Atlántico Diario

La Xunta propone una hoja de ruta al Gobierno para salvar al naval

El 'tax lease' -régimen fiscal que emplea el naval en España- podría tener las horas contadas, lo cual agravaría la delicada situación que vive el sector en Vigo porque no podrían contratar barcos.

Dice que si la UE pide a los astilleros la devolución de los beneficios del 'tax lease' violaría un principio comunitario

 

La Xunta ha puesto sobre la mesa una alternativa consensuada con el sector por si la Unión Europea decide prohibirlo -lo está investigando por un presunto incumplimiento con la normativa comunitaria y competencia desleal-.

El Gobierno gallego defiende la legalidad de este sistema de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques y advirtió de que si la UE reclama la devolución de beneficios de este sistema -es decir, si lo suspende definitivamente con carácter retroactivo-, estaría vulnerando el principio comunitario de protección de la legítima confianza porque la actuación de las autoridades comunitarias -que no tomaron en diez años de vigencia del 'tax lease' ninguna medida en su contra- ha generado una confianza legítima en los armadores, navieras y financiadores.

Así consta en un informe elaborado por juristas del Ejecutivo autonómico, que ayer remitió al Gobierno central para que lo use en las alegaciones que plantee ante las autoridades europeas. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que ese sistema de bonificaciones está conformado por cuatro regímenes fiscales: el régimen especial de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), el régimen especial de entidades de reducida dimensión, el régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero y el régimen especial de tonelaje.

Éste último fue autorizado en su día por la Comisión Europe mientras que los otros tres son medidas de carácter general, por lo que “no pueden considerarse ayudas de Estado ilegales”. Asimismo, la Xunta precisa que esos regímenes no suponen un falseamiento de la competencia ni perjudican las condiciones del mercado interior, sino que si hay diferencias entre los países miembros es por la “falta de armonización de la imposición directa” dentro de la propia UE. Aún en el caso de que se consideren ayudas de Estado, el Ejecutivo gallego apunta que serían legales, puesto que están destinadas a facilitar el desarrollo de una determinada actividad -el transporte marítimo-, y autorizadas dentro del ámbito de las Directrices Marítimas.

No obstante, la Xunta cuenta con la posibilidad de que la Unión Europea pueda prohíbir el 'tax lease' y propone una alternativa consistente en un nuevo marco jurídico. Así se plantea la supresión de varios artículos de la ley y del reglamento del Impuesto de Sociedades con el fin de adaptar los preceptos que puedan entrar en conflicto con la normativa comunitaria.

Se eliminará la amortización anticipada de los contratos de arrendamiento y se permitiría la transmisión de participaciones de las AIE a otros inversores. Otra de las medidas propuestas es el uso de la libertad de amortización ya incluida en la actual normativa española, una medida que tiene vocación de ser transitoria dentro de la propia ley -aplicable hasta los ejercicios iniciados durante 2015-.