La Voz de Galicia

Las empresas de construcción coparon las quiebras hasta junio

Los concursos de acreedores crecieron un 22,5 % en el segundo trimestre

Casi un tercio de las 2.408 empresas que entraron en concurso de acreedores en España durante el segundo trimestre del año pertenecen al sector de la construcción, que sigue siendo el más golpeado por la crisis. El ladrillo acapara el 29,1 % de las quiebras entre abril y junio, con 700 firmas que solicitaron amparo de la ley concursal. La mayoría (369) cuentan con 5 empleados o menos. Entre el resto de los sectores, otros dos (comercio e industria y energía) coparon un 18 % de las quiebras cada uno.

Las empresas que se declararon en quiebras ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron un 22,5 % respecto al mismo trimestre del 2012 ?aunque experimentaron un descenso del 9,5 % en relación al trimestre anterior?. Por su parte, las familias concursadas bajaron entre abril y junio un 22,4 % en tasa interanual, hasta sumar 206 procedimientos de quiebra, según la estadística de procedimiento concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada ayer. En total, el número de deudores concursados (familia y empresas) fue de 2.614, un 17,5 % más que en el segundo trimestre del 2012 y un 8,4 % menos en tasa intertrimestral. El INE ha subrayado que este retroceso trimestral de los deudores concursados es el más pronunciado desde el 2011.

Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid fueron las autonomías con mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre del año, dado que acapararon el 47,2 % del total. En concreto, Cataluña sumó 499 concursos, la Comunidad Valenciana, 377, y Madrid, 359.

Prácticamente una de cada cuatro empresas que se declararon en quiebra hasta junio tenía una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 9,3 % tenían cuatro años o menos. Entre las empresas de creación más reciente que entraron en concurso, el 41,5 % se dedicaban al comercio y a la construcción.

Faro de Vigo

Freire programa para diciembre el inicio de la construcción del buque indonesio

Empresa y comité negocian un nuevo ERE de 180 días a partir de septiembre hasta que se reactive la producción - La firma, a la espera de los contratos de la flota menor de Pemex

El astillero vigués Construcciones Navales P. Freire ha programado para la segunda quincena de diciembre el arranque de la construcción del buque escuela indonesio que se adjudicó el pasado junio en un concurso internacional, según indicaron responsables de la dirección al comité de empresa. Ambas partes negocian la aplicación de un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de 180 días a aplicar durante seis meses a partir de septiembre para la totalidad de la plantilla, a la espera de que la factoría naval reanude su actividad, después de que el pasado julio entregase su último barco en cartera, el oceanográfico RRS Discovery. Freire sigue a la espera de que Pemex y la Secretaría de Marina de México (Semar) concreten la licitación de 22 buques de la flota menor de la petrolera, a la que aspira la empresa viguesa en alianza con Valiña y tres astilleros aztecas.

Freire logró imponerse a firmas navales de todo en el mundo en el concurso de la Armada de Indonesia para sustituir al buque escuela Kri Dewaruci con un velero de 110 metros de eslora y una inversión de 70 millones de dólares (unos 52 millones de euros al cambio de ayer). Este contrato garantizará 346.000 horas de trabajo a la factoría durante un periodo de 22-24 meses, empleando a una media de 300 personas. Entre las novedades de la contratación destaca que el astillero asumirá la formación de oficiales indonesios en el manejo del velero durante la construcción del mismo, como avanzó FARO en junio.

En la actualidad, Freire negocia con las autoridades indonesias los acuerdos de construcción y financiación del buque escuela, cuya construcción está prevista que arranque en la segunda quincena de diciembre. Según trasladaron responsables del astillero vigués al comité de empresa, la negociación sigue su curso y no se prevé que haya problemas. Hasta entonces, la firma viguesa se verá obligada a presentar un segundo ERE de 180 días para la totalidad de la plantilla, similar al que se aprobó en febrero y que finaliza el 30 de agosto.

Asimismo, Freire está pendiente de que Semar seleccione los astilleros que construirán los 22 buques de la flota menor de Pemex (en su mayoría remolcadores, buques multipropósito y barcazas) y asignarles los recursos correspondientes. Freire puja por esta carga de trabajo Freire en alianza con Valiña y las factorías navales mexicanas SENI, TNG y MARECSA. Según el grupo petrolero, estos barcos permitirán generar 1.200 empleos directos y 9.000 indirectos.

Freire intensificará en los próximos meses su labor en los países de Oriente Próximo que están interesados en la compra de buques oceanográficos de última generación. El reconocimiento obtenido a nivel internacional por el RRS Discovery ha desatado el interés de las comunidades científicas de estos países, en los que la factoría naval gallega ya había hecho una incursión hace unos años con el Janan, un buque de investigación multipropósito para Catar.

Faro de Vigo

El naval ve la reactivación de Viana como una oportunidad para la industria auxiliar

Las empresas descartan que pueda afectar a la construcción de buques en Galicia por la limitación de calado que tienen las instalaciones portuguesas

Una oportunidad más que una amenaza. El naval vigués ve con buenos ojos una posible reactivación de Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), cuya concesión ha salido a concurso hasta 2031, porque podría abrir la puerta a contrataciones por parte de las industrias auxiliares, pero matiza que recuperar estas instalaciones requiere de una "fuerte inversión". Los astilleros descartan además que su recuperación pueda perjudicar a la construcción naval en Galicia (tanto en Vigo como en Ferrol), debido a las limitaciones de calado que tienen las instalaciones portuguesas.
El Gobierno de Pedro Passos Coelho, que a principios de año frenó la reprivatización de las instalaciones por una investigación de Bruselas sobre ayudas de estado ilegales, ha optado por una concesión administrativa de larga duración (2031) para poner en valor este enclave naval situado a apenas 88 kilómetros de Vigo.
Hasta la fecha se han presentado seis ofertas, entre las que destaca la del gigante industrial alemán MPC Ferrostaal y la de la firma noruega Volstad Maritime, especializada en la construcción de buques offshore para la industria petrolífera (cliente habitual del naval vigués).
La patronal gallega del metal, Asime, destacó ayer que será necesaria "una inversión muy importante para hacerlas productivas y competitivas". "La revitalización de esta industria podría llegar a complementar algunas capacidades productivas de nuestra industria si se diese el panorama de una alta contratación por nuestra parte", señalaron desde la asociación.

Faro de Vigo

Más de una veintena de auxiliares viguesas del automóvil trabajan ya para otros sectores

Las firmas diversifican su actividad para mantener un volumen estable de trabajo - Aeronáutica, productos hospitalarios, energías renovables y mobiliario urbano, subsectores con más demanda

Más de una veintena de auxiliares y proveedores vigueses de la automoción han diversificado su actividad en los últimos años para asegurarse un mayor volumen de trabajo en las épocas en las que la industria del motor reduce su demanda. Se trata en su mayoría de pequeñas y medianas empresas (pymes) que aprovechan su dominio en los subsectores del automóvil para dar el salto a actividades similares como la aeronáutica o el naval, o totalmente diferentes como los productos hospitalarios, el mobiliario urbano, la producción de colchones o la construcción de casas móviles de madera.

Esta tendencia de diversificación se acentuó desde 2008, tras el estallido de la crisis económica, que redujo los volúmenes de producción de vehículos en España a niveles de hace una década. Fuentes del sector explican que el desarrollo del sector de la automoción en Galicia permitió el dominio de los plásticos y el metal (incorporando procesos novedosos como la soldadura por láser), alentando la consolidación de un panel de proveedores y auxiliares altamente especializados a los que les ha sido relativamente fácil adentrarse en otros sectores.

Uno de los campos que más interés ha despertado en auxiliares históricamente vinculadas a la automoción (y también al naval) es la industria aeronáutica. En este sector la firma pionera es Delta Vigo, que comenzó su actividad en Peinador y que en la actualidad dispone de plantas en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares y en Illescas (Toledo), donde realiza encargos importantes para Airbus y otros constructores aeronáuticos (Bombardier, Embraer). Delta Vigo compagina su actividad para el automóvil (trabaja para PSA, Mercedes y GKN Driveline) con la aeronáutica.

Más reciente ha sido el salto a la aeronáutica de firmas como Utingal, Europrecis, Precisgal o Láser Galicia, entre otras. La mayoría ya forman parte del Consorcio Aeronáutico Gallego, impulsado por la patronal gallega del metal, así como de la sociedad Udega (Unión de Empresas Gallegas de Aeronáutica), encabezada por Utingal. Esta firma de Tui acaba de invertir 2 millones de euros en unas nuevas instalaciones para proveer a Airbus y al grupo brasileño Embraer, como avanzó FARO el pasado octubre. Pero en todas estas empresas, la automoción sigue aportando la mayor parte de su volumen de ingresos.

Entre las pymes viguesas del motor más diversificadas está Izmar. Esta compañía, que tiene sus instalaciones principales en Valladares (aunque ya está presente en México en alianza con Marsan y socios locales), está especializada en la fabricación y el mantenimiento de contenedores y trenes logísticos para la planta de PSA-Vigo y de otros fabricantes, pero también diseña y fabrica mobiliario urbano y sanitario, sillas de ruedas, ascensores, piezas para el naval e incluso pistas de pádel.

