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22 de julio de 2013

Faro de Vigo

El naval gallego urge aclarar devoluciones para cerrar 16 contratos

El portavoz de la patronal gallega del metal incica que si se actúa "con prontitud" se podrían anunciar "próximamente"


El naval gallego reclama agilidad al Gobierno en la definición de "quiénes", entre entidades f
inancieras e inversores, deben devolver ayudas del anterior sistema de bonificaciones fiscales y "de qué manera", para comenzar a cerrar hasta 16 contratos que están en fase de negociación en este momento.
El portavoz de la patronal gallega del metal, Enrique Mallón, ha indicado tras reunirse, junto con responsables de los astilleros de de Vigo, con el alcalde, Abel Caballero, que si el Gobierno actúa "con prontitud" en la implementación de la resolución de la Comisión Europea, algunos contratos se podrían anunciar "próximamente".
La clave está, según Mallón, en que inversores y estructuradores "sepan a qué atenerse, cuáles son los plazos y los importes" de las devoluciones, y de forma paralela "empezar a poner en valor" el nuevo tax lease, el que "mayor seguridad jurídica tiene" de los 17 existentes en la UE.
Mallón ha manifestado que "el aspecto positivo" de la resolución del expediente es que hoy existe "mayor seguridad jurídica" para el sector, algo que los astilleros tratan de hacer ver a inversores y armadores, con los que mantiene un "diálogo permanente".
Ha hecho hincapié en que la situación de los armadores que recientemente enviaron escritos en los que avisaban de que no volverían a contratar ningún barco en España si tenían que devolver ayudas "es distinta", al igual que la de los astilleros, y ha confiado en que "vuelvan" aquellos que "en teoría se habían ido".
Mallón ha enfatizado que una de las prioridades del naval es convencer a armadores, financieros e inversores de que éste es "un sector vivo, con capacidad de movilización en los despachos y en la calle", y se ha mostrado seguro de que estos agentes "saben que somos de fiar".
"Se nos puso un obstáculo -el expediente abierto al anterior tax lease en 2011-, pero tenemos armas para sortearlo", ha enfatizado el portavoz de Asime, quien ha abogado por que la situación sea de "importante claridad" pasadas "no más de dos semanas" desde el pronunciamiento del Colegio de Comisarios.
Respecto a la posible presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha comentado que no implicaría "una inseguridad" para los inversores y estructuradores, que "no deben verse abandonados" ni pensar que "el naval no protege sus intereses", ha dicho.
Mallón ha abundado en que cualquier jurista puede argumentar que "una forma de defender tus intereses es presentar un recurso cuando entiendes que se han visto perjudicados o dañados", pero en todo caso ha remitido a una decisión consensuada con la administración y los sindicatos.
Pero por si acaso, ha insistido en recalcar que el sector "no los dejará solos en la batalla legal que quieran emprender o en la defensa de sus derechos".

La Voz de Galicia


Feijoo participa esta tarde en la reunión con Gobierno, comunidades, sindicatos y empresas para coordinarse sobre el «tax lease»

El encuentro que presidirá el ministro Soria se celebrará a las 19.30

El Gobierno ha convocado una reunión para esta tarde con las tres comunidades autónomas (Galicia, Asturias y País Vasco), las empresas y los sindicatos afectados por la decisión de Bruselas sobre la devolución de las ayudas al sector naval, conocidas como «tax lease».
El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria ya están trabajando en el análisis de la resolución de esta semana de la Comisión Europea. El Gobierno ha dado la «instrucción» al ministro de Industria, José Manuel Soria, de «convocar inmediatamente a los representantes de las tres comunidades autónomas, sindicatos y patronales para consensuar la estrategia a seguir a partir de ahora», señaló.
Tanto Industria como Hacienda, aseguró, tienen «analizadas y estudiadas las consecuencias de orden jurídico y económico», aunque «indudablemente lo primero en este momento» es fijar la posición de los afectados. El objetivo español, explicó, será «defender los 85.000 puestos de trabajo, defender un sector con futuro en España y Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido».
Fuentes de la Administración han señalado que antes de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE no sólo hay que tener claros los argumentos, sino también la «factura» que tendrá que pagar el sector naval español. Este cálculo, que tendrá que realizar el Ministerio de Hacienda, podría llevar «semanas», pues se trata de un proceso complejo en el que habrá que analizar uno a uno 200 expedientes de compra de buques y coordinarse con Bruselas para «tener claros los criterios» con los que concretar la deuda de los astilleros. «Hay dos meses de plazo para recurrir», precisan las mismas fuentes.

Faro de Vigo

´Ahora la situación es mucho mejor y no creo que ningún astillero corra peligro´

"Si el Gobierno recurre y tenemos que volver a parar, vale más dejarlo como está"


Álvaro Platero (Castropol, 1960) ha encabezado la lucha de los diecinueve pequeños y medianos astilleros españoles agrupados en la sociedad Pymar que por sorpresa se encontraron en el ojo del huracán de la Comisión Europea, que les planteó la devolución de la totalidad de las bonificaciones fiscales que España había concedido al sector naval. Casi 3.000 millones de euros. Era tanto como decirle a los astilleros que estaban tocados y hundidos. Tras maratonianas reuniones, viajes y negociaciones, el sector ha conseguido rebajar la cuantía de "la multa", como Platero denomina la resolución definitiva de la Comisión, que establece la devolución de las bonificaciones entre 2007 y 2011.
-¿A cuánto ascenderá la factura final que deberán abonar los inversores?
-La parte más importante, la más cuantiosa, ya está pagada: Perdimos 50 barcos en dos años, unos 2.500 millones de euros, ¿no es eso bastante multa? Y además está el daño comercial, que es difícilmente evaluable, pero que es enorme. Mucho peor que las multas económicas es la falta de confianza que se genera en los armadores, de seguridad jurídica, de incertidumbre.
-Pues aún falta conocer la cuantía de las devoluciones.
-El primer borrador que nos presentó el comisario Joaquín Almunia exigía el pago de todo a inversores y armadores. Casi 3.000 millones de euros. Luego retiró a los armadores, y ahora Almunia le deja el cálculo a España. Esperemos que el Gobierno sea sensible y minimice los daños.
-¿Se excedió Almunia en su tarea?
-No sé si Almunia se excedió, pero en mi opinión sí se equivocó.
-O cumplió con su trabajo, porque las ayudas las concedió el Gobierno español.
-Bien, pudo haber falta de comunicación del Gobierno español sobre la entrada en vigor del tax lease antiguo; a lo mejor a alguien se le olvidó enviar los papeles. No lo sé, pero eso no parece motivo suficiente para montar el follón que se montó.
-Pero las ayudas eran ilegales.
-Nosotros entendemos que no se tenía que haber multado a España porque contábamos con la confianza legítima y seguridad jurídica hasta 2011. No hicimos nada ilegal. Nos limitamos a aplicar las leyes fiscales españolas. Es más, la antecesora de Joaquín Almunia al frente de Competencia, Nelly Kroes, puso por escrito en una carta que tras numerosas consultas e investigaciones, el sistema era legal.
-En Bruselas insisten en que el Gobierno español debería haber tomado medidas cuando se investigó a Francia.
-El Gobierno español no hizo nada, pero tampoco la Comisión Europea, y es ahí donde nosotros vemos el principio de inacción que alegamos. Los que desde luego no somos culpables en todo esto somos los astilleros y los armadores. Y lo único que queremos es que se cierre este asunto y empezar a trabajar, conseguir contratos y construir barcos.
-Dijo Almunia que sentía "vergüenza" de cómo se había jugado con el miedo de los trabajadores.
-Yo no sé qué sintió. Lo que sí sé es que si se hubiera aplicado el primer borrador, el que nos presentó el propio Almunia por sorpresa, teníamos que cerrar todos los astilleros de España. Era una barbaridad, porque los que no hubieran tenido que cerrar inmediatamente lo harían poco después, porque no habría armador ni inversor que quisiera venir a España. Con el segundo borrador, en el que se eximía a los armadores, y con el tercero, que se rebajaban los años, ya ningún astillero corría el riesgo de cierre inminente. Y digo inminente.
-Almunia rectificó varias veces. ¿Por qué cree que decidió eximir también a los armadores?
-Pues supongo que tendría que ver con que el 80 o el 90% de los armadores afectados eran extranjeros.
-Ahora hay una nueva ayuda o tax lease para el sector naval. ¿Está salvado el sector?
-Esto es una cuestión de confianza. Ahora la situación es mucho mejor y yo no creo que ningún astillero corra peligro. Pero insisto, nosotros lo que queremos es pasar página de una vez y que se deje de hablar de nosotros por conflictos.
-El Gobierno quiere analizar con los astilleros, los sindicatos y las autonomías afectadas si recurre al Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la Comisión. ¿Usted cree que debe hacerlo?
-Esa decisión la tendrá que adoptar el Gobierno cuando vea los informes de sus juristas. Si deciden hacerlo y pasa el tiempo pero a nosotros no nos afecta y podemos trabajar, pues ellos sabrán. Pero si supone que tenemos que volver a parar mientras se resuelve, entonces vale más dejarlo como está. Pero bueno, es una cuestión técnica de los abogados y el Gobierno.
-Los plazos para poner las cuentas en orden son ajustados.
-En dos meses se tiene que tener la información previa, y en cuatro, el dinero recuperado. Son seis meses en total. Los de Hacienda van a tener mucho trabajo, porque de lo que han puesto los inversores, una parte sí es compatible con las ayudas y otra no. Así que tendrán que mirar barco por barco y armador por armador.
-¿Ustedes, desde Pymar, han echado números?
-No tengo ni idea de cuánto dinero puede ser. Hay que esperar a ver qué dice Hacienda.
-Almunia desea un futuro "brillante" al sector y dice que cuenta con muchas ayudas para ello.
-Pues que yo sepa, específicas para el naval solo hay el tax lease y el Real Decreto 4.4.2., que establece ayudas a la inversión. Hay otras ayudas, como las de I+D, pero son generales y para cosas específicas.
-Hablando del gran público. ¿Les ha sorprendido el apoyo que han tenido en este conflicto?
-La verdad es que nos desbordó el apoyo popular. Nos llamaron medios de comunicación que no sabíamos ni que existían, y recibimos cartas de apoyo de instituciones y asociaciones que desconocíamos. En cualquier sitio oías hablar del tax lease y escuchabas el apoyo de la gente. Ahora tenemos que saber aprovechar este tirón para que se sepa que este sector es puntero, que sabemos hacerlo muy bien y que generamos riqueza. Porque hasta ahora la imagen que se tenía era la del conflicto, la de los follones.
-Siente cierto... resquemor contra Almunia.
-No, a nivel personal no tengo nada que decir. Al contrario, siempre nos trató bien, de manera cordial y amable. Otra cosa es que se equivocara. Él hizo su trabajo, y seguro que le hubiera sido mucho más fácil dejarse llevar. Seguro que a nivel personal le dolió y que todo este follón no le hace ni pizca de gracia.

