La Justicia empieza a proteger la vivienda del deudor en los concursos
Hay jueces que consideran que no debe venderse si su valor es inferior a la hipoteca
Los jueces de lo mercantil de Barcelona, y en concreto el
Juzgado de Primera Instancia número 50 de la Ciudad Condal,
especializado en concursos de acreedores, han empezado a dictar
sentencias que incluyen una importante novedad en estos procesos: no será necesario vender la vivienda familiar del deudor cuando su valor en el mercado sea inferior a la deuda hipotecaria -importe garantizado con la hipoteca- y el préstamo esté al día, es decir, al corriente de pago.
La
razón que fundamenta esta decisión es que, si la finalidad de vender la
vivienda es la de obtener fondos con los que pagar a los acreedores, si
lo que se debe al banco por la hipoteca es superior a lo que se va
ingresar con la venta, ningún acreedor saldrá beneficiado porque no se
obtendrá dinero para pagarle. Tampoco el banco que tiene la garantía
hipotecaria saldrá beneficiado, pues es preferible que el deudor siga
pagándole regularmente las cuotas que vender la vivienda y que parte del
préstamo quede impagado.
Se trata de una lectura del marco legal vigente muy importante porque introduce un mecanismo protector para el deudor y porque durante esta crisis, la más larga de la democracia, fueron miles los ciudadanos que vieron cómo sus pequeñas empresas caían en concurso, comprometiendo también su patrimonio personal.
«Se
me ocurren dos casos en que el deudor puede no estar interesado en la
venta o liquidación de su vivienda: el primero es el del valor afectivo,
de tal manera que aunque la vivienda valga menos que la deuda del
hipotecario, prefiera conservarla por el valor sentimental o familiar;
el segundo supuesto es el que se da en las ciudades en donde el precio
del alquiler es muy elevado, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca;
aquí puede ocurrir que la cuota mensual del préstamo hipotecario sea
inferior al de una renta mensual de alquiler», explica el magistrado
Carlos Puigcerver Asor, titular del Juzgado de Primera Instancia número
50 de Barcelona.
En España, en los procesos concursales en los
que no hay un acuerdo con los acreedores -son el 99 % de los casos- el
mediador o el deudor deben iniciar un procedimiento judicial llamado
concurso consecutivo. En este procedimiento se nombra un administrador
que se encarga de vender todos los bienes que sean embargables conforme a
la ley y que, además, tengan valor de mercado, superior al coste de su
venta. Una vez vendidos los bienes, con el dinero obtenido se paga a los
acreedores por el orden de prioridad que establece la ley hasta que se
acabe el dinero.
El problema surge aquí cuando, hecho todo esto, no se ha podido saldar
la deuda. «Si el deudor es de buena fe, se le perdonarán y esto es lo
que se llama exoneración del pasivo insatisfecho, una herramienta
jurídica para que las víctimas de la crisis puedan tener una segunda
oportunidad sin arrastrar deudas», detalla Carlos Puigcerver. Para que
un deudor sea considerado de buena fe no puede estar en insolvencia por
imprudencia grave y no puede haber sido condenado por delitos contra la
Hacienda Pública o la Seguridad Social en los últimos diez años.
Galicia registra un 16 % menos de procesos hasta el mes de septiembre, según un estudio
En los tres primeros trimestres del año se han contabilizado 178 concursos y 1.174 disoluciones de empresas en Galicia,
según los últimos datos actualizados por Informa D&B. Las
insolvencias se recortan un 16 % respecto al mismo mes el año pasado,
mientras que los cierres crecen un 9 %. La media nacional sube
ligeramente para los concursos, un 1 %, y algo más en el caso de las
disoluciones, un 18 %. Tanto en Galicia como en el resto de España la
mayor parte de las sociedades concursadas en septiembre son
microempresas, el 81 %.
La evolución estatal
Las
pequeñas suponen algo más del 15 % y las medianas superan el 3 %,
mientras que las grandes no contabilizaron ningún proceso este mes. En
el conjunto de España, las sociedades que han entrado en concurso desde
enero suman 28.495 empleados y una facturación cercana a los 5.400
millones de euros.
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