Otro caso destacado es el de Talleres Anbla, en Lugo, que reparte su actividad entre la fabricación de embalajes a medida para la industria de las cuatro ruedas y de casas móviles de madera. Su último producto son las cubiertas de piscina de madera laminada. En Mos, por su parte, la firma Valver, creada en 1986 para cubrir las necesidades del sector del automóvil en etiquetas tanto de interior como de exterior, es en la actualidad proveedor principal de la mayor fábrica de bicicletas de Europa, ubicada en Portugal y que trabaja casi en exclusiva para la firma francesa Decathlon.

Errecé Aplicaciones Industriales del Láser (que produce piezas y subconjuntos metálicos) también diversificó su actividad hacia la fabricación de mobiliario urbano (papeleras, maceteros, etc.), mientras que otras empresas como Útilvigo, Ganomagoga o MRF (Mecanizados Rodríguez Fernández) se han decantado por las energías, sobre todo las renovables. Otro ejemplo de doble actividad es Pirelo, que confecciona productos textiles para automoción, pero que también fabrica colchones bajo la marca Sanus.

El Pais

Las empresas en concurso de acreedores aumentan un 22,5% el primer semestre

Las compañías en suspensión de pagos ascendieron entre enero y junio a 5.069 en total

Disminuye el número de familias que se acoge a este proceso con respecto al 2012

Las empresas que entraron en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 2.408 durante el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 15,1% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio en total 5.069 compañías se acogieron a la antigua suspensión de pagos, un 22,5% más que durante el primer semestre del 2012.

 Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, solo la evolución intertrimestral es positiva, ya que entre el primer y segundo trimestre sí se produjo una reducción de estos procesos del 9,5% entre las empresas. El 29,1% de las compañías que entraron en concurso en el segundo trimestre tenían como actividad principal la construcción, mientras que el 18,4% se dedicaba tanto al comercio como a la industria y la energía.

Del total de procedimientos registrados entre abril y junio, 2.481 fueron voluntarios, un 14,5% más que en el segundo trimestre del año pasado, y 133 necesarios, un 17,9% menos que entre abril y junio de 2012. Atendiendo a la clase de concurso, los odinarios aumentaron un 5% y los abreviados un 14,5%.

 

Menos familias en concurso de acreedores

Paralelamente, las familias concursadas disminuyeron el primer semestre del año un 22,4% en tasa interanual, hasta sumar 206 procedimientos de quiebra.

T odos estos datos implicaron que el número total de empresas y personas que entraron en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) solo en el segundo trimestre aumentara hasta 2.614, un 12,3% más que en el mismo periodo de 2012. Aunque, eso sí, cayó un 8,4% respecto al primer trimestre de 2013.

La Estadística del Procedimiento Concursal del INE también ha revelado que esta última tasa trimestral es la menor desde 2011. La empresas concursadas representaron el 92,1% del total y las familias el 7,9%.

Faro de Vigo

Galicia, quinta autonomía que registra más concursos empresariales

La comunidad gallega registró 338 procesos entre enero y julio

Galicia es la quinta comunidad autónoma en la que se registraron más concursos empresariales en lo que va de año. La comunidad gallega registró 338 concursos entre enero y julio del presente ejercicio, frente a los 333 del mismo período de 2012, según los datos del informe Estudio sobre la Evolución mensual de Concursos elaborado por Informa D&B, del grupo Cesce.
Entre enero y julio en España se registraron un total de 6.136 concursos empresariales, una cifra que supone un incremento del 26% con respecto al mismo periodo de 2012, en el que se contabilizaron 4.867 casos. Cataluña es la comunidad que más concursos registró, 1.249, seguida de Madrid (1.103) y Valencia (837). Las tres representan el 52% de todos los procesos de España.

Cinco Dias

Un tercio de la empresas que entra en concurso son constructoras

Las empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 2.408 durante el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 22,5% respecto al mismo trimestre de 2012 y un descenso del 9,5% en relación al trimestre anterior.

El 29,1% de las empresas que entraron en concurso en el segundo trimestre tenían como actividad principal la construcción, mientras que el 18,4% se dedicaba tanto al comercio como a la industria y la energía.

Por su parte, las familias concursadas bajaron entre abril y junio un 22,4% en tasa interanual, hasta sumar 206 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.

En total, el número de deudores concursados (familia y empresas) fue de 2.614, un 17,5% más que en el segundo trimestre de 2012 y un 8,4% menos en tasa intertrimestral. El INE ha subrayado que este retroceso trimestral de los deudores concursados es el más pronunciado desde 2011.

Del total de concursos registrados hasta junio, 2.481 fueron voluntarios, un 14,5% más que en el segundo trimestre del año pasado, y 133 necesarios, un 17,9% menos que entre abril y junio de 2012. Atendiendo a la clase de procedimiento, los concursos odinarios aumentaron un 5% y los abreviados un 14,5%.

Prácticamente una de cada cuatro empresas (26%) que se declararon en quiebra hasta junio tenía una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 9,3% tenía cuatro años o menos de vida. Entre las empresas concursadas de creación más reciente, el 41,5% se dedicaba al comercio y a la construcción, en tanto que entre las más antiguas, el 36,1% operaba en el sector de la industria y la energía.

La mayor parte de las empresas concursadas del segundo trimestre eran sociedades limitadas (1.880), con un crecimiento del 25,5% sobre el mismo periodo de 2012, en tanto que 421 eran sociedades anónimas (+23,2%) y 56 eran personas físicas con actividad empresarial (autónomos), un 28% menos que entre abril y junio del año pasado.

El 22,6% de las empresas concursadas hasta junio se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), y el 73,2% tenían menos de 20 asalariados. Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre del año, dado que acapararon el 47,2% del total. En concreto, Cataluña sumó 499 concursos, Comunidad Valenciana, 377 y Comunidad de Madrid, 359.

En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en el segundo trimestre del año fueron La Rioja, con 23 procedimientos, y Cantabria, con 27 concursos.

Atendiendo a la tasa de variación anual, Cantabria (-15,6%) y Andalucía (-10,0%) redujeron el número de deudores concursados. Por su parte, Canarias (con un 110,3%) y Extremadura (con un 100%) fueron las comunidades con mayor tasa de variación anual, con 122 y 42 deudores concursados respectivamente.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

Faro de Vigo

Las empresas que se declaran en quiebra crecen un 22,5%

Las familias concursadas bajaron entre abril y junio un 22,4% hasta sumar 206 procedimientos de quiebra

Las empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 2.408 durante el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 22,5% respecto al mismo trimestre de 2012 y un descenso del 9,5% en relación al trimestre anterior.

Por su parte, las familias concursadas bajaron entre abril y junio un 22,4% en tasa interanual, hasta sumar 206 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.

En total, el número de deudores concursados (familia y empresas) fue de 2.614, un 17,5% más que en el segundo trimestre de 2012 y un 8,4% menos en tasa intertrimestral. El INE ha subrayado que este retroceso trimestral de los deudores concursados es el más pronunciado desde 2011.

Del total de concursos registrados hasta junio, 2.481 fueron voluntarios, un 14,5% más que en el segundo trimestre del año pasado, y 133 necesarios, un 17,9% menos que entre abril y junio de 2012. Atendiendo a la clase de procedimiento, los concursos odinarios aumentaron un 5% y los abreviados un 14,5%.
El 29,1% de las empresas que entraron en concurso en el segundo trimestre tenían como actividad principal la construcción, mientras que el 18,4% se dedicaba tanto al comercio como a la industria y la energía.
Prácticamente una de cada cuatro empresas (26%) que se declararon en quiebra hasta junio tenía una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 9,3% tenía cuatro años o menos de vida. Entre las empresas concursadas de creación más reciente, el 41,5% se dedicaba al comercio y a la construcción, en tanto que entre las más antiguas, el 36,1% operaba en el sector de la industria y la energía.
La mayor parte de las empresas concursadas del segundo trimestre eran sociedades limitadas (1.880), con un crecimiento del 25,5% sobre el mismo periodo de 2012, en tanto que 421 eran sociedades anónimas (+23,2%) y 56 eran personas físicas con actividad empresarial (autónomos), un 28% menos que entre abril y junio del año pasado.
El 22,6% de las empresas concursadas hasta junio se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), y el 73,2% tenían menos de 20 asalariados.
Cataluña, a la cabeza de los concursos
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el segundo trimestre del año, dado que acapararon el 47,2% del total. En concreto, Cataluña sumó 499 concursos, Comunidad Valenciana, 377 y Comunidad de Madrid, 359.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en el segundo trimestre del año fueron La Rioja, con 23 procedimientos, y Cantabria, con 27 concursos.
Atendiendo a la tasa de variación anual, Cantabria (-15,6%) y Andalucía (-10,0%) redujeron el número de deudores concursados. Por su parte, Canarias (con un 110,3%) y Extremadura (con un 100%) fueron las comunidades con mayor tasa de variación anual, con 122 y 42 deudores concursados respectivamente.
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

Faro de Vigo

Las insolvencias bajan un 4,5 % en Galicia respecto a 2012 en el 2º trimestre

El número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el segundo trimestre en Galicia ha sido de 149, lo que supone un 4,5 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior.
De este modo, Galicia es una de las cinco comunidades en las que desciende el número de insolvencias, la cuarta donde más lo hace por detrás de Andalucía, Cantabria y Castilla La Mancha.
En el conjunto de España, el número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores durante el segundo semestre ha sido de 2.614, cifra que, aunque representa una bajada del 8,4 % sobre el trimestre anterior, supone un aumento del 12,3 % respecto al mismo periodo de 2012.
La Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que esta tasa trimestral es la menor desde 2011, cuando fue del -3,4 %.
Según sus datos, la mayor parte de los deudores concursados han sido empresas (2.408) y el resto, 206, personas físicas sin actividad empresarial, lo cual representa el 92,1 % y el 7,9 %, respectivamente, del total de deudores.
Además, por tipo de concurso, 2.481 han sido voluntarios, un 14,5 % más que en el segundo trimestre de 2012, y 133 necesarios, un 17,9 % menos.
En cuanto a la clase de procedimiento, los ordinarios han aumentado un 5 % y los abreviados un 14,5 %.

