, Andorra (Teruel) y dos en Portugal– tenía tres meses para solventar su situación financiera. El plazo se agotó a principios de diciembre sin que fuese posible llegar a un acuerdo de refinanciación con once bancos, pese a que la Xunta colaboró en la elaboración de un plan de viabilidad.
Castelo es una de las firmas del emporio empresarial fundado por José Pérez Leirós y que da empleo a 238 trabajadores en las fábricas y oficinas técnicas que tiene en Porriño y Coirós. Con el resto de factorías, el total de empleados alcanza los 300.
La empresa llevaba bastante tiempo en una difícil situación como consecuencia de la crisis del sector de la construcción y de las grandes obras públicas a la que destinaba muchas de las grandes piezas de prefabricados y pretensados de hormigón.
Expediente
Durante el año pasado, la empresa ya había presentado un ERE extintivo que afectó a 18 trabajadores de Pretensados del Louro y uno suspensivo para la totalidad de la plantilla que se ejecutó durante 45 días y que afectó 105 trabajadores. El comité decretó posteriormente conflicto colectivo y se llegó a adeudar varios salarios a la plantilla.
Más de doscientos trabajadores de las tres plantas de Castelo en Galicia (dos en Porriño y una en Coirós, A Coruña) acudieron ayer a Porriño convocados por los comités de empresa y la federación de Metal de UGT para analizar su situación. La empresa, dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón para el negocio de la construcción, arrastra una grave crisis desde hace más de un año, que la ha llevado a un proceso concursal.
“La empresa echó cuatro meses en preconcurso de acreedores y lleva dos en suspensión de pagos. No creemos que se pueda recuperar”, señala Diego Atanes, secretario general de MCA-UGT en Vigo. Ante esta situación, los trabajadores decidieron ayer constituir una SAL con la intención de comprar (dentro del proceso concursal) los centros de trabajo de Porriño, Coirós y Ocaña (Toledo), y garantizar así la viabilidad futura de la empresa, siguiendo el ejemplo de otros casos como Gándara Censa.
En la asamblea, los trabajadores también acordaron iniciar una ronda de contactos con las administraciones “al más alto nivel” para buscar su implicación y ayuda, tanto desde el punto de vista técnico como económico. “Queremos que la Xunta se implique tanto con los trabajadores de esta empresa como lo ha hecho con otras como Vulcano o Factoría Naval”, avisa Atanes.
El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra aceptó el pasado mes de septiembre el preconcurso de acreedores que presentó el grupo. A partir de entonces, la empresa –con plantas en Porriño, Coirós, Ocaña, Andorra (Teruel) y dos en Portugal– tenía tres meses para solventar su situación financiera. El plazo se agotó a principios de diciembre sin que fuese posible llegar a un acuerdo de refinanciación con once bancos, pese a que la Xunta colaboró en la elaboración de un plan de viabilidad.
Castelo es una de las firmas del emporio empresarial fundado por José Pérez Leirós y que da empleo a 238 trabajadores en las fábricas y oficinas técnicas que tiene en Porriño y Coirós. Con el resto de factorías, el total de empleados alcanza los 300.
La empresa llevaba bastante tiempo en una difícil situación como consecuencia de la crisis del sector de la construcción y de las grandes obras públicas a la que destinaba muchas de las grandes piezas de prefabricados y pretensados de hormigón.
Expediente
Durante el año pasado, la empresa ya había presentado un ERE extintivo que afectó a 18 trabajadores de Pretensados del Louro y uno suspensivo para la totalidad de la plantilla que se ejecutó durante 45 días y que afectó 105 trabajadores. El comité decretó posteriormente conflicto colectivo y se llegó a adeudar varios salarios a la plantilla.
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