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31 de julio de 2011

Atlántico Diario

El Gobierno envía 'in extremis' su alegato en defensa del naval

El Ministerio de Industria espera resolver el expediente en septiembre y que la UE permita usar de nuevo el régimen fiscal 'tax lease' para que los astilleros puedan contratar barcos

El Gobierno central envió ayer a la Unión Europea sus alegaciones a la investigación abierta por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, al 'tax lease' español -régimen fiscal que emplean los astilleros para contratar barcos-, según confirmó el Ministerio de Industria a este diario. 

El escrito remitido a Bruselas defiende que dicho sistema fiscal es compatible con la normativa europea e incide en que no se trata de ayudas directas al naval, según indicaron fuentes del citado ministerio. El documento incluye la propuesta que el jueves envió la Xunta al Gobierno,así como de otras administraciones. No obstante, el ministerio precisa que se hizo un amalgama de algunas las cuestiones planteadas y que su intención es resolver el expediente en el mes de septiembre.

Lo hizo casi fuera de plazo (tenía que presentarlas antes del lunes), cuando el sector naval vigués ya mostraba preocupación ante la falta de noticias del Ejecutivo central. De hecho ayer mismo el conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció que la Xunta actuaría “de manera directa” si el Gobierno no lo hacía. “Nuestro punto de vista es defender la legalidad del sistema de arrendamiento actual”, apuntó en su comparecencia en el Parlamento gallego.

Cambios Fiscales
El informe que la Xunta envió al Ejecutivo central para que lo incluyera en las alegaciones para la UE explica que en caso de que Bruselas decidiera suspender el 'tax lease' y pedir a los astilleros la devolución de los beneficios de este sistema fiscal violaría el principio comunitario de protección de la legítima confianza. La Administración autonómica propone una alternativa consistente en un nuevo marco jurídico, con la supresión de varios artículos de la ley y del reglamento del Impuesto de Sociedades con el fin de adaptar los preceptos que puedan entrar en conflicto con la norma comunitaria. Se cambiaría también la amortización acelerada que permite el 'tax lease' por una libre.

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