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30 de abril de 2013

La Opinion de La Coruña

Sousa recurre su expulsión al afirmar que CNMV y Deloitte ´liquidarán´ Pescanova

El hasta ahora presidente de la multinacional pesquera gallega advierte de que el cambio de administradores en la compañía generará "caos" y "parálisis" y pone en duda la capacidad de la auditora

En un claro intento de agotar hasta el último cartucho en su lucha por el timón, Manuel Fernández de Sousa apunta sus armas directamente hacia un auto del juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra que el pasado viernes le expulsó de la presidencia de Pescanova. A un supuesto incumplimiento del artículo 43 de la Ley Concursal, que permite a los directivos seguir al frente del negocio cuando el proceso es voluntario, salvo que exista una motivación para suspenderles, como esgrime el magistrado Roberto de la Cruz en su resolución. Una "drástica" decisión que "no valora adecuadamente las gravísimas consecuencias", según argumenta Sousa en el recurso de reposición presentado ayer mismo a nombre de la compañía -pese a que oficialmente su hasta ahora máximo responsable ya no ejerce-, y que hila una larga lista de acusaciones veladas por la entrega de las riendas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la designación de Deloitte como administrador, "lo que parece pensado exclusivamente para la liquidación" del negocio.

Hasta 19 veces insiste la argumentación del recurso en la posibilidad de que Pescanova acabe liquidada porque "el consultor" asume una "tarea imposible". La de llevar "un grupo de la dimensión y complejidad" de Pescanova sin "experiencia cualificada" y "un perfecto dominio de los detalles de la estructura, actividad y negocio" que evite "que la gestión de la concursada no quede desastrosamente interrumpida". "La decisión interferirá, en consecuencia, en la continuidad de la actividad de Pescanova -continúa-, haciendo imposible su viabilidad y, en definitiva, la aprobación de un convenio, abocándola a la segura liquidación (con gravísimo quebranto de los intereses de los acreedores, accionistas y trabajadores de la sociedad)".

La premisa a la que se agarran los asesores legales de Sousa es que ninguna de la causas que esgrimió el juez De la Cruz justifican la necesidad de relevar a los altos cargos del grupo y que la suspensión "no puede tener nunca la función de sancionar". Para eso existen otros mecanismos legales, critica el recurso, que además no podrían tomarse "a partir de la mera consideración" de la documentación que acompaña al concurso.

Como primera "gravísima consecuencia" del cese de Sousa y su equipo, el texto no ahorra en calificativos cargados de drama. No pueden ser más intensos. "Parálisis, desorganización, la pérdida de valor, la desintegración, el caos y, en definitiva el perjuicio para la empresa, y como tal, para sus trabajadores y sus acreedores". "La decisión del juzgado -continúan- en absoluto se nos presenta como funcional". Todo lo contrario, a su juicio, "abocada a una situación de deriva" y a una "ineficiente y gravosa venta de sus activos".

"Seguramente se habrá hecho el Juzgado cabal conocimiento de la estructura y envergadura del grupo empresarial", apunta la demanda, que mezcla la dureza de las críticas con muestras del "mayor respeto" al juez, CNMV y Deloitte. Pero, por si acaso, le recuerda que Pescanova es uno de los diez gigantes de su sector, con 160 empresas y 10.000 empleados.

Y la queja se transforma en incredulidad en ocho preguntas que cuestionan la capacidad de los administradores designados. "¿Se pretende realmente que una compañía de servicios, financieros, legales, de auditoría y consultoría -señala-, gestione y administre la crisis de una gran empresa, el día a día, de las actividades pesqueras, acuícolas, de transformación, comercialización o distribución?". A ésta le siguen interrogantes sobre si el juzgado "pretende" realmente "dar confianza a los clientes". Si Deloitte gestionará y negociará "en exclusiva" con la banca. Si la CNMV cree "posible" sacar adelante "un plan de viabilidad" y "con qué conocimiento de la compañía". "Nuevamente llegamos a la constatación de la misma realidad -reitera-, la de que la decisión recurrida aboca a la compañía a su liquidación".
Ante "cualquier tentación" de que la decisión de apartar a la cúpula tenga que ver con "sancionar" su trayectoria -eso sí, sin mencionar en ningún caso expresamente al cuestionado papel del presidente, al que investiga la Fiscalía-, el recurso defiende que no es el momento. "La prudencia invita, pues, a que el órgano de gobierno se mantenga, se reponga, que trabaje en común con la administración concursal en un sistema de intervención -reclama- y, a partir de ahí, una vez ésta observe el devenir habrá de decidir, pero no ahora". Tras todos los problemas acumulados por falta de información en los últimos dos meses, en Pescanova afirman ahora que "el control y la transparencia" están "más que asegurados" por la supervisión del organismo que preside Elvira Rodríguez.

Uno a uno, los abogados intentan tumbar los motivos del juez para apostar por la expulsión de Sousa. "La decisión de no formular las cuentas no respondió al capricho arbitrario", mantienen, sino a las "serias incertidumbres" que aparecieron en el consejo de administración del 27 de febrero "pese a que BDO nada había advertido".

El recurso incorpora parte del acta de la reunión, que confirma la negativa al aplazamiento durante 90 días del pago de 15 millones de un crédito sindicado de 150 y las negociaciones para vender Acuinova Chile a través de Larrain Vial. Fue "un claro ejercicio de responsabilidad" con la intención de entregarlas "una vez se hubiera constatado cuál era la realidad de los estados financieros". Por eso, porque se buscaba "salvaguardar lo intereses de la sociedad, socios y sus acreedores", tampoco acepta Sousa la consideración de una infracción grave.

"De hecho, la situación actual de insolvencia de la compañía no tiene ninguna relación con la falta de formulación de las cuentas anuales, sino con la imposibilidad de atender los pagos corrientes de la sociedad -explica el recurso-, como consecuencia de la restricción del crédito bancario por la grave crisis financiera que atraviesa el país".

Para apoyar la revocación de BDO, el recurso presentado ayer recuerda que todos sus informes de auditoría llegaron sin salvedades, incluido el presunto borrador que trató el consejo del pasado mes de febrero, que "no había detectado contingencias" en la consolidación de las filiales y el conflicto de intereses que surgía con su propia defensa.

Otra vez insiste Sousa en que la compañía "dio oportuna respuesta" a los cuatro polémicos requerimientos de información que trasladó la CNMV, "la cual hasta el momento ni siquiera ha iniciado el expediente sancionador". Como traca final a la batalla, el recurso incluso echa en cara al juez que "indebidamente" prescinda de la designación de un segundo administrador entre los acreedores.

"Con el mayor respeto al juzgado, no podemos sino manifestar que la falta de fundamentación del auto objeto de recurso, así como la vulneración del respeto debido al principio de continuidad y, en relación a ello, expresamente, y a todos los efectos, se hace constar que a día de hoy, la empresa se halla en pleno funcionamiento, los barcos faenando por las aguas de todos los continentes, las fábricas funcionando y los diez mil trabajadores percibiendo sus salarios -concluye el recurso de reposición presentado en la jornada de ayer-, no existiendo deuda alguna con Hacienda, ni con la Seguridad Social, constituyendo ello prueba innegable de su viabilidad y buen actuar de los órganos de administración de la misma".

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