Fernández de Sousa abre el 15 de octubre los interrogatorios del caso Pescanova
Declarará ante Ruz junto con otros diecisiete imputados y diez testigos
El juez Pablo Ruz -archifamoso por llevar el caso
Gürtel y investigar la fortuna oculta de Bárcenas- ha fijado para
octubre, concretamente para los días 15, 16, 17, 22 y 23, los
interrogatorios de los dieciocho imputados (entre personas físicas y
jurídicas) y los diez testigos iniciales del caso Pescanova. En una
diligencia fechada el jueves, el juez señala para las nueve y media de
la mañana del 15 de octubre la declaración del hasta esta semana
presidente de la multinacional pesquera, Manuel Fernández de Sousa,
principal imputado de las cuatro querellas que Ruz ha admitido a trámite
por delitos societarios, falseamiento de cuentas y uso de información
privilegiada.
Esa primera jornada también pasarán por la
Audiencia Nacional el hijo del expresidente, Pablo Javier Fernández
Andrade, y quienes Fernández de Sousa designe como representantes de las
empresas a través de las que tiene su participación: Sodeco,
Inverpesca, Gicsa e Inverlema.
Jesús García, el que fuera mano derecha del
presidente durante años, además de consejero en Pescanova en
representación de Gicsa (propiedad al 100 % de Manuel Fernández de
Sousa), también declarará el martes 15 ante Ruz, en calidad de imputado.
Cabe recordar que García fue el primer miembro del consejo de
administración que presentó su dimisión tras estallar el escándalo
financiero de la compañía, afirmando hacerlo por haber perdido la
confianza tras lo que se estaba conociendo de las cuentas de la empresa.
A la renuncia de García, en mayo, le siguieron después las de Antonio
Basagoiti, el mismo mes, y esta misma semana, Ana Belén Barreras Ruano.
Al día siguiente, el miércoles 16, el magistrado
tomará declaración a los imputados Alfonso Paz Andrade, acusado de la
presunta comisión de delitos de falseamiento de información
económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de
información relevante. Por el último delito también pasará ante Ruz otro
consejero de Pescanova, José Antonio Pérez-Nievas, en una jornada en la
que igualmente serán interrogados en calidad de imputados los
representantes de Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e
Industria, sociedades vinculadas a él.
Los directivos de la trama
El día 17 se cerrarán las declaraciones de los
imputados, con las de Fernando Fernández de Sousa, hermano del
presidente y consejero de Pescanova como Robert Albert Williams, que le
seguirá. Joaquín Viña Tamargo, Antonio Táboas Moure y Alfredo López
Uroz, directivos señalados en el informe forense de KPMG como
conocedores y ejecutores de la trama diseñada por el presidente para
ocultar la deuda, declararán el mismo día, que concluirá con el
interrogatorio del representante de ICS Holding Limited.
Carceller, como testigo
Los dos últimos días (22 y 23) será el turno de
las declaraciones de los testigos, entre los que está José Carceller,
consejero en la firma gallega en representación de la cervecera Damm,
segundo accionista mayoritario. François Tesch y Alain Huberty, citados a
través de la representación procesal de Luxempart, Antonio Basagoiti,
Francisco Javier Soriano, Yago Méndez Pascual y Ana Belén Barreras Ruano
también declararán en calidad de testigos, así como César Mata Moretón,
Carlos Turci Domingo y Santiago Sañé Figueras.
En la misma diligencia Ruz ordena dar traslado al
Ministerio Fiscal, «por si procede emitir pronunciamiento alguno sobre
las diversas medidas cautelares solicitadas en las querellas presentadas
hasta el momento».
Por otra parte el juez dictó un Auto por el que
no admite a trámite la querella, aunque sí lo hace como denuncia,
presentada por Iberfomento contra el expresidente de Pescanova por un
delito societario y otro de falseamiento de cuentas anuales. Ruz
argumenta que no procede la imputación por un delito societario, pues
Iberfomento no tiene el derecho de información que reclama al no ser
accionista de la pesquera sino únicamente miembro del consejo de
administración. Rechaza también la imposición de fianza por importe de
cuatro millones, pidiéndole que acredite tal perjuicio ocasionado a
Golden Limit, quien vendió las acciones.
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