La banca se desmarca del proyecto de los trabajadores para salvar el grupo Castelo
Las mayores entidades acreedoras de la firma de prefabricados no se interesan por el plan de los empleados para comprar los centros productivos de Porriño, Coirós y Ocaña (Toledo)
J. CARNEIRO - VIGO El plan de los trabajadores de Castelo para salvar la empresa, en suspensión de pagos desde el pasado diciembre, no cuenta con el respaldo de los bancos, los mayores acreedores del grupo de prefabricados de hormigón. La plantilla, que hace un mes decidió constituir una sociedad anónima laboral (SAL) para comprar los centros de producción de Porriño, Coirós (A Coruña) y Ocaña (Toledo) y así seguir con la actividad, convocó la pasada semana a las once entidades financieras acreedoras del grupo para estudiar esta opción –que tiene el visto bueno de la propiedad y la autoridad concursal–, pero solo se presentaron tres, con una participación minoritaria en la deuda. UGT, sindicato que representa a los trabajadores de Castelo, exige a la Xunta que se implique en el proceso y medie con la banca.
Los trabajadores ven en la SAL la única posibilidad de evitar la liquidación de la empresa, ya que descartan que el grupo logre un acuerdo con los acreedores. De los 238 trabajadores de Castelo en Galicia, más de 160 han confirmado su participación en la sociedad, que aspira a quedarse con las fábricas de Porriño, Coirós y Ocaña. Al mismo tiempo, los empleados han solicitado al juzgado de lo Mercantil que lleva el proceso la declaración de solidaridad en las deudas de origen laboral y la rescisión de las hipotecas constituidas en los últimos dos años y que tenían como única finalidad refinanciar la deuda.
Los asesores jurídicos de UGT convocaron la semana pasada a los once bancos y cajas de ahorros que soportan el grueso de la deuda de Castelo, más de la mitad de la cual está en manos de Novacaixagalicia, Banco Popular y Caja Madrid. Pero de esas once entidades, solo se presentaron tres: Santander, Banesto y Caja España, que además tienen una participación minoritaria.
"Exigimos la intervención inmediata de las consellerías de Traballo e Industria en el proceso; tienen que mediar con la banca, porque la SAL es hoy la única salida viable para los trabajadores", advierte Diego Atanes, secretario general de MCA-UGT en la comarca de Vigo. Este asegura que en caso contrario, la empresa entrará en liquidación, escenario del que saldrán perdiendo todas las partes. Además, Atanes urge a Novacaixagalicia, como entidad gallega y uno de los mayores acreedores de Castelo, a apoyar a los trabajadores en su iniciativa.
El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra aceptó el pasado septiembre el preconcurso de acreedores que presentó el grupo Castelo. A partir de ahí, la empresa –con plantas en Porriño, Coirós, Ocaña, Andorra (Teruel) y dos en Portugal– tenía tres meses para solventar su situación financiera. El plazo se agotó en diciembre sin que fuese posible llegar a un acuerdo de refinanciación con once bancos acreedores, pese a que la Xunta colaboró en la elaboración de un plan de viabilidad.
Castelo es una de las firmas del emporio fundado por José Pérez Leirós y que da empleo a 238 trabajadores en las fábricas y oficinas técnicas que tiene en Porriño y Coirós. Con el resto de factorías, el total de empleados alcanza los 300. La empresa llevaba bastante tiempo en una difícil situación como consecuencia de la crisis del sector de la construcción y de las grandes obras públicas a la que destinaba muchas de las grandes piezas de prefabricados y pretensados de hormigón.
Durante el año pasado, la empresa ya había presentado un ERE extintivo que afectó a 18 trabajadores de Pretensados del Louro y uno suspensivo para la totalidad de la plantilla que se ejecutó durante 45 días y que afectó 105 trabajadores. El comité decretó posteriormente conflicto colectivo y se llegó a adeudar varios salarios a la plantilla.
Los trabajadores ven en la SAL la única posibilidad de evitar la liquidación de la empresa, ya que descartan que el grupo logre un acuerdo con los acreedores. De los 238 trabajadores de Castelo en Galicia, más de 160 han confirmado su participación en la sociedad, que aspira a quedarse con las fábricas de Porriño, Coirós y Ocaña. Al mismo tiempo, los empleados han solicitado al juzgado de lo Mercantil que lleva el proceso la declaración de solidaridad en las deudas de origen laboral y la rescisión de las hipotecas constituidas en los últimos dos años y que tenían como única finalidad refinanciar la deuda.
Los asesores jurídicos de UGT convocaron la semana pasada a los once bancos y cajas de ahorros que soportan el grueso de la deuda de Castelo, más de la mitad de la cual está en manos de Novacaixagalicia, Banco Popular y Caja Madrid. Pero de esas once entidades, solo se presentaron tres: Santander, Banesto y Caja España, que además tienen una participación minoritaria.
"Exigimos la intervención inmediata de las consellerías de Traballo e Industria en el proceso; tienen que mediar con la banca, porque la SAL es hoy la única salida viable para los trabajadores", advierte Diego Atanes, secretario general de MCA-UGT en la comarca de Vigo. Este asegura que en caso contrario, la empresa entrará en liquidación, escenario del que saldrán perdiendo todas las partes. Además, Atanes urge a Novacaixagalicia, como entidad gallega y uno de los mayores acreedores de Castelo, a apoyar a los trabajadores en su iniciativa.
El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra aceptó el pasado septiembre el preconcurso de acreedores que presentó el grupo Castelo. A partir de ahí, la empresa –con plantas en Porriño, Coirós, Ocaña, Andorra (Teruel) y dos en Portugal– tenía tres meses para solventar su situación financiera. El plazo se agotó en diciembre sin que fuese posible llegar a un acuerdo de refinanciación con once bancos acreedores, pese a que la Xunta colaboró en la elaboración de un plan de viabilidad.
Castelo es una de las firmas del emporio fundado por José Pérez Leirós y que da empleo a 238 trabajadores en las fábricas y oficinas técnicas que tiene en Porriño y Coirós. Con el resto de factorías, el total de empleados alcanza los 300. La empresa llevaba bastante tiempo en una difícil situación como consecuencia de la crisis del sector de la construcción y de las grandes obras públicas a la que destinaba muchas de las grandes piezas de prefabricados y pretensados de hormigón.
Durante el año pasado, la empresa ya había presentado un ERE extintivo que afectó a 18 trabajadores de Pretensados del Louro y uno suspensivo para la totalidad de la plantilla que se ejecutó durante 45 días y que afectó 105 trabajadores. El comité decretó posteriormente conflicto colectivo y se llegó a adeudar varios salarios a la plantilla.
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