Almunia y el Gobierno en funciones pactan el desbloqueo de los astilleros
Cierran el compromiso de un cambio legal para firmar barcos con el «tax lease» francés
El bloqueo de la contratación naval en España ha entrado en vía de solución, después de seis meses de sanción, sin poder utilizar ningún sistema de bonificaciones a la contratación de buques, denominado tax lease. «La solución por fin está encauzada». Así lo aseguraron ayer fuentes del sector conocedoras de las conversaciones privadas mantenidas ayer entre el comisario europeo para la Competencia, Joaquín Almunia, y altos cargos del Gobierno de España en funciones sobre el borrador remitido a Bruselas la semana pasada.
Según las mismas fuentes, la fórmula que finalmente contará con la aprobación de la CE es la adaptación del modelo de tax lease francés a la legislación fiscal española, algo en lo que han venido trabajando los técnicos de Tributos e Industria en el último mes, después de que Competencia echara por tierra una alternativa que permitía hasta un 22 % de incentivos fiscales.
«Se ha definido la fórmula y se ha arrancado el compromiso de acometer cambios legales para adaptar el modelo francés al español. Hay acuerdo, porque sería inviable una negativa de Bruselas a un modelo que está funcionando, aprobado por la EU», explican fuentes conocedoras de la negociación.
¿Qué opina el sector naval gallego de la solución encauzada? La desesperación es tal que cualquier fórmula que permita la vuelta a la contratación es bien recibida, aunque esta sea la peor de las planteadas, ya que los incentivos por una operación cerrada en un astillero español no pasarán del 20 %.
«Lo importante es que Tributos vuelva a subir la ventanilla y a admitir expedientes de contratación. ¡Pero ojo! Una cosa es que lo aprueben, otra cosa es que lo legislen y otra posterior es que los estructuradores financieros lo encuentren atractivo y rentable», explican fuentes de los astilleros.
Solución tardía
Y es que este tardío acercamiento entre Bruselas y el Ejecutivo en funciones para acordar un tax lease de urgencia que evite el hundimiento del sector -en todo el 2011 los astilleros españoles solo contrataron dos dos buques- se topa con el inconveniente burocrático del cambio de Gobierno y el proceso constitutivo del Congreso y el Senado. De ahí la importancia del compromiso de acometer el cambio legal pertinente adquirido por España ante Almunia. Según fuentes de la negociación, «ese compromiso será suficiente para que los astilleros puedan presentar ofertas con el nuevo tax lease sin necesidad de esperar a que las Cortes modifiquen el impuesto de sociedades», explican.
Nuevos ERE en Vulcano y Barreras
Los dos mayores astilleros de la ría de Vigo, Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano, negocian la ampliación de sus respectivos expedientes de regulación de empleo por un período de un año y un máximo de aplicación de 6 meses. En el caso de Barreras, el ERE se haría extensivo a sus 130 trabajadores, mientras que el de Vulcano afecta a 120 empleados. Los dos astilleros se encuentran inmersos en procesos concursales, y ambos carecen hasta el momento de pedidos en firme que permitan garantizar la posibilidad de carga de trabajo a corto y medio plazo.
En diciembre vencerán los expedientes de regulación de 1.500 trabajadores del naval
La crisis de los astilleros gallegos y su impacto sobre la industria auxiliar (naval y metal) ha alcanzado durante este último trimestre de año las consecuencias más dramáticas, ya que muchos expedientes de regulación de empleo (ERE) de suspensión por falta de actividad comienzan ya a transformarse en ERE de extinción de puestos de trabajo.
Entre enero y septiembre, un total de 8.552 trabajadores del sector se han visto afectados por expedientes de suspensión en la comunidad gallega. Desde el sindicato CC.?OO., se ha alertado de que buena parte de estas regulaciones, pactadas para hacer frente a la caída de la contratación en los astilleros a finales del 2010 y principios del 2011 vencerán a finales de diciembre. Según los cálculos de este sindicato, esta situación afectará a más de 1.500 trabajadores, que se enfrentan directamente al despido si no se renuevan las medidas de flexibilidad.
Mientras, el goteo de empresas del naval que entran en quiebra es constante. Hace unos días, el juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo aprobaba el concurso voluntario y ordinario de una auxiliar del naval, la empresa Islas Montajes y Talleres, que acaba de presentar un ERE de extinción para 67 trabajadores, de una plantilla integrada por 95 empleados. Esta auxiliar es la sexta acreedora del astillero Hijos de J. Barreras que suspende pagos en apenas tres meses. La factoría de Beiramar ha arrastrado consigo a pequeñas y medianas firmas que le suministraban materiales y servicios.
En una situación parecida se encuentra la firma Gonsusa, que también ha planteado otro ERE de extinción para 70 de sus 114 trabajadores.
Al margen de los grandes ERE del sector en vigor desde el año pasado de los astilleros como Hijos de J. Barreras o Factorías Vulcano, el balance de regulaciones de empleo que vencen en diciembre refleja que la mayoría de las empresas afectadas son pequeñas auxiliares y subcontratistas de todo tipo, desde firmas de ingeniería, a instalaciones eléctricas pasando por montajes metálicos, con una media de entre 10 y 25 trabajadores en plantilla.
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