21 de julio de 2013

La Voz de Galicia


«Los astilleros necesitamos vender barcos y pasar página»

El presidente de la patronal recuerda que ahora es el «tax lease» de Holanda el que está denunciado

Álvaro Platero, presidente de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) apenas necesita nueve palabras para explicar cómo se ha tomado de verdad el sector la resolución del expediente del tax lease: «No estamos de acuerdo, pero es lo que hay». Es evidente que da por cerrado el conflicto y que no tiene ningún interés en mirar atrás, porque «lo que ahora toca es ponerse a trabajar». Definitivamente, no quieren hurgar en la herida.
-El Gobierno, sin embargo, no ha descartado recurrir la decisión ante los tribunales.
-Si al final lo hace, esperemos que sea para bien, porque si para lo único que va a servir es para alargar la agonía y dejarnos otros dos años sin trabajo... No tengo idea de los procedimientos, lo que sí se es que los astilleros necesitamos vender barcos y pasar página. Llevamos dos años desangrándonos. El efecto negativo ya está hecho. Hemos perdido de construir medio centenar de barcos en este tiempo, que a una media de 40 o 50 millones de euros haga la cuenta. Cualquier cosa que siga en esa línea hace más daño que la multa.
-Definitivamente, se han propuesto no mirar atrás.
-Nos hubiera gustado que se hubieran tenido en cuenta nuestros argumentos para no exigir devoluciones hasta el 2011, que era lo que se pedía y lo que entendíamos que, aplicando la normativa para todos igual, nos correspondía. No fue así.
-Los sindicatos han pedido que nadie se vaya de vacaciones hasta que el asunto quede cerrado.
-Me consta que en Hacienda ya se han puesto manos a la obra. Lo idóneo sería tener el estudio hecho en un par de meses.
-Almunia les ha acusado de ser unos exagerados y de meter el miedo en el cuerpo.
-Desde que se inició el expediente hace dos años no se ha firmado un contrato. A la vista está que no exagerábamos cuando vaticinábamos la muerte del sector. En cuanto a lo del miedo, fue él el que nos lo metió con el primer borrador. Hubiera sido el final. Menos mal que hubo un segundo y un tercero. Cambió mucho el escenario. ¿Significa eso que el actual nos guste? No, no nos gusta, porque ir contra los inversores es como ir contra nosotros. Al final llevamos la misma camiseta porque dependemos de la financiación. Ahora le toca al Gobierno interpretar la resolución. Confiamos en que los daños sean mínimos, aunque lo que está claro es que cualquiera que pueda ser la cifra el daño más gordo ya lo pagamos desde junio del 2011.
-Almunia vaticina que en el plazo de cuatro o cinco años tendrán que comerse sus palabras.
-¡Ojalá! Y no dentro de cinco años, el próximo año me las comería si las gradas vuelven a estar llenas. Lo cierto es que tenía en su mano que nos las hubiéramos comido ya, porque si estamos como estamos es porque él quiso.
-Pinta al comisario como si fuera la bicha.
-Ya no lo es. Lo fue durante dos años en los que hemos pagado una sanción bien alta y no solo económica, también de confianza. La confianza no se recupera de hoy para mañana. Se tardará un tiempo. Los que ya son irrecuperables son los dos mil y pico de millones que hemos dejado de ingresar.
-En esa filosofía que mantienen de mirar hacia adelante ¿qué tiempo se dan para firmar el primer contrato con tax lease?
-En total los astilleros españoles están negociando unos 40 barcos. Hay algún armador esperando desde hace tiempo. En condiciones normales en 2014 tendrían que empezar a ocuparse las gradas. No olvide que este no es un negocio con unos tiempos muy distintos a cualquier otro. Desde que se cierra el acuerdo hasta que se empieza a cortar chapa pasan meses.
-Holanda ha puesto peros también al nuevo tax lease. ¿Temen un nuevo expediente?
-En absoluto. El nuevo tax lease cuenta con todas las bendiciones. No lo digo yo, lo ha dicho Joaquín Almunia. Lo que pasa es que Holanda quiere ganar en los despachos lo que no gana en el campo. Pero ahora ya no, ahora es su tax lease el que está siendo investigado. La risa va por barrios y ahora probarán su medicina.
-¿Qué papel cree que ha jugado en el cambio de criterio de Bruselas el frente común que formaron con administraciones y sindicatos?
-Llevamos trabajando dos años sin descanso. Nos entregamos desde el principio, pero es cierto que el frente común ha sido un gran aliado. Estamos encantados. No pensábamos que iba a ser tal el apoyo, incluido el mediático. Nos desbordó la gran repercusión que alcanzó el problema y que ha servido para que mucha gente que no conocía el sector naval, que no sabía lo que hacíamos ni su repercusión en la economía y en el empleo, haya tomado conciencia de ello.
álvaro platero presidente de pymar

La Voz de Galicia

Pescanova: unas cuentas con cebo

Una trama societaria y prácticas irregulares lograron ocultar durante años deuda y pérdidas


El germen de lo que luego sería el gigante Pescanova nació en Vigo en 1960, de la mano de José Fernández López. Veinte años más tarde, su hijo, Manuel Fernández de Sousa, tomó las riendas de la compañía, a la que hizo crecer exponencialmente, escribiendo los capítulos más brillantes de la marca del famoso «lo bueno sale bien». Pero también parece haber firmado su historia oscura, escrita en la última década entrelazando la expansión y diversificación del negocio con un endeudamiento tan excesivo como opaco, fruto de prácticas contables y financieras «irregulares».
Esas son las conclusiones del demoledor informe forense sobre Pescanova elaborado por la consultora KPMG, que ha acabado forzando la dimisión de Fernández de Sousa de la presidencia que ocupaba desde hacía 33 años y que escribirá un nuevo capítulo judicial cuando el 15 de octubre declare como imputado en la Audiencia Nacional, acusado -junto a un rosario de colaboradores- de presuntos delitos societarios, como el falseamiento de cuentas anuales o el uso de información privilegiada.
El ya expresidente de Pescanova asumió «errores» esta semana, repitiendo como un mantra que todo se hizo para mantener «viva» la empresa, pero la investigación de KPMG revela una trama en absoluto fortuita y le señala a él como principal responsable. Estas son algunas de las prácticas que lograron amañar durante años las cuentas de una de las cotizadas más alabada, pero que escondía bajo sus alfombras 3.281 millones de euros de deuda y unos números rojos de casi mil más:
Sociedades
Una maraña de empresas pantalla. Pescanova «se ha servido de toda una red instrumental de sociedades cuya única finalidad era la emisión de facturas carentes de realidad mercantil, para poder descontar efectos». Así lo asegura el informe forense, que recoge que solo en España dicha red estaba formada por quince empresas. La maraña de instrumentales «no tenía vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante, pero en muchos casos era plenamente dependiente de la operativa que Pescanova canalizaba a través de ellas», apunta KPMG, que explica que el operativo señalando que la pesquera les emitía a dichas mercantiles facturas que luego se presentaban al descuento en las entidades financieras «previa contrapartida de dejar en cuenta depósitos en efectivo».
Funcionamiento
Efialtes, el inicio de la pesadilla. Curiosamente, la primera de las sociedades instrumentales creada en España con tal propósito se bautizó como Efialtes S.L., que en griego significa «pesadilla» y que era el nombre del traidor espartano que permitió a los persas vencer en la batalla de las Termópilas, tras traicionar al rey Leónidas. Junto a ella se crearon, con características comunes de constituirse el mismo día, carecer de empleados o tener sede en despachos de abogados de Madrid, otras muchas: El Gran Sol de Altura S.L., Pescados Josfras, Templeton Fish, Ventres Fish, Sieg Vigo, Pescaeje, Pescagalicia Noroeste, World Frost, Seafrizen, Caladeros del Norte, Intermega Pesca, Pontepesca y Mar de Arenco. <
Fraude
Transacciones ficticias y a precio mayor. La investigación resalta que las operaciones entre Pescanova y estas sociedades se realizaban mediante transacciones «donde no existía traspaso de mercancía real, por lo que además de generar financiación bancaria, también crearon en los últimos ejercicios resultados no reales en los registros contables» del grupo.
Los auditores forenses apuntan que, además de no haber habido compra-venta real, los precios para estas mercantiles eran superiores a los que Pescanova aplicaba al resto de sus clientes por la misma mercancía. Entre los años 2007 y 2010, el informe señala que hubo unas ventas de Pescanova a las instrumentales superiores a las compras, mientras que en los años posteriores la situación se invirtió. Esta fórmula permitía a la empresa no solo conseguir financiación, sino también mejorar su resultado operativo.
Pagos en negro
El precio del silencio. Entre la documentación aportada en la investigación destacan correos electrónicos intercambiados entre los directivos implicados en la trama que confirman que se realizaron pagos en dinero negro a los administradores de dichas instrumentales para que camuflaran esas operaciones.
Facturación
«Papel pelota» y facturas falsas. «Se ha llegado a emitir facturas a clientes reales con los que hacía tiempo que no se mantenían relaciones comerciales, que posteriormente se factorizaban ante distintas entidades financieras para poder obtener la correspondiente financiación». Así describe KPMG el operativo usado por Pescanova para lograr financiación anticipada por parte de los bancos con cargo a líneas de crédito para abonar a proveedores, lo que se conoce como factoring.
El circulante logrado por esta vía se dobló entre el 2009 y el 2012, según el informe, pasando de 170 a 337 millones de euros.
Aunque en ocasiones se empleaba una y otra vez la misma factura, en otras eran falsas, indican los investigadores, que se apoyan en la existencia de «cartas o requerimientos» remitidos por numerosos clientes de Pescanova. «La práctica totalidad de estos clientes no reconocían la veracidad de las facturas», añaden.
Sin consolidar
Sociedades internacionales. Su finalidad última era, de nuevo, lograr financiación. Eiranova Fisheries, Hasenosa, Novanam, Skeleton Coast, Austral Fisheries, Lafonia y Polar son las sociedades internacionales que, según el documento, «tampoco presentaban una vinculación directa y aparente con Pescanova, y sin embargo eran igualmente controladas y dirigidas por el grupo para obtener financiación».
Paraísos fiscales
Una trama en la sombra. El auditor dividió en dos grupos la red oculta. Por un lado están las sociedades controladas directamente desde Pescafina (principal filial española de la matriz), entre las que están dos firmas situadas en Panamá, una en Angola y tres en Uruguay; y por otro, las empresas a las que Pescanova daba «órdenes directas de emitir facturas contra sociedades del grupo y realizar el pago a otras», es decir, sociedades pantalla. Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, las de Jersey, Luxemburgo o Madeira son algunas de sus ubicaciones off shore.