Por sectores, el 29,1 % de las empresas que se declararon insolventes entre abril y junio pertenece a la construcción y el 18,4 % al comercio y la industria y la energía; por su número de asalariados, el 73,2 % tienen menos de 20, de las cuales, el 15,1 % no tiene ninguno.
Las cifras facilitadas por el INE desvelan que en el segundo trimestre, el número de empresas concursadas se ha incrementado un 15,1 % respecto al mismo periodo de 2012 y, atendiendo a su naturaleza jurídica, el 78,1 % fueron Sociedades de Responsabilidad Limitada.
De las 2.408 empresas concursadas, una de cada cuatro, el 26 %, tienen una antigüedad de 20 o más años y el 9,3 % tiene cuatro o menos, de las cuales, el 41,5 % se dedicaban al comercio y a la construcción.

Sin embargo, dentro de las empresas concursadas con 20 o más años de antigüedad el 36,1 % se dedicaban a la industria y energía.
Cataluña (499), la Comunidad Valenciana (377) y Madrid (359) concentran el 47,2 % del total de deudores concursados en el segundo trimestre de 2013, mientras que, por el contrario, La Rioja (23) y Cantabria (27), son las comunidades con menor número de deudores concursados.
No obstante, según la tasa de variación anual, Cantabria y Andalucía han sido las comunidades que más han reducido la cifra de deudores concursados, un -15,6 % y un 10 %, respectivamente, y Canarias (con un 110,3 %) y Extremadura (100 %) son las que han registrado un incremento mayor.

El Pais

Paz-Andrade explica la crisis de Pescanova por la inversión en Portugal

Para el exconsejero delegado, la planta de Mira es el origen de la crisis. La compañía está en concurso de acreedores y con una deuda de casi 4.000 millones de euros

Inversión "temeraria", "huida hacia adelante", gestión "poco ortodoxa"... Para Alfonso Paz-Andrade, exconsejero delegado y todavía socio de referencia de Pescanova, la planta acuícola de la localidad portuguesa de Mira impulsada por el expresidente Manuel Fernández de Sousa está en el origen de la crisis que atraviesa la compañía, actualmente en concurso de acreedores y con una deuda de casi 4.000 millones de euros. Así lo expone en un editorial de la revista de su propiedad Industrias Pesqueras, titulado Carta abierta a la conselleira Quintana, en el que sostiene que el proyecto de Mira "atufa a mala gestión".

Tras repasar las distintas dificultades superadas por Pescanova a lo largo de su historia, el artículo afirma que "los proyectos expansivos de acuicultura la han llevado a una nueva crisis de mal pronóstico, tal vez insuperable". Por si había alguna duda de qué proyectos son esos, más adelante sitúa la planta portuguesa como ejemplo de "inversiones temerarias para su capacidad". Sousa embarcó a la empresa, añade, en aventuras "con poco rigor económico, excesivamente caras, gestionadas de forma poco ortodoxa y, si nos apuran, en lugares estratégicamente inadecuados, como la inversión en la planta de rodaballo, en Mira".

Paz-Andrade y Sousa son hijos de los dos fundadores de Pescanova, aunque el primero se apartó de las responsabilidades directivas en 2007 por sus diferencias, siempre soterradas, con el hasta hace poco presidente. Ambos están imputados en la Audiencia Nacional por su gestión en la compañía. A través de la revista que dirige, Paz-Andrade ajusta cuentas, aunque sin citarlo, con su exsocio, al que atribuye una "impropia y desesperada huida hacia adelante" en su gestión de Mira.

"No cabe duda de que el business plan aplicado ha resultado claramente inadecuado y mal ejecutado. Poca visión, ausencia de análisis, de caución, pésimo control interno y externo y falta de previsión ante la contracción crediticia impuesta por la crisis que se avecinaba", relata Industrias Pesqueras acerca de la inversión en Portugal. La planta de Mira, en la que se invirtieron 140 millones de euros, fue inaugurada en 2009 como alternativa al proyecto fallido de cabo Touriñán, vetado por el Gobierno bipartito. Paz-Andrade censura además el apoyo de la conselleira de Mar a esa planta.

Atlantico

 

Pemex ultima el trabajo financiero de los floteles

El conselleiro de Economía asegura que 'hay compromiso' con Barreras y Navantia y espera que se concrete 'en breve'

Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria, reiteró ayer el 'compromiso' de la multinacional mexicana Pemex con el proyecto de construcción de dos floteles en Galicia -en Barreras y en Navantia-Ferrol-, al tiempo que incidió en que espera que 'en breve' se puedan concretar los acuerdos suscritos.

Conde avanzó en declaraciones a los medios que la petrolera estatal está realizando los trabajos 'técnicos y financieros' para analizar el proyecto, tras la resolución de la Comisión Europea sobre el 'tax lease', que obliga a los inversores a devolver las ayudas fiscales recibidas hasta 2011. No obstante, recalcó una pronta concreción del 'compromiso' alcanzado entre Pemex y la Xunta, que conlleva la construcción de dos floteles, y el preacuerdo con Barreras de adquirir el 51% de su capital.

Otros astilleros como el vigués Freire o el coruñés Valiña están pendientes de la adjudicación de la renovación de la flota menor de la petrolera, para la que presentaron una oferta conjunta.

Faro de Vigo

Conde confía en que el compromiso de Pemex con Galicia se concrete ´en breve´

Una firma española cierra un contrato con la petrolera por 29,5 millones de euros

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró ayer que la multinacional mexicana Pemex está "comprometida" con el proyecto de construir dos floteles en Galicia y confía en que estos acuerdos, "ya firmados", se puedan concretar "en breve".
El conselleiro explicó que la multinacional, en colaboración con los diferentes astilleros, está realizando trabajos "técnicos y financieros" para evaluar el proyecto, después de la resolución de la Comisión Europea sobre el tax lease. Conde confía en que los compromisos se puedan concretar en breve "en la construcción de dos floteles, uno en Barreras en Vigo y otro en Navantia en Ferrol".
En su vista a la feria Mostrart, Conde se ha referido también a la petición de los empresarios gallegos de una mayor flexibilización del mercado laboral y ha remarcado que tras la reforma laboral el marco actual es el "adecuado".
Por otra parte, la firma española Assignia Infraestructuras se ha adjudicado un contrato con la petrolera para realizar dotaciones de ayuda y logística en pozos de extracción de petróleo de México, por un importe de 29,5 millones de euros, según informó ayer la compañía del grupo Essentium.

Faro de Vigo

Grupos de Alemania y Noruega compiten por la concesión del astillero portugués de Viana

El gigante germano Ferrostaal y la nórdica Volstad, entre las seis compañías que pujan por los terrenos - Lisboa opta por una concesión tras frustrar Bruselas su privatización

Las instalaciones de Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) siguen despertando el interés de grandes grupos internacionales del naval. El Gobierno portugués, que a principios de año frenó la reprivatización de las instalaciones por una investigación de Bruselas sobre ayudas de estado ilegales, ha optado ahora por una concesión administrativa de larga duración (2031) para poner en valor este enclave naval. La apertura del concurso público se realizó el pasado 31 de julio y hasta la fecha ya se han presentado seis ofertas, entre las que destaca la del gigante industrial alemán MPC Ferrostaal y la de la firma noruega Volstad Maritime, especializada en la construcción de buques offshore para la industria petrolífera (y cliente habitual de los astilleros vigueses). Lisboa decidirá qué empresa se llevará la factoría naval en septiembre.

Estos astilleros (situados a 88 kilómetros de Vigo), creados en 1944 y nacionalizados en 1975 después de la caída del régimen de Antonio de Oliveira Salazar, emplean a 630 trabajadores y construyen navíos de varios tipos, entre ellos militares, de pesca y de transporte. En sus instalaciones estaba prevista la construcción de dos navíos asfalteros para Venezuela, con un coste de 128 millones, según los acuerdos firmados por ambos países durante la última visita que realizó a Portugal el presidente Hugo Chávez, en octubre de 2010.

