El Pais

Los astilleros buscan su tabla de salvación

El sector naval español apuesta por los contenidos tecnológicos para garantizar su futuro

“Solo en Vigo, el sector naval empleaba a cerca de 15.000 personas, y ahora no alcanza las 5.000”. Esta escueta frase de Jorge González Gurriarán, catedrático de la Universidad de la ciudad gallega, resume la evolución de uno de los principales centros de construcción de buques en España. El foco en Vigo no es casual: el núcleo urbano más poblado de Galicia ha protagonizado todas las etapas de la evolución de la producción naval española. Desde los 15.000 trabajadores de 1975 a los que se refiere Gurriarán, Vigo ha conocido la reconversión del sector en los años ochenta y la parcial privatización de finales de los noventa. Y ahora, tras décadas tan complicadas, tanto los astilleros vigueses como los del resto del país encaran la obligación —impuesta por la Unión Europea— de devolver las ayudas públicas obtenidas en los últimos cinco años mediante las desgravaciones fiscales del llamado tax lease.La incógnita que queda, más allá del importe exacto que tendrán que restituir, es qué suerte les espera a unas empresas que apenas construyen un buque desde hace dos años.

Las últimas malas noticias para los astilleros españoles llegaron el pasado de 17 de junio, cuando el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, ratificó la decisión que obliga a restituir las deducciones fiscales de las que el sector gozó desde 2007 hasta 2011. El importe ha sido dejado a la discreción del Gobierno español. Fue el propio Almunia, vasco, exsindicalista e involucrado en el asunto mucho más allá de su actual papel europeo, quien declaró que “el futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval, dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores”.

 Es una visión paradójicamente compartida con Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, patronal de los astilleros privados. López del Pozo define la decisión europea como “injusta y discriminatoria”, pero al mismo tiempo traza las líneas de la estrategia que las empresas que representa tendrán que emprender para seguir activas en el mercado: “El futuro de los astilleros españoles depende de la construcción de buques con un alto contenido tecnológico. Es este nuestro futuro, solo así vamos a poder competir con los países del suroeste asiático y con su baratísima mano de obra”, explica.

Los astilleros y los armadores no deberán devolver nada a Bruselas; tendrán que hacerlo las llamadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE), intermediarias formadas por bancos y otras empresas. La consejera delegada de Pymar, sin embargo, insiste en que la incertidumbre sobre la devolución ha paralizado el sector y su orientación hacia el extranjero, que constituye el 80% de su mercado. “Nosotros ciframos en alrededor de 2.800 millones el dinero a devolver", mantiene López del Pozo, aunque fuentes europeas calculan que está cuantía podría ser menos de la mitad. "Hasta que no haya números oficiales", prosigue, "nadie se atreverá a invertir en la construcción de barcos. Necesitamos seguridad jurídica para empezar a usar el nuevo sistema de tax lease, que existe desde el 20 de noviembre del año pasado y tiene el aval de la Unión Europea”.

 La ejecutiva de Pymar califica de indispensable, en un sector tan intensivo en capital como el suyo, la existencia de un mecanismo de ayuda para la financiación: “Construir un barco cuesta muchísimo dinero, los astilleros no podrían sobrevivir sin un sistema que facilite la tarea de los inversores”, explica.

López del Pozo retoma con sus palabras el contenido de un informe que redactó sobre la situación del sector naval español, en el que detalla que a lo largo de 2012 los astilleros europeos contrataron 75 barcos, de los que el 69% fueron buques de servicio a plataformas y pozos petrolíferos offshore. “España solo ha contratado seis buques”, prosigue el texto, “por no mencionar el número de astilleros que han cerrado o se encuentran en situación concursal”.

Mientras tanto, la intención es la de luchar contra la decisión de la Comisión: “Vamos a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contamos con la plena colaboración del Gobierno y esperamos que la decisión sea anulada”, añade.

Según los datos elaborados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en 2010 —último año antes de que la investigación europea suspendiera la contratación de nuevos barcos— la vocación internacional del sector se concretaba en exportaciones por un valor de 1.290.655 millones de euros. Son números que permitían garantizar el empleo de 7.657 trabajadores, que casi alcanzaban los 38.000 teniendo en cuenta el empleo inducido.

La internacionalización se refleja también en las actividades de algunos de los astilleros con mayor volumen de ventas. Es el caso de la Construcciones Navales P. Freire: en la presentación de sus cuentas del año 2011 se refleja la decisión de centrarse en mercados alternativos donde “los principales clientes son organismos públicos en los que no se requiere la figura del tax lease para financiar la construcción del buque”. Se trata de una estrategia considerada eficaz para luchar contra “la actual crisis económica y la agresiva competencia existente, principalmente procedente de los constructores asiáticos”. No obstante, para contrastar la disminución de la carga de trabajo la empresa tuvo que tomar medidas de “reestructuración y ajuste de su coste laboral”, así como de “contención de los gastos”.

Es una suerte parecida a la de otra empresa, Factorías Vulcano, que en enero de 2011 presentó ante el Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra la declaración de concurso voluntario de acreedores.

En una situación tan delicada, Vigo protagonizó de nuevo las protestas más duras en contra del sello europeo. Si Almunia quisiera pasear por sus calles lo tendría complicado. El alcalde, el socialista Abel Caballero —compañero de Gobierno de Almunia en los años ochenta—, anunció pocos días después su propuesta al pleno del Ayuntamiento para declarar el comisario europeo persona non grata, medida aplicada el pasado lunes también por la ciudad de Cádiz.

Pero la costa occidental de Galicia es también cuna de voces críticas. En un informe que presentó el pasado 24 de julio en el Foro Económico de Galicia Jorge González Gurriarán, catedrático y exdirector de Factorías Vulcano, especifica que Europa ha pasado de representar más del 30% de la producción mundial a menos de un 5%. España, desde más de un 4%, ha descendido a menos del 1%. Gurriarán argumenta que los sistemas de subvenciones pueden “resultar discriminatorios entre empresas y trabajadores” y generar “sistemas enfermos en eterna y costosa reconversión que, en bastantes casos, favorecen más a malos gestores que a verdaderos empresarios”