La Voz de Galicia


Claves para una estrategia tras la condena del «tax lease»

Bruselas consideró que era una «medida selectiva», contraria al ordenamiento comunitario

El 17 de julio, el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, hizo pública la decisión en virtud de la cual el régimen del llamado tax lease español constituye una «medida selectiva», contraria al ordenamiento comunitario. Rubricó que exigirá la devolución de los beneficios fiscales disfrutados entre abril de 2007 y 2011, si bien tal devolución, insistió en varias ocasiones, «solo afectará a los grupos de interés económico y a los inversores, no a los astilleros».
Aunque solo podremos hacer un juicio riguroso de la decisión cuando se publique el texto de la misma, sí podemos ya hacer al respecto algunas observaciones:
1. Justificaciones y excesos de la Decisión de la Comisión.
En efecto, tanto la amortización acelerada de un activo (el buque) a partir de un momento en que no solo no había entrado en funcionamiento sino que no existía físicamente, como la no tributación de las plusvalías derivadas de su venta a las navieras (la cual se apoyaba en la fictio iuris de que el buque era nuevo, cuando ya estaba amortizado), han generado un caudal de ventajas fiscales de naturaleza sectorial que tienen encaje en el concepto de ayuda de Estado, prohibida por el ordenamiento comunitario.
También es inadmisible que España hubiese incumplido su deber de elevar la correspondiente consulta en tiempo y forma a la Comisión.
Ahora bien: las AIE podían estar integradas por inversores no solo españoles sino también residentes en cualquier otro país comunitario. No hay, por tanto, falseamiento de la competencia, expresión clave para apreciar la existencia de una ayuda de Estado. La opción para aprovecharse del régimen fiscal ventajoso del tax lease español estuvo siempre a disposición de cualquier inversor comunitario.
Los beneficios fiscales que derivaban del tax lease le han sido reconocidos a agrupaciones de inversores que financiasen la construcción de buques no solo en astilleros españoles sino también en cualquier otro país de la UE. Estamos ante un argumento que desvirtúa la naturaleza sectorial de nuestro tax lease.
Respecto a la obligación de devolver las ayudas, los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica fueron elementos clave para que la decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006, relativa al tax lease francés, declinase exigir la devolución de las ventajas fiscales. Aunque aquél fue declarado ilegal, la confianza legítima suscitada entre los operadores franceses era tal que, combinada con el largo tiempo que la Comisión tardó en emitir su juicio de ilegalidad sobre el mismo, justificó en aquel caso la renuncia a exigir la restitución de las ayudas fiscales. Pues bien, las mismas razones concurren en el caso español. Además del visto bueno al tax lease español dado por la anterior Comisaria de la Competencia el transcurso de 5 años -desde que en 2006 se presentó la primera denuncia hasta la reacción de la Comisión en 2011- justifica, de igual modo que en el caso francés, la dispensa de la obligación de restitución de las ventajas fiscales en el español.
2. Las aristas cortantes del recurso contra la decisión.
Sin perjuicio del derecho tanto del Estado español como de los afectados a interponer recurso de anulación ante el TJUE contra la decisión de la Comisión, tengamos muy presente las dos circunstancias:
-Como la mera presentación del recurso no suspende el carácter ejecutivo de la decisión recurrida, es imprescindible conseguir (y no es fácil) que el Tribunal de Justicia acuerde la suspensión cautelar de la misma hasta que se pronuncie sobre su validez.
-Sin perjuicio de lo que se acaba de apuntar, el recurso contra la decisión de la Comisión no está exento de riesgos. Podría ocurrir que una sentencia estimatoria de las pretensiones españolas fuese un caramelo envenenado. Podría ocurrir que, habiendo anulado el TJUE la Decisión de la Comisión, ésta se viese obligada a dictar, en cumplimiento de la sentencia, otra de consecuencias más onerosas para España. La personación de todas partes denunciantes (particularmente de los astilleros holandeses) en el recurso, exige calcular con el debido cuidado las probabilidades de que ello ocurra.
3. Alcance y consecuencias de la obligación de devolver.
Es necesario extremar el rigor en el cálculo de los importes que, en principio, tendrían que se objeto de devolución, porque tal vez la información que circula no sea la correcta. Como es sabido, las ventajas que en forma de ahorro fiscal obtuvieron los inversores tenían tres componentes: a) la deducción fiscal de los intereses pagados por los leasing sobre los barcos; b) la deducción fiscal de la amortización acelerada de éstos; y c) la no tributación de las plusvalías derivadas de la venta a las navieras de un buque ya prácticamente amortizado (circunstancia que permitía abaratar su precio). Pues bien, lo que se desprende de las palabras del Almunia es que solo vulnera el ordenamiento comunitario el punto b), o sea, la deducción fiscal de la amortización acelerada de los buques. Y ni siquiera todo el importe, sino solo el exceso sobre la cifra que representaría la amortización ordinaria.
La correcta cuantificación del alcance de la decisión debe de ser muy tenida en cuenta por los responsables españoles para no equivocarse (una vez más) en la decisión jurídica a tomar.
La bendición expresa que tanto la Dirección General de Tributos como el legislador nacional le han dado al tax lease apunta a pensar que quienes eventualmente se vean obligados a devolver los beneficios disfrutados iniciarán las acciones de reparación patrimonial contra el Estado.
La compensación de la obligación de devolver el tax lease con las ayudas al sector -éstas sí autorizadas por la Comisión- que están actualmente pendientes de adjudicación podría ser una alternativa que evitase unos daños financieros/sectoriales irreparables.
4. ¿Existe alguna vía para eludir las devoluciones?
Dos circunstancias adquieren una especial trascendencia:
Aunque bien es cierto que el Reglamento comunitario 659/1999 establece un plazo de prescripción de la obligación de devolver de diez años, el procedimiento de devolución se rige por la normativa interna de cada Estado miembro, y en materia tributaria el plazo de prescripción español es de cuatro años. En España el plazo de prescripción para exigir la devolución de las subvenciones es de diez años pero para exigir la devolución vía regularización de beneficios fiscales es de cuatro años.
En el supuesto que nos ocupa, solo podrían regularizar el tax lease de los ejercicios 2009 a 2011. Tal vez estemos ante una transposición incorrecta del ordenamiento comunitario, pero lo cierto es que es Derecho vigente en España. Y si se interpone recurso contra la Decisión de la Comisión, muy probablemente cuando el Tribunal de Justicia se pronuncie habrán prescritos ya todos los ejercicios afectados por la devolución.
En segundo término, la interposición del recurso podría situar al caso español ante la única causa en virtud de la cual las instituciones comunitarias permiten declinar la devolución: su imposibilidad. ¿Por qué la devolución se podría convertir en «imposible»? Si la sentencia del Tribunal de Justicia se demora en el tiempo, aunque finalmente fuese desfavorable podría haber transcurrido el plazo de seis años que establece el Código de Comercio para conservar los libros y registros contables. Transcurrido este plazo, la contabilidad puede ser destruida, de modo que podría argumentarse que no es posible calcular con precisión el importe que debe de ser devuelto. Sin registros contables no es posible calcular el beneficio fiscal que deriva de la diferencia entre la amortización acelerada y la ordinaria, según tablas, con lo cual el cumplimiento de la obligación de devolución no sería fácticamente posible.