El Gobierno luso, dentro de su política de desinversiones para reducir el déficit público y cumplir con la hoja de ruta del rescate, anunció el año pasado la reprivatización de ENVC, proceso en el que se quedaron como finalistas dos empresas: el grupo brasileño Rio Nave Serviços Navais de Rio de Janeiro y el ruso JSC River Sea Industrial, integrado en la Corporación Financiera del magnate Andrei Kissilov (que no tiene experiencia en la construcción naval). El consorcio latinoamericano había llegado incluso a anunciar una inversión de 30 millones de euros en la modernización de las instalaciones en los primeros seis meses tras las firmar del contrato.

Pero la apertura de expediente por parte de Bruselas y la posterior multa (Lisboa debe devolver 180 millones de ayudas concedidas entre 2006 y 2010 que no fueron notificadas a la Comisión) frustró la reprivatización. El Gobierno de Pedro Passos Coelho ha optado finalmente por una concesión administrativa para sacar provecho a un área de 245.000 metros cuadrados de ENVC. Según consta en el pliego del concurso, esta superficie podrá ser destinada "al ejercicio de la construcción y reparación de navíos, pudiendo utilizarse también para la instalación de una industria de fabricación de componentes para aerogeneradores eólicos y para el ejercicio de la industria metalmecánica".

Ofertas

Las empresas interesadas en hacerse con estos terrenos tienen hasta septiembre para formalizar sus ofertas. Hasta la fecha, según indicaron fuentes del Ejecutivo portugués, han mostrado su disposición a pujar por a concesión seis compañías, entre ellas MPC Ferrostaal y Volstad. El grupo MPC Ferrostaal es un conglomerado empresarial alemán con una facturación superior a los 1.500 millones de euros y que emplea a unos 5.500 trabajadores. Posee instalaciones productivas en sesenta países y su actividad se estructura en cuatro líneas de trabajo: equipamientos, automoción, construcción y reparación naval y proyectos submarinos.

La compañía noruega Volstad, por su parte, está especializada en buques offshore y había sido una de las empresas sondeadas por Lisboa para la reprivatización de los astilleros públicos.

Faro de Vigo

Alimentos Lácteos estudia un nuevo expediente de suspensión a sus 81 trabajadores

El comité de empresa de Alimentos Lácteos, la firma de base cooperativa ubicada en Outeiro de Rei (Lugo), advierte de la posibilidad de que la entidad lleve a cabo un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión que afectaría a los 81 trabajadores de la empresa. El representante de los empleados, Cristian López, manifestó ayer su preocupación ante las intenciones confirmadas por la directiva de la firma láctea y afirmó que no hay "ningún cambio significativo que se diera en las últimas fechas y que justifique este nuevo ERE".
Los trabajadores de la empresa llevan desde febrero sometidos a un ERE que concluirá en septiembre aunque éste preveía una "suspensión máxima" de seis meses por trabajador. La firma entró en concurso de acreedores el pasado mes de mayo con una deuda de más de 14 millones.

Atlantico

Antolín despide personal el día que cerraba por vacaciones

La empresa de automoción Grupo Antolín Vigo despidió el pasado viernes a seis trabajadores aprovechando el inicio del parón vacacional. CC OO, CIG y UGT lamentaron 'las formas de proceder' con los empleados de una empresa que en el último trimestre mantuvo un nivel de contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de un 15%, 'un elemento más que acredita el intento de amortizar empleo fijo por la modalidad más precaria', indicaron los tres sindicados en un comunicado conjunto. 

Las centrales solicitaron ayer una reunión urgente con la Inspección de Traballo y con la dirección de la empresa para requerir 'la inmediata readmisión' de los despedidos y no descartan movilizaciones a partir del 26 de agosto, cuando la fábrica vuelva de las vacaciones.

Los sindicatos sostienen que los despidos se concretan en cuatro disciplinarios en los que se reflejan causas como 'usted es una de las personas que ha presentado menos propuestas de mejora de la planta. Siendo la media de la plantilla 9 propuestas, usted sólo ha hecho dos'. Los otros dos fueron fundamentados con la incertidumbre que se observa en le mercado automovilístico. 'Las previsiones que manejamos ahora podrán verse empeoradas', justificó la empresa.

Grupo Antolín, ubicada en el PTL de Valladares, cuenta con una plantilla de 105 trabajadores y actualmente fabrica los asientos traseros del nuevo monovolumen que fabrica PSA Vigo.

Atlantico

Freire planteará un nuevo ERE por otros seis meses para toda la plantilla

La construcción del buque para Indonesia que se adjudicó está previsto que aún comience a final de año

El astillero vigués Construcciones Navales Paulino Freire llevará a cabo otro Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuando acabe el que está en vigor a final de mes. La empresa prevé presentarlo mañana al comité y el ERE sería por otro seis meses y se aplicaría sobre toda la plantilla, 63 trabajadores, para suplir la falta de trabajo, según explicaron a este diario fuentes sindicales.  

 

Freire está sin actividad, acaba de entregar el último barco que tenía en cartera -un buque oceanográfico para Reino Unido- y el contrato que consiguió hace unas semanas no entrará en vigor hasta final de año, por lo que la compañía se ve obligada a prorrogar el ERE actual -el primero en su historia- que vence el 31 de agosto. Se trata de la construcción de un buque escuela para Indonesia que generará carga de trabajo para unos dos años y supondrá una inversión de 53 millones de euros. El buque servirá de plataforma naval de entrenamiento con capacidad para alojar 200 personas a bordo, de las cuales 120 serán cadetes en instrucción.

Además, el astillero está a la espera de que la petrolera mexicana Pemex adjudique la renovación de su flota menor, para la que presentó una oferta conjunta junto con Valiña, de Coruña. Freire tiene otros frentes abiertos para lograr contratos de ámbito internacional con Arabia Saudí, Noruega o India que podrían verse dificultados por la resolución del expediente del 'tax lease', que obliga a los inversores a devolver las ayudas fiscales recibidas entre 2007 y 2011 con la consiguiente inseguridad jurídica que genera.

El último barco que construyó es el 'Discovery', el oceanográfico más avanzado del mundo dentro de su categoría.

La Voz de Galicia

Galicia perdió más de diez mil empresas en cinco años

El año pasado el número descendió en 1.513 firmas

El Directorio Central de Empresas (Dirce), que desde 1989 compila los datos del número de empresas en España, registró en el 2012 un nuevo descenso, el quinto consecutivo, en las cifras de compañías ubicadas en territorio nacional. Con fecha de 1 de enero del 2013 había en España 3.146.570 empresas, un 1,7 % menos que el año anterior y casi trescientas mil menos que en el 2008.

La caída del 7,8 % desde que comenzó la crisis es menos acusada en Galicia, donde en estos cinco años han cesado su actividad 10.376 compañías (un 5,12 %). En la comunidad, el balance de firmas de nueva creación y ceses de actividad durante el 2012, es de 1.513 empresas menos, hasta un total de 192.998. En el Dirce del 2008 estaban registradas 203.374 empresas en Galicia. La pérdida en estos cinco años se ha mantenido en torno a las dos mil anuales. En cualquier caso, la comunidad se mantiene como la quinta autonomía con mayor número de compañías.

Y aunque la distribución sectorial es similar a la de las regiones más pujantes -con más de 149.000 firmas concentradas en el comercio y los servicios-, la dimensión de las empresas revela una estructura mucho más débil. Hay 191.903 con menos de 50 asalariados, y más de la mitad del total (98.762) no tienen ningún empleado.

En cuanto a la distribución por sectores, el 51,7 % se agrupan en el epígrafe resto de servicios y otro 26 % en comercio. En la construcción se mantienen algo más de treinta mil compañías, un 15,5 %; mientras que en la industria resisten 13.039 empresas, apenas el 6,75 % del total. Las cifras, en estos dos sectores, se mantienen en la misma proporción que a nivel nacional. Durante el último año los segmentos más afectados por los ceses de actividad empresarial en el conjunto de España, según la clasificación del CNAE, fueron el de la construcción de edificios (con una pérdida neta de 20.426 empresas: hubo más de 41.000 cierres), el de construcción especializada (con 12.707 cierres) y el del comercio al por menor (6.965). Los segmentos más dinámicos fueron el de actividades sanitarias (con un aumento neto de 5.161 firmas: se dieron de alta más de 13.000 durante el 2012), y los de actividades jurídicas y de contabilidad (2.440 empresas más) y actividades administrativas y auxiliares (2.162). En el Dirce del 2013 también destaca el incremento de empresas jóvenes. Hay un 17,7 % con menos de dos años de antigüedad, la mayoría sin asalariados.

