El grupo industrial tendrá que devolver el dinero que reclama un grupo de acreedores
El juez Pedro Márquez, titular del juzgado número 2 de Sevilla, ha estimado la impugnación presentada por un grupo de acreedores de Abengoa
contra el acuerdo de refinanciación de esta compañía y del que se
quedaron voluntariamente fuera. Esta sentencia supone que el grupo
industrial tendrá que devolver el dinero que reclaman; pero, sobre todo,
compromete el citado acuerdo, ya que muchos bonistas que sí lo
suscribieron podrían pedir daños y perjuicios e involucrar en su pago a
las entidades financieras que respaldaron el plan de refinanciación.
En realidad, contra el plan de refinanciación de Abengoa se presentaron
dos demandas: una en mayo de 2016 y, en otra sucesiva, en abril de 2017.
En la misma, dirigida por el despacho Zamora de Claver, estaban representados un total de 29 bonistas.
Entre ellos figuran la familia Melgarejo, Fernández de Bobadilla y los
antiguos propietarios de la operadora Pepephone, que suman en torno a 10
millones de euros (en cantidades que van de 300.000 euros hasta tres
millones de euros). Paralelamente, había otros accionistas
internacionales (Zurich y otras aseguradoras o el Banco Americano de
Crédito a la Exportación), representados por el despacho Garrigues, con
unas cantidades muy superiores.
La reclamación representa un varapalo para los intereses de Abengoa,
que estuvo negociando el acuerdo con los acreedores durante casi dos
años y que en la actualidad está comenzando a sacar cabeza con nuevos
contratos. La sentencia no frena el plan, pero supone una gran vía de
agua abierta.
El
acuerdo suponía una quita del 80% a devolver en siete años.
La deuda se acercaba a los 9.000 millones. Los bonistas tenían
comprometidos 3.500 millones de euros. Aunque los 10 millones de los 29
bonistas que recurrieron es muy pequeña en comparación con el total, la
importancia radica en la repercusión que, a juicio de los juristas,
puede tener.
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