Faro de Vigo

 Javier Cremades - Abogado, defensor de accionistas minoritarios, acaba de publicar 'La energía secuestrada'

´El problema de Pescanova no es el abuso, sino que el sistema lo permitiese´

"No seamos hipócritas, sin energías fósiles no podríamos ir en coche o tener calefacción"

Javier Cremades acaba de publica La energía secuestrada, un libro en el que cuestiona la fórmula del Gobierno de Rajoy para afrontar el déficit tarifario a la vez que defiende sin tapujos las principales fuentes tradicionales de energía, desde el carbón hasta la nuclear. En la agenda del despacho al cual aporta su nombre figura también la pesadilla que sufren los ahorradores que invirtieron "engañados" en preferentes. "No hay dinero para devolver lo estafado a estas personas", advierte. El abogado malagueño defiende a centenares de atrapados en España por este escándalo financiero. También lleva el caso de un millar de pequeños accionistas de Bankia defraudados con la salida a bolsa de la entidad. Con 47 años y padre de ocho hijos, Cremades se crece ante el reto de plantar batalla a instituciones y bancos a los que responsabiliza de causar un "daño moral" difícil de reparar a miles de ciudadanos.

Faro de Vigo


Esplendor de príncipe, ocaso de heredero

Pescanova pasó de ser una empresa casi familiar a un gigante transnacional; ahora vive su etapa más convulsa, con un futuro incierto

La segunda multinacional de Galicia, Pescanova, vivió esta semana las horas más convulsas desde que, a finales de 1959, José Fernández López empezase a dar forma a un proyecto para cambiar la industria pesquera. Su hijo y sucesor, Manuel Fernández de Sousa-Faro, presentó el miércoles su dimisión como presidente del consejo de administración. Como responsable de la compañía superó la crisis de las 200 millas en los 80 o el rescate del Gobierno de Manuel Fraga a mediados de los 90. La que ahora azota la compañía, en concurso y con un agujero patrimonial de casi 930 millones, ha puesto el punto y final a una saga empresarial legendaria.

Hay una cosa peor que un sueño, y es una pesadilla. Se antoja que solo la obsesión ha podido acabar con lo que durante años pareció ser solo una dedicación abnegada. Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951) vive las horas pensando, despejando incógnitas y creándose unas nuevas. Intentando encontrar en su cabeza "lo que no va a encontrar nunca: una explicación de quién está detrás de todo lo que le está pasando". El hijo de José Fernández López, el empresario que se inventó el pescado congelado, ya no es presidente de Pescanova. Y es verdad que Manuel, Manolo, no concibe la compañía sin él. Sus coetáneos tampoco. "No le he conocido ninguna pasión, nada que le resultara especial. (Largo silencio) Sí, solo Pescanova", ratifica una persona que lo conoce muy bien
Es una persona inteligente, pero más listo. Es solitario". Una personalidad moldeada en una infancia callada a la sombra de un padre ocupado y una madre recta. "Don José no sabía hacer otra cosa más que trabajar", asegura un amigo de la familia. El niño Manuel es hoy un Fernández de Sousa "hipertímido", cerrado, y es precismente esa timidez la que explica muchas cosas. "Es implacable", coinciden personas de dentro y fuera de la empresa. "Si toma una decisión, no hay la más mínima posibilidad de contradecirlo". Nunca actúa de forma irracional o alocada. Se le puede adivinar en la mirada, azul y distante, que analiza todo lo que dice, pero piensa más allá de lo que cuenta. "Ha censurado más con su silencio que con sus gritos, nunca se los he escuchado", ilustran.
Es difícil acercarse a la personalidad del ya expresidente de Pescanova. Juega al pádel, le gusta la vela, se aficionó a los caballos -atraído por la pasión de su hijo Ignacio- y colecciona pintura valiosa y antigüedades. Usa un reloj discreto, no es vanidoso, mucho menos ostentoso, y ha demostrado tener poder y saber usarlo durante muchos años. "Lo estaba escuchando una vez y me di cuenta de que no tenía ningún interés en ganar dinero, no estaba movido por la rentabilidad", explica una persona que formó parte del consejo. "Supe que tendría problemas en ese instante", añade. ¿Personales o en la empresa? "En ambos sentidos". De ideología conservadora, rodeado de fondos de inversión en su compañía y con una televisión en su despacho que le vomitaba datos bursátiles al minuto, "él quería ser reconocido por haber creado lo más grande. Malgastó dinero cuando creyó que se podía malgastar, pero ahora hay que devolverlo", prosigue la misma fuente
"Es una persona de blanco y negro, no hay grises ni matices para él ni en su vida ni en su trabajo, que casi son la misma cosa". Su "escaso sentido del arrepentimiento y de revisión de las decisiones tomadas" explica, por ejemplo, que nunca haya reconducido su mala relación con su hermano José María (presidente de Zeltia, cuya creación se le atribuye erróneamente a José Fernández. Él la compró con la mediación de Valentín Paz-Andrade, pero la fundó Ramón Obella) o su madre. "Trabaja y piensa a la defensiva". Y nunca da un paso atrás. "Por eso" se fue a Mira, en Portugal, a construir la mayor piscifactoría del mundo después de que su gran proyecto para cultivar rodaballo en Touriñán fuese paralizado por el bipartito. "No muestra consideración por aspectos ecológicos o medioambientales. Son cuestiones muy menores." La empresa es el fin y sus medios. Por esto tampoco perdonará a Emilio Pérez Touriño.
"No es una mala persona, nunca se ha quedado con nada de Pescanova. No habría podido", resume un antiguo amigo. En el libro Galicia SL, de Manuel Rúa y Daniel Romero, quien fue durante años consejero-delegado de la empresa, Alfonso Paz-Andrade, dejaba ver ya cuál era su estrategia. "Fue el hombre que renovó la administración de la empresa, implantando un nuevo modelo de ingeniería financiera", dijo el hoy consejero de Pescanova, enemistado públicamente con el expresidente y que abandonó su cargo en 2007 con fuertes críticas al endeudamiento desmedido de la empresa para llevar a cabo proyectos como el de la planta de rodaballo. "Tiene muy pocos amigos, y nunca son grandes empresarios o banqueros", reconoce un político. Ni siquiera José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia. "Fue su aliado, su socio; les unía el interés, no la amistad". Sin embargo, sí tenía una extraordinaria relación con Manuel Fraga porque éste último era amigo de su padre, y esa relación la heredó y la mimó. Un exconsejero, ahora rebelde, también profesaba "gran cariño" por Don José. Pero Antonio Basagoiti, presidente de Banesto, lo ha abandonado también. Como Jesús García, como García Calvo (Pochi), hijo del exdirector de Personal de Pescanova y que desapareció de la empresa en cuanto se entregó a la Ley Concursal en marzo.
La ausencia del gris en la personalidad de Sousa deriva en cierto maniqueísmo, una obsesión que le persigue y estalla cualquier instante de calma en la cabeza del empresario, del líder del gigante pesquero español. "Tiene un punto de paranoia" o "es cautivo de las teorías de conspiración" son algunas de las frases que conocidos suyos dicen de él. "Es tan desconfiado que se traduce en cierta neurosis", una obsesión que no es capaz de diluir. "Te escucha y está pensando qué hay detrás de lo que estás diciendo". Por eso, quizás, pasa de la euforia al desánimo y de la tristeza al éxtasis varias veces al día.
La cúpula de Pescanova era doble: "Los que trataban directamente con él y los que no. Su relación con Antonio Táboas Moure o Joaquín Viña Tamargo era buena, sólida, pero no con César Real ni con su hijo Pablo. "No era cómplice con él en la empresa, uno más simplemente". "Yo vi temor en algunos trabajadores", aunque Manuel Fernández no levanta la voz jamás. Siempre educado, habla con autoridad. "Cuando toma una decisión se asegura de disponer de todos los recursos" para llevarla a cabo.
Manuel Fernández solo es Manuel Fernández cuando está en un escenario que controla: su despacho, su casa, de acceso a un puñado de escasos amigos. El resto del tiempo es solo la hoja de cálculos de Pescanova, donde dos y dos deberán sumar el número que Pescanova necesite. Tiene de la empresa una concepción "superlativa", la misma que de él en la compañía. "Nunca conseguí tener una conversación con él de cinco minutos sobre un libro, una película". Quizás no le importa o no era la persona adecuada.
El tímido Manuel es siempre directo, implacable, luchador. Dará la batalla hasta el final porque no cree haberla perdido todavía. Se encomendará a sí mismo -no echa mano de Dios en exceso, aunque sí es creyente- y a su resistencia. Porque, como siempre dice, Pescanova ha pasado por otras pesadillas peores. La de ahora probablemente sea en su cabeza el fruto de una gran "conspiración".
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Faro de Vigo