Faro de Vigo

Florentino negocia la compra de la textil coruñesa Viriato para producir en Lalín

La empresa textil lalinense Florentino está interesada en la adquisición de la firma coruñesa de punto Viriato. La veterana compañía fundada por Florentino Cacheda en 1970 podría realizar esta operación desde al menos dos perspectivas: la entrada como accionista mayoritario o la compra de una parte de la sociedad. La solvencia económica de Florentino no es el principal escollo para cerrar un acuerdo que todavía está en sus preámbulos y las próximas semanas serán cruciales para determinar si Cacheda decide dar este paso, que permitiría activar este castigado sector en Lalín.
En caso de que las negociaciones fructifiquen, Florentino generaría empleo en la localidad una vez que la producción se establecería en las antiguas instalaciones de la empresa, en O Rodo, sin apenas actividad desde que la prestigiosa firma de moda trasladó su factoría al parque empresarial Lalín 2000. La mano de obra cualificada que dejaron empresas a las que la crisis se llevó por delante permitiría a Florentino Cacheda disponer de personal para comenzar a trabajar casi de inmediato y entrar con fuerza en el mercado de mujer, una vez que la textil dezana está centrada desde sus orígenes en la confección en exclusiva de caballero y distintos complementos.
Viriato, que mantiene su actividad empresarial en Ordes desde su fundación en 1959 como una empresa familiar, se asemeja a Florentino en cuestiones como su política de expansión, aunque el nivel de facturación de la lalinense es superior. El volumen de ventas de la coruñesa superó el año pasado los 11,6 millones, mientras que solamente Florentino Colección SL alcanzó los 15,4 millones.

Faro de Vigo

Paz-Andrade exige el ´apoyo decidido´ de Mar a Pescanova, ´capaz de duplicar´ su negocio

La revista que dirige el ex consejero delegado de la compañía lanza una editorial que reprocha a Quintana su "tibieza" y "cuestionable" silencio, tras su "notoria presencia" y "beneplácito" en la expansión en Mira

Desde la primera línea, el mensaje no disimula en ningún momento que la destinataria es la conselleira de Medio Rural y Mar. De hecho, la carta que sirve de nueva editorial para la revista Industrias Pesqueras, controlada por el ex consejero delegado y uno de los principales accionistas de Pescanova, va dirigida a ella. A Rosa Quintana le reclama Alfonso Paz Andrade el "apoyo decidido" a la multinacional en su peor crisis, y van unas cuantas a lo largo de los 53 años de trayectoria que acaba de cumplir la firma. Una reclamación que hace extensiva a "instancias superiores".

La Voz de Galicia

El número de concursos de acreedores creció un 27,3 % entre enero y julio

En lo que va de año, se han creado 58.521 nuevas empresas en España

El número de concursos de acreedores ascendió en los primeros siete meses del año a 5.713, lo que supone un crecimiento del 27,3% con respecto al mismo periodo de 2012, según los datos recopilados por el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor.

Solo en julio se registraron 756 concursos de acreedores, el peor dato para este mes desde la aprobación de la nueva Ley Concursal en 2004, que agrupa las suspensiones de pagos y quiebras. Más de 31.000 empresas han entrado en procesos informales de insolvencia desde que comenzó la crisis.

La previsión de la agencia de rating española es que se cierre 2013 con una cifra récord de 9.500 concursos, que equivaldría a un incremento del 27%. El promedio mensual de este año es de 816,14 concursos al mes, un 31,2% más que el año pasado.

Según Axesor, estos datos «evidencian la falta de preparación de buena parte del empresariado español para una crisis de duración y gravedad imprevistas». Además, señala que las dificultades para acceder a nuevas fuentes de financiación, ante la persistente sequía del crédito bancario, está poniendo en dificultades a empresas eficientes y viables.

Cinco comunidades autónomas acumulan el 68% de todos los concursos. Cataluña, con 1.160 procesos, Madrid (1.085), Valencia (782), Andalucía (507) y País Vasco (355) son las que más caos registran.

Los sectores más afectados son la construcción, con 1.501 insolvencias, el comercio mayorista y minorista (1.089 procesos), la industria manufacturera (826) y las actividades inmobiliarias (536). El 97,3% de los concursos iniciados corresponden a pymes.

Además, Axesor ha recogido las cifras de creación de empresas. En julio se registraron 7.983 altas de sociedades. En lo que va de año se han creado 58.521 empresas, en el que es el mejor año desde 2008, y acumula cuatro años al alza.

No obstante, el número de altas es todavía un 15% inferior al que se registraba en 2008 en las mismas fechas. En los últimos cuatro años se han creado más de 307.000 empresas.

El Pais

Los astilleros buscan su tabla de salvación

El sector naval español apuesta por los contenidos tecnológicos para garantizar su futuro

“Solo en Vigo, el sector naval empleaba a cerca de 15.000 personas, y ahora no alcanza las 5.000”. Esta escueta frase de Jorge González Gurriarán, catedrático de la Universidad de la ciudad gallega, resume la evolución de uno de los principales centros de construcción de buques en España. El foco en Vigo no es casual: el núcleo urbano más poblado de Galicia ha protagonizado todas las etapas de la evolución de la producción naval española. Desde los 15.000 trabajadores de 1975 a los que se refiere Gurriarán, Vigo ha conocido la reconversión del sector en los años ochenta y la parcial privatización de finales de los noventa. Y ahora, tras décadas tan complicadas, tanto los astilleros vigueses como los del resto del país encaran la obligación —impuesta por la Unión Europea— de devolver las ayudas públicas obtenidas en los últimos cinco años mediante las desgravaciones fiscales del llamado tax lease.La incógnita que queda, más allá del importe exacto que tendrán que restituir, es qué suerte les espera a unas empresas que apenas construyen un buque desde hace dos años.

Las últimas malas noticias para los astilleros españoles llegaron el pasado de 17 de junio, cuando el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, ratificó la decisión que obliga a restituir las deducciones fiscales de las que el sector gozó desde 2007 hasta 2011. El importe ha sido dejado a la discreción del Gobierno español. Fue el propio Almunia, vasco, exsindicalista e involucrado en el asunto mucho más allá de su actual papel europeo, quien declaró que “el futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval, dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores”.

 Es una visión paradójicamente compartida con Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, patronal de los astilleros privados. López del Pozo define la decisión europea como “injusta y discriminatoria”, pero al mismo tiempo traza las líneas de la estrategia que las empresas que representa tendrán que emprender para seguir activas en el mercado: “El futuro de los astilleros españoles depende de la construcción de buques con un alto contenido tecnológico. Es este nuestro futuro, solo así vamos a poder competir con los países del suroeste asiático y con su baratísima mano de obra”, explica.

Los astilleros y los armadores no deberán devolver nada a Bruselas; tendrán que hacerlo las llamadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE), intermediarias formadas por bancos y otras empresas. La consejera delegada de Pymar, sin embargo, insiste en que la incertidumbre sobre la devolución ha paralizado el sector y su orientación hacia el extranjero, que constituye el 80% de su mercado. “Nosotros ciframos en alrededor de 2.800 millones el dinero a devolver", mantiene López del Pozo, aunque fuentes europeas calculan que está cuantía podría ser menos de la mitad. "Hasta que no haya números oficiales", prosigue, "nadie se atreverá a invertir en la construcción de barcos. Necesitamos seguridad jurídica para empezar a usar el nuevo sistema de tax lease, que existe desde el 20 de noviembre del año pasado y tiene el aval de la Unión Europea”.

 La ejecutiva de Pymar califica de indispensable, en un sector tan intensivo en capital como el suyo, la existencia de un mecanismo de ayuda para la financiación: “Construir un barco cuesta muchísimo dinero, los astilleros no podrían sobrevivir sin un sistema que facilite la tarea de los inversores”, explica.

López del Pozo retoma con sus palabras el contenido de un informe que redactó sobre la situación del sector naval español, en el que detalla que a lo largo de 2012 los astilleros europeos contrataron 75 barcos, de los que el 69% fueron buques de servicio a plataformas y pozos petrolíferos offshore. “España solo ha contratado seis buques”, prosigue el texto, “por no mencionar el número de astilleros que han cerrado o se encuentran en situación concursal”.

Mientras tanto, la intención es la de luchar contra la decisión de la Comisión: “Vamos a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contamos con la plena colaboración del Gobierno y esperamos que la decisión sea anulada”, añade.

Según los datos elaborados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en 2010 —último año antes de que la investigación europea suspendiera la contratación de nuevos barcos— la vocación internacional del sector se concretaba en exportaciones por un valor de 1.290.655 millones de euros. Son números que permitían garantizar el empleo de 7.657 trabajadores, que casi alcanzaban los 38.000 teniendo en cuenta el empleo inducido.

La internacionalización se refleja también en las actividades de algunos de los astilleros con mayor volumen de ventas. Es el caso de la Construcciones Navales P. Freire: en la presentación de sus cuentas del año 2011 se refleja la decisión de centrarse en mercados alternativos donde “los principales clientes son organismos públicos en los que no se requiere la figura del tax lease para financiar la construcción del buque”. Se trata de una estrategia considerada eficaz para luchar contra “la actual crisis económica y la agresiva competencia existente, principalmente procedente de los constructores asiáticos”. No obstante, para contrastar la disminución de la carga de trabajo la empresa tuvo que tomar medidas de “reestructuración y ajuste de su coste laboral”, así como de “contención de los gastos”.

