El sector naval asume que deberá convivir con el nuevo «tax lease»
Xunta y empresas abogan por recurrir a la Justicia, «por coherencia»
Digerida ya la resolución de la UE sobre la devolución
de las bonificaciones fiscales al sector naval desde el 2007 al 2011, el
denominado tax lease, la Xunta y las empresas iniciaron ayer los
trabajos para encarar el futuro. Tras reunirse en San Caetano con el
presidente Feijoo, el Clúster Gallego del Naval (Aclunaga) y la
Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia (Asime), el conselleiro
de Industria, Francisco Conde, y los portavoces empresariales, hicieron
una llamada al Gobierno para que recurra la resolución «por coherencia y
responsabilidad».
«Hai argumentos xurídicos claros que permiten que
a devolución puidera ser a partir do 2011: había unha seguridade
xurídica e todolos axentes, incluidos os inversores, actuaron neste
sentido», precisó Conde.
Con el escenario abierto tras conocer el criterio
de Almunia parece también que muda un poco el discurso de empresas y
dirigentes políticos. De pintar de inicio un horizonte nada alentador a
asegurar, como ayer, que hay perspectivas. El argumento central
defendido por la Xunta y los portavoces empresariales pasa por encontrar
la fórmula para estructurar las nuevas operaciones financieras y
acomodar el nuevo tax lease a estructuras financieras que permitan su
desarrollo. Un criterio defendido por el secretario general de Asime,
Enrique Mallón, y el presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde.
«Hay que aprender a convivir con esa resolución
incómoda, pero (...) vemos posibilidades, muchas, de que el naval pueda
seguir contratando, desde ya, porque hay un buen número de contratos
encima de la mesa», sostuvo Mallón.
Casi a la misma hora, la vicepresidenta primera
del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunciaba tras el Consejo de
Ministros una reunión el lunes con las tres comunidades -Galicia,
Asturias y País Vasco -, las empresas y los sindicatos afectados.
Sáenz de Santamaría indicó que los servicios
jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria ya
están analizando la resolución de la Comisión. «El objetivo será
defender los 85.000 empleos, defender un sector con futuro en España y
Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede
aportar mucho valor añadido», dijo.
El Gobierno todavía no ha decidido si recurrirá
al Tribunal de Justicia de la UE (tiene dos meses de plazo), como pide
Galicia, porque cree que, además de los argumentos jurídicos, hay que
aclarar la factura que tendrá que pagar el naval español, lo que
obligará a analizar, uno a uno, unos 200 expedientes.
Barreras y el flotel
Por otro lado, el presidente de Barreras, José
García Costas, garantizó que la construcción de un hotel flotante y la
entrada de Pemex en el capital del astillero como accionista mayoritario
son «100 % seguros», informa Efe. En ese sentido, Feijoo avanzó
conversaciones con la petrolera para «acreditar que el riesgo» tras la
resolución del expediente del tax lease es «inexistente», y que esta
tenía que «evaluar la nueva situación».
El clúster del naval y las metalúrgicas creen que hay futuro
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