 Ramón Sarmiento - Responsable del Naval Privado de CC OO

´El sector tiene futuro si preservamos su unidad´

"Solo los más optimistas podían prever una resolución del expediente así"

Ramón Sarmiento (Baiona, 1973) vivió en Bruselas las horas previas a la resolución del tax lease. El responsable nacional del sector Naval Privado de CC OO asegura que la unidad sindical, empresarial y política que se fraguó en torno a la defensa del tax lease debe preservarse para garantizar el futuro de la industria. Afirma que plantear un recurso contra la resolución no es lo más "prudente".
-¿Por qué no es prudente?
-Porque recuperar la confianza y la seguridad jurídica entra en contradicción con anunciar un pleito ante el Tribunal de Justicia de la UE.
-¿En qué debería centrarse el Gobierno?
-En el corto plazo, en gestionar la resolución desde el consenso. Parece que sus términos van a ser manejables.
-Por lo que ha trascendido hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado la resolución desde los primeros borradores?
-Solo los más optimistas podían prever una resolución del expediente así. Si se compara con los borradores anteriores al día 17, se ha conseguido una resolución muy interesante para el sector.
-Al final, ¿la solución era política o jurídica?
-Era fundamentalmente política, pero es cierto que había la necesidad de presentar un argumentario jurídico que la justificase.
-La unidad que se ha conseguido en defensa del naval, ¿será duradera?
-Si la preservamos, aseguraremos el futuro del sector; con toda seguridad. No solo se ha defendido al sector en Bruselas, sino que se ha dado a conocer al conjunto del país, más allá de Vigo, Sestao y algunos pueblos en Asturias.
-¿Cree que se contratarán barcos este año?
-En los últimos meses se ha intensificado bastante la labor comercial. Sabemos que hay contratos inminentes y que estaban a la espera del resultado de la resolución. Si se gestiona bien el proceso de recuperación de las ayudas, antes de acabar el año tendremos contratos en los astilleros de la ría de Vigo, y nuestra previsión, a partir del primer trimestre del año que viene, es que se recupere actividad y empleo.
-¿Hay más culpables que Almunia?
-Más que culpables hay una cierta necesidad de que todos cambiemos el juego, preservar la unidad en torno al sector, que no sea una garantía de conflictos de intereses, sino un espacio de consenso; que no se utilicen sus problemas en la confrontación política permanente.
-¿Sobraron fotos y faltó trabajo de despacho?
-Es evidente. A pesar de toda la expectación que se generó respecto a la cita del miércoles, lo cierto es que en la cocina los días previos no éramos tantos.
-¿Cómo se mueven los hilos en Bruselas?
-Todos los organismos comunitarios son más permeables que, por ejemplo, nuestra administración: hay más interrelación entre ellos. Es necesario ir agrupados y conseguir apoyos que trasciendan nuestras propias fronteras. Creemos que las cartas que se han enviado desde el CESE e IndustriALL a los comisarios influyeron en la decisión final.
-¿Le sorprendió que apenas 24 horas después de conocerse la resolución del tax lease la Xunta reconociese que podía afectar a los pactos con Pemex?
-Era una cuestión de sentido común. Lo que fue raro era que se pretendiese trasladar que había operaciones en el naval que estaban al margen de lo que ocurriese con el tax lease. Eso sí que no tenía ni pies ni cabezas.
-Tal y como se falló, ¿cree que afecta a los proyectos de Pemex?
-Consideramos que no.

Faro de Vigo



El naval urge celeridad al Gobierno para resolver el ´tax lease´ y pasar página

Astilleros e industrias auxiliares reivindican a Vigo como el mejor polo industrial de Europa para construir buques y aseguran que si se recupera la confianza de los inversores pronto habrá contratos


La resolución de Bruselas sobre el tax lease es "injusta" y "discriminatoria", pero también supone un punto y aparte en la historia del naval. Seis destacados empresarios y directivos de astilleros e industrias auxiliares, reunidos por la patronal gallega del metal (Asime) para FARO, aseguran que lo más importante a partir de ahora es que el Gobierno evalúe cuanto antes el impacto de la decisión y la "minimice" para que el naval pueda "pasar página" y centrarse en el futuro. Recuperar la confianza de los inversores, poner en valor el nuevo tax lease aprobado por la Comisión Europea (CE) el pasado noviembre, mantener la unidad del sector y garantizar la paz social son los pilares que deben sostener al naval en esta nueva etapa.
El Gobierno debe echar el resto. El que la Comisión Europea (CE) haya dejado en manos de la Administración española el cálculo de la ayuda ilegal que hay que devolver y el proceso de recuperación representa una oportunidad para el sector. "¿Qué le pedimos al Gobierno? Que minimice los daños en la medida de lo posible, por supuesto dentro de los límites que marca la resolución, y que actúe con celeridad", explica Alberto Iglesias, director general del astillero vigués Metalships & Docks.
Los empresarios valoran el apoyo prestado por el Ejecutivo durante todo el proceso del expediente, pero consideran que ahora tiene que echar el resto. "Existe buena disposición, buenas palabras, pero hace falta consolidar todo eso", apunta José García Costas, presidente de Hijos de J. Barreras. "Vamos a necesitar que el Gobierno nos apoye en el aspecto financiero. Predicar y dar trigo no son la misma cosa", añade.
Poner en valor el nuevo tax lease. En esta nueva etapa, el naval dispone de una herramienta que ha pasado el examen exhaustivo de Bruselas, un tax lease bendecido por la Comisión el pasado mes de noviembre y con el que ya se han formalizado dos operaciones en astilleros del País Vasco (pero que están pendientes de que el Gobierno fije el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir).
El nuevo sistema es más complejo y más largo, pero sigue siendo atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad. "Es una herramienta que los armadores ya conocen; los despachos especializados ya se han encargado de explicárselo a nuestros clientes habituales", apunta Iglesias.
Lo que toca ahora es convencer a los inversores para que apuesten por este nuevo régimen de arrendamiento financiero, al igual que hicieron con el anterior. "Lo que me preocupa de la decisión es que se haya tratado de demonizar a los inversores. Son unos señores que han ayudado a que se desarrolle un sector intensivo en mano de obra, por supuesto a cambio de un beneficio, pero razonable para el riesgo que también asumen", destaca el director general de Metalships.
"Nosotros necesitamos que los inversores se sientan cómodos en el sistema, y para eso hace falta borrar esa imagen negativa de especuladores que les han achacado", resalta García Costas. "Tenemos que estarles agradecidos y trabajar para que la repercusión negativa que puedan tener sea la menor posible", señala. El presidente de Asime y de Astilleros Atollvic, Julio Gómez, asegura en que el esfuerzo financiero que implica cualquier contratación de un barco es enorme. "Contratar barcos nunca fue fácil, la competencia es global", reconoce. Pero los empresarios aseguran que si se resuelve con celeridad la resolución del tax lease y se convence a los inversores puede haber contratos ya este año (su labor comercial se ha intensificado en los últimos meses y ya hay algún precontrato firmado).
"Independientemente de los proyectos de Pemex, hemos presentado varias ofertas y eso hará posible el tener carga de trabajo a corto plazo de tiempo", revela García Costas, en alusión a Barreras. En este sentido, una de las virtudes de la decisión sobre el antiguo tax lease es que se ha eximido a los armadores de la devolución de las bonificaciones fiscales.
"Mis armadores están tranquilos, lo que pasa ahora es que quieren tener la seguridad de que somos solventes, y eso solo se podrá demostrar cuando se cierre el episodio del tax lease de una vez", apunta Alberto Iglesias.
Una industria auxiliar fuerte. Las rías de Vigo y Ferrol son los mejores lugares de Europa para construir buques, y eso no se lo puede quitar nadie. Alberto Fernández, responsable de la ingeniería ferrolana Dinain, asegura que el tejido industrial de ambas rías es su principal potencial. "Nosotros, que viajamos por todo el mundo, tenemos claro que polos como los de Vigo y Ferrol hay pocos. Si las auxiliares gallegas estuviesen en Brasil, que tiene una cartera de contratación enorme, tendríamos trabajo para el triple de personas", asegura.
Cándido González, propietario de Ganomagoga, reconoce que la crisis que ha sufrido el naval gallego en los últimos años ha obligado a la industria auxiliar a reforzarse, bien exportando o diversificándose hacia otros sectores, por lo que las empresas que han sobrevivido están ahora mejor preparadas.
García Costas corrobora que el tejido de la industria auxiliar "no solo ha no ha decrecido sino que en algunos casos se ha reforzado" y pone como ejemplo una de las auditorías que la petrolera mexicana Pemex ha efectuado para valorar su entrada en el astillero Barreras. "Hace tres semanas estuvieron aquí unos ingleses contratados por Pemex para realizar una auditoría a la industria auxiliar, porque existía la leyenda de que la industria auxiliar se había desmantelado; hicieron un recorrido por las principales empresas y el resultado del informe es extraordinario", señala.
Rosalino López, gerente de Pipeworks, coincide con Costas y destaca que la industria sigue "viva exportando y buscando otros sectores de actividad". "Lo más importante es que se cierre este capítulo (por el tax lease) porque no nos va a faltar ni ingenio ni ganas a las empresas auxiliares de encontrar huecos y caminos para hacer cosas interesantes", afirma.
"Vigo es el mejor sitio de Europa para la construcción naval porque hay una concentración de astilleros importante y porque alrededor hay una industria auxiliar muy potente que tenemos que conservar", remacha Alberto Iglesias.
Unidad del sector. Las auxiliares del naval confían en que el mayor astillero por capacidad de Vigo, Barreras, recupere más pronto que tarde su actividad productiva por el efecto arrastre que puede ejercer. García Costas, presidente de la compañía, reconoce con respecto a los planes de Pemex que a la petrolera mexicana siempre le preocupó la resolución del tax lease. "Pemex quería saber cuál era el contenido de la resolución del tax lease y no fue casualidad que el propio día 17 hayamos celebrado una reunión importante con la cúpula de la petrolera en Madrid para cerrar flecos", explica.
"Si llega a salir la resolución que Almunia había anunciado en aquel desayuno del Hotel Ritz, nuestra situación con Pemex se hubiera roto", apunta. Pemex había firmado el pasado mes de mayo una carta de intenciones con los accionistas de Barreras para la toma del 51% de las acciones del astillero, con el objetivo de construir en una primera fase un flotel en las instalaciones de Vigo.
"Que nadie piense que hemos cambiado el discurso porque sí. El intento de resolución que planteó Almunia en el Ritz nos hubiera barrido a todos del mapa", recalca Alberto Iglesias.
Paz social. Los empresarios valoran el esfuerzo que las centrales sindicales han hecho en la defensa del sector durante toda la tramitación del expediente del tax lease. Pero una vez superado este episodio, astilleros e industrias auxiliares coinciden en que de ahora en adelante será imprescindible mantener la paz social para garantizar el relanzamiento del sector.
"Lo que no puede volver a pasar, bajo ningún concepto, son los episodios de paros y huelgas de hace unos años, porque el daño que nos hace es terrorífico", afirma Rosalino López, de Pipeworks. "Entramos en una etapa muy difícil y necesitamos la colaboración de todo el mundo", concluye García Costas.
Astilleros y auxiliares, de la mano - El naval vigués tiene futuro. Astilleros e industrias auxiliares defienden el potencial de la Ría, que, una vez supere el episodio del tax lease, tiene todo lo necesario para volver a brillar. Seis empresas representativas del sector, que emplean a cientos de trabajadores y han sobrevivido a la crisis, defienden la unidad de astilleros y auxiliares como clave del éxito. En la imagen, de izquierda a derecha, Alberto Iglesias (Metalships), Alberto Fernández (Dinain), Cándido González (Ganomagoga), Rosalino López (Pipeworks), Julio Gómez (Atollvic) y José García Costas (Barreras).