Es una suerte parecida a la de otra empresa, Factorías Vulcano, que en enero de 2011 presentó ante el Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra la declaración de concurso voluntario de acreedores.

En una situación tan delicada, Vigo protagonizó de nuevo las protestas más duras en contra del sello europeo. Si Almunia quisiera pasear por sus calles lo tendría complicado. El alcalde, el socialista Abel Caballero —compañero de Gobierno de Almunia en los años ochenta—, anunció pocos días después su propuesta al pleno del Ayuntamiento para declarar el comisario europeo persona non grata, medida aplicada el pasado lunes también por la ciudad de Cádiz.

Pero la costa occidental de Galicia es también cuna de voces críticas. En un informe que presentó el pasado 24 de julio en el Foro Económico de Galicia Jorge González Gurriarán, catedrático y exdirector de Factorías Vulcano, especifica que Europa ha pasado de representar más del 30% de la producción mundial a menos de un 5%. España, desde más de un 4%, ha descendido a menos del 1%. Gurriarán argumenta que los sistemas de subvenciones pueden “resultar discriminatorios entre empresas y trabajadores” y generar “sistemas enfermos en eterna y costosa reconversión que, en bastantes casos, favorecen más a malos gestores que a verdaderos empresarios”

Atlantico

La plantilla de Castelo confía en salir del preconcurso

La firma de Porriño, rescatada en 2011 por sus trabajadores, avanza en el plan de viabilidad

 Castelo, empresa heredera del extinto Grupo Castelo de Porriño y reflotada por sus trabajadores en 2011, confía en salir del preconcurso de acreedores y ya ha encargado a una compañía externa la elaboración de un plan de viabilidad que está previsto se presente en la primera semana de septiembre. 'Creemos que vamos a salir de esta difícil situación y que la Xunta va a poder cumplir con el aval', explicó en declaraciones a este diario el presidente del comité de empresa, Daniel Abril. 

Castelo, fabricante de prefabricados de hormigón, tiene centros de trabajo en Porriño, Coirós y Ocaña (Toledo) y el primero ahora está al 30% de su capacidad de trabajo, pero espera llegar al 70 u 80% a mediados de mes por una nueva fase que van a acometer en la obra del hospital de Vigo que ahora se va a relanzar gracias al crédito de 250 millones que acaba de conseguir la concesionaria. Otras obras en las que Castelo trabaja es en el AVE y algún pedido para Portugal. 'Tenemos muchos pedidos parados por la falta de financiación', indica Abril.

A día de hoy, de los 4,5 millones de euros comprometidos por la Xunta en marzo de 2012, aún faltan por firmar 2,5 millones en forma de avales y líneas de descuento que están pendientes del acuerdo entre el Gobierno gallego y la banca.

El comité, de CC OO, lamenta la 'crispación' generada en la empresa y que achaca al anterior comité de empresa 'que está intentando que se les devuelva las aportaciones que hicieron inicialmente para crear la sociedad'. El sindicato lamenta que en los últimos días aparecieron pintadas en la entrada de la fábrica de Porriño con 'acusaciones infundadas' tanto a los trabajadores como al comité y a CC OO.

La histórica compañía Prefabricados Castelo fue rescatada a finales de 2011 por un grupo de 136 trabajadores después de que la empresa no consiguiera superar un concurso de acreedores y acabara en liquidación. Rebautizaron la sociedad con el nombre de Castelo Soluciones Estructurales y pusieron 3,8 millones de euros de capital. Un año y medio después, la crisis del sector y los problemas de financiación está dificultando la actividad y la empresa se vio abocada a presentar preconcurso, lo que le da varios meses para negociar con los acreedores y evitar el concurso.

Atlantico

El Gobierno dota al naval de mayor seguridad jurídica

El Gobierno aprobó ayer el establecimiento de un régimen transitorio con el objetivo de dar seguridad jurídica a los financiadores de la construcción naval ante la decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales recibidas en el periodo 2007-2011. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta disposición tiene por objetivo 'aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión' de Bruselas y que será el Gobierno el que determine la compatibilidad. 'Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los fondos en los proyectos que están en este momento en vigor', subrayó.

Sáenz de Santamaría dijo que el Ministerio de Hacienda sigue trabajando para determinar la 'parte que resulte incompatible' con la decisión de la Comisión Europea de que los inversores tengan que devolver las ayudas fiscales del 'tax lease' recibidas entre los años 2007 y 2011 y que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un recurso contra dicha resolución -hay de plazo hasta final de septiembre-.

La Voz de Galicia

El Gobierno aprueba un régimen transitorio para dar seguridad al naval

El objetivo es «aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión» de la Comisión Europea sobre el tax lease

El Gobierno ha aprobado hoy el establecimiento de un régimen transitorio con el objetivo de dar seguridad jurídica a los financiadores de la construcción naval ante la decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales recibidas en el periodo 2007-2011.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta disposición tiene por objetivo «aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión» de Bruselas y que «será el Gobierno el que determine la compatibilidad».

El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, el conocido como tax lease. Sin embargo, los financiadores no tienen que devolver la totalidad de los beneficios fiscales, sino solo aquellos que son incompatibles con la decisión de la Comisión. «Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los fondos en los proyectos que están en este momento en vigor», ha subrayado.

El objetivo es evitar «la duda de que del contenido de la decisión (de la Comisión) debiera desprenderse la necesidad de resolver la compleja estructura existente y de rescindir los contratos en vigor», cuando la obligación de devolver afecta solo a una parte.

Sáenz de Santamaría ha señalado que, mientras tanto, el Ministerio de «Hacienda sigue trabajando para determinar la metodología adecuada para la determinación de la parte que resulte incompatible» con la decisión de la Comisión y que el Gobierno trabaja en la elaboración de un recurso contra dicha resolución.

Faro de Vigo

El Gobierno blinda la seguridad jurídica de los cobros pendientes del viejo ´tax lease´

El Ejecutivo mantendrá las bonificaciones a los inversores en las operaciones todavía en marcha hasta que alcancen el punto en que puedan considerarse ayudas incompatibles

El Gobierno aprobó ayer un régimen transitorio que blinda la seguridad jurídica de los cobros pendientes del antiguo tax lease, según confirmó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El objetivo de esta medida, que irá incluida en un Real Decreto Ley, es garantizar la continuidad de aquellas operaciones de tax lease firmadas en los meses previos a la suspensión del régimen fiscal y que todavía no han terminado de amortizarse. El régimen mantendrá el pago de las bonificaciones a los inversores hasta que lleguen al punto a partir del cual puedan considerarse ayudas incompatibles, como estableció la Comisión Europea (CE) en la resolución del tax lease del pasado 17 de julio.
La decisión del Ejecutivo, pactada con los astilleros y los inversores, es una buena noticia para el naval, según confirmaron a FARO fuentes del sector. Sáenz de Santamaría aseguró al término de la reunión del Consejo de Ministros que "dará seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando fondos".
La decisión del Colegio de Comisarios de la CE es muy clara: los inversores deben devolver las ayudas consideradas incompatibles con las normas europeas percibidas entre abril de 2007 y junio de 2011, pero no la totalidad del antiguo tax lease. En el montante total de las ayudas sí tenían cabida las ayudas compatibles con el régimen de ayudas al transporte marítimo y le compete ahora a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas definir qué parte del tax lease era legal y cuál hay que reembolsar.
El régimen aprobado ayer sigue estas directrices al pie de la letra, de modo que aquellos contratos firmados con tax lease en el primer semestre de 2011 y durante todo el 2010 y que no han terminado de amortizarse (el plazo medio de amortización del viejo sistema de arrendamiento era de 3,5 años) podrán seguir generando bonificaciones fiscales hasta el punto en que puedan ser consideradas incompatibles con las leyes de la Competencia.
La vicepresidenta del Gobierno reconoció que Hacienda "sigue trabajando" con el fin de establecer la metodología para aclarar la parte incompatible de las ayudas, clave para concretar el volumen del dinero que hay que reembolsar a la Agencia Tributaria. Según ha podido saber FARO, la decisión de Bruselas afecta a algo más de 170 buques contratos entre 2007 y 2011. La seguridad jurídica de este régimen transitorio busca que los inversores apuesten por el nuevo tax lease, que entró en vigor en enero de este año, y con el cual se han cerrado ya dos contrataciones en astilleros del País Vasco. El Ejecutivo debe todavía fijar el esfuerzo fiscal máximo que está dispuesto a asumir con este nuevo sistema.

La Voz de Galicia

El Gobierno aprueba un régimen transitorio para dar seguridad al naval

El objetivo es «aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión» de la Comisión Europea sobre el tax lease

 El Gobierno ha aprobado hoy el establecimiento de un régimen transitorio con el objetivo de dar seguridad jurídica a los financiadores de la construcción naval ante la decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales recibidas en el periodo 2007-2011.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta disposición tiene por objetivo «aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión» de Bruselas y que «será el Gobierno el que determine la compatibilidad».

El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, el conocido como tax lease. Sin embargo, los financiadores no tienen que devolver la totalidad de los beneficios fiscales, sino solo aquellos que son incompatibles con la decisión de la Comisión. «Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los fondos en los proyectos que están en este momento en vigor», ha subrayado.

