La banca acreedora de Pescanova recibe un mapa de deuda, con un pasivo cercano a 3.500 millones
La banca atrapada en Pescanova, cerca de 50 entidades españolas y
extranjeras, ha comenzado a recibir datos "realistas y mínimamente
fiables" sobre el mapa de deuda de la firma gallega, que podría
acercarse a los 3.500 millones, según han informado a Europa Press en
fuentes conocedoras de la situación económica de la firma gallega.
Una vez que el juez de lo Mercantil número 1 de Pontevedra apartara
de la gestión de la firma a Manuel Fernández de Sousa y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eligiera a Deloitte como
administrador concursal de la gallega, las entidades acreedoras han
comenzado a recibir datos sobre la deuda de la compañía y su situación
real.
En concreto, según señalan las mismas fuentes, la deuda bancaria
superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900
corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas como
extranjeras. A este importe, se suma además unos 375 millones de euros
correspondiente a las emisiones de bonos.
Así, el pasivo de la deuda de la firma gallega, que no incluiría la
contraída con la Administración, duplica el importe de lo que figura en
su pasivo auditado, 1.522 millones de euros al cierre del tercer
trimestre de 2012, de los cuales 459 millones corresponden a acreedores
comerciales.
Antes de conocer la declaración de concurso, la banca ha mostrado en
varias ocasiones su apoyo a la continuidad de la firma gallega, si bien
ha advertido de que sólo se sentaría a negociar la refinanciación de su
deuda en el momento que cambiara su equipo gestor, liderado por Manuel
Fernández de Sousa, algo que finalmente ha sucedido.
De hecho, no descartaron incluso la concesión de un crédito urgente
de 50 millones de euros con el fin de que no hubiera demoras en sus
pagos, entre ellos con sus proveedores, y con el objetivo de que la
compañía operara con normalidad. La concesión de este nuevo préstamo se
enmarcaba dentro del compromiso de la banca de mantener las líneas de
financiación a la compañía, tanto a su matriz como a sus filiales.
Tras confirmar Deloitte su aceptación como administrador concursal,
la auditora tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe.
Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los
acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber
de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).
La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o
ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el
deber de "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para
el interés del concurso".
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