20 de julio de 2013

The wall Street Journal


How Europe's Bank Crisis Swamped Pescanova Seafood Empire

REDONDELA, Spain—The downfall of Manuel Fernández de Sousa, who built Pescanova SA PVA.MC -19.26% from a provincial Spanish fishing company into a multinational giant, is a cautionary tale of the still-rippling European banking crisis.
His troubles began at a Feb. 27 board meeting where Pescanova's two newest directors grilled him about the company's proposed financial results.
 wo days earlier, Mr. Fernández had convened the new directors and other big shareholders to warn the company faced a €50 million ($65.6 million) cash crunch. Why, the new directors demanded at the board meeting, was Pescanova preparing to release 2012 results that showed a big profit and lots of cash? "The numbers didn't make sense at all," said one of the two, François Tesch, whose firm held almost a 6% Pescanova stake. The two directors refused to sign off on the numbers, and Mr. Fernández didn't release them.
That confrontation triggered events that led Pescanova to seek bankruptcy protection. Authorities later stripped Mr. Fernández—who is being investigated for allegedly falsifying accounts and selling shares before the bad news broke—of operating control. On Wednesday, Mr. Fernández resigned.
Mr. Fernández said he didn't want to "represent an obstacle for the bankruptcy administration ahead of the negotiations that have to be carried out with creditors."
Drilling deep into the scandal at one of the world's largest seafood companies is like a core sample from the depths of corporate distress across southern Europe as the continent's credit dried up. The layers show companies that borrowed heavily and grew rapidly before the credit bubble burst. Some of these companies are now enmeshed in investigations over allegedly illegal practices.
Former executives of Monte dei Paschi di Siena SpA, BMPS.MI -1.36% a 541-year-old Italian bank, are under investigation for allegedly fraudulent derivatives transactions carried out to ease financial pressures after the costly acquisition of a rival bank. 
Greek tycoon Lavrentis Lavrentiadis enjoyed a rapid rise before 2008, but the government recently jailed him on fraud charges related to loans a bank he controlled allegedly made to financially stressed companies in his empire. Mr. Lavrentiadis has said he is innocent. Lawyers for one of the three ex-Monte dei Paschi executives under investigation, Gianluca Baldassarri, denied wrongdoing, and lawyers for the other two didn't return messages seeking comment.
In the case of Pescanova, a recent KPMG audit claimed the company secretly amassed a debt of €3.28 billion, about twice the amount it had disclosed in financial statements. An investigative judge called it a scheme to present "an unreal image of [the firm's] economic and asset situation."
In a June interview, Mr. Fernández, who served as executive chairman, acknowledged the debt was higher than previously reported and said there were flaws in how Pescanova and its auditors, BDO España, kept the books.
"Management did produce mistakes. BDO did produce mistakes," said Mr. Fernández. He acknowledges selling some of his shares, but says he then lent more than €9 million in proceeds to help the company out of a liquidity crunch. In a later court filing, Mr. Fernández said none of his actions were part of any "deliberate fraudulent scheme," and were done in good faith to keep his company afloat. BDO declined to comment.
With Mr. Fernández gone, who will end up running the company is unclear. The board of directors didn't name a new chairman. Daily operations remain in the hands of the bankruptcy administrator, Deloitte. Meanwhile, some of the company's affiliates in Latin America have entered into bankruptcy proceedings in local jurisdictions, putting prime assets at risk of being sold off to pay creditors.
Mr. Tesch, one of the directors, said the board meeting lasted seven hours without a lunch break. He said the audit left Mr. Fernández with no other option than to leave. "It was just a devastating report," Mr. Tesch said. Mr. Fernández retains a seat on the board.
Pescanova's fall, the third largest bankruptcy in Spanish history, comes as the country is reeling from a wave of alleged financial crimes that have inflicted heavy costs on shareholders and taxpayers. As elsewhere in Europe, allegations of corporate misdeeds are hindering the country's efforts to regain the confidence of financial markets and climb out of recession.
Besides the Pescanova affair, Spanish prosecutors are conducting investigations of alleged irregularities at seven banks that lent aggressively during the real-estate boom in the early 2000s then needed a total of more than €30 billion in government bailouts when the economy contracted. All the banks have denied wrongdoing.
Pescanova's decline was especially jolting because it is a global player with more than 10,000 employees in 26 countries and 2011 sales reported at €1.67 billion. Its retail mascot, a tango-dancing prawn named Rodolfo Langostino, is as familiar to Spaniards as Charlie the Tuna is to Americans of a certain age.
Fernando Ruiz Lamas, a finance professor at the University of La Coruña in Pescanova's home region of Galicia, said Pescanova "never made the transition from family business to public company."
Mr. Fernández, son of the founder, put his son and his brother on the board. Both are under investigation, authorities say.
In April, Pescanova commissioned accounting firm KPMG to do a forensic audit. It said it found the fishing company hid debt in far-flung affiliates whose books were never consolidated within the main holding company. It also found that Pescanova used bogus invoices from shell companies to obtain short-term financing from banks or factoring firms, which buy invoices and then collect payments.
Founded in 1960, Pescanova pioneered the use of factory ships, which freeze the catch on board. Over the past 15 years, Mr. Fernández launched a costly diversification into aquaculture, building seafood farms in Portugal, Ecuador and Chile.
Banks "were offering more money to you than you could develop," Mr. Fernández said. He said credit dried up after Europe entered crisis in 2008, and it has been a struggle to fund his company.
In mid-2011, a savings bank from Galicia, retrenching due to Spain's recession, sold off a stake in Pescanova and gave up two slots on the board. Taking the bank's place were Mr. Tesch, representing Luxembourg-based investment firm Luxempart, and José Carceller, representing Barcelona-based brewer Grupo Damm.
"All the lights were green from the banks, from the financial analysts, from the auditor," Mr. Tesch said. But Messrs. Tesch's and Carceller's early enthusiasm would soon change.
In the middle of 2012, Mr. Fernández surprised the new directors with a plan to raise capital by issuing more stock. They said they agreed on the condition that Mr. Fernández appoint them to the board's auditing committee.
After the €125 million stock issue was completed in August, Mr. Fernández told the directors they would have to wait until shareholders could vote on a proposal to expand the committee at the April annual meeting. Mr. Fernández said in a recent interview that was because he didn't want to force a current auditing committee member to resign. Mr. Tesch had doubts: "There was strong resistance, and I found it a little bit strange."
Things would soon get stranger. Mr. Fernández came to Luxembourg for a meeting with Luxempart's board on Feb. 15, and projected a 2012 profit approaching €40 million, better than prior estimates, Mr. Tesch said.
But then on Feb. 25, Mr. Fernández called Messrs. Tesch and Carceller, along with other large shareholders, for an emergency meeting to discuss the €50 million liquidity squeeze. Mr. Fernández said in the interview the shifts in the outlook were a consequence of volatile negotiations with lenders and firms to which he was trying to sell some of Pescanova's Chilean assets.
Finally came the Feb. 27 board meeting, which Mr. Carceller said produced the "bombazo," or bombshell, that would bring Pescanova's problems out into the open.
Messrs. Tesch and Carceller spent the morning debating the 2012 financial statement with Mr. Fernández, who sat at the center of a horseshoe-shaped table. The statement showed strong earnings and nearly €150 million in cash—without any suggestion of the liquidity crisis Mr. Fernández had briefed them on two days earlier, participants in the meeting said.
Messrs. Tesch and Carceller said they faced a dilemma. If they agreed to sign the report, they might have been subject to prosecution for attesting to false information. But refusing to sign could expose the company's troubles and hurt the value of their investments.
They refused. "If we had signed those papers, this would have gone on and on with more debt and more problems," Mr. Tesch said later.
In retrospect, Mr. Fernández said, the financial statement should never have been presented to the board. Part of the blame was BDO's, he said, but "management is supposed to produce the right figures and to avoid that anybody makes mistakes." BDO isn't being investigated, authorities say.
Late on Feb. 28 Pescanova sent a communiqué to the stock commission saying it would put off filing its 2012 financial statements, until it either sold the Chilean business or sought bankruptcy protection.
The stock commission halted trading in Pescanova, allowed it to resume a few days later, and then halted it again, with the stock having lost 66% of its value. Luxempart and Damm estimate losses of €52 million and €28 million, respectively, on their Pescanova investments.
In mid-March, Mr. Fernández announced that there were discrepancies "that could be significant" in the previously reported size of its debt, and several weeks later Pescanova filed for bankruptcy.
Besides Mr. Fernández, five current or former members of the board, including Mr. Fernández's son and brother, are being investigated by a national court judge for allegedly falsifying accounts. Some top executives also are under investigation. Mr. Fernández, two other directors, and the father of a third ex-director, are being investigated for insider trading allegations. With the exception of Mr. Fernández, the executives and directors couldn't be reached for comment.