El objetivo es evitar «la duda de que del contenido de la decisión (de la Comisión) debiera desprenderse la necesidad de resolver la compleja estructura existente y de rescindir los contratos en vigor», cuando la obligación de devolver afecta solo a una parte.

Sáenz de Santamaría ha señalado que, mientras tanto, el Ministerio de «Hacienda sigue trabajando para determinar la metodología adecuada para la determinación de la parte que resulte incompatible» con la decisión de la Comisión y que el Gobierno trabaja en la elaboración de un recurso contra dicha resolución.

Atlantico

El naval vigués, sin contratos y Asturias y País Vasco logran 14

Los astilleros de la Ría de Vigo no consiguieron ningún pedido nuevo en el primer semestre del año y pierden más peso frente a las otras dos comunidades

 El expediente al 'tax lease' y la inseguridad jurídica creada entre armadores e inversores sigue pasando factura a los astilleros de la Ría de Vigo que en la primera mitad del año no consiguieron ningún contrato nuevo mientras que País Vasco y de Asturias se adjudicaron 14 pedidos. 

Así se desprende de los datos de la Gerencia del Sector Naval (Gernaval), dependiente del Ministerio de Industria, que revela que Vigo perdió más peso todavía en el conjunto de España. Su cartera de pedidos actual supone el 28% del total nacional frente al 38% de los astilleros asturianos (que en el primer trimestre suponían un 29%) y el 35% de los vascos.

Los 14 pedidos conseguidos en el primer semestre fueron contratados en su gran mayoría por armadores extranjeros de Angola, Ecuador, Venezuela, Noruega, Belice, México y EE UU.

Las previsiones para la segunda mitad del año en la Ría pintan algo mejor, aunque tan sólo se podría calificar como tímida recuperación tal y como advierte el sector. La situación más crítica es la de Freire y Barreras, que están sin carga de trabajo. En el primer caso, el astillero acaba de entregar su último barco, pero se adjudicó recientemente la construcción de un buque escuela para Indonesia que supondrá una inversión de unos 53 millones de euros y carga de trabajo para unos dos años. Además Freire presentó una oferta al concurso abierto por la petrolera Pemex para la fabricación de 14 remolcadores.

A LA ESPERA DE PEMEX
En el caso de Barreras, todavía está a la espera de que se formalice la contratación del buque-hotel que comprometió Pemex. La compañía estatal y el astillero vigués anunciaron a finales de abril un acuerdo por el que la petrolera se hacía con el 51%, pero la operación se quedó en eso y no hubo resultado en la práctica. La plantilla sigue con un ERE y las instalaciones de Beiramar sin actividad desde hace más de dos años.

Vulcano también tiene una situación delicada porque aún no encontró armador para el barco que heredó de la extinta Astilleros de Sevilla. Por el momento es sólo el casco del buque con algo de maquinaria a bordo.

Metalships tiene sólo un barco en su cartera de pedidos para el armador Hydromarine Services, de Panamá; Cardama tiene cuatro, dos para el Ministerio de Transportes de Angola, uno para la Secretaría de Pesca de Dinamarca y otro para la empresa portuaria de Lobito (Angola); y Armón Vigo cuenta con dos para un armador de Holanda y tres para el Gobierno de México, según figura en los datos de Gernaval.

El año pasado los astilleros consiguieron 39 buques en España, de los que sólo seis fueron para Vigo (cinco en Armón y uno para Metalships). Fueron las mejores cifras de los últimos cuatro años ya que en 2011 sólo lograron firmar siete pedidos en todo el territorio nacional, 25 en 2010 y 13 en 2009. En pleno 'boom' del sector, en 2008, hubo 75 de los que una veintena correspondieron a la Ría de Vigo que ahora está en mínimos históricos de actividad.

Faro de Vigo

El Gobierno ultima el recurso por la devolución de las ayudas al sector naval

 La comisión encargada de asuntos relativos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, analizó ayer el recurso que interpondrá el Gobierno español contra la decisión de Bruselas de exigir a los inversores la devolución de las ayudas del antiguo tax lease recibidas entre los años 2007 y 2011.
Por otra parte, el PPdeG rechazó ayer en el Parlamento el requerimiento de la oposición de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareciese para explicar su postura sobre la situación del naval tras la decisión de la Comisión Europea.

Faro de Vigo

La asamblea de bonistas de Pescanova se aplaza a septiembre por falta de quórum

La reunión se celebrará el día 10 en segunda convocatoria al no alcanzarse ayer los dos tercios del valor nominal - Las emisiones suman 450 millones

La falta de quórum obligó a suspender las asambleas de bonistas de Pescanova previstas ayer en la ciudad de Pontevedra, que se celebrarán el próximo 10 de septiembre en segunda convocatoria. Según ha podido saber FARO, no se alcanzaron los dos tercios del valor nominal necesarios para su celebración, aunque sí acudieron representantes legales de algunos bonistas y responsables de Deloitte, el administrador concursal de la multinacional pesquera viguesa.

Pescanova había realizado varias emisiones de bonos en los últimos años para financiarse, por un importe conjunto de unos 450 millones de euros, y desde el pasado mes de abril no se pagan los cupones cuyo interés oscila entre el 5,12% y el 8,75%. Las asambleas tenían como objetivo informar a los inversores, entre quienes se encuentran importantes fondos como Fidelity o Luxempart, de la situación de la empresa y su plan de viabilidad. Los representantes de los fondos que sí acudieron ayer a Pontevedra sí pudieron intercambiar alguna información con los responsables de Deloitte.

Atlantico

El Gobierno defenderá que la CE estuvo 'inactiva 10 años' ante el 'tax lease'

No solicitará medidas cautelares ante la petición expresa de los astilleros para evitar empeorar la situación

La falta de acción de la Unión Europea ante el sistema de 'tax lease' del sector naval español se convertirá en uno de los ejes del recurso que el Gobierno presentará antes del 28 de septiembre en contra de la resolución del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que obliga a los inversores a devolver las ayudas recibidas desde 2007 (unos 3.000 millones). 

Así lo explicó ayer en el Congreso el ministro de Industria, José Manuel Soria, que defendió la existencia de 'argumentos jurídicos sólidos' para recurrir esta decisión porque la decisión va contra el principio de la confianza legítima y la seguridad jurídica 'con el que en todo momento han actuado todos los agentes del sector', señaló. En cuanto al primer punto, dijo que la confianza del sector procedía 'en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea' y, en segundo lugar, de la carta de la por entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.

En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, Soria consideró que 'la Comisión no puede retrasar 'sine die' el ejercicio de sus facultades' y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de que 'ha habido una larga inacción por parte de la Comisión Europea', indicó.

La Comisión Europea, dijo el ministro a este respecto, sabía que España iba a disponer de un sistema de 'tax lease' incluso antes de su implantación e incluso recibió información posterior a través de las renuncias de los astilleros europeos. 'A pesar de todo ello, permaneció inactiva durante diez años. Pero hasta 2011 no incoó expediente ni despejó posibles dudas sobre el mismo', por lo que el Ejecutivo comunitario 'ha tenido una política dubitativa durante estos diez años', aseguró.

Soria explicó además que el Gobierno no solicitará finalmente medidas cautelares ante el TUE en contra de la resolución de Bruselas y adelantó que el recurso será analizado hoy ante la comisión encargada de asuntos económicos para que reciba el visto bueno y pueda ser presentado antes del 28 de septiembre. Soria explicó que se planteó la presentación de estas cautelares, pero fueron los astilleros los que desaconsejaron la medida porque 'los inversores avisaron de que les puede llevar a no poder financiar ni siquiera un nuevo barco'. 'Podía ser peor el remedio que la enfermedad', dijo.

EL BNG PIDE DENUNCIAR
Por su parte, la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, reprochó al ministro que 'no denuncien a otros estados de la UE con sistemas de bonificación fiscales como Holanda, Francia y Alemania'. Davila ironizó con la afirmación del titular de Industria que dijo que la UE tiene por objetivo prioritario ala reindustrialización. 'Nos preguntamos de qué zona', dijo.

El Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, ha solicitado al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que abra un expediente para dirimir una 'posible vulneración de la legislación comunitaria' por parte de la CE en la resolución del expediente del tax-lease.

La Voz de Galicia

El Gobierno acusa a Europa de vulnerar la seguridad jurídica con el «tax lease»

El Ministerio de Industria interpondrá el recurso contra la devolución de bonificaciones fiscales en el sector naval privado español

El Ministerio de Industria interpondrá el recurso contra la devolución de bonificaciones fiscales, o tax lease, en el sector naval privado español, ordenada por la Comisión Europea, entre hoy y el 28 de septiembre. El ministro José Manuel Soria explicó ayer en el Congreso que utilizarán «argumentos jurídicos sólidos» contra la decisión comunitaria, como la vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Soria aclaró que Europa hizo concebir esperanzas al sector por su «inacción» durante diez años. Ese es el tiempo que transcurrió entre las primeras denuncias de otros países contra el sistema de bonificaciones español y la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación. Esa «actitud dubitativa y vacilante» de las autoridades comunitarias durante una década fue «suficiente para que las partes confiaran en la seguridad del sistema español», precisó el ministro.

