El Gobierno dota al naval de mayor seguridad jurídica
El Gobierno aprobó ayer el establecimiento de un régimen
transitorio con el objetivo de dar seguridad jurídica a los
financiadores de la construcción naval ante la decisión de la Comisión
Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales recibidas en
el periodo 2007-2011.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta
disposición tiene por objetivo 'aclarar jurídicamente todos los
extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la
decisión' de Bruselas y que será el Gobierno el que determine la
compatibilidad. 'Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a
los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los
fondos en los proyectos que están en este momento en vigor', subrayó.
Sáenz de Santamaría dijo que el Ministerio de Hacienda sigue trabajando para determinar la 'parte que resulte incompatible' con la decisión de la Comisión Europea de que los inversores tengan que devolver las ayudas fiscales del 'tax lease' recibidas entre los años 2007 y 2011 y que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un recurso contra dicha resolución -hay de plazo hasta final de septiembre-.
Sáenz de Santamaría dijo que el Ministerio de Hacienda sigue trabajando para determinar la 'parte que resulte incompatible' con la decisión de la Comisión Europea de que los inversores tengan que devolver las ayudas fiscales del 'tax lease' recibidas entre los años 2007 y 2011 y que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un recurso contra dicha resolución -hay de plazo hasta final de septiembre-.
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