Faro de Vigo

Argentina tramita una denuncia penal contra la expropiación de Vieira por cohecho y hurto

Un partido opositor a Kirchner lleva a los tribunales a los políticos de Santa Cruz que impulsaron la incautación de los bienes de la pesquera - La plantilla se encierra en la factoría

La formación política opositora al kircherismo en Argentina, Coalición Cívica ARI, ha presentado una denuncia penal en el juzgado de Ríos Gallegos contra los impulsores de la expropiación de los bienes de la filial del Grupo Vieira en el país. La demanda se formula contra el gobernador provincial (similar a un presidente autonómico en España), Daniel Román Peralta; el ministro de la Producción, Rafael Gilmartin, el interventor de la factoría, Diego Marzioni, y un empresario que aspiró a quedarse con todos los bienes de Vieira, Luis Jones. La máxima responsable de ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic, los acusa de la presunta comisión de delitos de cohecho y hurto, así como de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y encubrimiento.

Tal y como explicaron los impulsores de esta denuncia a FARO, "la juez debe remitirla ahora al fiscal de turno para que emita un dictamen y darle curso a la investigación". Zuvic mantendrá un encuentro con el Ministerio Público esta semana, confirmaron las mismas fuentes. El presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira, conoce la presentación de esta denuncia y confía en que la misma sirva para paralizar definitivamente el juicio de expropiación, que acaba de iniciarse en la provincia. Además, los trabajadores de Vieira Argentina permanecen encerrados en la fábrica en protesta contra la situación por la que atraviesan. Reciben pagos en negro mensualmente pero no cotizan a la Seguridad Social, tal y como explicaron a la prensa local.

La demanda se centra principalmente en Peralta, del Partido Oficialista de Cristina Fernández Kirchner. Argumenta que éste dispuso "de manera arbitraria la intervención transitoria" de Vieira Argentina, nombró un interventor y "dispuso de los bienes como si le fueran propios sin tener la debida posesión judicial". Los denunciantes incluso arremeten contra la decisión de la provincia de alquilar una nave a la filial de Pescanova, Argenova, que desató la indignación de Vieira el pasado mes de enero.

"En todo este tiempo y hasta la actualidad los trabajadores se encuentran desamparados, sin obra social y cobrando de manera irregular un subsidio en negro", reza la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico. La formación CC-ARI incide asimismo en el acuerdo al que llegó el Gobierno provincial con el empresario Luis Jones, que aseguró haber entregado 500.000 dólares. Según los denunciantes, "este hecho puede llegar a configurar el delito de cohecho".

Un juzgado nacional de Buenos Aires instruye, de manera paralela, una demanda de Vieira contra la intervención. El alto tribunal argentino aprecia visos de inconstitucionalidad en la ley por la que se incautaron los siete barcos de Vieira (dos poteros y cinco tangoneros), así como la planta de frío y la factoría, situadas en la localidad de Puerto Deseado.