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30 de julio de 2011

Faro de Vigo

Los grupos políticos gallegos cierran filas en defensa de una solución para los astilleros

Guerra afirma que las empresas no pueden esperar más tiempo y reclama celeridad en la resolución del expediente del tax lease

L.PIÑERO/AGENCIAS - VIGO/SANTIAGO Los grupos políticos gallegos coincidieron ayer en la defensa del sector naval gallego ante las amenazas que se ciernen sobre esta actividad estratégica para Galicia y que amenazan a 14.000 puestos de trabajo en la comunidad. El conselleiro Javier Guerra se reunió ayer a los diputados de la comisión extraordinaria de Industria del Parlamento de Galicia, para exponerles la situación del naval gallego tras la caída de los contratos para la construcción de nuevos barcos, la paralización del sistema financiero del tax lease y la liquidación del Fondo de Garantía Patrimonial de Pymar.
La Xunta envío ya al Gobierno sus propuestas de alegaciones para salvar el tax lease, que Bruselas está analizando para comprobar su legalidad dentro de las normas de la competencia de la Unión Europea. Sin embargo, la Xunta no tiene por el momento constancia de que el Ejecutivo haya presentado las alegaciones en defensa del sistema, que permite a los astilleros situarse en un nivel de competitividad similar a la del resto de los astilleros europeos.
En el transcurso de la reunión, Javier Guerra volvió a pedir al Gobierno central "una solución de modo inmediato" para conseguir una alternativa al sistema tax lease, con la que evitar "una exclusión definitiva" de los astilleros gallegos del mercado internacional.
Guerra solicitó la validación de todos los contratos ce construcción de barcos desde el inicio del procedimiento "al igual que ocurrió en otros casos, como en el caso francés" dado que "es imposible que los astilleros puedan sobrevivir durante un año o un año y medio que pueda durar el proceso de revisión de la UE".
Recordó que la Xunta de Galicia remitió el pasad jueves un informe al Gobierno en apoyo a las alegaciones que éste pueda presentar ante Bruselas, que se basan en una modificación del sistema, que contemplaría una amortización libre en lugar de acelerada de los barcos, y un cambio en el impuesto de sociedades –en la parte del régimen especial de tonelaje– Todo ello, porque la falta de soluciones inmediatas desembocaría en una "posible desaparición" del sector naval.
Guerra afirmó que "la mera apertura" del procedimiento de investigación del tax lease, con la independencia del resultado, "está beneficiando a asociaciones y federaciones de otros países de la Unión Europea, ya que están viendo mejorada su posición competitiva" dada la "gravísima desconfianza y preocupación" e "incerteza" que supone esta situación para el sector español y gallego situado "en una clara situación de desventaja" respecto a otros países.
En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el nacionalista Henrique Vieitez calificó de "fiasco" y "oportunista" la comparecencia del conselleiro y censuró la intervención en "clave electoral" de Javier Guerra, aunque también dijo: "Está bien que le eche la culpa al Gobierno del Estado, porque nosotros también así lo creemos".
Recordó, además, que Galicia tiene ahora mismo un astillero cerrado o desaparecido y tres en concurso de acreedores, amén de otros "en situación de máximo riesgo de una quiebra técnica no deseada".
El diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu declaró que su formación política va a respaldar las propuestas que hace la Xunta ante el Gobierno central, "pero como propuestas de diálogo, no de confrontación y dentro de un marco de colaboración".
Considera que la cuestión del tax lease se puede resolver en un plazo de semanas, ya que "va a haber una solución pactada aunque diferente", y recordó la comparecencia de hace unos días en el Congreso de los Diputados para hablar de estos temas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, Méndez Romeu pidió a la Xunta que cree su propio Fondo de Garantía Patrimonial
El conselleiro aseguró que el sistema de tributación especial y de amortización anticipada conocido como el tax lease, cuestionado desde el año 2006 por la UE, cumple con la normativa comunitaria, por lo que cree que su aplicación no debió ser suspendida.
Advirtió que si el Gobierno de España no hace lo posible para evitar la desaparición del naval será la propia Xunta la que actuará ante la UE porque "no vamos a dejar que 14.000 trabajadores se vayan en Galicia a la calle".

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