Faro de Vigo


La prensa mexicana da por perdida la inversión

La prensa mexicana ha hecho una lectura negativa de las declaraciones de Feijóo en las que reconocía que Pemex estaba revaluando sus proyectos en Galicia tras la resolución del tax lease, hasta el punto de que algunos medios aseguran que la inversión estaría "a punto de caer". "La paraestatal (por Pemex) pidió revisar los contratos, pues las nuevas disposiciones son consideradas como extremas y la potencial adquisición quedó en suspenso", publicó ayer el diario Crónica. El rotativo calificó de "bomba" la resolución de Bruselas sobre las bonificaciones fiscales del tax lease, dando por hecho que los acuerdos de la firma petrolera en Galicia naufragarán.

Faro de Vigo

´The Wall Street Journal´: ´La crisis hundió a Pescanova´

El diario publica un artículo titulado 'Cómo la crisis europea hundió a Pescanova, un gigante español de la pesca'

El diario estadounidense 'The Wall Street Journal' asegura que fue la crisis bancaria europea la que "hundió" a Pescanova, a la que describe como "una de las mayores empresas de pescado congelado del mundo".
En un artículo titulado 'Cómo la crisis europea hundió a Pescanova, un gigante español de la pesca', el diario asegura que "la caída" del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa "es una historia aleccionadora sobre la crisis bancaria que todavía se siente en Europa".
Asimismo, destacan que Fernández de Sousa, imputado junto a otros tres directivos de la entidad por falsear sus cuentas anuales y por abuso de información relevante, "hizo que Pescanova pasara de ser una empresa pesquera provincial española a un gigante multinacional".
"El escándalo de una de las mayores empresas de pescado congelado del mundo ofrece una instantánea de la aflicción corporativa que aqueja al sur de Europa, desde que el grifo de crédito del continente se secó", señalan.
Además, añaden que "los ángulos de esta imagen ilustran a compañías que asumieron mucha deuda y crecieron con rapidez antes de que estallara la burbuja crediticia", y recuerdan que "algunas de estas empresas están siendo investigadas por prácticas presuntamente ilegales".

La Voz de Galicia


El sector naval asume que deberá convivir con el nuevo «tax lease»

Xunta y empresas abogan por recurrir a la Justicia, «por coherencia»

Digerida ya la resolución de la UE sobre la devolución de las bonificaciones fiscales al sector naval desde el 2007 al 2011, el denominado tax lease, la Xunta y las empresas iniciaron ayer los trabajos para encarar el futuro. Tras reunirse en San Caetano con el presidente Feijoo, el Clúster Gallego del Naval (Aclunaga) y la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia (Asime), el conselleiro de Industria, Francisco Conde, y los portavoces empresariales, hicieron una llamada al Gobierno para que recurra la resolución «por coherencia y responsabilidad».
«Hai argumentos xurídicos claros que permiten que a devolución puidera ser a partir do 2011: había unha seguridade xurídica e todolos axentes, incluidos os inversores, actuaron neste sentido», precisó Conde.
Con el escenario abierto tras conocer el criterio de Almunia parece también que muda un poco el discurso de empresas y dirigentes políticos. De pintar de inicio un horizonte nada alentador a asegurar, como ayer, que hay perspectivas. El argumento central defendido por la Xunta y los portavoces empresariales pasa por encontrar la fórmula para estructurar las nuevas operaciones financieras y acomodar el nuevo tax lease a estructuras financieras que permitan su desarrollo. Un criterio defendido por el secretario general de Asime, Enrique Mallón, y el presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde.
«Hay que aprender a convivir con esa resolución incómoda, pero (...) vemos posibilidades, muchas, de que el naval pueda seguir contratando, desde ya, porque hay un buen número de contratos encima de la mesa», sostuvo Mallón.
Casi a la misma hora, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunciaba tras el Consejo de Ministros una reunión el lunes con las tres comunidades -Galicia, Asturias y País Vasco -, las empresas y los sindicatos afectados.
Sáenz de Santamaría indicó que los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria ya están analizando la resolución de la Comisión. «El objetivo será defender los 85.000 empleos, defender un sector con futuro en España y Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido», dijo.
El Gobierno todavía no ha decidido si recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE (tiene dos meses de plazo), como pide Galicia, porque cree que, además de los argumentos jurídicos, hay que aclarar la factura que tendrá que pagar el naval español, lo que obligará a analizar, uno a uno, unos 200 expedientes.
Barreras y el flotel
Por otro lado, el presidente de Barreras, José García Costas, garantizó que la construcción de un hotel flotante y la entrada de Pemex en el capital del astillero como accionista mayoritario son «100 % seguros», informa Efe. En ese sentido, Feijoo avanzó conversaciones con la petrolera para «acreditar que el riesgo» tras la resolución del expediente del tax lease es «inexistente», y que esta tenía que «evaluar la nueva situación».
El clúster del naval y las metalúrgicas creen que hay futuro

La Voz de Galicia


Fernández de Sousa abre el 15 de octubre los interrogatorios del caso Pescanova

Declarará ante Ruz junto con otros diecisiete imputados y diez testigos

El juez Pablo Ruz -archifamoso por llevar el caso Gürtel y investigar la fortuna oculta de Bárcenas- ha fijado para octubre, concretamente para los días 15, 16, 17, 22 y 23, los interrogatorios de los dieciocho imputados (entre personas físicas y jurídicas) y los diez testigos iniciales del caso Pescanova. En una diligencia fechada el jueves, el juez señala para las nueve y media de la mañana del 15 de octubre la declaración del hasta esta semana presidente de la multinacional pesquera, Manuel Fernández de Sousa, principal imputado de las cuatro querellas que Ruz ha admitido a trámite por delitos societarios, falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada.
Esa primera jornada también pasarán por la Audiencia Nacional el hijo del expresidente, Pablo Javier Fernández Andrade, y quienes Fernández de Sousa designe como representantes de las empresas a través de las que tiene su participación: Sodeco, Inverpesca, Gicsa e Inverlema.
Jesús García, el que fuera mano derecha del presidente durante años, además de consejero en Pescanova en representación de Gicsa (propiedad al 100 % de Manuel Fernández de Sousa), también declarará el martes 15 ante Ruz, en calidad de imputado. Cabe recordar que García fue el primer miembro del consejo de administración que presentó su dimisión tras estallar el escándalo financiero de la compañía, afirmando hacerlo por haber perdido la confianza tras lo que se estaba conociendo de las cuentas de la empresa. A la renuncia de García, en mayo, le siguieron después las de Antonio Basagoiti, el mismo mes, y esta misma semana, Ana Belén Barreras Ruano.
Al día siguiente, el miércoles 16, el magistrado tomará declaración a los imputados Alfonso Paz Andrade, acusado de la presunta comisión de delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Por el último delito también pasará ante Ruz otro consejero de Pescanova, José Antonio Pérez-Nievas, en una jornada en la que igualmente serán interrogados en calidad de imputados los representantes de Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria, sociedades vinculadas a él.
Los directivos de la trama
El día 17 se cerrarán las declaraciones de los imputados, con las de Fernando Fernández de Sousa, hermano del presidente y consejero de Pescanova como Robert Albert Williams, que le seguirá. Joaquín Viña Tamargo, Antonio Táboas Moure y Alfredo López Uroz, directivos señalados en el informe forense de KPMG como conocedores y ejecutores de la trama diseñada por el presidente para ocultar la deuda, declararán el mismo día, que concluirá con el interrogatorio del representante de ICS Holding Limited.
Carceller, como testigo
Los dos últimos días (22 y 23) será el turno de las declaraciones de los testigos, entre los que está José Carceller, consejero en la firma gallega en representación de la cervecera Damm, segundo accionista mayoritario. François Tesch y Alain Huberty, citados a través de la representación procesal de Luxempart, Antonio Basagoiti, Francisco Javier Soriano, Yago Méndez Pascual y Ana Belén Barreras Ruano también declararán en calidad de testigos, así como César Mata Moretón, Carlos Turci Domingo y Santiago Sañé Figueras.
En la misma diligencia Ruz ordena dar traslado al Ministerio Fiscal, «por si procede emitir pronunciamiento alguno sobre las diversas medidas cautelares solicitadas en las querellas presentadas hasta el momento».
Por otra parte el juez dictó un Auto por el que no admite a trámite la querella, aunque sí lo hace como denuncia, presentada por Iberfomento contra el expresidente de Pescanova por un delito societario y otro de falseamiento de cuentas anuales. Ruz argumenta que no procede la imputación por un delito societario, pues Iberfomento no tiene el derecho de información que reclama al no ser accionista de la pesquera sino únicamente miembro del consejo de administración. Rechaza también la imposición de fianza por importe de cuatro millones, pidiéndole que acredite tal perjuicio ocasionado a Golden Limit, quien vendió las acciones.

