Faro de Vigo

Pescanova ´infló´ su patrimonio en 2012 en 480 millones ´sin justificarlo´ a la auditora

BDO remitió esta información al regulador antes de que se pidiera su revocación - La banca solicita a Deloitte un encuentro "urgente" para cerrar la inyección de liquidez esta semana

 Los estados contables a cierre de 2012 de la multinacional gallega Pescanova fueron facilitados a su auditora (BDO) y enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra. A ninguno de los tres les parecieron correctos o, en última instancia, suficientes para cumplir con la normativa del regulador o de la Ley Concursal. Antes de que el 4 de abril el consejo de administración de la compañía -a petición de su presidente, Manuel Fernández de Sousa- solicitase la revocación de BDO, esta firma informó a la CNMV de que había detectado un "incremento sin justificar" de 480 millones de euros en el patrimonio de Pescanova en 2012. Fuentes financieras y jurídicas consultadas por este diario creen que este dato, facilitado a los fiscales anticorrupción, es "clave" para que el Ministerio Público "dude de la imagen fiel de la compañía" ofrecida por la anterior cúpula. Según estos datos Pescanova "infló" su patrimonio, tanto mediante la sobrevaloración de activos como de sus beneficios netos.

La presidenta de la CNMV acusa a Sousa de haber llevado la multinacional ´como si fuera una empresa con amo

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, afirmó ayer que el caso Pescanova ha causado "daño reputacional" a muchas entidades, especialmente a la propia empresa, y señaló que decir lo contrario sería "autoengañarse", al tiempo que ha avanzado que se tendrán que hacer cambios normativos una vez se haya analizado el caso. "En una empresa que tiene una marca muy conocida, se ha llevado como si fuera una empresa con amo", censuró, en referencia a su presidente, Manuel Fernández de Sousa.
Tras su intervención en el I foro del Consejero, organizado por el diario El País y por KPMG, Rodríguez recordó que el 27 de febrero la compañía gallega estaba recomendada por los analistas con un valor de cotización un 30% superior al que tenía. Dos días después presentó preconcurso por un problema de reestructuración financiera. "En ese momento el interrogante fue ¿qué pasa?", indicó.
A su juicio, esto es un problema de gobierno corporativo, aunque precisó que también tiene múltiples componentes. Rodríguez recordó que la CNMV tomó medidas de manera inmediata y se las comunicó a la sociedad. "Preventivos, lo más que podamos, con tiempos cortos de reacción y transparencia", defendió. La presidenta del supervisor reconoció que le faltan determinados instrumentos en la normativa a la hora de hacer frente a casos como el de Pescanova y auguró que en los próximos tiempos se podrán ver "otras cuestiones que irán saliendo" en este sentido.
"Vamos intentar que la respuesta sea lo más inmediata posible. Lo mejor para todos es que la empresa siguiera adelante y que el mensaje fuera que ejercemos nuestras labores de control y transparencia".
Reclamaciones
Al ser preguntada por si la CNMV ha recibido demandas de los inversores respecto al problema que ha surgido en Pescanova, Rodríguez matizó que el supervisor ha recibido "muchas reclamaciones y denuncias". "Hay algún accionista minoritario que no tuvo la información suficiente. La información que estaba dando Pescanova no parece muy acorde con la realidad de lo que está saliendo ahora", constató.

 

Los forenses de KPMG analizan ordenadores de los fieles a Sousa

 Los expertos de KPMG, que realizan en las instalaciones de Pescanova la auditoría forense para detectar indicios de fraude en la gestión de la empresa, analizaron ayer los ordenadores de al menos tres altos ejecutivos de la compañía, según explicaron a FARO fuentes de toda solvencia. Los ingenieros informáticos requirieron los equipos de Alfredo López Uroz (secretario del consejo y directivo de administración), César Real y Joaquín Viña Tamargo.
Asimismo, y según las mismas fuentes, también se pretende analizar los ordenadores de Álvaro Ozores o Juanjo de la Cerda, ejecutivos afines al presidente, Manuel Fernández de Sousa. Dos de los directivos (Real y Ozores) fueron recolocados en Frigodis e Insuiña, respectivamente, antes de que Sousa perdiera todos los poderes en la compañía por orden judicial y de los administradores concursales.
A mayores, y de acuerdo con fuentes jurídicas, dos entidades financieras y un fondo de inversión (con 25 millones de euros atrapados en la compañía) ultiman los detalles para personarse en la causa abierta contra Sousa, otros tres consejeros y accionistas de Pescanova y siete empresas de los mismos que se instruye en la Audiencia Nacional. Los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente expusieron a los demandantes que "hay indicios" para ampliar la querella e imputar a parte de la cúpula un presunto delito de alzamiento de bienes.