Con estos argumentos en la mano, el Gobierno recurrirá la decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. Esta cuestión va en el orden del día de la comisión que aborda hoy asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia de la UE. «Después de mañana -por hoy- y hasta la fecha tope del 28 de septiembre, presentaremos el recurso», aclaró Soria. El Gobierno no pedirá la suspensión cautelar de la multa.

La Voz de Galicia

La segunda constructora de Ourense despedirá al 66 % de su plantilla

El ERE de extinción afecta a 107 trabajadores de OCA y fue propuesto por el administrador concursal de la compañía

La crisis de la segunda empresa de construcción más importante de Ourense, OCA (Obras, Caminos y Asfaltos), tiene de nuevo efectos sobre su plantilla, a la que ya se le había aplicado un ERE temporal. Ahora el expediente de regulación de empleo es extintivo y afecta a 107 trabajadores, lo que supone un 66 % del total.

La medida fue propuesta por la administración concursal de la compañía, que tomó las riendas de OCA tras comprobarse judicialmente su insolvencia. Sometido a aprobación de la plantilla, el ERE fue avalado en asamblea y firmado por todos los delegados del personal, asumiendo así las causas económicas y productivas del expediente. Sin embargo, esa decisión ha sido recurrida en el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Ourense -el que lleva el caso- por el sindicato Comisiones Obreras.

Esta organización asegura que la citada asamblea, celebrada el día 19 de julio, tuvo lugar sin el cuórum necesario de trabajadores y solo 48 horas después de otra reunión a la que, según afirman, sí asistió la totalidad del personal. En aquella ocasión la decisión fue no dar el visto bueno a la propuesta de la administración concursal. Además, desde CC. OO. alegan que no se ha aportado documentación que acredite las causas del ERE ni se han recogido en acta las discrepancias de este sindicato con la medida. También critican el «simulacro» de período de consultas con los representantes de los trabajadores y aportan jurisprudencia que considera nulos los expedientes de extinción durante la vigencia de otros temporales.

Obras en marcha

OCA, una empresa nacida en el año 1996, tiene su sede central en Ourense, pero también dispone de delegaciones en Madrid, Valladolid y Pontevedra. Su negocio se centra, sobre todo, en la ejecución de obra pública y entre sus últimas adjudicaciones destaca el nuevo hospital de Vigo, contrato que logró a través de una UTE con otras dos constructoras.

Faro de Vigo

Industria descarta pedir medidas cautelares con el recurso a la devolución del ´tax lease´

El Gobierno cede a la presión de los astilleros, que alertaban de que se podría generar inseguridad jurídica - España apelará a la "inacción" de Bruselas en su requerimiento

El ministerio de Industria, José Manuel Soria, señaló ayer que utilizará la "inacción de la Unión Europea" como uno de sus ejes en la reclamación que presentará contra la resolución del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y que obliga a los inversores a devolver las bonificaciones fiscales del tax lease recibidas entre 2007 y 2011. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados a petición del BNG, Soria aseguró que "el Gobierno piensa que hay argumentos jurídicos sólidos para recurrir esta decisión que va contra el principio de confianza legítima y la seguridad jurídica con el que en todo momento han actuado todos los agentes del sector". Lo que si descartó definitivamente el Ejecutivo es pedir medidas cautelares, después de que se lo desaconsejara la patronal del sector, Pymar, por la inseguridad jurídica que se podría generar, que volvería a paralizar la actividad de los astilleros.

Soria puntualizó que "la confianza legítima supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos. En el anterior tax lease fueron muchas las ocasiones en las que la UE hizo concebir esta esperanza a los astilleros, armadores, bancos e inversores". Esta confianza del sector procedía "en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea" y, en segundo lugar, de documentos como una carta enviada en marzo de 2009 por la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se aseguraba que el tax lease no era discriminatorio.

En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, Soria consideró que "la Comisión no puede retrasar sine die el ejercicio de sus facultades" y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de que "ha habido una larga inacción por parte de la Comisión Europea", señaló. La Comisión Europea, aseguró el ministro a este respecto, sabía que España iba a disponer de un sistema de tax lease incluso antes de su implantación, e incluso recibió información posterior a través de las renuncias de los astilleros europeos. "A pesar de todo ello, permaneció inactiva durante diez años. Pero hasta 2011 no incoó expediente ni despejó posibles dudas sobre el mismo", por lo que el Ejecutivo comunitario "ha tenido una política dubitativa durante estos diez años", aseguró.

Soria explicó además que el Gobierno no solicitará finalmente medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la resolución de Bruselas y adelantó que hoy el recurso será analizado ante la comisión encargada de asuntos económicos para que reciba el visto bueno y pueda ser presentado antes del 28 de septiembre.

El Ejecutivo, explicó, se planteó junto a comunidades y sindicatos la presentación de estas cautelares, pero fueron finalmente los astilleros los que desaconsejaron la medida porque "los inversores avisaron de que les puede llevar a no poder financiar ni siquiera un nuevo barco". Por este motivo, "podía ser peor el remedio que la enfermedad" en lo referido a las cautelares, indicó Soria, quien además recordó que en la historia del Tribunal nunca se han aceptado unas cautelares antes de que el recurso sea interpuesto.

El ministro también sostuvo que, frente a la inacción de la UE, "el Gobierno español ha atendido todas las peticiones que se le hicieron por parte de la Comisión desde 2006, sin ningún tipo de retraso ni obstrucción." Además, destacó el compromiso con este asunto de todos los departamentos del Ejecutivo implicados.

A entender de Soria medidas como la de obligar al sector naval a devolver las ayudas va en contra de la reindustrialización europea ya que podría acarrear la deslocalización de muchas de estas empresas hacia países asiáticos. También el portavoz del PSOE, el diputado José Blanco, aseguró que esta medida puede abrir una guerra comercial entre los estados miembros.

Pemex

El director general de Valiña, Fernando Alcalde, que participa con Freire en la alianza gallego-mexicana que aspira a construir los 22 buques de la flota menor de Pemex, admitió sobre la posibilidad de que algunas embarcaciones se hagan en su factoría que es "el cliente el que decide" y que habrá que esperar por sus tiempos.

Faro de Vigo

La viguesa Enor cuadruplica las ventas de ascensores al sector naval este año

La empresa cierra contratos en Italia, Hong Kong, Brasil, China y Brasil

La firma viguesa de ascensores Enor ha cuadruplicado sus ventas al sector naval este año gracias al uso de la red comercial del gigante Zardoya Otis, propietario de la empresa desde hace cinco meses. Según informó ayer la compañía, en lo que va de 2013 ha cerrado la contratación de 19 elevadores para buques, frente a los cinco registrados en el mismo periodo del año pasado, para astilleros como Fincatieri (Italia), Procco International (Hong Kong), Astillero Enseada de Pagauaçu (Brasil), Cosco Nantong Shipyard (China) o Ecovix (Brasil).

La integración de Enor en Otis también ha catapultado las ventas de ascensores especiales, con seis contratos por importe de 630.000 euros en Francia, Grecia y Arabia Saudí. En total, se han ofertado otros 164 equipos. "Esperamos que tanto las ofertas como los contratos crezcan fuertemente en la segunda mitad del año", aseguraron desde la compañía viguesa.

Faro de Vigo

La constructora OCA presenta un ERE para 107 trabajadores, el 66% de la plantilla

CC OO de Ourense denuncia irregularidades en el proceso de extinción

La empresa Obras, Caminos y Asfaltos, SA (OCA), una de las constructoras más importantes de la provincia de Ourense a nivel de facturación, presenta un ERE extintivo en el que se verán afectados 107 trabajadores que conforman el 66% de la plantilla. En febrero, la empresa ya había anunciado esta decisión aunque por aquel entonces las causas esgrimidas eran de producción y ahora se suman las económicas, argumento que no convence a todos los implicados.
Así, Comisiones Obreras ha presentado un escrito en el juzgado en el que solicita la nulidad del ERE, afirmando que se han llevado a cabo numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso. El sindicato, el único en contra del expediente, denuncia que se incumplió la ley puesto que la empresa culpa a la situación económica de los despidos pero no presenta ninguna documentación en la que se explique la situación financiera de OCA. Antonio Jácome, representante de CC OO, afirma que la ley obliga a la empresa a proporcionar dicha documentación aunque hasta el momento "se nos negó por todas las vías".
Fue en la reunión del día 17, en la que participaron los abogados de la empresa y los tres sindicatos, cuando se presentó la oferta a los trabajadores. Sin embargo, CC OO critica que de los 160 trabajadores de la empresa solo 88 acudieron a la reunión.
Así, las reivindicaciones del sindicato se centran en demandar la nulidad del proceso, remarcando la necesidad de celebrar nuevas asambleas en las que todos los trabajadores estén presentes. Un informe preciso sobre la actual situación económica de la empresa es otra de las demandas que los sindicatos consideran fundamentales antes de poner punto final al proceso.