Atlantico


El juez cita al presidente de Pescanova para el 15 de octubre

Paz-Andrade declarará el 16 de octubre y el resto de los consejeros lo harán también en ese mes
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tomará declaración como imputados el próximo 15 de octubre al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa y a las mercantiles a través de las que tiene sus participaciones. 

Para el próximo día 16 de octubre, Ruz ha citado para tomarles declaración como imputados a Alfonso Paz Andrade y las sociedades a través de las que tiene su participación, así como a José Antonio Pérez Nievas.

El hermano del expresidente de Pescanova, Fernando Fernández Sousa declarará como imputado el 17 de octubre, al igual que Robert Albert Williams, Joaquín Vila, Antonio Taboas, Alfredo López y a la sociedad Holding Limited.

En su providencia, el juez de la Audiencia Nacional cita el 22 de octubre para tomar declaración en calidad de testigos a José Carceller, Francisco Javier Soriano, Francis Tesch, Alain Huberty y Antonio Basagoiti.

Un día después, el 23 de octubre presentarán declaración como testigos Yago Méndez, Ana Belén Barreras (ambos consejeros de Pescanova), César Mata (secretario del consejo), Carlos Turci y Santiago Sañé (de la sociedad BDO, que auditó las cuentas de Pescanova durante once años).

Ruz también pide que se dé traslado a los fiscales por si procede pronunciarse sobre algunas de las medidas cautelares solicitadas en las querellas presentadas hasta el momento.

Todas estas citaciones habían sido aplazado hasta después de conocerse los resultados del informe forense.

Atlantico


Xunta y empresas del naval piden el recurso al 'tax lease' por coherencia

El sector ve posibilidades de seguir contratando ya porque hay un buen número de proyectos encima de la mesa
 Los representantes de la Xunta, del Clúster gallego del naval (Aclunaga) y de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia (Asime) coincidieron ayer en que el sector 'tiene futuro' pese a la devolución de las ayudas recibidas mediante el 'tax lease' desde 2007 a 2001 y volvieron a pedir al Gobierno central que presente un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea contra la resolución de la Comisión. 

Tras una reunión en la que también estuvo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, llamó a mantener el frente común de Gobierno, comunidades, sector y sindicatos, que alcanzó 'resultados muy importantes', y afirmó que 'sí hay futuro'. 'Por eso, uno de los ámbitos en los que debemos trabajar es en generar espacios de confianza en los diferentes financiadores, tanto las entidades financieras como, Pymar y los estructuradores', aseguró.

El secretario general de Asime aseguró también que cree que el sector tiene futuro e instó a estudiar 'en detalle' la resolución porque 'hay vías para minimizar ese impacto, que se ha reducido de una manera importante'. 'Hay que aprender a convivir con esa resolución incómoda, pero es lo que hemos estado analizando y vemos posibilidades, muchas, de que el naval pueda seguir contratando, desde ya, porque hay un buen número de contratos encima de la mesa que se están perfilando', aseguró.

Mallón, que agradeció el respaldo al sector, animó también a trabajar, pese al 'disgusto de la resolución', para utilizar el nuevo sistema de tax lease, que es 'el más bendecido de toda la UE, el más impecable'. 'Creemos que debemos enamorar, atraer de nuevo a esos inversores, que es cierto que no han quedado muy bien parados con esta resolución, pero creemos que vamos a ser capaces de hacerles ver el beneficio que tiene invertir en el naval', afirmó

En este mismo sentido, el presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde, pidió confiar en 'el saber hacer' de los astilleros gallegos. 'Somos muy buenos, tenemos que presumir de ello. Tenemos una calidad muy envidiada en todo el mundo y eso es nuestra base de futuro', reivindicó. Alcalde aseguró que 'la labor comercial está siendo bastante exitosa', pero 'el hándicap' es la financiación y el escenario que crea la resolución sobre el 'tax lease'.

Conde insistió en reclamar al Ejecutivo central que presente el recurso 'por coherencia y responsabilidad', dado que no están de acuerdo con la resolución y 'hay argumentos jurídicos claros que permitirían que la devolución pudiese ser a partir de 2011'. En este sentido, Alcalde manifestó su confianza en que la posibilidad del recurso se estudie 'a fondo'.

Faro de Vigo


Ruz cita el 15 de octubre como imputado a Sousa con nuevo presidente en Pescanova

El juez no espera al informe de Anticorrupción sobre la auditoría de KPMG - Son cinco los consejeros que tendrán que declarar, entre ellos su hijo y su hermano, y tres directivos



El juez Pablo Ruz no ha querido esperar al informe de Anticorrupción sobre la auditoría forense de KPMG. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha señalado el 15 de octubre como el día en que el ya expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, acuda a declarar imputado por presuntos delitos de falseamiento de cuentas, de información financiera y uso de información privilegiada. A mayores el segundo socio de la multinacional, Luxempart, formuló una querella en la que acusa al empresario de delito de estafa, falseamiento de documentación social y estafa en inversiones y crédito, que fue admitida a trámite por Ruz y que supuso la imputación del hijo y el hermano de Sousa, entre otros directivos. La comparecencia se producirá apenas un mes después de la celebración de la junta de accionistas en la que se nombrará otro presidente y el señalamiento llega una semana más tarde desde que Ruz recibió el forensic que ha detectado un agujero de 927 millones en Pescanova, ocultado presuntamente por Sousa y su núcleo directivo.
La citación se publica en una providencia del magistrado firmada el jueves, a la que ha tenido acceso FARO, y que señala la declaración del expresidente de la pesquera para las 9:30 horas de la mañana. A las 12:00 horas hablará el hijo, Pablo Fernández, y el exconsejero -y anterior aliado- Jesús García hará lo propio a las 13:00 horas. El mismo día comparecerán representantes legales de Pescanova (imputada), Sodeco, Inverpesca, Gicsa e Inverlema (firmas de Sousa). Éste último tendrá una hora y media -en principio- para explicarse ante el juez Ruz siempre y cuando este magistrado continúe siendo el titular del juzgado. Y es que Pablo Ruz ocupa la plaza vacante que dejó Baltasar Garzón y, en teoría, debería abandonar su puesto en septiembre. Fuentes de la magistratura aseguran que "lo más probable" es que pida otra prórroga por un año para seguir instruyendo el caso Pescanova o el caso Bárcenas.
Más imputados
El 16 de octubre a las 10 horas le tocará el turno a Alfonso Paz-Andrade y a José Antonio Pérez-Nievas, consejero crítico con Sousa pero cuyas ventas de acciones justo antes de que la empresa solicitara el preconcurso lo han señalado y está imputado por uso de información relevante. Y un día después le tocará el turno al resto, y todos ellos acudirán a declarar forzados por la querella criminal presentada por el fondo de inversión Luxempart, que ostenta algo más del 5,8% de las acciones de la pesquera.
Es el caso de Fernando Fernández (hermano de Sousa y miembro del consejo), Robert Albert Williams (amigo de Sousa y también consejero) y tres altos directivos de Pescanova, uno de ellos ya jubilado (Antonio Táboas Moure, exresponsable del área de Finanzas). Los otros son Joaquín Viña Tamargo y Alfredo López Uroz. El primero de ellos (jefe de Auditoría) aparece en la auditoría de KPMG como el "responsable de consolidación del grupo". "Ha sido el responsable directo de confeccionar los estados financieros" de la compañía y "ha sido conocedor en mayor medida de cada una de las prácticas contables". López Uroz también está señalado por el informe forense como uno de los "responsables de la gestión diaria" de Pescanova y "conocedor" de las prácticas supuestamente irregulares que se llevaron a cabo en la misma.
Como testigos comparecerán diez personas los días 22 y 23 de octubre. Entre ellos está José Carceller (quien se postuló como presidente el pasado miércoles como representante de Damm), François Tesch (Luxempart) o el exconsejero Antonio Basagoiti, que también se ha querellado. Acudirá Yago Méndez (consejero sin acciones, hijo del exdirector general de Caixa Galicia), Ana Belén Barreras (hija del empresario vigués José Alberto Barreras), dos directivos de Pescanova (César Mata y Carlos Turci, este último también señalado por KPMG) y el responsable de BDO España, Santiago Sañé.